- Paga la nómina a medio centenar de trabajadores a los que no ofrece ningún puesto
- El número de afectados irá al alza porque hay 800 empleados en situación similar
La chapuza que hizo el Gobierno andaluz al despedirlos fue de tal calibre que el Tribunal Supremo apreció una «palmaria desviación de poder o fraude de ley» y declaró nulos los despidos.
La primera sentencia del Supremo sobre los Alpe, de febrero de 2014, destaca que hubo «fraude de ley y desviación de poder» en el despido de los empleados de la Utedlt de Jaén, porque la Junta estaba obligada a integrarlos en la Agencia del SAE, como marca la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz.
¿Sistema clientelar y voto cautivo, sufragado con dinero público de todos?
¿Donde prolifera la corrupción institucionalizada y el fraude millonario que esta siendo investigadp por los tribunales, Eres, Cursos de formación, avales empresas públicas, Invercaria....?
Recordando enlaces a entradas ya publicadas:
El lío de los consorcios
A sueldo de la Junta y sin trabajar
- Paga la nómina a medio centenar de trabajadores a los que no ofrece ningún puesto
- El número de afectados irá al alza porque hay 800 empleados en situación similar
La Junta está pagando los sueldos a medio centenar de empleados que no van a trabajar ni pisan ninguna oficina porque la Administración andaluza no les dice dónde deben incorporarse y cuáles son sus tareas, a pesar de que varios jueces la han obligado a ello, con ultimátum dirigidos incluso a la presidenta del Gobierno andaluz, la socialista Susana Díaz.
Estos empleados cobraron su primer salario sin ir a trabajar hace unos días, a finales de agosto. Según los testimonios recabados por EL MUNDO, para ellos, fue toda una sorpresa ver en la cuenta del banco el abono de la nómina de la Junta porque, aunque han ganado todos los pleitos entablados contra la Administración, ésta se ha resistido a dar cumplimiento a las sentencias firmes y a los mandatos judiciales.
Fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que dirige el consejero José Sánchez Maldonado, reconocieron que hay 48 ex agentes locales de promoción de empleo (Alpe) cobrando y sin trabajar desde agosto. Puntualizaron que las distintas delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) están elaborando un «plan de reasignación» de estos trabajadores en su estructura y, cuando esté listo, los irán llamando para que se incorporen, en función de las vacantes que haya en el SAE y el perfil y formación de los empleados. De momento, no hay una «fecha concreta» para la incorporación de los trabajadores a sus puestos, pero esperan que puedan hacerlo a lo largo de este mes, aclara Empleo.
Entre el medio centenar de agraciados hay 39 empleados de Cádiz y 9 de Jaén. Es muy posible que el número de afectados que van a cobran de la Junta sin ir a trabajar vaya aumentando los próximos meses, cuando los jueces fallen en cada caso concreto de un colectivo formado por casi 800 trabajadores que están en situaciones análogas.
Según la Junta, las ocho delegaciones provinciales del SAE están actualmente diseñando el «plan de reasignación» para que, conforme vayan recayendo las sentencias, los trabajadores puedan incorporarse al puesto vacante en el SAE que más se adapta a su perfil.
La situación kafkiana que viven los empleados con nómina de la Junta y sin trabajo que hacer deriva del conflicto de los casi 800 agentes locales de promoción de empleo (Alpe) que fueron despedidos el 30 de septiembre de 2012, cuando la Junta disolvió los 95 consocios de empleo denominados Utedlt (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local) que tenía repartidos por las ocho provincias andaluzas.
La chapuza que hizo el Gobierno andaluz al despedirlos fue de tal calibre que el Tribunal Supremo apreció una «palmaria desviación de poder o fraude de ley» y declaró nulos los despidos.
La primera sentencia del Supremo sobre los Alpe, de febrero de 2014, destaca que hubo «fraude de ley y desviación de poder» en el despido de los empleados de la Utedlt de Jaén, porque la Junta estaba obligada a integrarlos en la Agencia del SAE, como marca la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz.
En vez de hacerlo como marca esta ley del Gobierno andaluz, aprobada en 2011, las Utedlt que controlaba la Junta «optan por la salida que les iba a producir perjuicio económico [despedir colectivamente e indemnizar] y que a la vez sacrificaba la estabilidad laboral de los trabajadores», dice el fallo.
Al ser los despidos nulos, la Junta debe pagar a cada uno de los casi 800 Alpe todas las nóminas que deberían haber recibido desde septiembre de 2012 -cuando fueron despedidos- hasta ahora, los conocidos como salarios de tramitación. También debe readmitirlos.
De los casi 800 despedidos, hay unos 700 que cuentan con sentencias firmes de despido nulo del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según los trabajadores.
El colectivo calcula que cada día que pasa son 70.000 euros del erario público los que se malgastan, que se suman a los más de 74 millones de euros acumulados por cada día que pasa desde la fecha del despido. Una cantidad millonaria y mareante que se une a los 27 millones que la Junta decidió destinar al cumplimiento de las sentencias de los Alpe el pasado 26 de mayo, al aprobar una modificación de créditos procedentes del capítulo presupuestario de deuda pública.
Fuentes de la Consejería que dirige Sánchez Maldonado reconocieron que es «complicado» dar cumplimiento a estas sentencias por «muy buena voluntad» que haya, porque se trata de un colectivo muy numeroso con perfiles muy dispares. Sin embargo, «se están cumpliendo todas las sentencias».
Alegan que hay resoluciones judiciales contradictorias, como la sentencia que ordenó la readmisión de un trabajador en un ayuntamiento, según la Junta. La Administración también está preparando un «plan de reciclaje».
'Yo no quiero ser un parásito de la administración'
Para muchos podría parecer un chollo, pero para los agentes locales de promoción de empleo (Alpe) despedidos de los consorcios Utedlt que están cobrando de la Junta de Andalucía sin ir a trabajar es toda una pesadilla. «Yo no soy un parásito de la Administración pública. Estuve 12 años trabajando en varios consorcios y lo que quiero es que se cumpla mi sentencia y me asignen a mi puesto de trabajo. No quiero cobrar por estar en mi casa», protesta una agente local de empleo de Cádiz, que pide mantener su nombre oculto, y que cobró su nómina el 27 de agosto. Un compañero suyo de la provincia de Jaén, que también pide a EL MUNDO anonimato, comparte su opinión. «Para nada es una situación ideal» cobrar sin ir a trabajar; «yo lo que quiero es desarrollar mis funciones en mi trabajo y que se cumpla lo que dicen las sentencias», que es que la Junta lo readmita en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y le pague los salarios de tramitación. «Lo que quiere la gente es trabajar y ser útil. Que nos paguen ahora una nómina es un alivio para muchos, pero por nuestra salud psicológica, lo que queremos es trabajar», añade el Alpe de Jaén.
Colocándolos a todos, por Luis Marín Sícilía
Con la toma del poder en las nuevas corporaciones locales y autonómicas ha vuelto a ponerse en boga, en toda la geografía nacional, y muy especialmente en la andaluza, la vieja frase de "Natalio, colócanos a tos". El peculiar político granadino, Natalio Rivas Santiago, nacido en Albuñol en 1865, tenia un arte especial para tocar los resortes más íntimos y estimulantes que mueven a las personas: prometía enchufar y colocar a todo el mundo que se le acercara, vecinos, parientes, amigos, simpatizantes y conmilitones de partido. Su capacidad de "adaptación" al medio político le llevó a presidir la Diputación de Granada con 27 años, en la época del caciquismo, a ser diputado por el Partido Liberal de primeros de siglo, también diputado en la Segunda República y, ya nonagenario, procurador en las Cortes franquistas. ¡Ejemplo camaleónico que, con tanto éxito, cultivan tantos políticos de esta democracia oportunista y logrera!
Y es que, siguiendo el ejemplo del popular Natalio, el espectro social al que se le pueden prometer enchufes y prebendas, a cambio del favor de su apoyo electoral, es hoy tan amplio y apetitoso que explica, por sí mismo, la razón por la que la corrupción política en Andalucía no tiene el castigo que un mínimo de ética y dignidad social exigiría. Es inconcebible el desparpajo con que el líder de Ciudadanos en Andalucía ha despachado el tema de los cargos políticos de la Junta imputados en distintos procedimientos. No es de extrañar que por las redes circule el enorme parecido entre Valderas y el nuevo sostén del régimen, Juan Marín, cuyo futuro puede estar en los aledaños del PSOE andaluz, pero el de su partido en Andalucía puede seguir el rumbo del de los anteriores "bastones" del régimen, PA e IU.
Si algo es prioritario en Andalucía es la limpieza ética de las conductas políticas, especialmente en el partido que monopoliza la acción de gobierno, cuyo mandato va camino de superar al del régimen franquista, del que ha copiado lo más nauseabundo como era la manipulación e instrumentación sociológica de la corrupción. Aparte de los escándalos ya judicializados, asistimos estos días al descaro sin par con que se pagan indemnizaciones y dietas y se nombran cargos a destajo sin ningún tipo de rubor, poniendo de manifiesto la desvergüenza con que "esta presidenta" anunciaba a bombo y platillo el fin de las excrecencias del nepotismo y del clientelismo y, por contra, lo poco que ha durado el propósito de enmienda que, con tanto énfasis como poca convicción, proclamaba en sus tournées televisivas.
Con todo ello, lo peor es el ejemplo que tal conducta ha provocado en las nuevas formaciones que han alcanzado cotas de poder. Del PSOE, a estas alturas, no puede esperarse ningún afán regenerador, pero resulta dramático que las formaciones emergentes de izquierda hayan caído de inmediato en la misma corruptela del enchufismo, circunstancia que, en el fondo, no sorprende demasiado a un personal que entiende la política como la forma más directa y poco esforzada de encontrar un puesto de trabajo poco exigente. Y han creado cargos de confianza, asesores y otras mamelas sin rigor y con el único norte del nepotismo, nombrando a amiguetes, novietes, familiares, militantes y simpatizantes, orillando la normativa básica para la contratación de personal directivo. Porque, según el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, tales cargos deben estar sujetos a evaluación según criterios de eficiencia, responsabilidad en la gestión y control de resultados respecto a los objetivos que se les fijen. Basta revisar los currículos de los nombrados para percatarse del nulo respeto que los nuevos, como los viejos, tienen al cumplimiento de las leyes.
Una vez más hemos de lamentarnos de que los principios de mérito y capacidad en la selección del empleado público, y los criterios de idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia, sean papel mojado para una casta política hoy incrementada con el profesorado de menor nivel que ha invadido la actividad partidaria. Y es que, en Andalucía, la función pública es un coladero de advenedizos. A través de subvenciones viven liberados sindicales y organizaciones empresariales; a través de nuestros impuestos se pagan cargos "ad nominen" en diputaciones, ayuntamientos, comunidad autónoma y demás entes territoriales.
Mientras todo esto ocurre, la regeneración queda en el olvido. Porque enchufados son prácticamente la totalidad del personal eventual instalado en las Administraciones Públicas. Si partimos de la base de que dicho personal tiene una función de confianza y asesoramiento especial, es inconcebible que tal tarea no puedan desempeñarla, con mayor conocimiento, los funcionarios de carrera. En el fondo se trata de exprimir las ubres del erario público, tirando el dinero de todos en colocar a los amiguetes. Mientras esta práctica no se extermine no tendremos democracia auténtica porque el principal precepto que un sistema democrático debe cumplir es el del respeto a la legalidad y el de la buena administración de los impuestos que pagan los ciudadanos. Y mientras, nuestros políticos viejos y nuevos seguirán a lo suyo, es decir a la práctica mas vil del viejo caciquismo, “colocándolos a tos”.
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