¿Votar al PSOE y
C’s?
•La recaudación de impuestos a los andaluces tiene carácter
“confiscatorio”.
•La Consejera de Hacienda del PSOE es merecedora del Premio Nobel de
Economía, por sus “teorías” innovadoras en la ciencia de las organizaciones.
•Ciudadanos defiende políticas del PSOE andaluz que son auténticas
aberraciones.
Hoy traigo a este artículo una muestra más del grado de incompetencia y
ausencia de valores de una política del PSOE, Consejera de la Junta de
Andalucía, que tiene bajo su responsabilidad el control de más de 30.000
millones de euros cada año (Presupuesto), así como toda la organización y
funcionamiento de la Junta de Andalucía. Me refiero a la titular de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública,
María Jesús Montero Cuadrado.
Las intervenciones siguientes de la Sra. Montero en la Comisión de Hacienda
y Administración Pública del Parlamento andaluz han sido extraídas del Diario
de Sesiones del Parlamento de Andalucía (núm. 61, de 1 de octubre de 2015,
págs. 57 y 58).
Intervención de la Sra. Montero:
“- Yo creo que la
pregunta, ni queriendo, ¿no?, la hubiéramos colocado detrás del debate que
hemos tenido anteriormente, hablábamos de esto. Hablábamos de la complejidad,
de la definición de las potestades públicas, y por tanto de la litigiosidad que
hay detrás de estas cuestiones. Entonces, me gustaría trasladarle, en primer
lugar, que ninguno de los grupos aquí presentes podemos decir algo contrario a
la afirmación de que el ejercicio de las
potestades públicas las tiene que desempeñar exclusivamente funcionario.
Eso es como..., como leer el
Catecismo, ¿no? Eso es una cuestión que está absolutamente así determinada.
La dificultad es cuál es el alcance de las potestades públicas, y hasta dónde
llegan. Y ahí, pues hay diferentes..., diferentes interpretaciones.”
¿Qué hay dificultad en conocer el alcance de las potestades públicas? La
Sra. Montero miente como una bellaca, salvo que no sepa leer y entender. Tiene
en su Consejería varios informes de Letrados del Gabinete Jurídico que lo
expresan de forma meridiana; por ejemplo, el Informe HPPI00043/11, de 22 de
febrero de 2011, suscrito por la Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica, Araceli
Morato Pérez. La Sra. Montero podrá considerar imbéciles a los miembros de la
Comisión de Hacienda del Parlamento y a muchos otros, pero se equivoca con los
funcionarios, que tuvieron que superar unas oposiciones para ingresar en la
Administración, al contrario que los laborales de las Agencias.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha permitido que
personal laboral de la administración paralela ejerza potestades públicas, como
expropiaciones, liquidaciones de ingresos tributarios, inspecciones y
comprobaciones de cumplimiento, desahucios administrativos, instrucción y
concesión de subvenciones, reintegros de subvenciones, aprobar bases
reguladoras de subvenciones (normas reglamentarias en desarrollo de leyes),
registro de documentos, archivos de documentos administrativos, tramitación de
solicitudes con la fijación de su prelación, etc., y dice la Consejera Montero
que desconoce “el alcance de las potestades públicas”…¡¡pues que deje
inmediatamente el puesto por su incapacidad y no estar cualificada para las
responsabilidades que tiene a su cargo!!
En la siguiente intervención siguió diciendo la Sra. Montero en la Comisión
de Hacienda:
“- Pero que no se preocupe, señora García,
claro que —lo vuelvo a repetir—, probablemente, la frase dicha así es que no me
reconozco en lo que he dicho. Pero probablemente lo que le he dicho es: «Si estamos en un debate» —y
seamos honestos— «sobre potestades públicas y algunos sindicatos que entienden
que el trabajo que se desarrolla por parte de los entes instrumentales, en su
totalidad, son potestades públicas, y, por otro lado, estamos de acuerdo en que ese personal TIENE QUE PERMANECER al servicio de la Administración pública, PUES HABRÁ QUE DEFINIR ESAS TAREAS. Es que no entiendo qué es lo que
le..., qué es lo que le sorprende de esta definición.
Aquí estamos hablando de un
sindicato que ha denunciado que hay personal que está haciendo tareas
administrativas, o tareas que son en exclusiva de los funcionarios,
y viene a pelo con el debate que tuvimos anteriormente. Porque si la totalidad del trabajo que
desarrollan los entes lo tuvieran que desarrollar funcionarios, ESOS 28.000 EMPLEADOS PÚBLICOS NO
TENDRÍAN TRABAJO. Eso
es lo que he dicho y eso es lo que me gustaría que, desde la honestidad,
pudiéramos seguir debatiendo, ¿no?, en esta pregunta, que [...] el tiempo.”
¿Cómo que estamos de acuerdo en
que todo el personal de la administración paralela tiene que permanecer al
servicio de la Administración? Según la Sra. Montero, no se puede despedir a nadie de la administración
paralela (aunque lo ha hecho con unos pocos, y porque no serían allegados).
Pero lo más grave del asunto es
que hace depender el diseño de la organización partiendo de un número fijo de
empleados, hasta el punto de decir “que
habrá que definir sus tareas”. Por tanto, los empresarios del sector
privado lo hacen muy mal: según la Sra.
Montero, primero hay que contratar a un número enorme de trabajadores, y luego
les tienen que buscar las tareas para que no se queden con los brazos cruzados. ¿Qué a pesar de todo sobran
trabajadores? ¡¡Pues se inventan tareas
antes que despedir a trabajadores, aunque pierda
dinero la empresa!! La Sra. Montero es
una crack en la ciencia de la organización. Los
empresarios deberían proponerla para el Premio Nobel de Economía, por su
ingenio e innovación en el mundo de las organizaciones productivas.
¿No era el criterio de organización eficiente –óptima
productividad al menor coste- el que
debe regir en las organizaciones, o se trata de “crear empleo público” sin importar el gasto,
puesto que para eso lo financiamos los ciudadanos de nuestros bolsillos? Así cualquiera acaba con el paro: ¡que la Junta contrate a
todos los desempleados! Y la pregunta del millón: esos 28.000 empleados… ¿son los más cualificados que había en el mercado, o
simplemente allegados, estén o no cualificados? ¿Todos los ciudadanos tuvieron la misma oportunidad
para ser contratados en esos entes de la administración paralela? No, no existió esa oportunidad, como ya ha reiterado
la Cámara de Cuentas en sus Informes, dado que el criterio de contratación ha sido “el
dedo”. Así se entiende perfectamente el
empeño de la Sra. Montero para que este personal permanezca en los chiringuitos
de la administración paralela.
Y la segunda afirmación es para un museo del
horror: “…si la totalidad del trabajo que
desarrollan los entes lo tuvieran que desarrollar funcionarios, esos 28.000
empleados públicos no tendrían trabajo”. Pues habrá que despedirlos, digo yo, si los actuales funcionarios pueden
hacer el trabajo. Es lo que se haría en
cualquier organización con un mínimo de criterio y sentido común, produzca
bienes o servicios. La Sra. Montero sabe perfectamente que las organizaciones públicas deben ajustarse a ciertos
principios establecidos en el bloque de constitucionalidad y leyes (principios de eficiencia, eficacia, buena administración,
etc.). Si no fuera así, tendríamos que
deducir que la recaudación
de impuestos a los andaluces tiene carácter “confiscatorio”, que es lo que está ocurriendo realmente desde el momento
que pagamos más impuestos de los necesarios para mantener organizaciones
prescindibles, y para colmo ineficientes.
Además, adoptemos hipotéticamente el argumento de la
Sra. Montero: ¿acaso no hay funcionarios con los
brazos cruzados en las Consejerías, especialmente en Delegaciones Provinciales,
porque muchas de sus tareas se las han traspasado al personal laboral de la
administración paralela? Pero...¡claro!,
como son funcionarios, y velan por el cumplimiento de las normas y
procedimientos administrativos, es mejor dejarlos sin trabajo. La Sra. Montero conoce la aberrante
situación, y la permite y alienta. Y lo más
grave es que hay andaluces desgraciados que apoyan este sin sentido….bueno,
especialmente los que viven de esta inmundicia de política estéril propia de
indigentes intelectuales y carentes de valores.
Y aviso a navegantes: ésta es la política que
apoya Juan Marín y el resto de diputados de Ciudadanos en el Parlamento
andaluz. En el mismo Diario de Sesiones, ya lo dijo el diputado de Ciudadanos, el
Sr. Hernández White, hablando de la administración paralela:
“…Aquellos relacionados con gasto social,
como sanidad, educación, servicios sociales, empleo..., que no olvidemos que
debe ser la prioridad de los poderes públicos; todas las herramientas
relacionadas con el empleo y con el Servicio Andaluz de Empleo
deben utilizarse con todos..., con los máximos
recursos disponibles, porque es,
actualmente, la primera de nuestras prioridades.”
Es decir, según el Sr. Hernández, la
corrupción, que es el segundo problema que más importa a los ciudadanos
(encuesta del CIS), no es una
prioridad, sino el “gasto social” -Estado del Bienestar–, aunque no sea
sostenible económicamente con los criterios del PSOE o Ciudadanos (bueno, ni con los de Podemos, IU, PP, etc.). Y además,
defiende la novísima teoría sobre las organizaciones productivas de la Sra.
Montero, cuando dice que deben utilizarse “todos” o “los máximos” recursos
disponibles -no los necesarios y
suficientes-, es
decir, debe contarse con los actuales empleados de la administración paralela.
¡¿Qué hemos hecho mal los andaluces para merecer
tanto castigo?!
Y para redondear su intervención, acabó el
diputado de Ciudadanos diciendo: “…Otro asunto muy
importante es la equiparación de condiciones salariales de los empleados
públicos de las agencias, para que no exista
tanta disparidad. Porque al final produce insatisfacción muchas veces de
colectivos.” Es decir, a los funcionarios que les den morcilla, aunque les hayan recortado durante años sus retribuciones. Lo importante, lo prioritario, son los
empleados de las agencias de la administración paralela.
Si después de leer este artículo, siguen algunos
creyendo que el PSOE o Ciudadanos son una alternativa de Gobierno, es que no
sólo hay fanáticos en el Estado Islámico, sino que los tenemos también entre
nosotros
Cosas de Andalucía, cosas de España…
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