¿ Y en Andalucía ¿se permite que prosiga la corrupción?
“Sin la política de Estado se
abre la espita totalitaria y la pérdida de la ciudadanía como conjunto
inderogable de derechos y deberes”
Resulta descorazonadora la insistencia de
nuestros políticos en separar la acción propia de su actividad del respeto a la
legalidad, insistiendo muchas veces en que no
basta con exigir el cumplimiento de la ley sino que, ante desafíos de gran
calado, hay que aplicar recetas políticas. Ignoran quienes así piensan que en
un Estado democrático no se trata de hacer política en sentido amplio, concepto
al que parecen referirse y que consiste en la actividad, arte, doctrina u opinión que tiende a la búsqueda del poder
público, a su mantenimiento o a su desaparición en cualquier grupo humano de
convivencia. Eso es la pequeña política, la mala política de cortos
vuelos.
Sin embargo, en un Estado de
derecho, la ley y la acción política van indisolublemente unidas y esta se expresa a través y desde el respeto a la legalidad
que, democráticamente, se ha establecido como norma de convivencia aplicable a
todos los ciudadanos. Esta es la gran política, la política de
Estado, sin la cual se abre la espita totalitaria y la pérdida de la ciudadanía
como conjunto inderogable de derechos y deberes. Por ello me ha resultado sorprendente escuchar en
una emisora de radio a la política de moda, Inés Arrimadas, repetir
el mantra tan desgastado de que en la cuestión catalana tiene su parte de culpa
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque “no basta con aplicar la ley sino que hay que hacer
política”. Y siento que ello sea así por
la buena impresión que se desprende de la trayectoria política de la lideresa
de Ciudadanos, formación que no sería bueno que jugara a la ambigüedad o a la
equidistancia en temas de gran calado político.
Resulta pernicioso insistir en cuestiones
tangenciales cuando algunos pretenden, sin conseguirlo, redimir a quienes no
quieren ser redimidos. Hacer política cuando se viola la
legalidad parece resultar muy socorrido para
ciertos actores sociales, hasta haberlo viciado los socialistas catalanes, que olvidan que sin respeto a la ley no hay política
posible... salvo en las dictaduras. Diálogo,
hacer política se dice, pero no se añade que, ambas cosas, deben hacerse desde
los cauces y los límites que impone la ley.
Hay mucha nueva clase política, que ha sido catapultada a la
popularidad desde las tertulias televisivas, que se deben ir aclarando ante la
ciudadanía, dada su próxima presencia en las Cortes Generales. Y para ello debieran
ir explicando cuestiones como las siguientes: ¿Qué política hay que hacer frente a quienes se niegan a
cumplir la legalidad vigente? ¿En qué consiste la federalización del Estado
español? ¿Sobre qué se quiere dialogar? ¿Qué pretendemos, cumplir la ley,
reformarla o soslayarla? ¿Qué reforma de la Constitución se propone? ¿Para
ampliar las competencias de las autonomías, para reducirlas o para
controlarlas? ¿Vamos a ser todos los españoles iguales ante la ley, o bajo el
síndrome de la singularidad, se esconde una fuente de privilegios?
“Lo peor es que, a este juego
del diálogo sustitutivo, se preste -¡arrogándose un buen talante democrático!-
el partido que más tiempo ha gobernado en democracia”
Si hay algo que chirría y desentona en la conciencia
ciudadana es el diferente trato judicial y las distintas lecturas que se
producen, según se investigue a políticos soberanistas catalanes o a políticos
de otros segmentos geográficos e ideológicos. Basta con observar el respeto a
las decisiones que perjudican al partido del Gobierno, casos Gürtel o Rato, y
la orquesta sinfónica de aviesas intenciones sobre las citaciones de Artur Mas
o el caso Pujol.
El problema de fondo es la poca consistencia del
espíritu democrático en nuestro país, donde se empieza
suplantando el respeto a la legalidad por una peculiar forma de dialogar y
hacer política, para terminar, como ya anuncian
algunos, no cumpliendo las leyes que no les gustan. Lo peor es que, a este
juego del diálogo sustitutivo, se preste -¡arrogándose un buen talante
democrático!- el partido que más tiempo ha gobernado en democracia, y a la vez
parece atraer a otros que expenden halos regeneradores y comportamientos
ejemplares. Triste es que tengan que aprenderse tales principios desde la
responsabilidad de gobernar,
pero esta es la consecuencia de haber convertido a
la política en un espectáculo mediático donde prima la seducción populista para
arañar votos lo más fácilmente posible. Luego, su aprendizaje lo pagamos los ciudadanos
cuando acceden al poder, y así nos
va con esta casta, sea la vieja o sea la nueva.
Sin miedo a las reformas legales que vayan mejorando
nuestra convivencia, hay que dar la bienvenida a todas las aportaciones de
savia nueva para conseguirlo. Pero siempre desde la legalidad, es decir, los pasos han de darse desde la ley hasta la ley, con arreglo a las
formalidades previstas para su reforma.
Cualquier otra disquisición, sin explicar el qué, el cómo y el cuando del
diálogo y de la reforma, son ganas de confundir al personal y denota poca
confianza en lo que se quiere si no se es capaz de explicarlo convincentemente.
“Quienes hablan de dialogar y
vinieron para regenerar la política deben aclarar su disposición para dar
satisfacción a quienes protestan por la corrupción andaluza y por la existencia
de verdaderas bandas organizadas, en torno a la acción política, para
delinquir”
Hablar de todo, reformar lo
reformable sin más límites que los pilares de nuestro Estado de derecho, que
son la unidad, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles. Pero necesidad también, y sobre
todo, de regenerar a fondo la política, acabar con los fueros y privilegios, limpiar las administraciones de advenedizos y recuperar la
independencia judicial. Porque lo que no puede ser es que el deterioro de las
instituciones siga su deriva amenazando, si
no se corrige, con la destrucción del
sistema democrático.
Ese deterioro institucional es
particularmente notable en Andalucía, donde cada día surge una nueva irregularidad,
siempre con el mismo "modus operandi": expedientes a posteriori para
lavar la mordida, ignorancia de los
responsables, que nunca saben nada, y maniobras de todo tipo para que la
responsabilidad sea de los cuatro golfos que se comerán el marrón.
Quienes hablan de dialogar y vinieron para
regenerar la política deben aclarar su disposición para dar satisfacción a quienes protestan por la corrupción andaluza y por la
existencia de verdaderas bandas organizadas, en torno a la acción política, para
delinquir. No basta con presidir
comisiones de investigación, de acuerdo con el partido gobernante. Hay que saber si los
"regeneradores" serán cómplices de la operación orquestada para
convertir lo que la juez Alaya y el instructor del Tribunal Supremo calificaron
como una responsabilidad penal de estructura piramidal, en una simple metedura
de mano de cuatro "mandados" convertidos en chivos expiatorios. Esto último es lo que ocurre cuando un sistema democrático
deviene en régimen político, donde se habla y dialoga pero se orilla la
legalidad, haciendo política de cortos vuelos.
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