miércoles, 30 de septiembre de 2015

Máxima difusión. El juez investiga al ex consejero Ávila por fraude y prevaricación = El dinero público vuela; se da a entidades, que mutan o desaparecen con la Ley de Reordenación del Sector Público; ley del Enchufismo; ¿Todos en el ajo? ¿Corrupción institucional, sistémica y juntera, que sufragamos con dinero publico los ciudadanos?

  • Pide a la Junta el expediente que sirvió para dar 94 subvenciones excepcionales a los consorcios Utedlt



Avanza la investigación judicial por fraude y prevaricación contra la Junta de Andalucía por las subvenciones millonarias y sin control que repartió entre decenas de consorcios de empleo denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), ahora liquidados.

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla, Carlos Mahón Tabernero, acaba de dictar un auto en el que detalla que el ex consejero de la Junta Antonio Ávilaestá siendo investigado por prevaricación y fraude en las subvenciones, como firmante de una resolución, fechada el 11 de diciembre de 2012, que concede subvenciones extraordinarias a los 94 consorcios Utedlt existentes en Andalucía para pagar los despidos de sus empleados.

El juez ha solicitado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que le remita copia del expediente administrativo que sirvió para la concesión de las 94 ayudas excepcionales que firmó Antonio Ávila, que además de consejero de Empleo era presidente del SAE en 2012.

......Resulta paradójico que, actualmente, los casi 800 trabajadores despedidos de las Utedlt -los agentes locales de promoción de empleo (Alpe)- están pendientes de ser readmitidos en la Junta, después de que el Tribunal Supremo haya declarado nulos sus despidos, al apreciar una «palmaria desviación de poder o fraude de ley»

Por lo tanto, las subvenciones por las que ahora Ávila está en el punto de mira judicial no sirvieron realmente para el fin previsto, ya que los empleados van a tener que ser readmitidos. 




Ley de Reordenación del Sector público andaluz; cambiar las cosas para seguir haciendo lo mismo...entes instrumentales, paralelos, clientelares, donde el fraude surge por doquier, y donde no existen ni funcionarios ni fiscalización previa.....¿Quitaron los controles   del dinero público;  para que...?


De aquellos polvos vienen estos lodos...



Los resultados; el dinero público vuela; se da a entidades, que mutan o desaparecen  para que caso de los consorcios como consecuencia de la  la Ley de Reordenación del Sector Público; ley del Enchufismo; ¿Todos en el ajo? ¿Corrupción institucional, sistémica y juntera, que  sufragamos con dinero publico  los ciudadanos?





El juez investiga al ex consejero Ávila por fraude y prevaricación

Pide a la Junta el expediente que sirvió para dar 94 subvenciones excepcionales a los consorcios Utedlt



Avanza la investigación judicial por fraude y prevaricación contra la Junta de Andalucía por las subvenciones millonarias y sin control que repartió entre decenas de consorcios de empleo denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), ahora liquidados.

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla, Carlos Mahón Tabernero, acaba de dictar un auto en el que detalla que el ex consejero de la Junta Antonio Ávilaestá siendo investigado por prevaricación y fraude en las subvenciones, como firmante de una resolución, fechada el 11 de diciembre de 2012, que concede subvenciones extraordinarias a los 94 consorcios Utedlt existentes en Andalucía para pagar los despidos de sus empleados.

El juez ha solicitado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que le remita copia del expediente administrativo que sirvió para la concesión de las 94 ayudas excepcionales que firmó Antonio Ávila, que además de consejero de Empleo era presidente del SAE en 2012.

De este documento, al juez le interesa «especialmente la memoria justificativa del interés público y social de la inexistencia de bases reguladoras para conceder las mencionadas subvenciones excepcionales y la propuesta de acuerdo sobre el inicio de los expedientes».

Resulta paradójico que, actualmente, los casi 800 trabajadores despedidos de las Utedlt -los agentes locales de promoción de empleo (Alpe)- están pendientes de ser readmitidos en la Junta, después de que el Tribunal Supremo haya declarado nulos sus despidos, al apreciar una «palmaria desviación de poder o fraude de ley».

Por lo tanto, las subvenciones por las que ahora Ávila está en el punto de mira judicial no sirvieron realmente para el fin previsto, ya que los empleados van a tener que ser readmitidos.

La investigación del Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla por el presunto fraude en los consorcios Utedlt no se dirige sólo contra el ex consejero Ávila. Entre los investigados hay tres ex altos cargos de la Junta: la ex delegada de Empleo en Sevilla Aurora Cosano -cesada tras su detención e imputación en marzo pasado en las pesquisas del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por el fraude de la formación- y los ex directores generales Ángel Ortiz y Pedro Gracia.

También figuran como investigados por un presunto delito de fraude en las subvenciones casi una treintena de trabajadores y directores de los cuatro consorcios Utedlt de Sevilla: el de la Sierra Norte, Tierras de Doñana, Bajo Guadalquivir y Alcalá de Guadaira.

El juez instructor pide a la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla que investigue si los cuatro consorcios citados «tuvieron actividad y realizaron labores para las que se constituyeron».

Esta investigación tiene su origen en "unas pesquisas de la Fiscalía Superior de Andalucía, abiertas tras el demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que alertó de que la Junta había repartido «sin control» 57,3 millones de euros entre 95 consorcios Utedlt durante 2010 y 2012, en la etapa de Manuel Recio y Ávila al frente de la Consejería de Empleo.

Los 57,3 millones sirvieron para pagar los «costes salariales, incentivos e indemnizaciones por la extinción de contratos» de la plantilla de las 95 Utedlt.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) denunció ante la Fiscalía Superior de Andalucía este asunto, tras el informe de la Cámara de Cuentas.

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