La Audiencia Nacional sostiene que PSOE e IU se financiaron cobrando mordidas = Fitonovo, 18 años pagando mordidas, el juezel titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acepta la competencia del caso y ratifica todas las actuaciones practicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que inició la investigación; Gracias de nuevo, Ilma Sra. Alaya. Vota su candidatura al I Premio Fundación ¿Hay Derecho?

TRIBUNALES. La instrucción del caso Madeja

• El juez certifica sobornos por adjudicar obras desde el Ayuntamiento de Sevilla a Fitonovo.
• Los socialistas habrían recibido 'mordidas' durante tres años e Izquierda Unida, 155.000

La Audiencia Nacional ha comenzado la instrucción del caso Madeja ratificando la tesis inicial: el PSOE e IU, que gobernaron en el Ayuntamiento de Sevilla durante nueve años, cobraron mordidas a cambio de adjudicar contratos a la empresa Fitonovo, quien tendría organizada una supuesta trama corrupta de pago de sobornos a funcionarios y cargos políticos por todo el país. En la capital andaluz, ambos partidos de haberse financiado, presuntamente, con pagos que se llegaron a realizar en restaurantes, de forma mensual y hasta en cajas de zapatos. Todo está recogido en la caja B de la entidad. 

Así lo recoge el nuevo magistrado de la causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que un auto de más de cien folios -al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía- acepta la competencia del caso y ratifica todas las actuaciones practicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que inició la investigación. Entre esos aspectos, explica cómo dirigentes del PSOE e IU solicitaron, supuestamente, comisiones ilegales a Fitonovo «para» sus respectivos partidos entre los años 2006 y 2011. La Audiencia Nacional sostiene que PSOE e IU se financiaron cobrando mordidas

.....esta causa, el 'caso Madeja', surgió a raíz de la investigación sobre el enriquecimiento sospechoso de un ex alto cargo del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ya imputado en el 'caso Mercasevilla', el avance de la instrucción amplió el caso a trece administraciones públicas repartidas por toda España y suma ya 96 imputados. La dimensión del caso obligó a la entonces juez Mercedes Alaya, ex titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, que seguirá con la investigación

Participa y vota,candidatura Dña. Mercedes Alaya I Premio Fundación ¿Hay Derecho?

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http://www.elmundo.es/andalucia/2015/11/04/5639b62446163f07028b45f8.html

TRIBUNALES

La instrucción del caso Madeja
La Audiencia Nacional sostiene que PSOE e IU se financiaron cobrando mordidas

• El juez certifica sobornos por adjudicar obras desde el Ayuntamiento de Sevilla a Fitonovo

• Los socialistas habrían recibido 'mordidas' durante tres años e Izquierda Unida, 155.000

La Audiencia Nacional ha comenzado la instrucción del caso Madeja ratificando la tesis inicial: el PSOE e IU, que gobernaron en el Ayuntamiento de Sevilla durante nueve años, cobraron mordidas a cambio de adjudicar contratos a la empresa Fitonovo, quien tendría organizada una supuesta trama corrupta de pago de sobornos a funcionarios y cargos políticos por todo el país. En la capital andaluz, ambos partidos de haberse financiado, presuntamente, con pagos que se llegaron a realizar en restaurantes, de forma mensual y hasta en cajas de zapatos. Todo está recogido en la caja B de la entidad.

Así lo recoge el nuevo magistrado de la causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que un auto de más de cien folios -al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía- acepta la competencia del caso y ratifica todas las actuaciones practicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que inició la investigación. Entre esos aspectos, explica cómo dirigentes del PSOE e IU solicitaron, supuestamente, comisiones ilegales a Fitonovo «para» sus respectivos partidos entre los años 2006 y 2011.

En el caso de los socialistas, la Audiencia Nacional señala como receptor del dinero a una persona de la máxima confianza del que fuera alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), el delegado de Vía Pública Manuel Gómez Lobo,imputado. Éste habría solicitado, presuntamente, pagos para el partido que se prolongaron durante tres años, desde 2006 a 2009.

En el relato de hechos, el juez De la Mata explica que Gómez Lobo, «como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación en el Ayuntamiento de Sevilla por la adjudicación creciente de contratos» requirió el abono por parte de esta empresa «al Partido Socialista» de 30.000 euros el 9 de mayo de 2007, en vísperas de las elecciones municipales del 27 de mayo de aquel año.

Esta mordida no fue la única. El auto de la Audiencia Nacional recoge otros «pagos con el mismo objeto al Partido Socialista» entre 2006 y 2009 «en diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000 y 60.000 euros». En la contabilidad B de Fitonovo, estos abonos estarían registrados bajo el concepto «Langostinos Maera», aludiendo a una reunión de «periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudía Manuel Gómez Lobo y Rafael González Palomo [responsable de Fitonovo]».

También hubo pagos en especie. Gómez Lobo también era secretario general de la agrupación del PSOE en la Macarena, cuya sede fue reformada en el año 2005. Dice la Audiencia Nacional que, también en «compensación a la adjudicación de los contratos de mantenimiento de la zona Centro y Macarena del Ayuntamiento», Fitonovo «debería asumir el pago» -que no la realización- de las obras de adecuación de la sede de la agrupación socialista de la Macarena.

Sostiene el magistrado que, a «instancias de Gómez Lobo» y de Domingo Enrique Castaño -miembro de esta agrupación y director del área de Vía Pública, e imputado-, «la facturación se realizaría, para maquillar la operación, a nombre de una empresa instrumental de Fitonovo, la entidad Klevin, para evitar que se apreciara la vinculación de estas obras con la adjudicación de contratos de mantenimiento».

Sobre Izquierda Unida, el instructor considera que tanto José Manuel García comoAntonio Rodrigo Torrijos, ex portavoces de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, intervinieron en «connivencia» y de forma «decisiva», supuestamente, para que el partido recibiera «determinada dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a once campo de fútbol. Se trataría, explica la Audiencia Nacional, de dos pagos que suman 155.000 euros: uno de 70.000 euros en marzo de 2010 que fue entregado en una caja de zapatos; y otro de 85.000 euros en febrero de 2011, año electoral.

El auto del juez De la Mata confirma también las imputaciones de todos estos cargos políticos -además del ex alto cargo del PP Joaquín Peña- y de varios funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla que recibieron, presuntamente, mordidas a cambio de facilitar la adjudicación de contratos municipales a Fitonovo. En total, por este caso hay doce imputados que afectan a la gestión del Consistorio sevillano.

Fitonovo, 18 años pagando mordidas, según el juez

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional define a Fitonovo como una empresa cuya actividad era conseguir adjudicaciones «por medios fraudulentos». Así, explica que sus directivos crearon una «infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a los funcionarios públicos». Para sostener todo ello, Fitonovo creó, además, una «trama societaria».

Aunque esta causa, el 'caso Madeja', surgió a raíz de la investigación sobre el enriquecimiento sospechoso de un ex alto cargo del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ya imputado en el 'caso Mercasevilla', el avance de la instrucción amplió el caso a trece administraciones públicas repartidas por toda España y suma ya 96 imputados. La dimensión del caso obligó a la entonces juez Mercedes Alaya, ex titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, que seguirá con la investigación.

El pago de las comisiones ilícitas, señala este órgano judicial, «parece remontarse al año 1995, y alcanza hasta 2013»; mientras que el importe de las dádivas de acuerdo con los informes de la Guardia Civil «puede haber ascendido» a 4,3 millones de euros. Aunque hay muchos factores por determinar aún que podrían aumentar el dinero supuestamente defraudado, como por ejemplo el volumen de contratación pública o los perjuicios causados a las administraciones.