La investigación policial. Invercaria se estafó a sí misma
- La UDEF constata la ausencia de procedimiento en una ayuda a una sociedad creada 'ad hoc' por socios de la empresa de la Junta
Investigación de la Guardia Civil.
- La investigación confirma el supuesto desvío de ayudas al empleo
- Apuntan al ex alcalde Antonio Maestre como máximo responsable
SANIDAD- Sin respuesta de la dirección del centro. Anestesistas denuncian
sobrecarga asistencial y riesgos para el paciente
- 19 médicos alertan al Virgen de las Nieves de Granada de la situación pero no logran respuesta
- Rechazan a enfermos en la puerta del quirófano porque están mal valorados
FRAUDE EN LA FORMACIÓN. La investigación parlamentaria. El Gobierno de
Susana Díaz oculta las ayudas para sedes del PSOE andaluz
- El PP ve «deliberado» el retraso en la entrega de expedientes a la comisión de investigación
- La Junta no facilita la documentación sobre la remodelación integral de una casa del pueblo
Cansados estamos....
La investigación
policial
Invercaria
se estafó a sí misma
- La UDEF constata la ausencia de procedimiento en una ayuda a una sociedad creada 'ad hoc' por socios de la empresa de la Junta
El caso Invercaria, que investiga las inversiones más ruinosas acometidas
por esta sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, sigue deparando
sorpresas. El atestado de la Unidad de Delincuencia
Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional sobre
un préstamo participativo de 400.000 euros a la denominada Consultora para la
Sostenibilidad Integral SL -vinculada a Federico Mañero, ex marido de la
eurodiputada socialista Elena Valenciano e íntimo amigo del ex presidente del
Gobierno Felipe González-,
deja en evidencia una maniobra de ingeniería financiera para eludir todos los
controles y en la que la propia Invercaria formó parte activa.
La
operación bajo sospecha arranca el 30 de diciembre de 2008 con la constitución
en Madrid de la citada Consultora para la Sostenibilidad Integral (CSI)con
el capital social mínimo que exige la ley. A los cuatro meses y medio,
Invercaria le inyecta los 400.000 euros propuestos con el único aval de un
correo electrónico con escasísima documentación adjunta remitido por un
trabajador de la Agencia IDEA a Manuel Rodríguez Rodríguez, jefe del departamento de Análisis e
Inversiones ya imputado en el caso Invercaria por otras inversiones
presuntamente fraudulentas.
Relevo al ex de Valenciano
En septiembre de 2011, y ante las evidencias de que los fondos eran prácticamente irrecuperables, la Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible (CEDES, participada desde junio 2008 por Invercaria junto a dos sociedades vinculadas al préstamo como Alianza por la Naturaleza la Innovación y la Tecnología SL y Openmatelec SL) se convierte en administrador único de CSI relevando a Quico Mañero, el histórico líder de las Juventudes Socialistas a principios de la década de los 80.
Después
de analizar toda la documentación y de tomar declaración tanto a los
empresarios como a los directivos de Invercaria presuntamente implicados, la
conclusión a la que llegan los especialistas en blanqueo de capitales de la
UDEF es que, con la aquiescencia de la Junta, los inversores privados crearon
CSI para, en principio, sobrefinanciar el proyecto paralelo Electria de CEDES,
al que ya la empresa pública de capital riesgo le había otorgado 1.150.000
euros.
«Todos
los declarantes que conocían el proyecto CSI indican que esta sociedad estaba subordinada
a CEDES. Así pues, no era un proyecto independiente en sí mismo, sino un
desarrollo del proyecto Electria; si bien no se solicita la financiación
integrando en un mismo expediente los dos proyectos, de modo que el montante
del dinero financiado a Electria se divide en dos cantidades menores al total,
lo que reduce los pasos a realizar para la aprobación de dichas financiaciones
por separado», explicita el atestado 2156/15 al que ha tenido acceso EL MUNDO
de Andalucía.
¿Qué
pasos se ahorraron creando ad hoc la Consultora para la
Sostenibilidad Integral? El principal, el de la «necesaria
aprobación» por parte del Consejo de Gobierno -con el presidente de la Junta a
la cabeza- de toda ayuda que superara los 1,2 millones de euros. Pero además,
al contar la Presidencia de Invercaria con plena capacidad para otorgar en
solitario ayudas inferiores a 450.000 euros, se dejó en las manos exclusivas
del presidente Tomás Pérez-Sauquillo la
aportación extra al proyecto de la Compañía Eléctrica para el Desarrollo
Sostenible -en la que participaba la propia Invercaria- sin necesidad de pedir
permiso al Consejo Rector de la Agencia IDEA, que ya había aprobado ayudas por
un importe total de 1.150.000 euros.
O
sea: un crédito que tenía que haberse validado por un único órgano -el Consejo
de Gobierno- por lo elevado de su cuantía, se fracciona recurriendo a
sociedades pantalla y expedientes paralelos para que sea autorizado por dos
centros directivos distintos -IDEA y presidente de Invercaria-, y todo ello con
el visto bueno de la Administración autonómica.
Y es
que podría sospecharse que Pérez-Sauquillo y los socios privados de CEDES
eludieron los controles burlando la confianza de IDEA. Pero resulta que habría
sido justo al revés: Invercaria cumplió órdenes de la Agencia que presidía por
entonces Jacinto Cañete. Es lo que se deduce no ya sólo de
lo declarado por los once imputados inicialmente por el préstamo a CSI, sino
del hecho de que el único documento justificativo de la inversión es el
esclarecedor correo electrónico remitido por el trabajador de IDEA al directivo
de la empresa de capital riesgo.
El
ex presidente de Invercaria declaró el pasado mes de abril que recibió de la
Agencia la «instrucción» de «facilitar» el préstamo a CSI y que «dio por buena»
la «validación» que IDEA y, particularmente, sus antiguos representantes en
CEDES (Isabel de Haro, Bienvenido Martínez y Francisco José Oyonarte) tuvieron
que hacer del proyecto Electria y de la creación meramente instrumental de
Consultora para la Sostenibilidad Integral, ya que «hubo trámites que se
hicieron en la propia Agencia IDEA o en la Consejería».
La
conclusión de la Policía Nacional es que los 400.000 euros no se destinaron a
ningún proyecto, sino que sirvieron para «pagar» nóminas en CEDES y empresas
cercanas con las que financiaron «estudios de mercado» en beneficio «personal»
de su «equipo directivo». El titular del Juzgado de Instrucción 16 de
Sevilla, Juan Gutiérrez Casilla, ha reclamado a la UDEF que
este atestado se le entregue conjuntamente con el que se ultima sobre el
proyecto Electria, ya que queda meridianamente claro que formaban una sola
unidad... salvo para eludir los controles legales, claro.
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/11/23/5652ceb3268e3ec3208b45e7.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/11/23/5652ceb3268e3ec3208b45e7.html
Investigación de la Guardia Civil
El
fraude del Bajo Guadalquivir supera los 6 millones de euros sólo en 2010
- La investigación confirma el supuesto desvío de ayudas al empleo
- Apuntan al ex alcalde Antonio Maestre como máximo responsable
Algo más de seis millones de euros. Exactamente, 6.008.324,17 euros. Ése es el importe del fraude que habrían cometido supuestamente los gestores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir de Sevilla en el manejo de las subvenciones públicas recibidas para promover el empleo y la formación de parados. La cifra forma parte de las diligencias que mantienen abiertas los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 2 del municipio sevillano de Lebrija, aunque podría ser sólo la punta del iceberg, ya que se refiere exclusivamente a once ayudas que la entidad supramunicipal recibió en el año 2010 y hasta principios de 2011.
Según
ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, los investigadores de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla están
rastreando las once subvenciones que la Fiscalía de Dos Hermanas llevó a los
tribunales al encontrar indicios de fraude y estiman que el montante, sólo en un
año, rondaría los seis millones. Estas ayudas, tomadas de forma individual,
oscilan entre los 130.000 y los 430.000 euros y en ninguno de los casos, según
fuentes próximas a la investigación, la mancomunidad justificó el gasto.
De
hecho, la Junta -que concedió diez de las once ayudas; la undécima la otorgó el
Gobierno central- tiene abiertos expedientes de reintegro en todas las subvenciones porque el
dinero se destinó, en todo o en parte, a fines distintos a los que fueron
concedidas. Así, por ejemplo, de una de las subvenciones, por un importe de
325.000 euros, la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir devolvió a requerimiento
de la Junta 225.000 euros, pero los restantes 100.000 euros no han aparecido.
Las
ayudas las recibió la entidad para poner en marcha,
fundamentalmente, escuelas taller como la que llevaba por nombre
'Navegando por Rota' o 'La Giraldilla' y que, aparentemente, nunca funcionaron
a pesar de que el dinero sí llegó a las cuentas de Bajo Guadalquivir.
Las
investigaciones se centran en la gestión que llevó a cabo uno de los últimos
presidentes de la entidad antes de su liquidación, el ex alcalde socialista de
Los Palacios Antonio Maestre.
Él era el máximo responsable de la mancomunidad cuando se recibieron y
gestionaron las ayudas que se están examinando y suyas serían las presumibles
responsabilidades penales por el presunto fraude de subvenciones si se acaban
confirmando. Junto a Maestre, el otro señalado por la Guardia Civil sería el
interventor en este período, Mariano Rodríguez.
Ambos
estaban incluidos en la denuncia que en julio de 2013 trasladaron al fiscal los
portavoces municipales del PP en los municipios integrados en la mancomunidad y
que dio lugar a una investigación previa por parte de la Fiscalía de Dos
Hermanas que derivó en once denuncias en los juzgados
de Lebrija presentadas este mismo año.
A
resultas de las mismas, los juzgados 1 y 2 de Lebrija mantienen abiertas
investigaciones sobre un presunto fraude en la gestión de subvenciones públicas
recibidas por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una entidad
supramunicipal que agrupaba a localidades de Sevilla y Cádiz y que fue disuelta
el año pasado con un agujero superior a los 40 millones de euros.
Desde
los juzgados de Lebrija se han solicitado informes a la Intervención de la
Junta acerca de las subvenciones otorgadas a Bajo Guadalquivir.
Asimismo,
añadieron estas fuentes, se ha encargado a la Guardia Civil que examine la gestión de estos
fondos por parte de la desaparecida mancomunidad.
Serían unos primeros pasos antes de decidir si se cita a algunos de los
antiguos responsables a declarar, en su caso posiblemente como imputados a
tenor de los indicios de delito ya detectados por el Ministerio Público.
Como
ya adelantó EL MUNDO, el Ministerio Público ha encontrado evidencias de un
supuesto fraude en las subvenciones que recibió la mancomunidad sobre todo para
cursos de formación. De las ayudas públicas investigadas, prácticamente ninguna
fue justificada.
Las
irregularidades las ha detectado la Fiscalía de Dos Hermanas a raíz de la investigación que ha desarrollado en los últimos meses y que se ha centrado en las últimas
subvenciones concedidas a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, aquellas
respecto a la cual el presunto delito no habría prescrito.
Como
consecuencia de dicha investigación, explicaron fuentes próximas, la Fiscalía
de Dos Hermanas decidió interponer hasta once denuncias, una por cada
subvención, en los juzgados de Lebrija.
En
todas y cada una de estas denuncias, el Ministerio Público ponía en
conocimiento del juzgado de turno las supuestas irregularidades encontradas, cómo
la institución recibió el dinero pero no justificó su destino, por lo que pedía
que se investigasen los hechos y se depurasen responsabilidades penales al
considerar que podría haberse cometido un delito.
Las
denuncias no se dirigían contra nadie específicamente, aunque al frente de la institución han estado varios alcaldes,
la mayoría socialistas. La última presidenta fue la alcaldesa del PSOE de
Lebrija, María José Fernández, y, antes que ella, el ex alcalde socialista de
Los Palacios, Antonio Maestre.
Precisamente,
la Fiscalía de Dos Hermanas interrogó a principios de mayo a Maestre acerca de
una ayuda estatal recibida por la mancomunidad y cuyo reintegro habría
reclamado el Estado, al no quedar debidamente justificado el destino de estas
subvenciones.
Esta
ayuda es una de las que ha denunciado el fiscal. Fue concedida a la
Mancomunidad cuando estaba presidida por Maestre y el Estado habría reclamado
el reintegro al no quedar convenientemente justificada, supuestamente, la
aplicación de la ayuda para el fin para el que fue otorgada. Según los datos
del PP, la institución se enfrenta a peticiones de reintegro de subvenciones
públicas por cerca de seis millones.
SANIDAD. Sin
respuesta de la dirección del centro
Anestesistas denuncian sobrecarga asistencial y riesgos
para el paciente
- 19 médicos alertan al Virgen de las Nieves de Granada de la situación pero no logran respuesta
- Rechazan a enfermos en la puerta del quirófano porque están mal valorados
Cinco meses después del escrito dirigido al director gerente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada por diecinueve anestesistas, la denuncia sigue sin respuesta y -lo que es peor- sin que se hayan tomado medidas para resolver la situación de «sobrecarga asistencial» ante la «insuficiente dotación de facultativos» en su actividad diaria en el centro hospitalario «en unas condiciones en las que la seguridad del paciente puede verse afectada debido al exceso de horas de trabajo que se realizan de forma ininterrumpida».
La
denuncia, que tiene sello de registro con fecha 19 de junio pasado y a la que
tuvo acceso EL MUNDO, se añade a la que por las mismas fechas exponían también
los médicos anestesistas del Hospital Clínico,
con la misma reacción en cuanto a respuesta o adopción de medidas por parte de
las direcciones de ambos centros hospitalarios o de la dirección provincial del
SAS: ninguna.
La
dirección-gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, por su
parte, asegura que analiza las presiones asistenciales de forma continuada y
así ocurre también con la situación denunciada. «En su momento y tras comprobar
el aumento de la presión asistencial se optó por incorporar un anestesiólogo de refuerzo para las guardias en horario de
tarde».
Apunta,
además, que la plantilla de la unidad de anestesiología no ha variado en los
últimos años «y se entiende adecuada a la actividad quirúrgica que se viene
desarrollando en el complejo», para el que existe un anestesiólogo localizado
exclusivamente para cirugía cardiaca, y otro, únicamente para trasplantes.
El
escrito, sin embargo, apunta a una insuficiente dotación de
facultativos para atender las urgencias del hospital y
los cuidados posoperatorios, que en la actualidad cubren dos anestesistas de
guardia, uno para los procedimientos quirúrgicos urgentes en quirófano y otro
que se encarga de los cuidados postoperatorios en la unidad de reanimación.
Una
situación que se ha agravado en los dos últimos años con jornadas laborales de más de 12 horas «sin prácticamente descanso alguno»,
en las que «habitualmente» la dirección «nos presiona para abrir dos quirófanos
de urgencias con el facultativo de reanimación», a pesar de que este médico «ya
tiene una importante sobrecarga asistencial» con una media de «30 ingresos
diarios, incluyendo pacientes críticos».
Además,
durante la guardia se ven obligados a hacer «una cobertura adicional a planta
de hospitalización de cuidados paliativos», un servicio que antes contaba con
una unidad específica pero fue suprimida y sus funciones adjudicadas a los
anestesistas. Todo ello, en un escenario que obliga al anestesista a estar localizado
la víspera y el día siguiente a la guardia de presencia física en el programa
de cirugía cardiaca y trasplantes.
A
esas presiones se unen las de los familiares de pacientes que en muchas
ocasiones «esperan dos o tres días para ser intervenidos de urgencia» y el
panorama, que podría paliarse «con organización y recursos», según el Sindicato Médico (SM), ha llegado a desembocar en situaciones
conflictivas con enfrentamientos personales entre cirujanos de diferentes
especialidades quirúrgicas a la hora de establecer la prioridad de la
operación.
Ante
la situación creada, el Sindicato Médico asegura que es frecuente, por otra
parte, que un anestesista asuma más de un
quirófano, «siguiendo instrucciones verbales», con riesgo para
el propio médico o el paciente y a veces, según el SM, «se ha recurrido a un
subdirector médico anestesista -actualmente en el equipo de dirección- para que
se incorpore a los quirófanos».
En
este escenario, las listas de espera «masificadas» propician una dificultad
añadida puesto que pacientes programados de operación empeoran su pronóstico
hasta que llega la fecha de la intervención. La consulta de preoperatorio «está
absolutamente desbordada».
Estas
consultas, ante la falta de médicos, «es realizada en muchas ocasiones por R1 (los
antiguos MIR, de primer año) y, como consecuencia, «son muchos los casos de
pacientes que, por estar mal estudiados,
han sido rechazados en la misma puerta del quirófano».
FRAUDE EN LA
FORMACIÓN. La investigación parlamentaria
El Gobierno de Susana Díaz oculta las ayudas para sedes
del PSOE andaluz
- El PP ve «deliberado» el retraso en la entrega de expedientes a la comisión de investigaciónLa Junta no facilita la documentación sobre la remodelación integral de una casa del pueblo
Casi dos meses después de crearse la comisión de investigación
parlamentaria y cuando se cumplen 19 días naturales desde
la petición formal de documentación suscrita por todos los grupos, la Junta de
Andalucía sigue sin remitir a la Cámara autonómica los expedientes de las ayudas para la
formación profesional de laConsejería de Empleo reclamados por la oposición, que
denuncia que se han incumplido ya los plazos reglamentarios y empieza a
sospechar que el Gobierno que preside la socialista Susana Díaz puede estar maquillando en la medida
de lo posible una documentación que se presume ya revisada internamente casi al
completo.
Lo
denunció ayer la parlamentaria gaditana del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien entiende que el «retraso» en
la entrega del Ejecutivo al Legislativo de los expedientes de reintegro es
«deliberado» y responde a «instrucciones» directas de la presidenta de la Junta
y líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, quien quiere evitar a toda
costa que en mitad de la campaña electoral de las generales estalle el
escándalo silenciado de las casas del pueblo del PSOE reformadas íntegra o parcialmente
con las ayudas de formación concedidas por el Gobierno andaluz al sindicato
UGT, que utilizó varias sedes municipales socialistas -algunas en calidad de
copropietarios- como aularios para impartir los cursillos para desempleados.
Los
populares están convencidos de que ése es el motivo para que aún no se haya
remitido a la comisión expedientes concretos como el 98/2005/J/523, el
98/2006/J/517 o el 98/2007/J/420, los tres en los que podría encontrarse la
financiación de las obras de la Casa del Pueblo que comparten socialistas y ugetistas
en el pueblo jiennense de Lopera. Como reveló EL MUNDO en febrero de 2014, la
Junta costeó la remodelación íntegra del edificio con cargo a una ayuda otorgada al
sindicato. El coste final se fue hasta los 353.309,02 euros limitándose el PSOE
de Jaén a pagar el «equipamiento» del aula de formación. Tras montar los
despachos, instalar la centralita telefónica, aportar los ordenadores y las
fotocopiadoras... la factura que asumieron los socialistas ascendió a 52.566
euros, apenas el 14% del coste total de la obra endosado por UGT a las ayudas
de la Junta.
El
PSOE andaluz niega ésta y otras evidencias de que se ha beneficiado
indirectamente de las subvenciones para formación, como las declaraciones del
antiguo alcalde socialista del pueblo cordobés Nueva Carteya Antonio Ramírez reconociendo que UGT pagaba a la
agrupación local del PSOE 500 euros mensuales por usar la Casa del Pueblo para
impartir sus cursos. Ahora el Gobierno andaluz estaría dilatando la entrega a
la comisión de investigación de los expedientes que dejarían en fuera de juego
al secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien tuvo que asegurar
que su partido no ha ingresado «ni un céntimo» de las ayudas tras publicar este
diario el convenio firmado en 2011 ante notario por Susana Díaz con UGT para la
creación de un «aula» en otra casa del pueblo -la del municipio jiennense de
Torreperogil- acordando expresamente destinarla al «alquiler» para «cursos de
formación» y que la renta se destinara «al mantenimiento del edificio».
«Son
datos que comprometen al Gobierno andaluz y a su presidenta, y por eso la
señora Díaz aplica la ley del silencio y el presidente de la comisión [Julio Díaz,parlamentario
andaluz de Ciudadanos] actúa de parapeto», denunció ayer la diputada andaluza
del PP Teresa Ruiz-Sillero quien insistió en que se trata de un retraso
deliberado bajo las instrucciones de Susana Díaz» a la que el partido fundado y
liderado por Albert Rivera le «está siguiendo el juego».
Ruiz-Sillero
subrayó que el Gobierno andaluz «ya ha incumplido los plazos que marca el
reglamento» y que, hasta ahora, «lo único que hemos recibido los grupos ha sido
una documentación desordenada de expedientes sin especificar ni la cuantía
concedida ni la reclamada que coincide con la petición del PSOE». Por ello, el
PP sospecha que la Junta pueda estar dilatando la entrega de documentación para
intentar «arreglar expedientes antes de iniciar la petición de reintegro. En
este sentido, han detectado ya un expediente referente a una ayuda a UGT para
hacer obras en un centro de formación en el
que el sindicato renunció antes del inicio de la reclamación, procediendo a la
devolución del anticipo.
«Como
saben que hay casos en los que no procedía dar la ayuda, antes de iniciar el
expediente de reintegro la entidad devuelve el dinero», asegura Ruiz-Sillero,
que califica la maniobra de «apaño para ganar tiempo, arreglar expedientes y no
perjudicar a Susana Díaz». Para la parlamentaria del PP, queda claro que «50
días después el PSOE sigue obsesionado con su objetivo de boicotear la investigacióndel fraude de los cursos de formación el
Parlamento».
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