CASO ERE. La instrucción judicial
- Pide la nulidad del auto por el que Núñez Bolaños reestructura la división del caso.
- Advierte de que retrasar la apertura de nuevas piezas provocará que posibles responsables no sean imputados
CASO ERE. La
instrucción judicial
El PP alerta de
prescripciones en los ERE con el diseño de la nueva juez
- Pide la nulidad
del auto por el que Núñez Bolaños reestructura la división del caso
- Advierte de
que retrasar la apertura de nuevas piezas provocará que posibles responsables
no sean imputados
La acusación
popular que ejerce el PP en el caso ERE advierte de que la decisión de la juez Núñez Bolaños de retrasar la apertura de nuevas
piezas hasta que la Audiencia de Sevilla enjuicie al menos las dos primeras
podría conllevar la prescripción para responsables criminalmente de delitos que
no están imputados todavía y abre la puerta a posibles nulidades.
Como ya ha hecho la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Popular de
Andalucía ha interpuesto un recurso de apelación para que se declare nulo el
auto -fechado el 9 de noviembre- por el que la instructora reestructuró
sustancialmente la división de la causa respecto al planteamiento acordado el
pasado 30 de julio.
Núñez Bolaños ha decidido
ahora desgajar el sumario en seis piezas diferentes -sobre el procedimiento
específico, las sobrecomisiones a las mediadoras y las ayudas a Acyco,
Surcolor-Surcolor Óptica SA, Cemforpre y al entramado societario controlado por
los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María
Sayago- a fin de agilizar su enjuiciamiento, posponiendo el diseño de las
piezas restantes «al contenido de las sentencias» que vaya dictando la
Audiencia de Sevilla.
«De manera infundada»
En su recurso, el PP-A argumenta que, al optar la instructora por esperar
que una instancia superior se pronuncie antes de abrir nuevas piezas, estaría
rehusando, «de manera infundada, a ejercer la función jurisdiccional». Y ello
puede tener graves consecuencias a la hora de depurar responsabilidades
penales.
A juicio de esta acusación, la paralización de la instrucción sobre
determinados hechos a la espera de que empiece a pronunciarse la Audiencia
podría provocar la prescripción de delitos de los que puedan ser responsables
criminalmente «sujetos que aún no han sido imputados» y que encausados puedan
invocar en el futuro «dilaciones indebidas», lo que conllevaría atenuaciones punitivas.
A ello se suma que, si se revoca el controvertido auto como piden
acusaciones y defensas, se anularían todas las actuaciones que se hayan llevado
a cabo.
No son las únicas alegaciones que esgrime el PP andaluz en su recurso
para solicitar la nulidad del auto que Núñez Bolaños dictó el 9 de noviembre y
con el que trataba de enmendar el del pasado 30 de julio. El principal partido
de la oposición en el Parlamento
andaluz aprecia una infracción del derecho a la
tutela judicial efectiva, por cuanto, «lejos de ser un complemento» del primer
auto con el que trataba de suplir una eventual omisión o error, «es un nuevo
auto con un contenido propio y diferenciado».
Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, el PP-A
recuerda que el ordenamiento español permite «salvar omisiones o errores de las
resoluciones judiciales», pero «no puede servir ni para poner remedio a una
falta de fundamentación jurídica, ni para reinterpretar la sentencia pretendidamente
aclarada o corregida, ni para rectificar errores de Derecho por más que el
órgano judicial sea consciente de los mismos».
El PP también observa que el auto infringe los principios de seguridad
jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al acordar
tácitamente la magistrada dejar sin efecto tres de las piezas inicialmente
incoadas -las correspondientes a Río Grande,
Calderinox y Matadero de Fuente Obejuna- «sin que se haya realizado actuación procesal alguna
que en cierta medida justificase su cambio de parecer».
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