sábado, 5 de septiembre de 2015

Andalucía subvenciones públicas, Consorcios y formacion, responsables y gestores políticos.......¿Todo es un fraude institucionalizado juntero y monumental? = Los hechos siguen hablando; el Régimen andaluz de los "psociolistos", una república bananera institucionalizada y clientelar ¿que pagamos todos con nuestros impuestos y que nadie para?. La Andalucía irrespirable, esto es jauja

TRIBUNALES Forja XXI, condenada a desaparecer por 'irregularidades graves' de sus gestores 
  • El administrador concursal culpa de la quiebra de la fundación a sus gestores
  • Si el juez lo confirma, los directivos podrían ser condenados a pagar la deuda 
  • Juan José Ruiz, que es su director general, es cuñado del socialista Luis Pizarro 
  •  La fundación ha sido una de las más 'mimadas' por los gobiernos de la Junta 

El ex consejero de Empleo Manuel Recio, con el director general en una...


FRAUDE DE LA FORMACIÓN. Las consecuencias
  • Acusan a la Junta de imponer la 'esclavitud' en sus consorcio
  • El director de la Escuela del Mármol de Andalucía estalla contra la «poca vergüenza» del Gobierno andaluz que los obliga a ir a trabajar pese a llevar 14 meses sin cobrar la nómina

Trabajadores de la Escuela del Mármol de Andalucía, en una protesta...


UNIVERSIDAD El consejero de Economía deberá justificar cómo gastó 16 millones 
  • La Junta abre expediente de reintegro a la Universidad de Sevilla por la ayuda para su biblioteca demolida mientras se construía.
  • Ramírez de Arellano fue rector hasta junio, cuando la presidenta de la Junta Susana Díaz lo llamó a su Gobierno

Ramírez de Arellano coloca la primera piedra de la biblioteca.


La Universidad de Sevilla rechazó hacer ningún tipo de manifestación sobre la reclamación de la Junta de Andalucía ni tampoco sobre el papel de su ex rector en el asunto...... dijo que el consejero actuará como «garante de la legalidad»,rehusando entrar a valorar si Ramírez de Arellano podría incurrir en algún tipo de incompatibilidad en este procedimiento administrativo o si queda desacreditado como gestor público por el hecho de que la Junta de Andalucía ponga en tela de juicio la gestión que hizo de una subvención millonaria.


FRAUDE DE LA FORMACIÓN El plan diseñado por la Junta para reanudar la formación violaría la ley .
  • Un informe jurídico avisa de «incumplimientos» y de «graves repercusiones financieras» si se retoman los cursos en los consorcios, como pretende el Gobierno andaluz 

Concentración de trabajadores de los consorcios escuela, a las...

El informe jurídico municipal que analiza la hoja de ruta de la Junta para sus consorcios detecta varios «incumplimientos de la normativa estatal». Entre las leyes que violaría está la de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma admnistrativa, la Ley de Sociedades de Capital y hasta el Código de Comercio.


FRAUDE DE LA FORMACIÓN  Un centro formativo con 48 millones de la Junta y un año sin dar clases 
  • El Consorcio de Mijas cuenta con hotel-escuela, residencia y una piscina.
  • El CIO de Mijas recibió fondos comunitarios para impulsar su construcción.

Una de las fachadas del consorcio escuela de Mijas, con centro...


Suma y sigue en el presunto y millonario fraude de la formación que investigan varios juzgados en Andalucía. Un centro controlado por la Junta, que recibió más de 48 millones en subvenciones, lleva más de un año sin impartir clases. Es, precisamente, el período transcurrido desde que se ha destapado el escándalo sin que el Gobierno haya sido capaz de encontrar una solución para que continuara la formación.........


Dos juzgados investigan ya la gestión del Bajo Guadalquivir
  • Dos jueces de Lebrija tramitan diligencias por un supuesto fraude en ayudas públicas
  •  El fiscal ve delito en la actuación de la mancomunidad

Antiguos trabajadores del Bajo Guadalquivir se manifiestan en 2011 por...


Los juzgados de primera instancia e instrucción 1 y 2 de Lebrija han abierto sendas investigaciones sobre un presunto fraude en la gestión de subvenciones públicas recibidas por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una entidad supramunicipal que agrupaba a localidades de Sevilla y Cádiz y que fue disuelto el año pasado con un agujero superior a los 40 millones de euros. 

Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, ambos juzgados han comenzando ya a realizar averiguaciones en torno al destino dado por los gestores de la extinta mancomunidad a las subvenciones que recibió durante años, fundamentalmente para la organización de cursos de formación y que en su práctica totalidad no fueron justificadas.


FRAUDE DE LA FORMACIÓN. Parlamento de Andalucía El PSOE veta que los interventores detallen el fraude de la formación 
  • Impide su comparecencia en el Parlamento para explicar el informe de actuación.
  • Empleo admite que el 'agujero' puede superar los 239 millone
  • El PP andaluz recrimina a Sánchez Maldonado la 'censura' a los interventores de la Junta
El consejero Sánchez Maldonado, ayer, en su escaño en el Parlamento.

El PSOE andaluz recupera el rodillo. Ayer mismo vetó las comparecencias en el Parlamento del interventor general de la Junta y del interventor provincial en Huelva, cuya presencia reclamaba el PP para que explicaran los dos informes que ratifican el presunto fraude en las ayudas de formación: el de actuación emitido hace menos de un mes y el que alertó en junio de 2014 de un posible «menoscabo de fondos». 

Aunque gobierne en minoría, resulta que el partido que lidera Susana Díaz se ha hecho con las riendas en la Mesa de la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, justo la que está llamada a analizar el grueso de los escándalos de corrupción que sacuden a la Junta, desde la formación a los ERE, pasando por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, los avales de la Agencia IDEA, el caso Invercaria...

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/08/27/55dec5f1ca474164278b4570.html

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/08/24/55dac40a46163f29748b456f.html

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/08/24/55da07f4e2704e86398b457b.html

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/23/55b0b5bb22601d1b068b4578.html

TRIBUNALES

Forja XXI, condenada a desaparecer por 'irregularidades graves' de sus gestores


  • El administrador concursal culpa de la quiebra de la fundación a sus gestores
  • Si el juez lo confirma, los directivos podrían ser condenados a pagar la deuda
  • Juan José Ruiz, que es su director general, es cuñado del socialista Luis Pizarro
  • La fundación ha sido una de las más 'mimadas' por los gobiernos de la Junta

El ex consejero de Empleo Manuel Recio, con el director general en una...

La Fundación Forja XXI, mimada durante más de dos décadas por los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, está condenada a desaparecer. El agujero de ocho millones de euros que abocó a la entidad al concurso de acreedores necesario (es decir, obligatorio) es insalvable y la entidad está abocada a la liquidación, el cese definitivo de cualquier actividad y la venta al mejor postor de lo que queda de su patrimonio.

Ésa es la conclusión a la que ha llegado el administrador concursal nombrado por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla en un informe en el que pone de manifiesto irregularidades «graves» en la gestión de una fundación que llegó a emplear hasta a 600 personas y contó con sedes en todas las provincias andaluzas e, incluso, en África.

En concreto, el administrador habla de «errores e inexactitudes contables» que constituyen, a su juicio, una «irregularidad relevante o una inexactitud grave» que impidió que los acreedores pudiesen conocer con precisión y detalle la situación de la fundación.

Según la vigente Ley Concursal, los citados más arriba son motivos para que un juez declare un concurso de acreedores como culpable, lo que quiere decir que los responsables de la empresa (o institución, en este caso) podrían llegar a ser inhabilitados y, más aún, incluso obligados a responder con su patrimonio para cubrir lo que se denomina déficit concursal, es decir, la deuda que aún quede después de liquidar la entidad y vender sus activos.

El documento remitido al juzgado hace un mes, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, refleja numerosas anomalías y responsabiliza directamente a los directivos, encabezados por el que ha sido, y aún es, su director general desde que se fundó hace 23 años. Se trata de Juan José Ruiz Márquezcuñado del otrora todopoderoso Luis Pizarro, ex mano derecha de Manuel Chaves en el PSOE andaluz y al que, en su último mandato, incluyó en el Gobierno andaluz como consejero de Gobernación.

Ruiz Márquez -que llegó a cobrar 6.500 euros al mes con un contrato blindado- y su equipo son en buena medida, y siempre según las tesis del administrador nombrado por el Juzgado de lo Mercantil 1, responsables en gran medida de la situación crítica en la que se encuentra Forja XXI, intervenida judicialmente, sin más que trabajadores que el propio director general -despedirle costaría 200.000 euros- y con números rojos por valor de ocho millones y más de 2.300 acreedores.
No sólo les señala el administrador por su gestión, sino también por la falta de colaboración en todo el procedimiento concursal, hasta el punto de que no facilitaron ni siquiera las claves de acceso a los servidores informáticos donde se guardaba la contabilidad.

Y, encima, no atendieron los requerimientos de ayuda y explicaciones enviado por el juzgado, que prácticamente ha tenido que reconstruir las cuentas de la fundación buscando cada papel, aunque no pocos documentos han desaparecido. Los directivos denunciaron un robo meses después de que se cometiese.

Los gestores de la fundación siempre han justificado la debacle por la reducción de las subvenciones públicas casi hasta su eliminación, especialmente por parte de la Junta de Andalucía, de cuyo presupuesto vivía en la práctica Forja XXI. Pero el administrador concursal tiene una opinión radicalmente contraria. Dice en el informe que hay dos factores «fundamentales» que explicarían cómo ha acabado así Forja XXI.

Subvenciones sin justificar

El primero, y «principal», es que la fundación no justificó en tiempo y/o en forma muchas de las subvenciones con las que financiaba su actividad. Hasta el extremo de que aún hoy muchas de estas ayudas están siendo reclamadas por los organismos que las concedieron, que exigen su devolución.

El mayor 'deudor' de Forja XXI en teoría, la propia Junta de Andalucía, tendría pendientes de pago según los gestores de la fundación 4,6 millones de euros, pero la realidad es apenas podrá cobrarse 1,8 millones, precisamente por la falta de justificación de muchas de las subvenciones concedidas.

El incumplimiento de las obligaciones formales de justificación de las subvenciones las divide el interventor judicial, a su vez, en varios tipos: proyectos que se ejecutaron defectuosamente; proyectos aprobados, con anticipos o la totalidad de la subvención cobrada sin que se llegasen a poner en marcha, y, por último, proyectos ejecutados parcialmente en los que se habría cobrado como adelanto más de lo efectivamente gastado.

Y, añade el administrador, «como ingrediente común», el incumplimiento de los requisitos de justificación que han derivado en expedientes de reintegro.

Por si fuera poco, la Fundación Forja XXI se embarcaba con asiduidad en proyectos caros sin contar con el respaldo de ayudas públicas y que tenía que afrontar con recursos propios, cuando la mayor parte de su financiación provenía, directamente, de las subvenciones.

El desarrollo de estos proyectos, para los que la entidad no tenía en realidad fondos, lastró su situación económica hasta tal punto que ya en 2012 la fundación era incapaz de atender sus compromisos financieros.

FRAUDE DE LA FORMACIÓN

Las consecuencias

Acusan a la Junta de imponer la 'esclavitud' en sus consorcios


  • El director de la Escuela del Mármol de Andalucía estalla contra la «poca vergüenza» del Gobierno andaluz que los obliga a ir a trabajar pese a llevar 14 meses sin cobrar la nómina

Trabajadores de la Escuela del Mármol de Andalucía, en una protesta...

El director de la Escuela del Mármol de Andalucía, uno de losconsorcios de formación de la Junta, acusa al Gobierno andaluz de practicar la «esclavitud» por obligar a sus trabajadores a seguir cumpliendo con sus obligaciones pese a deberles 14 nóminas. Después de tres años y medio de innumerables problemas, atrasos en las nóminas e impagos y de un año sin que el centro haya impartido cursos de formación, el director de la Escuela del Mármol, un centro de referencia a nivel nacional ha estallado. «Si a alguien le exigen que siga trabajando a pesar de que no le pagan, eso tiene un nombre: esclavitud». «Y poca vergüenza», añade.

Morillas ha expresado a este diario su enorme descontento y desánimo por la situación en que se encuentra un centro de referencia nacional como la Escuela del Mármol de Andalucía, con sede en Fines, y sobre todo por la falta de respuesta política a los graves problemas que afectan a todos los consorcios de formación. «La Junta tenía la obligación de conocer exactamente la situación de cada uno de los consorcios para decidir cómo salir de esta situación, dentro del gran tsunami de la formación, pero no ha habido ninguna preocupación por conocerla y se han dado muchos palos de ciego para no resolver nada hasta ahora», dice.

La Escuela del Mármol de Andalucía sufre los efectos del escándalo por el fraude de los cursos de la formación y del desconcierto del Gobierno de Susana Díaz a la hora de tomar decisiones para solucionar la situación de sus centros formativos. Este «tsunami» de la formación parece de tal calado y los vaivenes de la política de la Junta de Andalucía han sido tales en los últimos meses que el director de uno de los consorcios de la Junta dice que «cree», pero que no está seguro, que la competencia es de la Consejería de Empleo -hasta hace poco era de Educación-, «que es quien debe dar una solución».

Promesas incumplidas

Morillas advierte de que es muy importante que esta solución se dé cuanto antes, lo más tardar a primeros de septiembre, puesto que retrasarla más podría ser un lastre muy pesado. «Espero y deseo que en septiembre todo se solucione», dice, a pesar de los tres años y medio de promesas incumplidas. Para Morillas, en el caso de la Escuela del Mármol -aunque también podría extenderse al resto de consorcios- «debería haberse dado una respuesta rápida, haberse hecho una auditoría con urgencia para estudiar hasta el último documento, y si como consecuencia se entiende que debía seguir funcionando, reanudar el trabajo cuanto antes», señala.

Porque, en su opinión, el problema aquí no es sólo de los trabajadores -llegaron a ser 24 pero 8 se han marchado con sentencias favorables tras muchos meses de penurias- «sino de todo un sector industrial, el del mármol, que no puede incorporar a trabajadores con la capacitación que necesita», todo ello en el marco de la enorme tasa de paro de Andalucía. También cree que la Administración puede haber metido en el mismo saco a todos los consorcios y que esto habría perjudicado a la Escuela del Mármol, que a su entender se ha ganado un gran prestigio por su buen hacer. «Si un padre sabe que tiene un hijo golfo y castiga a todos sus hijos por igual está cometiendo una gran injusticia; lo que tiene que hacer es enterarse de quién es el golfo, y eso no se ha hecho», recrimina.

Morillas, al igual que todos los trabajadores de la Escuela del Mármol de Andalucía, ha presentado una denuncia en los juzgados para reclamar el pago de las nóminas atrasadas. De momento, los tribunales ya han resuelto varios casos, en los que han dado la razón a los empleados. «Lo que quiero es, simplemente, que me paguen lo que he trabajado», dice. El director del centro también se ha mostrado muy crítico respecto a la actitud de altos cargos de la Junta en relación al trato ofrecido a los consorcios y a sus trabajadores. De esta forma, critica con dureza que la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, viniera a decir en su primera comparecencia en el Parlamento que no quería saber nada de los centros de formación.

Morillas lamenta que De la Calle haya «menospreciado -por desconocimiento, a su entender- la formación que se imparte en los consorcios escuela, entre otras cosas, porque no tiene ninguna alternativa a las enseñanzas que ofrecen».

Ofendidos por Alonso

Asimismo, reconoce que se sintió muy ofendido por las declaraciones de Luciano Alonso como consejero de Educación, quien se refirió «con desdén» a los trabajadores de las escuelas diciendo «que todos estaban colocados a dedo». Y le vuelve a aclarar que en el caso de la Escuela del Mármol el único que podría considerarse como colocado a dedo es él mismo, el propio director, puesto que el resto de trabajadores «han sido seleccionados mediante ofertas públicas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)».

Es más, resalta que la preparación y formación requerida para haber accedido a la escuela como formador ha sido elevadísima, y que en ella trabajan profesionales de mucho prestigio, por lo que considera que nunca nadie debió manchar su nombre, y menos todo un consejero, a quien lanza una ironía: «Igual él llegó al cargo por oposición». Morillas termina diciendo que él, al igual que el consejero, como cargo de confianza, no tiene «ningún miedo si ésta se rompe después de todo esto y dejan de confiar en mí».

UNIVERSIDAD.

El consejero de Economía deberá justificar cómo gastó 16 millones

  • La Junta abre expediente de reintegro a la Universidad de Sevilla por la ayuda para su biblioteca demolida mientras se construía
  • Ramírez de Arellano fue rector hasta junio, cuando la presidenta de la Junta Susana Díaz lo llamó a su Gobierno

Ramírez de Arellano coloca la primera piedra de la biblioteca.


El consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, deberá justificar ante su propio departamento cómo gastó una subvención de 16,4 millones de euros que la Junta de Andalucía otorgó a la Universidad de Sevilla para construir la fallida biblioteca proyectada por la arquitecta israelí Zaha Hadid, demolida en fase de construcción por orden judicial. Durante el proceso de construcción, demolición y levantamiento de una biblioteca en suelos distintos, Ramírez de Arellano fue vicerrector de infraestructuras, primero, y rector, después.

La situación es sorprendente. El 6 de abril de 2015, la Universidad de Sevilla, entonces dirigida por Ramírez de Arellano, presentó sus cuentas anuales afirmando que «no procede reintegro alguno». Pero «a finales de junio o principios de julio», según ha confirmado la Junta de Andalucía, ya con Ramírez de Arellano de consejero de Economía y Conocimiento, su departamento comunicó a la Universidad Hispalense el inicio de un expediente de reintegro al considerar que la subvención no ha sido debidamente justificada.

La Consejería señaló ayer que la apertura de expediente de reintegro, acordada por Manuel Torralba en calidad de director general de Universidades, es un documento reservado dentro de un procedimiento administrativo, ello a pesar de que las dos partes implicadas -la Junta y la Universidad- son entidades del sector público. La Junta apenas se limitó a corroborar la información de El Correo de Andalucía, según la cual la reclamación afecta a los 16.435.910,42 euros pagados en su día para la construcción del centro.

Dinero perdido

Al menos 8,7 millones de euros, más de la mitad del dinero recibido, se gastó en construir parte de la estructura del edificio proyectado por Zaha Hadid y en demolerlo después. Así lo refleja la memoria de las cuentas anuales de 2014 de la Universidad, firmadas el 6 de abril de 2015 por el jefe de contabilidad, el gerente y el entonces rector, hoy consejero de Economía.

Otros 4,8 millones de euros se destinaron a la construcción de una biblioteca en un emplazamiento distinto, ya que disponer de ella era una de las «necesidades prioritarias» de la Universidad. En total, el dinero empleado en construir, demoler y volver a construir en un lugar distinto asciende a 13,6 millones de euros, si bien la Hispalense asegura que presentó ante la Junta de Andalucía una cuenta justificativa final de 15,7 millones de euros con sus correspondientes facturas.

Al cierre de la cuenta anual de 2014, el pasado 6 de abril, la Universidad entonces dirigida por Ramírez de Arellano aseguraba que el centro «no ha recibido al día de la fecha reparo alguno a la mencionada cuenta justificativa, ni se le ha notificado inicio de expediente de reintegro de la subvención, por lo que la dirección de esta universidad estima que no procede reintegro alguno de los derechos ya reconocidos».

La Universidad de Sevilla rechazó hacer ningún tipo de manifestación sobre la reclamación de la Junta de Andalucía ni tampoco sobre el papel de su ex rector en el asunto. «No vamos a entrar ahí», señaló un portavoz de la institución académica, considerando que, en todo caso, debe ser la Consejería la que aporte la información.

Ésta dijo que el consejero actuará como «garante de la legalidad»,rehusando entrar a valorar si Ramírez de Arellano podría incurrir en algún tipo de incompatibilidad en este procedimiento administrativo o si queda desacreditado como gestor público por el hecho de que la Junta de Andalucía ponga en tela de juicio la gestión que hizo de una subvención millonaria.

FRAUDE DE LA FORMACIÓN

El plan diseñado por la Junta para reanudar la formación violaría la ley


  • Un informe jurídico avisa de «incumplimientos» y de «graves repercusiones financieras» si se retoman los cursos en los consorcios, como pretende el Gobierno andaluz

Concentración de trabajadores de los consorcios escuela, a las...

El plan diseñado por el Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, para reanudar los cursos de formación en su red de consorcios escuela podría ser ilegal. Precisamente estas entidades y todas las subvenciones concedidas por la Junta para la formación están ahora bajo sospecha y son objeto de investigación en varios juzgados de Andalucía ante las más que evidentes sospechas de fraude multimillonario.

Un informe jurídico municipal, al que tuvo acceso EL MUNDO, alerta de varios «incumplimientos» legales y de «graves repercusiones financieras» si se retoman los cursos de formación en los consorcios, tal y como pretende la Junta. El plan del Gobierno andaluz para estas escuelas, que se hizo público el pasado mes de marzo y del que ahora ningún consejero parece querer hacerse cargo, preveía que los consorcios escuela firmaran un convenio de colaboración con la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (Apaef) para que pudieran impartir cursos de forma inmediata.

Antes, en octubre de 2014, la Junta decidió la disolución de estos entes, como paso previo a su definitiva integración en la Apaef. «Esta medida permitirá normalizar la actividad de los diez centros formativos por un periodo transitorio hasta su integración definitiva en la citada agencia, lo que está previsto que no supere los cuatro meses», afirmó la Consejería de Educación el pasado 12 de marzo, durante la etapa del anterior consejero Luciano Alonso, cuando se hizo público el convenio de colaboración entre los consorcios y la agencia pública.

Para empezar, los cuatro meses están ya ampliamente superados y ningún consorcio se ha integrado todavía en la agencia pública ni ha retomado los cursos. Tampoco ha finalizado su liquidación porque todos aparecen en el último inventario de entes que ha hecho público la Junta. Y hay un consorcio, el de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, que está en un limbo administrativo porque la Junta no prevé integrarlo en la Agencia.

Las fuentes consultadas achacan precisamente al cúmulo de ilegalidades que contiene el plan para reanudar la formación el hecho de se encuentre totalmente bloqueado. Las víctimas del fracaso de la Junta a la hora de resolver este problema son la formación,paralizada en la comunidad con más paro del país, y los más de 200 trabajadores de estos centros que atraviesan una situación dramática, ya que la Junta les adeuda entre 5 y 18 meses de nómina, lo que hizo que protestaran ante la sede de Torretriana el pasado julio. El informe jurídico municipal que analiza la hoja de ruta de la Junta para sus consorcios detecta varios «incumplimientos de la normativa estatal». Entre las leyes que violaría está la de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma admnistrativa, la Ley de Sociedades de Capital y hasta el Código de Comercio.

«Con la reanudación de la acción formativa del consorcio en liquidación, se incumple la fase de liquidación» prevista en la ley, «ya que, mientras dure esta reanudación, no se cerrará la liquidación y podrán surgir nuevos acreedores», y por lo tanto no se podrá cerrar la liquidación, el paso previo a la integración en la Agencia. Según este informe, «la reanudación de la actividad formativa entorpecería las funciones de liquidación porque no se podrían cerrar las operaciones pendientes y podría provocar después grandes desajustes económicos, como los que provocaron y motivaron precisamente la disolución del mismo».

Igualmente, la reanudación de los cursos en los consorcios va en contra del acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2014 que autorizó la disolución de los consorcios y de los diferentes consejos rectores de estos entes, que han decidido la disolución de los mismos y han nombrado un liquidador, detalla el análisis jurídico.

«La dilación en la liquidación» de los consorcios «no se puede resolver reactivando» estos entes -como pretende hacer la Junta- porque «puede incurrirse en los mismos desajustes financieros que han motivado su disolución», avisa el informe jurídico municipal.

FRAUDE DE LA FORMACIÓN

Un centro formativo con 48 millones de la Junta y un año sin dar clases

  • El Consorcio de Mijas cuenta con hotel-escuela, residencia y una piscina
  • El CIO de Mijas recibió fondos comunitarios para impulsar su construcción

Una de las fachadas del consorcio escuela de Mijas, con centro...


Suma y sigue en el presunto y millonario fraude de la formación que investigan varios juzgados en Andalucía. Un centro controlado por la Junta, que recibió más de 48 millones en subvenciones, lleva más de un año sin impartir clases. Es, precisamente, el período transcurrido desde que se ha destapado el escándalo sin que el Gobierno haya sido capaz de encontrar una solución para que continuara la formación.

Se trata del Consorcio del Centro de Ocio de la localidad malagueña de Mijas, más conocido como CIO de Mijas, un centro que forma parte de la red de 14 consorcios-escuela controlados por la Junta de Andalucía que impartían cursos y que ahora están bajo sospecha en las pesquisas que sigue el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, antes dirigido por la juez Mercedes Alaya y ahora por su sustituta María Núñez Bolaños.

Entre los años 2002 y 2013, el consorcio de Mijas, ubicado en un entorno envidiable a tan sólo 50 metros de la playa, recibió 48.762.991,14 euros en subvenciones para la formación procedentes de los Fondos Feder de la Unión Europea (UE) y de la Junta.

De hecho, el propio complejo de edificios del consorcio, que cuenta con un centro formativo, un hotel escuela, un restaurante escuela, una piscina y una residencia de estudiantes con 116 habitaciones, fue construido con una subvención de 21.215.650,52 euros que salió de las arcas de la Junta y de la UE, según consta en una respuesta parlamentaria de Luciano Alonso, en su etapa de consejero de Educación.

Según las fuentes consultadas por EL MUNDO, los últimos cursos de formación subvencionados por la Junta se impartieron en este centro a principios de 2014. Por lo tanto, el CIO de Mijas lleva más de un año sin desarrollar la actividad para la que fue construido y que justifica que se emplearan fondos europeos.

La Junta también concedió una ayuda de 3.078.855,33 euros para el equipamiento del consorcio y obras de mejora en las instalaciones, que ocupan una parcela de 25.571 metros cuadrados, que fue cedida por el Ayuntamiento de Mijas, con una superficie construida de 14.764 metros cuadrados.

Este centro recibió otras ayudas públicas de programas de orientación laboral, escuelas taller y financiación de inversiones como centro de referencia nacional por importe de 3.583.830,88 euros.

Las subvenciones concedidas al CIO de Mijas para la formación ascienden 20.884.654,42 euros. Hubo cursos de gestión de alimentos, de recepcionista, planificación y consultoría turística, panadería, recepcionista de hotel, gobernanta o diseño de carta de vinos. También hubo acciones formativas de pastelería creativa, cómo usar los blogs y las redes sociales y otro con el título «el arte de decorar con caramelo y chocolate».

Las fuentes consultadas sostienen que los cursos se impartieron y los alumnos recibieron la formación, con índices sobresalientes de inserción laboral. El problema radica en que la gestión que ideó la Junta vulnera la normativa europea sobre ayudas para formación.

En 2005, la Administración firmó un contrato, que expira en diciembre de este año, con una Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Residencial Torrealmadena y GDT-Asesoramiento Personal, para que gestionara todo el complejo e impartiera los cursos.

Cada año, de media, la Junta le concedía una subvención de 1,3 millones de euros para la formación y la empresa debía pagar un canon a la Administración de 300.000 euros por los beneficios que pudiera conseguir del hotel y el restaurante, que están abiertos al público en general, no sólo para los alumnos de los cursos.

Sin embargo, la Cámara de Cuentas de Andalucía y los verificadores de la UE pusieron múltiples reparos a este contrato, tantos que la Junta llegó a pedirle a la UTE que negara -como exige la normativa y las autoridades europeas- haberse lucrado con las ayudas formativas, pese a que el contrato de explotación suscrito en 2005 contemplaba un canon a favor de la propia Junta con cargo a los beneficios obtenidos.

Aunque los cursos están totalmente paralizados desde hace más de un año, actualmente, sí está en funcionamiento el hotel y el restaurante del CIO de Mijas, que siguen gestionados por la UTE.

La actividad formativa en la red de catorce consorcios de la Junta está paralizada desde que empezaron a aflorar las primeras sospechas de fraude con los cursos hace ya más de un año. Entonces, el Gobierno andaluz cortó la subvenciones a sus propios consorcios, pero ha sido incapaz de resolver la situación para que pudieran continuar los cursos.

Aunque no parece ser el caso del CIO de Mijas, en otros consorcios de la Junta sí hubo claros desvíos de ayudas, que ahora investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Así, la escuela del municipio sevillano de Gelves destinó fondos de formación a la compra de jamones y la del municipio onubense de Almonte a una cabalgata de Reyes, mientras que el de Almería destinó fondos públicos a una fiesta, tal y como viene informando este periódico.

Tras estallar el escándalo, la Junta abrió al menos 36 expedientes de reintegro a doce consorcios escuela por ayudas que suman 50,4 millones de euros. En ellos, se reclama a la Junta, mayoritariamente, y a los ayuntamientos, en menor medida, que se devuelvan las ayudas desviadas. O lo que es lo mismo, la Administración andaluza se está reclamando a sí misma la devolución de cantidades millonarias.


Dos juzgados investigan ya la gestión del Bajo Guadalquivir
  • Dos jueces de Lebrija tramitan diligencias por un supuesto fraude en ayudas públicas
  • El fiscal ve delito en la actuación de la mancomunidad
Antiguos trabajadores del Bajo Guadalquivir se manifiestan en 2011 por...

Los juzgados de primera instancia e instrucción 1 y 2 de Lebrija han abierto sendas investigaciones sobre un presunto fraude en la gestión de subvenciones públicas recibidas por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una entidad supramunicipal que agrupaba a localidades de Sevilla y Cádiz y que fue disuelto el año pasado con un agujero superior a los 40 millones de euros.

Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, ambos juzgados han comenzando ya a realizar averiguaciones en torno al destino dado por los gestores de la extinta mancomunidad a las subvenciones que recibió durante años, fundamentalmente para la organización de cursos de formación y que en su práctica totalidad no fueron justificadas. Las investigaciones judiciales son la respuesta a las denuncias interpuestas por la Fiscalía meses atrás y después de detectar irregularidades en las actuaciones del organismo como resultado de diligencias propias.

Fuentes próximas al caso explicaron que desde los juzgados de Lebrija se han solicitado informes a la Intervención de la Junta de Andalucía acerca de las subvenciones otorgadas a Bajo Guadalquivir desde esta administración.

Asimismo, añadieron estas fuentes, se ha encargado a la Guardia Civil que examine la gestión de estos fondos por parte de la desaparecida mancomunidad. Serían unos primeros pasos antes de decidir si se cita a algunos de los antiguos responsables a declarar, en su caso posiblemente como imputados a tenor de los indicios de delito ya detectados por el Ministerio Público.

Otra cuestión aún por resolver es si se agrupan todas las denuncias presentadas por la Fiscalía y es un único juzgado el que asuma la causa, una hipótesis que parece sensata y probable. Como ya adelantó EL MUNDO de Andalucía, el Ministerio Público ha encontrado evidencias de un supuesto fraude en las subvenciones que recibió la mancomunidad sobre todo para cursos de formación. De las ayudas públicas investigadas, prácticamente ninguna fue justificada.

Las irregularidades las ha detectado la Fiscalía de Dos Hermanas a raíz de la investigación que ha desarrollado en los últimos meses y que se ha centrado en las últimas subvenciones concedidas a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, aquellas respecto a la cual elpresunto delito no habría prescrito aún. A resultas de dicha investigación, explicaron fuentes próximas, la Fiscalía de Dos Hermanas decidió interponer hasta once denuncias, una por cada subvención, en los juzgados de Lebrija.

En todas y cada una de estas denuncias, el Ministerio Público pone en conocimiento del juzgado de turno las supuestas irregularidades encontradas, cómo la institución recibió el dinero pero no justificó su destino, por lo que pide que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades penales al considerar que podría haberse cometido un delito, el de fraude en subvenciones.
Las denuncias no se dirigen contra nadie específicamente, aunque al frente de la institución han estado varios alcaldes, la mayoría socialistas. La última presidenta fue la alcaldesa del PSOE de Lebrija, María José Fernández, aunque también ha ocupado el cargo el que fuera alcalde socialista de Los Palacios, Antonio Maestre. Precisamente, la Fiscalía de Dos Hermanas interrogó a principios de mayo al ex alcalde socialista de Los Palacios y Villafranca acerca de una ayuda estatal recibida por la mancomunidad y cuyo reintegro habría reclamado el Estado, al no quedar debidamente justificado el destino de estas subvenciones.

Esta ayuda es una de las que ha denunciado el Ministerio Público en los juzgados de Lebrija. Fue concedida a la Mancomunidad cuando estaba presidida por Maestre y el Estado habría reclamado el reintegro al no quedar convenientemente justificada, supuestamente, la aplicación de la ayuda para el fin para el que fue otorgada. De hecho, según los datos que maneja el Partido Popular, la institución se enfrenta a peticiones de reintegro de subvenciones públicas por un importe cercano a los seis millones de euros.

Ésta es, de hecho, la única subvención estatal que ha llevado a los tribunales el fiscal. El resto, señalaron las fuentes, son ayudas concedidas, fundamentalmente, por la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. Una vez recibidas las denuncias, los dos juzgados de Lebrija se las han repartido y han acordado la apertura de diligencias previas, que podrían unificarse en un único procedimiento teniendo en cuenta la conexión entre todas ellas.

Las denuncias de la Fiscalía de Dos Hermanas son un episodio más en la serie de irregularidades que han llevado a la desaparición de la mancomunidad. El pasado mes de abril de 2014, el pleno aprobó definitivamente su expediente de liquidación, repartiendo entre los municipios que la integraban, siete de ellos de Sevilla y cuatro de Cádiz, una deuda superior a los 42,6 millones de euros.

Aunque el agujero llegó a ser mucho mayor y en abril de 2013 se cifraba en 52.204.879 euros, si bien esta cifra se redujo con medidas como el compromiso de la Junta de Andalucía de asumir el coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija, pertenecientes a la mancomunidad. La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir se constituyó en el año 1980 con personalidad jurídica propia con el objetivo de captar fondos europeos y bajo la gestión del PSOE, que ha gobernado en la mayoría de los municipios que la forman: Las Cabezas, Chipiona, El Coronil, El Cuervo, Lebrija, Los Molares, Los Palacios, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Utrera


FRAUDE DE LA FORMACIÓN

Parlamento de Andalucía

El PSOE veta que los interventores detallen el fraude de la formación

  • Impide su comparecencia en el Parlamento para explicar el informe de actuación
  • Empleo admite que el 'agujero' puede superar los 239 millones
  • El PP andaluz recrimina a Sánchez Maldonado la 'censura' a los interventores de la Junta

El consejero Sánchez Maldonado, ayer, en su escaño en el Parlamento.

El PSOE andaluz recupera el rodillo. Ayer mismo vetó las comparecencias en el Parlamento del interventor general de la Junta y del interventor provincial en Huelva, cuya presencia reclamaba el PP para que explicaran los dos informes que ratifican el presunto fraude en las ayudas de formación: el de actuación emitido hace menos de un mes y el que alertó en junio de 2014 de un posible «menoscabo de fondos».

Aunque gobierne en minoría, resulta que el partido que lidera Susana Díaz se ha hecho con las riendas en la Mesa de la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, justo la que está llamada a analizar el grueso de los escándalos de corrupción que sacuden a la Junta, desde la formación a los ERE, pasando por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, los avales de la Agencia IDEA, el caso Invercaria..El presidente y la vicepresidenta son los parlamentarios socialistasAntonio Sánchez Villaverde y Beatriz Rubiño Yáñez, que en caso de discrepancias a la hora de programar las sesiones siempre podrán imponer su criterio frente al del secretario de la Mesa, el diputado popular Miguel Ángel Torrico, como demostraron en la mañana de ayer vetando direcamente la comparecencia en la Cámara el próximo jueves de los dos interventores.

Ocurre exactamente lo mismo en la Mesa de otra comisión parlamentaria clave como es la de Hacienda y Administración Pública: aunque la preside el PP, los socialistas cuentan con dos de los tres votos para fijar o impedir comparecencias a su antojo. Y los portavoces del resto de partidos sólo pueden forzar la votación formal y hacer que el letrado del Parlamento haga constar el resultado en el acta de la reunión, como exigió ayer la parlamentaria del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien también afeó en la comparecencia vespertina ante el pleno del nuevo consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, la falta de transparencia que está demostrando el Gobierno andaluz en todo lo tocante a los informes de la Intervención General, ocultados durante la pasada legislatura por el Ejecutivo de Díaz a la Cámara.

El PP pedía las comparecencias para que el interventor provincial en Huelva explicara con detalle el informe en el que alertó de graves irregularidades en la concesión y seguimiento de las ayudas de la Junta para formación, y para que el interventor general de la Junta informara del informe de actuación emitido por menoscabo de fondos. Los populares también demandan sin éxito aclaraciones al Ejecutivo de Díaz sobre la información que ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas.

Ruiz-Sillero le sacó la «tarjeta negra de censura» al consejero de Empleo. «Usted anuncia ahora que va a comparecer aquí cada mes, pero ¿para no dar datos? Porque hoy nos hemos enterado que ustedes conocían desde mayo de 2014 ocho informes provinciales que hablaban de la existencia de irregularidades. Y el señor [ex consejero Luciano] Alonso tenía esos datos y durante seis meses los ocultó a este Parlamento», reprochó la diputada gaditana del PP, que arrinconó al titular de Empleo con preguntas que quedaron sin respuesta: «¿Cuánto dinero se ha recuperado? ¿Cuántos reintegros se han anulado en el juzgado y por cuánto importe? Y a la Faffe o a los consorcios, ¿se les ha pedido y se han devuelto ustedes a sí mismos el dinero?».

«Dejemos que todos los órganos dictaminen y seamos respetuosos con todos los pronunciamientos», se limitó a defender Sánchez Maldonado. El nuevo responsable al que le toca lidiar con el escándalo de la formación ciñe su responsabilidad política a su compromiso firme de que «el Gobierno andaluz no va a dejar que prescriba ninguno de los expedientes» de las ayudas concedidas entre 2007 y 2011 en cuya justificación se detecten irregularidades.

A día de hoy la Junta calcula que el agujero puede irse, como mínimo, hasta los 239,4 millones de euros. Según los datos actualizados por Sánchez Maldonado -216 días después de la última comparecencia sobre formación en el Parlamento-, hay un procedimiento de reintegro «en firme» por un total de 71,9 millones y, en paralelo, otro proceso de reintegro por un importe de 167,5 millones correspondientes a 190 expedientes, cantidades que casi cubren el saldo de la liquidación definitiva del ejercicio presupuestario 2013. Por revisar quedan 3.204 ayudas que suman 884,5 millones.

Desproporción

Con esta ensalada de números, y resaltando que hay 4.097 expedientes de formación -485 millones de euros- justificados correctamente, el consejero de Empleo censuró a los que «ponen encima de la mesa cifras absolutamente desproporcionadas», en clara alusión al PP y sus estimaciones de que el fraude de la formación en Andalucía puede alcanzar cifras milmillonarias. No obstante, hay que recordar que la Policía Nacional y los tribunales de Justicia investigan las ayudas otorgadas por la Junta durante toda la pasada década y no a partir de 2007, que es donde arranca la revisión del Gobierno andaluz.
Había expectación por escuchar al líder de Ciudadanos, Juan Marín, para ver si definitivamente su grupo parlamentario respaldará la creación de una comisión de investigación o se da por satisfecho con las explicaciones de Sánchez Maldonado. «Alguien no ha hecho bien su trabajo y, por higiene democrática, es necesaria una comisión de investigación», sentenció Marín.

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