- Aseguran que la Universidad de Sevilla les reconoció que no hubo expediente
- Antonio Ramírez de Arellano era rector de la Hispalense cuando se tramitó el proyecto
- El Colegio de Arquitectos afirma que el expediente se montó a posteriori
- La gestión del ex rector de la Hispalense bajo sospecha
El Consejero de Economía investigado.
Los arquitectos acusan al consejero andaluz de amañar expedientes del concurso millonario
- Aseguran que la Universidad de Sevilla les reconoció que no hubo expediente
- Antonio Ramírez de Arellano era rector de la Hispalense cuando se tramitó el proyecto
- El Colegio de Arquitectos afirma que el expediente se montó a posteriori
El Colegio de Arquitectos de Sevilla acusa al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, de haberle entregado expedientes presuntamente amañados para aparentar que la adjudicación del proyecto arquitectónico de un gran edificio universitario de 25.800 metros cuadrados fue legal.
Como adelantó ayer EL MUNDO, la Fiscalía Superior de Andalucía está investigando al consejero del Gobierno de Susana Díaz por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de la redacción del proyecto constructivo del Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos (Centrius), una obra presupuestada en 34,8 millones y que cuenta con 17,7 millones de subvenciones del Estado y de fondos de la UE.
El Colegio de Arquitectos ha entregado en la Fiscalía dos expedientes que «ostentan irregularidades tan notorias que conducen a la razonable presunción de haber sido elaborados a posteriori para esgrimirlos al fin indicado».
El fin no sería otro que aparentar que el proceso de adjudicación fue legal, en el transcurso de un largo litigio contencioso-administrativo, que aún hoy perdura, entre el Colegio y la Universidad para que ésta diera al órgano de representación de los arquitectos acceso al expediente de contratación de los servicios de arquitectura para la redacción del proyecto de obras.
El Colegio de Arquitectos asegura en su denuncia que existe un informe de la directora del área de Contratación y Patrimonio de la Universidad de Sevilla «por el que manifestó que no se ha tramitado ningún expediente de contratación de servicios de redacción del proyecto del citado inmueble». Es decir, que la adjudicación se realizó completamente 'a dedo', no sólo sin concurso público sino también sin seguir ningún tipo de procedimiento reglado.
Ramírez de Arellano, como vicerrector de infraestructuras de la Universidad de Sevilla, habría aportado, según el Colegio de Arquitectos, dos expedientes numerados como 08/15647 y 09/00671 que, según la denuncia, habrían sido presuntamente amañados.
El Colegio de Arquitectos ha detectado numerosas «incongruencias» en dichos expedientes. Así, por ejemplo, en el primero de ellos, titulado 'Honorarios estudio preliminar de edificio para espacios tecnológicos (...)' se hallan las «paradojas» de que la resolución del rector abriendo el expediente es de 28 de julio de 2008 y, en cambio, las tres ofertas económicas están presentadas cuatro días antes, cuando el pliego de condiciones no estaba aprobado.
O el «hecho increíble» de que la adjudicación provisional se aprobara el día 29 de julio, sólo 24 horas después de iniciar el expediente de contratación. O el «hecho contradictorio» de que el contrato con los arquitectos autores del proyecto se formalizara el 15 de septiembre de 2008 y la licencia de obras esté otorgada sobre un proyecto básico visado el 13 de agosto de 2008. ¿Cómo pudo visarse el proyecto antes de que la Universidad encargara su redacción?
En el segundo expediente, titulado 'Honorarios estudio preliminar de instalaciones de edificio para espacios tecnológicos (...)', el Colegio de Arquitectos advierte de más «contradicciones». Por ejemplo, que el expediente se inició el 2 de marzo de 2009, un mes después de la fecha de presentación de la oferta de los arquitectos a los que se adjudicó el proyecto, y que el día 3 de marzo, un día después de la apertura del expediente, se adjudicó provisionalmente el contrato.
O el «hecho increíble» de que el contrato se firmara el 8 de abril de 2009 y la licencia de obras se otorgara el 29 de abril, con sólo tres semanas «para redactar el proyecto, solicitar la licencia, tramitar el expediente municipal y notificar la licencia», recoge la denuncia.
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