sábado, 31 de octubre de 2015

Máxima difusión.Ratifican el "mal" uso del sistema de los ERE en 8 empresas públicas; interventores admiten el "abuso en fraude de ley" de las transferencias de financiación.= Dinero desviado para financiar a su Administración paralela, brazo ejecutor del Régimen; este modelo se consolido en la Ley de Reordenación del Sector Público; sin funcionarios y sin fiscalización previa; con ello los junteros , en "fraude de ley constitucional" diseñaron un modelo de gestión pública, clientelar y no profesional; al servicio de intereses partidistas, mediante Ingeniería "ad hoc". El resultado, la quiebra irreversible del modelo constitucional; Articulo 149.1.18 Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en relación con el art. 9.1 y 3, 14, 23 y 103 de la Constitución, sus resultados Eres, Formación, Invercaria, Empresas públicas, Consorcios...... Un fraude monumental, institucionalizado por nuestros "gobernantes" ¿irregularidad administrativa; venga ya...?; las cosas no ocurren por casualidad.

  • Empresas investigadas. Empresa Pública del Suelo  (EPSA), Empresa Pública de Gestión de Progrmas Culturales (Epgpc), Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), La Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, laa Agencia de Medio Ambiente y Agua (Egmasa); la Empresa Pública del Deporte Andaluz Epdasa) , la Agencia de Obra Pública de Andalucía, la Empresa pública de Turismo Andaluz.
  • El juez debe decidir ahora si hay delito o una irregularidad administrativa.


  • Operaciones con fraude de ley en entes públicos =  ¿Que pasa en la junta?


  • El sistema de los ERE extendido en la Junta = Lejos de remitir la corrupción en la Administración autónoma, estos hechos demuestran lo contrario.



Menudo montaje; "ingenieria ad hoc", transferencias de financiación = ¿un fraude para sufragar a la Administración paralela, brazo ejecutor del Régimen?




Empresas, convertidas en Agencias por la Ley de Reordenación del Sector público con  el objetivo  de escapar del control: ¿Sin funcionarios y sin fiscalización prevía? ¿Irregularidad administrativa; venga ya.....?




Reordenación del Sector Público de Andalucía 2010-2015 se desmantela la Administración constitucional de la JA



Reordenación del Sector Público de Andalucía 2010-2015 se desmantela la Administración constitucional de la JA



La Andalucía imposible; un camino sin retorno. 







Ratifican el mal uso del sistema de  los ERE en 8 empresas públicas  = Financian a su Administración paralela, brazo ejecutor del Régimen



Recordatorio noticia 04/03/2015 a las 11:26:35h

http://sevilla.abc.es/andalucia/20150304/sevi-junta-201503032233.html


Financiación bajo sospecha

 La Junta implantó el «modelo ERE» en ocho empresas para gastar sin control 

El interventor avisó en 2006 a Hacienda de que Egmasa, Giasa, RTVA o EPSA, entre otras, usaron de manera irregular el mismo sistema opaco de financiación

Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera de Hacienda

El sistema de los ERE no estaba reservado a la antigua Consejería de Empleo y la agencia IDEA. La Junta de Andalucía implantó en al menos ocho empresas públicas las denominadas transferencias de financiación —el traspaso de fondos desde las consejerías a órganos externos a éstas—. Así lo puso de manifiesto, con escaso éxito, la Intervención General de la Junta desde mediados de la pasada década en los sucesivos informes adicionales realizados sobre el uso de esta herramienta en las sociedades Extenda, Egmasa, Epdasa, Epgpc, RTVA, Turasa, Giasa y EPSA.

La versión oficial del cambio de sistema, origen del caso ERE, fue de la búsqueda de un procedimiento más ágil. Pero esta normalización tuvo un efecto perverso: al sacarlos fuera de los controles administrativos que deben pasar los fondos gastados directamente por las consejerías, las irregularidades en los expedientes fueron inmediatas y, en algunos casos, generalizadas.

En la Memoria de Control Financiero Permanente del ejercicio 2005 enviadoCarmen Martínez Aguayo, viceconsejera de Hacienda y subordinada del exconsejero y expresidente José Antonio Griñán, el entonces interventor general, Manuel Gómez Martínez, advirtió en febrero de 2006 que «del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquéllas».

En el informe de 21 páginas, al que ha tenido acceso ABC, el interventor avisó de que «de forma indebida el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales (como sucedió con las prejubilaciones trucadas y las empresas en crisis) u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa».

Gastar sin control

El alto funcionario de Hacienda calificó estas irregularidades como«incumplimientos» que afectan de forma transversal a gran parte del organigrama autonómico . Responsabiliza no a las empresas sino a las consejerías a las que están adscritas: Obras Públicas, Agricultura, Presidencia, Medio Ambiente, Cultura y Turismo. Pocos departamentos renunciaron a utilizar este instrumento que permitía gastar sin control. El caso más flagrante fue el de los ERE. La debilidad de la vigilancia administrativa posibilitó la configuración de una trama de la que sacaron tajada, ya sea por interés electoral o por pura amistad, empresarios cercanos al Gobierno andaluz, falsos prejubilados, bufetes de abogados, consultoras, sindicatos y conseguidores.

El exinterventor observa «defectos» a la hora de contabilizar las transferencias de financiación y cita expresamente los casos de IDEA (la caja pagadora de los ERE), la Empresa Pública de Gestión de_Programas Culturales (actual Aaiicc), la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), Extenda, la sociedad medioambiental Egmasa, la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), la RTVA y Turismo Andaluz, S.A. (Turasa). Así, hasta ocho empresas.

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