Los nombramientos en el Gobierno andaluz. La consejera de Agricultura ratifica en el cargo a su primo imputado
- El delegado en Almería está siendo investigado por la recalificación de unos suelos....¿¿???
Los junteros Dixit: «Imputados por cuestiones administrativas relacionadas con la gestión, no por corrupción» ¿¿???...y ahora ciudadano pide un Informe......
En realidad, la corrupción no existe como delito, sólo como suma o síntesis. Existen delitos vinculados a la corrupción, principalmente tres:prevaricación (administrativa y judicial), malversación de fondos públicos y cohecho. O sea, que sí se está investigando corrupción.
La realidad de los pactos postelectorales C's exige 'limpieza' a Susana Díaz.
- Espera un informe del PSOE-A andaluz sobre los cinco imputados antes de pedir ceses.
- Podemos reclama ya el cese del alto cargo imputado primo de la consejera de Agricultura
- El PP carga contra la presidenta y contra Ciudadanos: 'Ahora miran para otro lado'
La consejera de Agricultura ratifica en el cargo a su primo imputado
- El delegado en Almería está siendo investigado por la recalificación de unos suelos
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, María del Carmen Ortiz Rivas, ha ratificado en el cargo al delegado provincial de Almería, José Manuel Ortiz Bono, a pesar de su imputación por posibles irregularidades en el cambio de calificación de suelos en Tabernas a instancias de una empresa. Se da la circunstancia de que Carmen Ortiz y su delegado, ambos de Almería, son primos segundos.
La consejera y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, firmaron el pasado 30 de julio el cese y posterior nombramiento de Ortiz Bono, publicado en el BOJA, y que se produce a pesar del compromiso de la presidenta con Ciudadanos de no mantener en los cargos públicos a personas imputadas.
El delegado de Agricultura de Almería se convierte así en el quinto cargo imputado en la Junta de Andalucía, junto a Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente en Granada;Sandra García, delegada del Gobierno en Granada; Manuela de Paz, presidenta del Puerto de Huelva; y Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural de la Junta. Todos están imputados por prevaricación en casos de falta de protección al medio ambiente, algunos vinculados con el urbanismo.
La Fiscalía pidió en abril la imputación del entonces delegado de Agricultura y Medio Ambiente en Almería, José Manuel Ortiz Bono, por presuntas irregularidades cometidas en el cambio de uso de forestal a agrícola de casi 300 hectáreas en Tabernas, donde la empresa Gespater SLU pretende cultivar olivos. Con el cambio de Gobierno, la Consejería ha perdido las competencias en materia de Ordenación del Territorio.
La imputación de Bono, junto a la de dos técnicos de la misma Consejería, es consecuencia del escrito presentado ante la Fiscalía por el Grupo Ecologista Mediterráneo, después de recibir las denuncias de agricultores y vecinos de la zona, que advertían del peligro que sufrían los acuíferos.
Según los ecologistas, se trata de un proyecto de explotación agrícola intensiva de regadío de 600.000 olivos que no cuenta con la obligada evaluación de impacto ambiental. Tampoco tendría los derechos de uso de agua correspondientes.
Los ecologistas precisan que el proyecto real se fraccionó en al menos tres, con una superficie individual inferior a las 100 hectáreas, «cuyo objeto no puede ser otro que el de eludir la exigencia de evaluación de impacto ambiental».
Además, advierten de que la tramitación de los cambios de uso, que suele tiene una duración ordinaria no inferior a un año, se produjo en estos casos «con una celeridad extraordinaria». Los tres cambios se solicitaron por el mismo promotor, de forma sucesiva y sobre terrenos ubicados en el mismo lugar, «luego la necesidad de la evaluación ambiental conjunta no puede haber pasado desapercibida para la Delegación Territorial», aseguran.
La denuncia de la Fiscalía señala que el examen de los tres expedientes entre enero y junio de 2013 «evidencian irregularidades y omisiones que hacen precisa la incoación de diligencias previas para determinar si los hechos pudieran constituir un delito de prevaricación».
Me limito a firmar lo que dicen los técnicos
Ortiz Bono declaró como imputado el Juzgado de Instrucción 1 de Almería el 21 de abril y cargó toda la responsabilidad en los técnicos de la Delegación: «He aclarado cómo funciona y lo que hago como delegado, que realmente el delegado no entra ni en el fondo ni en nada de la propuesta de resolución, que no la cambio ni la puedo cambiar, y que me limito a firmar lo que dicen los técnicos de la casa, que son los que saben, porque son muchísimas resoluciones y muchísimos expedientes», dijo.
Por su parte, la Consejería de Agricultura insistió ayer en que el delegado no está imputado formalmente, ya que no ha habido un pronunciamiento de la juez sobre la petición de la Fiscalía al respecto. ElGobierno andaluz subraya que todavía se trata de diligencias previas.
No obstante, la propia Junta ha asumido la defensa del delegado en el procedimiento. El pasado mes de abril, la juez rechazó decretar sobreseimiento de la causa tras el archivo solicitado por la Junta de Andalucía, ya que la instrucción aún no había concluido.
Los letrados de la Junta argumentaron que su defendido «no se apartó en ningún momento de lo informado por los técnicos», dos de los cuales están también imputados en las diligencias previas.
El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos en Andalucía que permitió la investidura de Susana Díaz establece que los imputados por corrupción deben ser «apartados de inmediato de cualquier cargo público, electo o designado». La misma medida se contempla para los cargos que «mientan, manipulen su currículum o su cualificación profesional y académica».
El PSOE-A burla esa cláusula asegurando que sus imputados no lo están por corrupción, sino por cuestiones administrativas relacionadas con la gestión. En algunos casos, Ciudadanos da por buena esa interpretación. En otros, como el de la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, no la aceptan. Por este motivo, la directora de Minas fue destituida el pasado martes en el Consejo de Gobierno tras la citación para declarar como imputada el próximo 17 de septiembre por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. No obstante, el Gobierno andaluz le guarda el puesto para su vuelta en el caso de que sea declarada inocente.
En este sentido, la secretaria general del PSOE de Sevilla y diputada Verónica Pérez insistió ayer en que «la Junta de Andalucía no tiene ningún imputado por corrupción», sino «tolerancia cero».
Susana Díaz revisa los nombramientos con lupa
La presidenta de la Junta ha revisado con lupa el nombramiento de la estructura periférica de la Junta precisamente para evitar casos como el de Ortiz Bono. Esta fiscalización previa de los perfiles de los altos cargos ha demorado los nombramientos y muchos puestos siguen vacantes en las consejerías y las delegaciones provinciales. El grueso de los nombramientos se ha producido, de hecho, en agosto. La propia Susana Díaz ha rechazado muchos nombres y ha fomentado la búsqueda de perfiles técnicos, con formación académica e incluso de funcionarios para categorías como los directores generales. Curiosamente, el nombramiento de funcionarios hasta ese nivel fue una de las peticiones de Podemos para apoyar la investidura que el PSOE-A rechazó. Al afán de la presidenta por 'limpiar' la Administración de perfiles bajo sospecha continúa durante su baja maternal, en la que Susana Díaz sigue «al mando de la nave», como ha declarado su vicepresidente.
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«No sabía que hay imputados buenos e imputados malos. Yo no llevo imputados en mis listas». El 9 de marzo, en el primer debate televisado de las elecciones andaluzas, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, reprochaba así al candidato del PP, Juan Manuel Moreno, que incluyese a imputados en sus listas electorales. «Imputados por cuestiones administrativas relacionadas con la gestión, no por corrupción», aclaraba el entonces líder de la oposición.
Cinco meses después, Susana Díaz se apunta a esta distinción entre imputados «buenos y malos».
Ahora mantiene a cinco en su Administración y otros tantos en su partido, incluso en su ejecutiva, a pesar de sus promesas electorales de apartarlos de los cargos públicos. Ese compromiso se plasmó en un acuerdo con Ciudadanos que permitió su investidura a principios de junio, y que cada día está más cuestionado. La versión del PSOE y de la Junta se mantiene caso a caso: «No están imputados formalmente por corrupción política. Cuando lo estén con cargos se tomarán medidas», insistieron.
Ahora mantiene a cinco en su Administración y otros tantos en su partido, incluso en su ejecutiva, a pesar de sus promesas electorales de apartarlos de los cargos públicos. Ese compromiso se plasmó en un acuerdo con Ciudadanos que permitió su investidura a principios de junio, y que cada día está más cuestionado. La versión del PSOE y de la Junta se mantiene caso a caso: «No están imputados formalmente por corrupción política. Cuando lo estén con cargos se tomarán medidas», insistieron.
En este intervalo, los partidos de la oposición empiezan a presionar por el cumplimiento de esas promesas. Ciudadanos, que hizo presidenta a Susana Díaz, promete «contundencia» una vez que analice cada caso. «No nos temblará el pulso». «Exigiremos su destitución inmediata si se trata de imputaciones por casos de corrupción política, tal y como se refleja en el acuerdo de investidura», anunció el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que el martes pasado se cobró la cabeza de la directora general de Minas, imputada por el caso Aznalcóllar.
Ahora, con el resto de cargos imputados, el procedimiento es idéntico: Ciudadanos llama al PSOE para pedirle explicaciones después de leer las informaciones de EL MUNDO sobre los altos cargos imputados. El PSOE le responde que le enviará un informe con la situación procesal detallada de los cinco casos para que los analice. Ciudadanos estudiará el documento con sus asesores jurídicos y valorará la gravedad política de cada uno de ellos.Entonces decidirá si pide sus destituciones, como hizo con la directora de Minas, o no.
«Ciudadanos no es el Código Penal ni yo soy juez», explicó a este periódico Juan Marín, para justificar su prudencia a la hora de reclamar al PSOE el cumplimiento del acuerdo anticorrupción firmado con Susana Díaz.
«El PSOE nos dice que no están imputados y en algunos casos, como el de Granada, tenemos muchas dudas. En otros, como el de la presidenta del Puerto de Huelva o el delegado de Agricultura de Almería, sí lo vemos más claro. No estamos personados en esas causas y queremos información antes de decidir», aclaró.
El líder de C's en Andalucía asegura que los socialistas están en «disposición» de destituir a los cargos imputados que se les reclame como hicieron con la directora de Minas. «Es una buena oportunidad para limpiar la Administración y lo saben», defendió.
Un objetivo: los presupuestos de 2016
El motivo de ese afán socialista por complacer a Ciudadanos no es otro que la elaboración del presupuesto andaluz para 2016, cuya aprobación requiere el voto de sus nueve diputados. El PSOE prepara las cuentas contando con las exigencias de Ciudadanos, y aspira a encontrar en el partido de Albert Rivera un aliado para toda la legislatura. Con ese objetivo se retiran las piedras del camino, se facilita la comunicación y se miman las relaciones interpersonales.
«Gracias a Ciudadanos se produjo la expulsión de la vida pública de dos ex presidentes de la Junta de Andalucía por estar presuntamente implicados en un caso de corrupción política como los ERE. Ahora y siempre actuaremos igual porque en Ciudadanos no existe el debate: los imputados por casos de corrupción política deben abandonar sus puestos inmediatamente y defenderse ante la justicia», insistió Marín, que anunció que su partido analizará «estos y todos los casos que pudieran atentar contra los intereses de los andaluces, así como las cuestiones administrativas fruto de la gestión ordinaria de la administración andaluza».
El presidente del grupo parlamentario de Cs también animó al PP y al resto de fuerzas políticas de la oposición andaluza a que «abandonen los intereses partidistas y firmen nuestro pacto anticorrupción para regenerar las instituciones públicas. Si todos los partidos nos unimos y luchamos contra la corrupción, acabaremos con ella».
Por su parte, Podemos se mostró tajante y exigió la dimisión del delegado de Agricultura de Almería, primo segundo de la consejera que lo ha ratificado en el cargo, a pesar de estar investigado por el cambio de calificación de 300 hectáreas sin la obligada declaración de impacto ambiental.
«Ya son cinco cargos públicos imputados en la Junta y desde Podemos queremos las instituciones andaluzas libres de todas sospecha», advirtió la diputada María García, que subrayó la gravedad medioambiental del caso de Almería.
Por su parte, el PP cargó contra el acuerdo entre Susana Díaz y Ciudadanos: «Ya son cinco los altos cargos del Gobierno andaluz que están imputados, nada nuevo, aunque la presidenta dijo que no habría ningún imputado en la Junta. Es lo mismo de siempre. Su hipocresía habitual. Susana Díaz dice una cosa y hace otra muy distinta», aseguró ayer la secretaria general del PP-A, Dolores López Gabarro, que también reprochó a Ciudadanos que «mire para otro lado mientras aumentan los altos cargos de la Junta de Andalucía imputados».
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