- Respuesta a la propuesta de la juez Núñez Bolaños.
- La Junta también se había mostrado favorable a la división de la causa
¿Hablamos de corrupción institucionalizada; se perdería la visión de conjunto?
La conexidad es evidente ¿¿??
La Fiscalía, por su parte, propone un bloque con los entramados empresariales, como el del ex consejero Ángel Ojeda; otro con los consorcios públicos de formación de la Junta; uno más con las subvenciones a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter público, y otro con las ayudas a los trabajadores de Delphi, han informado fuentes judiciales.
Un quinto bloque abarcaría, según la Fiscalía, a los delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que fueron detenidos en marzo pasado en la denominada operación Barrado por su presunta implicación en una red de clientelismo político, como dijo la juez Mercedes Alaya, que dirigió la operación.
¿Sra. Bolaños y Sres de la Fiscalía Anticorrupción, como dijo ya el instructor de los EREs en el TS, es difícil de «escindir» causas que obedecen a una «estructura piramidal y jerárquica»; versus corrupción juntera e institucional?
¿Que está pasando aqui.....?
Recordatorio, artículo y enlace:
Máxima difusión. Cuatro episodios de la muerte de Montesquieu por Luis Marín Sicília, de lectura inexcusable.
Cuatro episodios de la muerte de Montesquieu.
Para Montesquieu, la división de poderes es fundamental y sin un respeto a la independencia de quienes han de administrar justicia, no hay Estado de Derecho, por mucho que así se proclame formalmente. Recientes acontecimientos ponen de manifiesto el descaro con que la clase política interfiere a la recta administración de la justicia. Veamos:
Episodio 1.- Es sintomático, al respecto, la dificultad para transmitir sensación de imparcialidad por parte de la Audiencia Nacional en el llamado caso Gürtel, con motivo de haber sido designado ponente el magistrado Enrique López y presidenta de la vista oral la magistrada Concepción Espejel. Uno y otra han sido promocionados por el llamado sector conservador de la judicatura, lo que despierta recelos en los llamados partidos progresistas. El problema es que, a la inversa, si los responsables del proceso pertenecieran a “Jueces para la democracia”, los recelos serían para los pertenecientes al sector conservador.
Primera conclusión: Jamás se debiera haber permitido que la organización de la judicatura se realizara por adscripciones ideológicas sino estrictamente por criterios profesionales. En un Estado de Derecho lo importante es ser juez, y quizás no exista otra función mas íntimamente satisfactoria que la de administrar justicia con equilibrio e imparcialidad, al margen de criterios ideológicos.
Episodio 2.- El cerco permanente a la labor de la juez Alaya y la presión constante para apartarla de investigaciones que incomodan al poder socialista en Andalucía, está dando sus frutos gracias al esfuerzo de un fiscal metido a consejero que ha conseguido ubicar en el centro judicial de las decisiones a una juez amiga e inexperta en causas penales que, con celeridad inusitada, ha decidido atomizar en unas doscientas piezas separadas el mayor caso de corrupción institucional de la democracia española.
Segunda conclusión: El tráfico de influencias, como práctica moralmente deleznable, merece el repudio más profundo cuando las conexiones personales se utilizan para torcer el recto proceder de la Justicia.
Episodio 3.- La juez Núñez Bolaños, con el satisfactorio parecer de su mentor, el consejero Emilio de Llera, fracciona en tres partes la causa de los ERE sin esperar al dictamen de la Audiencia de Sevilla ni a la resolución del Consejo General del Poder Judicial. El sindicato de funcionarios Manos Limpias, que ejerce la acusación particular, estima injerencias políticas en tales decisiones y denuncia estrechas relaciones entre algunos imputados, el fiscal metido a consejero y la nueva instructora. El consejero de Llera tilda de "actitudes impropias de magistrados" al rifirrafe entre Alaya y su sustituta.
Tercera conclusión: Los políticos procedentes de la judicatura olvidan muy pronto el respeto debido al cumplimiento de las normas, anteponiendo criterios políticos a los que debieran, por su procedencia, definir su personalidad. El llamado "uso alternativo del derecho" es muy típico de estos personajes y basta recordar el oportunismo de jueces como Garzón para entenderlo. No habrá Estado de derecho si se sigue permitiendo que jueces o fiscales que se dediquen a la política puedan volver a desempeñar funciones judiciales, porque la duda sobre su imparcialidad por parte del justiciable sería una constante inquietud.
Episodio 4.- La obsesiva invasión del poder ejecutivo andaluz de las instituciones que deben garantizar la adecuada aplicación de la Justicia no solo es una constante sino que empieza a ser escandalosa. No se puede, salvo que el trasfondo dictatorial se apodere de uno, justificar el pago de la vivienda a quien no pertenece al organigrama de la Junta, como es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sin que ello levante las sospechas, aparte de su irregularidad, de que se pretende influir en el órgano que ha de juzgar a los aforados socialistas encausados en los ERE y otros casos de corrupción. Ni es de recibo que a letrados de alto nivel de instituciones fundamentales andaluzas, se les facilite la permanencia en sus funciones forzando la norma en lo que aparenta un reconocimiento a los servicios prestados en momentos complicados.
Cuarta conclusión: No se puede gobernar una autonomía como un cortijo, y es inconcebible que, con la composición parlamentaria andaluza, se estén permitiendo abusos que debieran haber provocado censuras sin fin y ceses fulminantes, que en todo caso serían insuficientes porque el problema de Andalucía es que las irregularidades son sistémicas y que la corrupción es piramidal, tal como la desentrañó la juez Alaya y lo confirmó el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro.
Corolario: Hoy asistimos, con una oposición paralizada y entretenida en cuestiones menores, al triunfo del ejecutivo sobre la Justicia, haciendo bueno lo que hace tiempo proclamó Alfonso Guerra: Montesquieu ha muerto. Y ahora, en Andalucía, le están dando sepultura.
Respuesta a la propuesta de la juez Núñez Bolaños
Anticorrupción pide también dividir la causa de los cursos de formación
- La Junta también se había mostrado favorable a la división de la causa
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido dividir en varios bloques la causa de los cursos de formación que se instruye en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, en la que hay dos ex consejeros andaluces imputados, una división que también reclamó para el caso de los ERE.
De esta forma, la Fiscalía contesta a la petición que le hizo en julio la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que propuso la división en distintas partes relativas a los entramados empresariales, los consorcios, los sindicatos, las confederaciones y las fundaciones.
La Fiscalía, por su parte, propone un bloque con los entramados empresariales, como el del ex consejero Ángel Ojeda; otro con los consorcios públicos de formación de la Junta; uno más con las subvenciones a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter público, y otro con las ayudas a los trabajadores de Delphi, han informado fuentes judiciales.
Un quinto bloque abarcaría, según la Fiscalía, a los delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que fueron detenidos en marzo pasado en la denominada operación Barrado por su presunta implicación en una red de clientelismo político, como dijo la juez Mercedes Alaya, que dirigió la operación.
En esta causa, que empezó a instruir Alaya antes de que lograra la plaza en la Audiencia de Sevilla que había solicitado, hay 18 imputados, entre ellos los exconsejeros socialistas Antonio Fernández y Ángel Ojeda.
La Junta de Andalucía, que está personada en la causa, también se había mostrado favorable a la división de la causa, en la que se persiguen los posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones.
Alaya, antes de abandonar el juzgado, dijo en abril que, aunque todavía era precipitado, se "atisba" la posibilidad de dividir la causa.
Estos delitos se habrían cometido, según el atestado de la Guardia Civil que ha servido de base para la petición judicial de división de la causa, en la concesión, control y justificación de las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas dirigidas a la formación para el empleo.
En su informe, la Guardia Civil señala que empezaron esta investigación en septiembre de 2013 sobre "entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones" y respecto a "determinados fraudes en los consorcios entre administraciones".
También investigaban subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y empresas afectadas y las subvenciones otorgadas a la FAFFE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...