EL DESTINO DE LOS FONDOS PÚBLICOS.
- Los agentes señalan que la productora Kandor Graphics recibió 1,5 millones sin seguir la tramitación legalmente establecida
- Los investigadores subrayan que éste no fue el único procedimiento irregular
La Junta de Andalucía concedió
subvenciones millonarias «con una absoluta ausencia de procedimiento» legal y
fabricó los expedientes de esas ayudas cuando la Justicia se los reclamó. Ésa es la
conclusión a la que llega la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal
de la Policía Nacional (UDEF) en uno de sus últimos atestados por las
subvenciones de la Agencia IDEA y su filial Invercaria.
EL DESTINO DE LOS FONDOS PÚBLICOS
La investigación de la UDEF
La Junta trucó los expedientes de unas
ayudas para burlar la orden del juez
- Los agentes señalan que la productora Kandor Graphics recibió 1,5 millones sin seguir la tramitación legalmente establecida
- Los investigadores subrayan que éste no fue el único procedimiento irregular
La Junta de Andalucía concedió
subvenciones millonarias «con una absoluta ausencia de procedimiento» legal y
fabricó los expedientes de esas ayudas cuando la Justicia se los reclamó. Ésa es la conclusión a la
que llega la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía
Nacional (UDEF) en uno de sus últimos atestados por las
subvenciones de la Agencia IDEA y su filial Invercaria.
En concreto, los agentes consideran que la
productora cinematográfica Kandor Graphics recibió nueve traspasos de
fondos por parte de Invercaria que
ascendieron en total a 1.498.000 euros sin seguir la
tramitación legalmente establecida, que habría requerido incluso la
aprobación por el Consejo de Gobierno, al superar el límite de los 1,2 millones
de euros.
No obstante, la UDEF señala que
estas irregularidades no son exclusivas del caso de Kandor Graphics ya que
«este procedimiento ha sido observado en otras relaciones investigadas y de las
que se ha dado cuenta en otros atestados».
Pero en las ayudas de Kandor Graphics hay
algo más: los expedientes con los que se trata de aparentar que las ayudas siguieron los trámites
preceptivos están amañados. De hecho,
en las conclusiones de un atestado al que ha tenido acceso EL MUNDO, los
investigadores de la UDEF advierten de que «la inexistencia de documentos en el
expediente ha provocado que éste tuviera que ser construido en el momento en
que el sistema informático de Invercaria y la autoridad judicial lo exigieron
en distintos momentos». A juicio policial, esto «explicaría las ausencias
documentales, las inexactitudes y la presencia de documentos del promotor como
única justificación de la inversión realizada».
Esta acusación de la UDEF
compromete al Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por José Antonio
Griñán cuando estalló el caso Invercaria y cuando se le remitieron los
expedientes al Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla.
En el análisis del sumario del caso se comprueba que
el juez Juan Gutiérrez Casillas recibió el 29 de junio de 2012 un escrito de la
Fiscalía Anticorrupción en el que pedía que se reclamara a la Junta de
Andalucía los expedientes de ayudas concedidas por Invercaria a 34 empresas, entre ellas Kandor Graphics,
que había recibido el apoyo del Gobierno andaluz para la película de animación
Justin y la espada del valor, un proyecto en el que llegó a invertir el actor
malagueño Antonio Banderas.
Invercaria remitió documentación incompleta,
por lo que el 27 de noviembre de 2012 el juez le
volvió a requerir la aportación de los expedientes de ayudas, en esta ocasión, a 41 empresas, entre las que estaba la
productora de cine.
Dos días después, el 29 de noviembre, el Grupo de
Blanqueo de Capitales de la UDEF remitió el requerimiento al presidente de
Invercaria, dándole diez días de plazo para aportar la documentación. Y el 13 de diciembre e 2012 salieron de la empresa pública de
capital riesgo los expedientes rumbo al Juzgado de Instrucción 16.
Esta documentación es la que,
según los agentes, habría sido elaborada a posteriori, bien para ir
«construyendo» el historial de las ayudas en el sistema informático de
Invercaria, bien para responder a los requerimientos del juez.
El atestado recoge que Kandor Graphics, empresa
que está actualmente en concurso de acreedores, recibió una fuerte ayuda por
parte de la Junta de Andalucía a pesar de que su situación financiera era muy
delicada. De hecho, como publicó EL MUNDO,
el último de los préstamos, de 300.000 euros, se le concedió a la desesperada y
en un tiempo récord para cubrir una inminente necesidad de tesorería de la
productora cinematográfica.
El
actual líder del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, fue
quien «presentó» el proyecto a la Consejería de Innovación «previo ofrecimiento
de Caja Granada». Esta entidad financiera y su sustituta Banco Mare Nostrum
aportaron 20,5 millones de euros a Kandor Graphics.
La Agencia IDEA concedió 6.498.000 euros a la productora.
Cinco millones procedían de los fondos Jeremie,
a pesar de que, como publicó ayer ese periódico, la empresa no cumplía los
requisitos para acceder a esa financiación, sugragada en su mayoría con fondos
del programa Feder de la UE. Y el resto, 1.498.000 euros, fueron concedidos
mediante las ayudas cuyos expedientes se habrían fabricado a posteriori.
Ausencia absoluta de análisis
La
primera de las ayudas se otorgó el 12 de julio de 2005 y el resto, hasta
1.198.000 euros, hasta el 29 de diciembre de 2009. Los 300.000 euros restantes
se otorgaron el 17 de noviembre de 2011 y, aunque en este caso existe más documentación,
el proceso está nutrido de «irregularidades».
La
UDEF advierte de una
«ausencia absoluta de documentación de análisis y propuesta de inversión», que
«el seguimiento efectuado puede calificarse de nulo» o que las cuentas anuales
se fueron adaptando, existiendo varias versiones de las mismas y correos electrónicos entre personas investigadas
poniéndose al corriente de dichas «adaptaciones».
Además,
la Policía sostiene que «la
financiación pública a Kandor no ha sido amortizada», a excepción de los
últimos 300.000 euros, que la Junta de Andalucía pudo recuperar porque estaba
vinculado a la concesión de una ayuda de 2,3 millones de euros por parte del
Ministerio de Industria en los últimos coletazos del Gobierno de Zapatero, que
había sido concedida «con otra finalidad» distinta a la de amortizar un
préstamo. Pero
es que, además, esta ayuda estatal tampoco debió concederse, según la UDEF, porque era
«incompatible con cualquier otro tipo de ayuda de la administración».
Para
su investigación, los agentes
han tenido en cuenta las grabaciones que originaron el caso Invercaria, en las
que la ex presidenta de la empresa Laura Gómiz daría instrucciones a sus
subordinados para que fabricaran expedientes de ayudas ante una auditoría de la
Cámara de Cuentas
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