- La Guardia Civil atribuye tres delitos al ex consejero de Innovación por una subvención a Almería 2005
- Ademas, señala también la posible implicación de Viera y otros dos ex altos cargos de la Junta
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Junto a José Antonio Viera
Implican a Vallejo por una ayuda de
los ERE de la que pagó el 50%
La
Guardia Civil atribuye tres delitos al ex consejero de Innovación por una
subvención a Almería 2005
Ademas, señala también la posible implicación de Viera y otros dos ex altos cargos de la Junta
Ademas, señala también la posible implicación de Viera y otros dos ex altos cargos de la Junta
La Guardia Civil considera que Francisco Vallejo pudo cometer hasta tres delitos en relación con una ayuda que la
Consejería de Empleo concedió al comité organizador de los XV Juegos del
Mediterráneo Almería 2005 con cargo al fondo de reptiles pero que terminó pagando a la mitad su
departamento: la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Los
agentes también ven responsabilidad en el ex consejero José Antonio Viera.
En
un oficio enviado el pasado 4 de noviembre al Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla, complementario de un atestado remitido el 19 de octubre con el que
venía a corregir un error, el Equipo II de Delincuencia Económica y Tecnológica
de la Comandancia de la Guarcia Civil de Almería señala a Vallejo y Viera por
la concesión y pago de una ayuda de 180.304 euros destinada a la formación on line de
los voluntarios de aquella competición deportiva. Ambos están imputados ya en
el caso ERE por la juez Núñez Bolaños, después de perder su aforamiento.
Los
hechos tienen su origen en el convenio que, el 26 de septiembre de 2003, la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico firmó con la organización de losJuegos del Mediterráneo Almería
2005. El dinero se iba a abonar en dos pagos de 90.152 euros,
uno en 2003 y otro en 2004.
El
pago de la ayuda no se materializó en las condiciones inicialmente
establecidas. Según detalla la Intervención General del Estado
(IGAE) en el informe en el que analizan esta subvención, en el expediente
consta un escrito que el director general de Trabajo y Seguridad Social -Javier
Guerrero- firmó el 2 de febrero de 2005 en el que se afirma: «Los señores
viceconsejeros de Innovación, Ciencia y Empresa y el de Empleo acordaron
sufragar el importe consignado en dicho convenio al 50% por cada una de las
Consejerías».
Los
peritos de la IGAE llaman la atención sobre el hecho de que, entre la
documentación que le facilitaron para realizar el informe, «no figura el citado
acuerdo» entre los números dos de las citadas consejerías.
En
el listado de convenios firmados entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para la
materialización del pago de las subvenciones concedidas con cargo a la partida
presupuestaria 31.L o fondo de reptiles consta el abono en 2005 de una «ayuda a empresa» por importe de 90.152 euros a la
Asociación Juegos del Mediterráneo. Ello quiere decir que Empleo desembolsó su
parte.
La
Guardia Civil ve ahora responsabilidad penal en la actuación de los ex
consejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación, Ciencia y Empresa). La
IGAE detalla hasta diez presuntas irregularidades en la concesión y tramitación
de esta ayuda.
En
el caso concreto de Vallejo, que dejó de estar aforado ante el TSJA tras no ir
en las listas en las últimas elecciones autonómicas, los investigadores
consideran que pudo cometer prevaricación administrativa,
malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos.
Tras
interrogar a diversos testigos para aclarar los hechos, los agentes implican a
otros dos ex altos cargos de la Junta. En concreto, en el oficio enviado al
juzgado detallan que han tomado declaración como imputados a Clemente García
Valera, ex delegado de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológio en
Almería, y a José María Oliver Pozo, antiguo secretario general técnico de la
Consejería de Presidencia y ex secretario de la Comisión General de
Viceconsejeros.
Oliver
Pozo fue uno de los dos testigos que el pasado 5 de mayo comparecieron ante el magistrado que instruyó el caso ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, a petición de la defensa
del ex consejero Gaspar Zarrías para avalar su tesis de que en los consejillos
no había debate político sino técnico.
En
una providencia fechada el pasado 11 de noviembre, la juez Núñez Bolaños da
traslado del oficio de la Guardia Civil a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas para que presenten alegaciones.
Para ello, disponen de un plazo de cinco días.
De
otro lado, la instructora ha fijado una fianza de responsabilidad civil de
1.401.349,33 euros a Eduardo Lora Ruiz, presidente de una almazara -Virgen del
Espino, de El Pedroso- que recibió una ayuda de 1.051.012 euros del fondo de
reptiles.
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