El Supremo reprocha a los aforados de los ERE que “abandonen el tren” en marcha de la instrucción y el instructor del alto tribunal rechaza la petición de sobreseimiento de Gaspar Zarrías. Lo cuenta El País.
El instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo reprocha a los altos cargos imputados haber “abandonado en marcha el tren” de la instrucción en el alto tribunal, en referencia a la renuncia de sus cargos en el Congreso y el Senado, que implica la pérdida de su condición de aforado y que el caso salga del Supremo. En duro un auto en respuesta a un escrito presentado por la defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el instructor Alberto Jorge Barreiro cuestiona la decisión de los imputados (además de Zarrías los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero José Antonio Viera) de cambiar la instrucción del Supremo por la de un juzgado de Sevilla en mitad del proceso.
De oca a oca y tiro por que me toca......
Adivine; ¿Quienes participan en la farsa judicial?
¿Es usted ciudadano o todavía piensa?
Con estas actuaciones y comportamientos; perdemos todos....
El Tribunal Supremo estalla contra Chaves, Griñán, Zarrías y Viera por preferir el juzgado de Núñez Bolaños
El Supremo reprocha a los aforados de los ERE que “abandonen el tren” en marcha de la instrucción y el instructor del alto tribunal rechaza la petición de sobreseimiento de Gaspar Zarrías. Lo cuenta El País.
El instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo reprocha a los altos cargos imputados haber “abandonado en marcha el tren” de la instrucción en el alto tribunal, en referencia a la renuncia de sus cargos en el Congreso y el Senado, que implica la pérdida de su condición de aforado y que el caso salga del Supremo. En duro un auto en respuesta a un escrito presentado por la defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el instructor Alberto Jorge Barreiro cuestiona la decisión de los imputados (además de Zarrías los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero José Antonio Viera) de cambiar la instrucción del Supremo por la de un juzgado de Sevilla en mitad del proceso.
Zarrías había pedido el sobreseimiento de la imputación contra él y el instructor le advierte de que no ha resuelto su petición porque “lo han impedido los propios imputados abandonando en marcha el tren de esta instrucción para subirse a otro ajeno a la competencia del instructor”. “Opción procesal que no todos los imputados tienen, pero que sí tiene el imputado quejoso, por lo que está en su derecho de utilizarla cuando lo estime conveniente”, admite el juez, que critica que Zarrías impugnara su imputación después de ser imputado. “Si abandona la vía del proceso para aforados no puede ya pedir desde el nuevo tren procesal que le sigan dictando resoluciones desde el que ha abandonado”.
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Este último argumento del instructor choca en parte con la situación de Chaves, Griñán y Zarrías, ya que aunque los tres dimitieron el pasado junio y perdieron el fuero, la investigación contra ellos sigue siendo competencia del Supremo porque así lo decretó el instructor alegando las conexiones que había con los hechos que les imputaban a Viera, que en un principio se negó a dimitir. La situación sí ha cambiado desde el pasado jueves, cuando el exconsejero de Empleo renunció a su acta de diputado en el Congreso, lo que deja la causa de los ERE sin aforados e implica que se traslade a Sevilla, aunque el Supremo aún no ha tramitado este traslado.
En el auto conocido este martes, el instructor explica que el Congreso aún no ha tramitado el suplicatorio necesario para investigar a los aforados, pero dice conocer "por la prensa" que Viera ha dimitido, lo que, admite, supone que el instructor "haya perdido la competencia para dirimir sobre la situación procesal" de Zarrías. "En cualquier caso, y a tenor de lo razonado, en modo alguno se habría dado una situación de indefensión por no haber decidido el instructor sobre el sobreseimiento del imputado cuando su defensa lo considera oportuno y no cuando lo señala la ley", afirma el juez, que deja entrever en el auto su enfado por las críticas que le ha dirigido la defensa de Zarrías.
El instructor responde a un escrito presentado el pasado 22 de septiembre por la defensa de Zarrías en el que denunciaba la existencia de dilaciones indebidas y una situación de indefensión porque Barreiro no había respondido a un a un recurso de queja interpuesto por el exconsejero socialista contra una providencia del juez que rechazaba la impugnación del escrito por el que Barreiro imputó en junio a Zarrías. La sala de Apelación del Supremo dio el 21 de julio al instructor 10 días para contestar, pero este no lo hizo hasta el 18 de septiembre. Barreiro, con todo, niega las dilaciones y explica que, teniendo en cuenta que agosto es inhábil para los plazos en el tribunal, la demora no puede considerarse en los baremos que define la dilación indebida. El instructor aprovecha para explicar que ha tenido que compaginar el caso del caso ERE con su participación en las deliberaciones de la sala de lo Penal y con sus ponencias ordinarias sobre otros casos.
La defensa de Zarrías también cuestionó que Barreiro hubiera hecho oficial su imputación en una exposición razonada remitida a la Sala de lo Penal y que no admitía recurso. La defensa del exconsejero creía que el instructor debía haber dictado un auto, que sí podría haber sido recurrido ante una sala formada por magistrados que hasta ahora han estado ajenos a la causa. El juez, en el escrito firmado ahora, sostiene que la fórmula que él eligió ha sido la que "con una mayoría abrumadora" se ha empleado en los últimos 20 años en el Supremo para los casos con aforados.
Y otra imputación para el ex consejero Antonio Ávila, por prevaricación y fraude en subvenciones en el caso de las UTEDLT
Un juez de Sevilla atribuye dos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones al exconsejero de Economía e Innovación Antonio Ávila dentro de la investigación abierta tras la denuncia de la Fiscalía en relación a las ayudas por valor de 5.846.298 euros que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió "sin soporte legal que lo permitiera" a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) para financiar los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales tras la extinción de estos consorcios en 2010.
En un auto del 17 de septiembre, al que tuvo acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, atiende a la petición realizada por la Fiscalía y atribuye estos dos delitos a Antonio Ávila al entender que, como presidente del SAE, sería el autor de la resolución de 11 de diciembre de 2012 "por la que se concedía una subvención extraordinaria a cada una de las 94 Utedlt existentes en Andalucía, para hacer frente a los costes por extinción de los contratos laborales de sus plantillas".
En este sentido, libra oficio al SAE para que remita copia del expediente incoado "para servir de base" a esta resolución, "especialmente de la memoria justificativa del interés público y social de la inexistencia de bases reguladoras para conceder las mencionadas subvenciones excepcionales y las propuestas de acuerdo sobre el inicio de los expedientes".
El juez, a petición del fiscal, amplía el contenido del auto de 3 de marzo donde acordó la incoación de diligencias previas y concreta que las actuaciones se dirigen, además de contra Antonio Ávila, contra seis Agentes Locales de Promoción de Empleo (Alpes) y el director de la Utedlt Sierra Norte; contra cinco Alpes y el director de la Utedlt Tierras de Doñana; contra el responsable de la Utedlt Alcalá de Guadaíra, y contra 12 Alpes y el director de la Utedlt Bajo Guadalquivir.
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