- La Junta crea la Secretaría de Transparencia, para la que se deberá contratar a más personal
MÁS BUROCRACIA.
El gobierno andaluz crea un nuevo órgano para controlar la Ley de Transparencia
Un nuevo órgano con personal propio, con capacidad para reclamar información a todos los departamentos de la Junta de Andalucía y, sobre todo, que va a controlar hasta el último dato de los altos cargos, expediente o subvención que la administración andaluza haga público a través del Portal de la Transparencia. El Gobierno andaluz ha creado lo que denomina Secretaría de la Transparencia, que dependerá orgánicamente del vicepresidente Jiménez Barrios, y cuya misión principal será llevar a cabo las actuaciones necesarias para la correcta aplicación de las políticas de transparencia que la Junta está poniendo en marcha y que es una de las principales banderas del Ejecutivo que preside Susana Díaz.
Eso sí, esta nueva Secretaría trabajará bajo las directrices de la Comisión de Viceconsejeros, el denominado consejillo, que será el órgano encargado de dictar las directrices generales en materia de transparencia. Y, además, deberá estar plenamente operativa en un plazo máximo de seis meses.
Según recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA, de ayer, este nuevo órgano contará con los puestos de trabajo «que determine la correspondiente relación de puestos de trabajo». Es decir, que podrá crearse con cuantas personas estime oportunas el Gobierno, sin necesidad de que sean funcionarios. Hasta la fecha, el Ejecutivo siempre había defendido que la Ley de Transparencia estaba en manos de los funcionarios; cincuenta personas del propio personal de la Junta se habían dedicado a trabajar para poner en marcha el Portal de la Transparencia.
Pero para este nuevo órgano de control y coordinación se elimina este requisito. Para la contratación del personal, el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios podrá adecuar el presupuesto que estime oportuno y conveniente. Claro que deberá hacerlo basándose en los principios de «eficacia, austeridad, racionalización y reducción del gasto público», según recoge textualmente el decreto.
La estructura administrativa es mucho más compleja e incluye a lasUnidades de Transparencia (estas sí formadas por funcionarios cuya relación de puestos de trabajo también se debe aprobar) que deberán estar en la sede de cada una de las consejerías.
Y hay un dato muy relevante. La nueva disposición del Gobierno andaluz establece que son los directores generales de los diferentes departamentos los encargados de que se cumplan todos y cada uno de los preceptos de la Ley de Transparencia. Es decir, los máximos responsables no serán los consejeros de los distintos departamentos sino sus subordinados, los directores generales
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