La incorregible Susana
Creo que la mayoría conoce
la fábula de la rana y el escorpión: Un escorpión pidió a una rana que le ayudase
a cruzar un río. La rana –ingenua y confiada, cual votante andaluz de
Ciudadanos- accedió a llevarlo sobre sus espaldas pensando que ningún mal debía
temer, ya que en tal caso el ingrato huésped correría su misma fatal suerte. A
mitad del trayecto el escorpión picó a la rana. Ésta, sintiendo el mortal
aguijonazo, preguntó ¿por qué me has picado? ¿No comprendes que ahora moriremos
los dos? El escorpión respondió: lo sé. Es mi naturaleza, no puedo dejar de ser
quien soy.
No traigo a colación el
cuento para ilustrar a Juan Marín, el Felón, y a su disciplinada y silente
hueste sobre el sentimiento que albergamos quienes fuimos sus votantes, ni
sobre el destino que le espera haciendo de rana de Susana; aunque, tal vez, no
esté de más el recado admonitorio, que para eso son las fábulas morales.
No, lo que me hace pensar
en esta fábula es la naturaleza inmutable del despotismo. La imperturbable
condición despótica del régimen que -ya en su cuarta década- pastorea a los
mansos andaluces (beeeeeeé). Lo que me hace pensar en esta fábula es que, a
pesar de las palabras –huecas como cañas- y desmentidas por los hechos, el
rostro del régimen permanece inalterable. El régimen es el mismo y también su
dirigencia, aunque cambien periódicamente de careta. Llámense el bueno de
Manolo o Pepe el Sencillo o Susi la Deseada, la jeta del régimen es siempre la
misma. Susana es Chaves y Griñán, con más tetas (¿verdad, Valderas?) y menos
cabeza. El régimen persevera contumaz en su ser, del mismo modo que el
escorpión de la fábula; y su rostro es siempre el mismo: el rostro del déspota.
No me excedo. Según el
diccionario, es déspota quien gobierna sin sujeción a la ley y abusa de su
poder y autoridad. Y ¿acaso no es eso lo que aquí viene sucediendo?
El régimen socialista, su
princesa de fresa, arrinconan las leyes más sagradas –la Constitución y el
Estatuto de Autonomía- para convertir en ley su voluntad. Gobiernan por
decreto-ley. Aquí el gobierno legisla y gobierna. ¿Sirve para algo el
Parlamento? En el último año y medio el gobierno andaluz ha aprobado 21
decretos-leyes (record Guinness europeo) frente a sólo dos leyes políticamente
relevantes (Presupuestos y Transparencia).
Desdeñan el estado de
derecho y ultrajan el principio de separación de poderes, uno de sus pilares,
para imponer su voluntad por encima del parlamento y de los tribunales.
Convierten en realidad andaluza los principios del decisionismo político: el
Führer hace el derecho.
Y siendo la cuestión de
suma gravedad, causa pavor cuando se analizan los detalles y pormenores de tan
descarado despotismo.
Y si no, vean ustedes el caso del último decreto-ley aprobado por el
susanismo, el decreto-ley 4/2015. Un decreto-ley aprobado con dos únicos
objetivos: de un lado, eludir arteramente el cumplimiento de las sentencias dictadas
contra la Junta de Andalucía obtenidas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios
ante el TSJA, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional; y de otro,
evitar que este sindicato pueda recurrir la arbitraria decisión juntera ante
los tribunales. Estos dos objetivos, se resumen en uno: privar a una persona
del derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva, consagrado en
el artículo 24 de la Constitución. Es decir, a obtener de la justicia un
pronunciamiento basado en derecho y a que se haga efectivo.
Tal como acostumbra, la Junta no respeta los requisitos formales y
materiales exigidos por la Constitución y el Estatuto para el ejercicio de la
potestad legislativa. Pues, de un lado, en el aspecto formal, ni se dan
objetivamente los motivos de urgencia que alegan (¿urgencia?, ¡después de
llevar cuatro años mareando la perdiz!), ni existe necesidad alguna de
modificar la ley de la Función Pública andaluza para su propósito, ya que nada
en su articulado impide un desarrollo reglamentario como el que pretende la
Junta (de hecho, la modificación de la norma reglamentaria constituye el meollo
del decreto-ley); y de otro, la materia que el régimen pretende regular está
vedada al decreto-ley, pues éstos no podrán afectar a los derechos, deberes y
libertades regulados en el Título I de la Constitución; supuesto en el que nos
encontramos al verse concernido el acceso a las funciones públicas en
condiciones de igualdad, regulado en el artículo 23. (Pregunta colateral: ¿Do
están los ilustres letrados del Gabinete Jurídico? No respondan, no digan nada;
hagan como ellos)
Sobre lo anterior, lo más grave y escandaloso es que este decreto-ley está
dictado despóticamente contra una persona: el Sindicato Andaluz de
Funcionarios. Por cierto, el único entre los existentes en la Administración
General de la Junta de Andalucía que defiende los intereses del funcionariado
sin sectarismos, haciéndolo compatible con la defensa del interés general, que
queda satisfecho cuando las leyes son obedecidas y respetadas.
Aquí, pues, no ha cambiado nada; a pesar de que el partido socialista
-padre, sustentador y beneficiario de este nefasto régimen- no goza de mayoría
parlamentaria –o tal vez por eso- se atreve a usurpar al parlamento la potestad
legislativa, y no para una noble causa sino con el abyecto fin de privar a una
persona jurídica del derecho constitucional a la tutela judicial; y, dicho sea
de paso, con el consentimiento de la oposición, que constituye la mayoría. Una
callada, costosa, decorativa e inútil mayoría.
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