La Junta descarta cambiar la ley del 'enchufismo' pese al fallo del TC = Como siempre, ERE que ERE. Así son los junteros, como los catalanes, la Constitución y el bloque de constitucionalidad, que la cumplan otros, no ellos. ¿Por cierto porque todos los fraudes detectados ocurren en la Administración paralela; la digital y juntera: el brazo ejecutor del Régimen; esa donde el dinero público de todos se evapora y vuela?

Tras ser anulados dos apartados.

• Montero asegura que la sentencia que anula parte del decreto ley de Reordenación del Sector Público "no es extrapolable" a la ley en vigor.
• Los preceptos declarados inconstitucionales en el 'decretazo' también figuran en la ley que está en vigor

El Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, no tiene previsto modificar su Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del 'enchufismo' porque supuso la integración en la Junta de más de 20.000 trabajadores de las fundaciones y empresas públicas andaluzas, a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Ya los conocemos...

Un precepto declarado inconstitucional, que también figura en la Ley en vigor, es una de las claves de la reforma: el ejercicio de potestades administrativas. Los funcionarios tienen reservada por ley el ejercicio de las potestades administrativas, entre las que se incluyen la concesión de subvenciones o la imposición de sanciones. Es una garantía para la ciudadanía que estas potestades estén en manos de los funcionarios. La reforma de la Junta extiende el ejercicio de las potestades administrativas entre sus agencias públicas, donde los controles son más endebles que en las consejerías.

Blanco y en Botella.

• Enlace a Texto  Resolución TC sobre DL 5/2010 Reordenación Sector público de Andalucia

Histórica manifestación en Sevilla del 13 de noviembre del 2010.

El despilfarro, la corrupción y el enchufismo lo pagamos todos; ¡¡¡Agencias no!!!!

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/11/20/564f121322601d5e548b45b4.html

Tras ser anulados dos apartados.

La Junta descarta cambiar la ley del 'enchufismo' pese al fallo del TC

• Montero asegura que la sentencia que anula parte del decreto ley de Reordenación del Sector Público "no es extrapolable" a la ley en vigor
• Los preceptos declarados inconstitucionales en el 'decretazo' también figuran en la ley que está en vigor

El Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, no tiene previsto modificar su Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del 'enchufismo' porque supuso la integración en la Junta de más de 20.000 trabajadores de las fundaciones y empresas públicas andaluzas, a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

El TC acaba de anular y declarar inconstitucionales dos apartados del decreto ley del año 2010 en el que se inspiró la posterior Ley de Reordenación de 2011, tras admitir en parte el recurso impulsado por el Partido Popular. La Junta sostiene que este fallo no afecta en nada a la Ley de Reordenación, a pesar de que los preceptos declarados inconstitucionales en el 'decretazo' están calcados en la ley que está en vigor.

Sin embargo, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado este viernes que el fallo del TC sobre el decreto ley de reordenación "no es extrapolable" ni se puede "presumir" lo que dirá ninguna "sentencia posterior" del Constitucional sobre la Ley de Reordenación, ya que todavía debe pronunciarse el Alto Tribunal sobre este asunto, puesto que el PP también recurrió la Ley.

Por eso, la Junta no se plantea por ahora modificar la Ley de Reordenación que está en vigor porque la sentencia del TC "no entra en el fondo" de la cuestión ni en el "contenido" del artículo declarado inconstitucional, sino que se limita a anularlo por cuestiones de forma, como que no hubo "negociación colectiva", ha dicho la consejera Montero.

Una de las claves del fallo del TC contra el Gobierno andaluz es que éste no justificó la «extraordinaria y urgente necesidad» del decreto ley aprobado el 27 de julio de 2010 por el Consejo de Gobierno andaluz, presidido entonces por José Antonio Griñán.

"Hoy por hoy" la sentencia del Constitucional "no tiene ningún impacto" -ha remarcado Montero- en la configuración del sector público y en la polémica integración en la Junta de más de 20.000 trabajadores de los entes instrumentales del Gobierno andaluz.

Un precepto declarado inconstitucional, que también figura en la Ley en vigor, es una de las claves de la reforma: el ejercicio de potestades administrativas. Los funcionarios tienen reservada por ley el ejercicio de las potestades administrativas, entre las que se incluyen la concesión de subvenciones o la imposición de sanciones. Es una garantía para la ciudadanía que estas potestades estén en manos de los funcionarios. La reforma de la Junta extiende el ejercicio de las potestades administrativas entre sus agencias públicas, donde los controles son más endebles que en las consejerías.