viernes, 21 de agosto de 2015

Artículos de opinión recomendados: La dimisión de Tsipras confirma el fracaso del populismo en Grecia + El Tribunal Constitucional es esencial, aunque debe ser reformado + Despolitizar sí; suprimir nunca = Sin responsabilidad y politizando la aplicación de las leyes y las instituciones públicas, al servicio de los intereses generales de los ciudadanos, mal vamos.

  • La dimisión de Tsipras confirma el fracaso del populismo en Grecia. La convocatoria de elecciones anticipadas en Grecia, tan sólo siete meses después de la llegada de Syriza al poder, es la confirmación de que en política las propuestas irrealizables de corte populista terminan por tener consecuencias catastróficas para la estabilidad del país.

  • El Tribunal Constitucional es esencial, aunque debe ser reformado
  • Despolitizar sí; suprimir nunca
RAÚL ARIAS


 A partir de la llegada al Poder del PSOE en 1982, este partido y, siguiendo su ejemplo, también el PP cuando ha llegado a formar Gobierno, se han esforzado en penetrar en todas las instituciones: desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al Tribunal Constitucional (TC), desde el Tribunal de Cuentas a la Fiscalía General del Estado, desde el Defensor del Pueblo a RTVE. De esta manera, el partido del Gobierno en cada momento ha conseguido, en gran medida, extender sus tentáculos a todas las instancias que podían controlarle, convirtiendo así al Estado de Derecho en un Estado predominantemente partitocrático......



 Los tribunales constitucionales tienen su origen en la teoría del Derecho del austriaco Hans Kelsen («el jurista del siglo XX»), según el cual el Derecho se asemeja a una pirámide normativa, que forma un sistema cerrado, en cuanto que la legitimidad de cada norma depende de su conformidad con la norma del escalón superior, en cuya cúspide está la Norma Fundamental, esto es: la Constitución, que, para garantizar la coherencia del sistema debe ser interpretada por un tribunal diferenciado; este Tribunal es el Constitucional, cuyas características y competencias, tal como las conocemos hoy en día, aparece en el mundo jurídico, por primera vez, y por impulso precisamente de Kelsen, como el Verfassungsgerichtshof de Austria en 1919. 

 Desde el punto de vista competencial, el Tribunal Supremo conoce de las materias del Derecho privado (Sala 1ª), del penal (Sala 2ª), del público (Sala 3ª), del laboral (Sala 4ª) y del militar (Sala 5ª); pero, funcionalmente, carecería de sentido que en ese tribunal se residenciara también lo que afecta a las garantías y a los derechos constitucionales, porque el Derecho constitucional es uno transversal y está por encima del privado, del penal, del público, del laboral y del militar, en cuanto que la interpretación que las diferentes salas hagan de cada una de esas distintas ramas del Derecho sólo será legítima, de acuerdo con la pirámide normativa, si es conforme con el escalón superior y último, esto es: con la Constitución. Todo esto por lo que se refiere a la justificación del TC desde el punto de vista del Derecho comparado y de la teoría del Derecho.

Y las cosas o ocurren por casualidad ¿¿???


Sin separación de poderes y con impunidad política, mal vamos....





http://www.elmundo.es/opinion/2015/08/21/55d620b846163fe1638b459c.html

http://www.elmundo.es/opinion/2015/08/20/55d4c6f422601d7e228b459f.html

http://www.elmundo.es/espana/2015/08/20/55d4e374ca474142718b458a.html

La dimisión de Tsipras confirma el fracaso del populismo en Grecia


 La convocatoria de elecciones anticipadas en Grecia, tan sólo siete meses después de la llegada de Syriza al poder, es la confirmación de que en política las propuestas irrealizables de corte populista terminan por tener consecuencias catastróficas para la estabilidad del país. Con su dimisión, Tsiprasadmite la imposibilidad de aplicar, en el marco de la UE, el programa político y económico con el que sedujo a los electores en enero y que condujo el país a un corralito financiero. Pero además, con la disolución de su Gobierno, el líder de la Coalición de la Izquierda Radical reconoce su propio fracaso personal, porque la actual situación de Grecia es consecuencia también de la torpeza con la que dirigió desde el principio las negociaciones con la troika. Aunque en su comparecencia de ayer Tsipras se presentó como el político que ha "salvado el país" y que ha dicho a Europa "que la austeridad debe terminar", lo cierto es que su gestión al frente de la crisis ha agravado la situación de Grecia.

La arrogancia y la actitud desafiante con la que se manejaron durante las conversaciones él y su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, y la precipitada convocatoria de un referéndum que intentaron usar como elemento de chantaje terminaron por desesperar a sus socios comunitarios y a sus dos principales acreedores, el FMI y el Banco Central Europeo.

La aplastante victoria electoral, que lo colocó al borde de la mayoría absoluta, hizo creer a Tsipras que podía imponer sus criterios e incumplir sus compromisos económicos, abriendo una doble crisis innecesaria: la primera, de credibilidad europea ante los inversores internacionales; la segunda, política, en el seno de una UE que se dividió entre quienes pretendían ceder a sus peticiones y quienes optaban por la salida de Grecia de la zona euro. Finalmente, Tsipras tuvo que rectificar, destituir a Varoufakis y firmar un tercer rescate financiero (en el que no participará el FMI) por valor de 86.000 millones de euros para los próximos tres años, que obligará al país a afrontar drásticos recortes y profundas reformas estructurales. Gracias a la firma de este acuerdo, Grecia recibió ayer de los países de la eurozona 13.000 millones, con los que pudo hacer frente al vencimiento de un pago de 3.400 millones al BCE y destinar el resto a cubrir devoluciones de créditos y facturas atrasadas. Otros 10.000 (de los 26.000 que completan el primer tramo de las ayudas) serán destinados a recapitalizar la debilitada banca helena. Los 3.000 restantes sólo los recibirán cuando se implementen las "acciones prioritarias" que les exigen sus socios, como la congelación de las pensiones, el aumento de los impuestos y la privatización de muchos de los servicios públicos.

Pero si este tercer rescate ha paralizado la grexit y supondrá un balón de oxígeno para el país de cara a los próximos vencimientos de su deuda, políticamente ha significado la ruptura de la coalición que mantenía a Tsipras. El presidente griego vio cómo un tercio de sus diputados votaba en contra del acuerdo con la UE y tendrá que hacer frente a una escisión en su partido. Si finalmente decide presentarse a las elecciones el próximo 20 de septiembre, la fecha más probable de los comicios, tendrá mucho más difícil su reelección, ya que una parte importante de su electorado considera que se ha plegado a las exigencias de Bruselas.

No obstante, si el líder heleno consigue desembarazarse del ala más izquierdista, radical y euroescéptica de Syriza, podría llegar a formar una coalición de Estado que, con propuesta moderadas, consiga enderezar el rumbo del país. Tsipras ha de ser consciente de que la inestabilidad de Grecia no sólo es negativo para sus ciudadanos sino para toda la UE, cuya unidad política y económica es ahora más necesaria que nunca.

El Tribunal Constitucional es esencial, aunque debe ser reformado


En tiempos de necesaria regeneración democrática y, en este sentido, bienvenidas sean las propuestas que lanzan los distintos partidos de cara a las elecciones. Pero a veces se peca de falta de rigor en algunos globos-sonda. Hoy publicamos que Ciudadanos, la formación que encabeza Albert Rivera, plantea la supresión del Tribunal Constitucional por considerar que está absolutamente politizado y que muchos de los recursos de amparo sobre los que dirime suponen un ejercicio de enmendarle la plana al Supremo. Ciudadanos plantea, en este sentido, una reforma del TS para que "sea de verdad el órgano supremo de la Justicia".

Ante semejante propuesta, que consideramos una equivocación, cabe decir que la existencia de un órgano equivalente a nuestro Constitucional es esencial en cualquier sistema democrático. No es España desde luego una excepción. La inmensa mayoría de los estados avanzados cuentan con un tribunal así, que, entre otras funciones esenciales, vela por la adecuación de las leyes a la Norma Fundamental o arbitra ante conflictos competenciales entre el Estado y los entes de gobierno regionales. Ni qué decir cabe que en nuestro sistema de las autonomías esto último resulta imprescindible. Otra cosa bien distinta es que haya que terminar con la politización del TC. O mejor dicho, del partidismo de los magistrados que lo integran. Pero cuestionar su existencia no puede tener cabida en ningún debate político mínimamente serio.

Puede tener razón Ciudadanos en que se abusa en exceso en la admisión a trámite de recursos de amparo, que se ha convertido en una vía más para mantener vivos litigios que debieran agotarse con el fallo del Supremo. Y ahí sí cabría plantearse la creación de una sala especial de casación en este mismo Tribunal que permitiera en determinadas circunstancias ofrecer nuevas garantías procesales al ciudadano. Justamente para descargar al Constitucional de trabajo y que realmente pueda centrarse en las funciones que son exclusivas de un órgano de su naturaleza.

Pero, más allá, sirva este debate para insistir en la urgente necesidad de modificar el sistema de elección de los miembros del TCUna institución tan fundamental en el Estado no puede seguir siendo tributario del poder de los partidos. En lo que llevamos de democracia, PSOE y PP, en connivencia a veces con otras formaciones como las nacionalistas, se han repartido los sillones del Constitucional en un cambalache escandaloso, que ha minado la credibilidad de la que debe gozar. Tan es así que, según las encuestas, hasta el 71% de los ciudadanos considera que el TC está politizado y que en sus fallos no siempre es absolutamente parcial. Supone un desprestigio muy peligroso para la credibilidad del Estado de Derecho, dado que de este Alto Tribunal depende la interpretación última de la Constitución y por sus manos pasan asuntos clave para el país, como lo fueron en su día la inconstitucionalidad de algunos artículos del Estatuto de Cataluña o la prohibición de la consulta independentista, por citar sólo dos casos de gran trascendencia.

El cambio en el modo de elegir a los magistrados sí debería ser una prioridad en la próxima reforma constitucional. Y cabría estudiar fórmulas exitosas en otros países como la de que los integrantes ocuparan el cargo por periodos que abarquen varias legislaturas, lo que les garantizaría una independencia total respecto a los partidos y a las mayorías parlamentarias de turno

Despolitizar sí; suprimir nunca


A partir de la llegada al Poder del PSOE en 1982, este partido y, siguiendo su ejemplo, también el PP cuando ha llegado a formar Gobierno, se han esforzado en penetrar en todas las instituciones: desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al Tribunal Constitucional (TC), desde el Tribunal de Cuentas a la Fiscalía General del Estado, desde el Defensor del Pueblo a RTVE. De esta manera, el partido del Gobierno en cada momento ha conseguido, en gran medida, extender sus tentáculos a todas las instancias que podían controlarle, convirtiendo así al Estado de Derecho en un Estado predominantemente partitocrático.

La inconstitucional reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ perpetrada por el PSOE en 1985, privando a la magistratura de la elección de 12 de sus 20 miembros, pasando a ser seleccionados ahora, en su totalidad, y después de las correspondientes componendas entre los partidos, por los parlamentarios, sólo se ha visto superada en su sectarismo, y en el papel todavía más preponderante que ahora se atribuye al partido del Gobierno, por la reforma de 2013 impulsada por el ministro Ruiz Gallardón.

Ciudadanos tiene razón cuando propone la despolitización del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado. Pero se equivoca cuando, al llegar al TC, en vez de buscar una fórmula para su asimismo deseable despolitización, no se le ocurre otra cosa que proponer su supresión, como si el TC fuera una institución inservible, lo que no puede convencer ni desde el punto de vista del Derecho comparado continental ni tampoco por razones de fondo.

Porque no sólo es que existan tribunales constitucionales en países tan inequívocamente democráticos como Alemania, Austria o Italia, es que, también por lo que se refiere al Derecho europeo, contamos con dos Tribunales bien diferenciados: el Tribunal de Luxemburgo, que interpreta y aplica el Derecho de la Unión Europea, y el Tribunal de Estrasburgo -una especie de TC supranacional- que, dentro de ese Derecho europeo, se encarga, específica y excluyentemente, de controlar si los Poderes del Estado Miembro han vulnerado o no el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Los tribunales constitucionales tienen su origen en la teoría del Derecho del austriaco Hans Kelsen («el jurista del siglo XX»), según el cual el Derecho se asemeja a una pirámide normativa, que forma un sistema cerrado, en cuanto que la legitimidad de cada norma depende de su conformidad con la norma del escalón superior, en cuya cúspide está la Norma Fundamental, esto es: la Constitución, que, para garantizar la coherencia del sistema debe ser interpretada por un tribunal diferenciado; este Tribunal es el Constitucional, cuyas características y competencias, tal como las conocemos hoy en día, aparece en el mundo jurídico, por primera vez, y por impulso precisamente de Kelsen, como el Verfassungsgerichtshof de Austria en 1919.

Desde el punto de vista competencial, el Tribunal Supremo conoce de las materias del Derecho privado (Sala 1ª), del penal (Sala 2ª), del público (Sala 3ª), del laboral (Sala 4ª) y del militar (Sala 5ª); pero, funcionalmente, carecería de sentido que en ese tribunal se residenciara también lo que afecta a las garantías y a los derechos constitucionales, porque el Derecho constitucional es uno transversal y está por encima del privado, del penal, del público, del laboral y del militar, en cuanto que la interpretación que las diferentes salas hagan de cada una de esas distintas ramas del Derecho sólo será legítima, de acuerdo con la pirámide normativa, si es conforme con el escalón superior y último, esto es: con la Constitución. Todo esto por lo que se refiere a la justificación del TC desde el punto de vista del Derecho comparado y de la teoría del Derecho.

Pero es que existen también razones de fondo que se oponen a la desaparición del TC. Sí, ya sé que está politizado y que, en muchas ocasiones, sus resoluciones han dejado mucho que desear. Pero, sin el TC, España sería jurídicamente, y si todo hubiera dependido de los tribunales ordinarios, un Estado mucho menos democrático. Las decisiones del TC, anulando sentencias del TS y de tribunales inferiores, sobre presunción de inocencia, prueba ilícitamente obtenida, libertad de información y de expresión, garantías procesales, tutela judicial efectiva, derecho de defensa, principio de legalidad, por sólo mencionar algunas materias sobre las que se ha pronunciado, han dado la vuelta como a un calcetín, y generalmente para bien, al Derecho que aplicaban -y a veces siguen aplicando- los tribunales ordinarios, y en este sentido, como ciudadano y como jurista, no puedo por menos de sentirme orgulloso de la jurisprudencia del TC.

Ciudadanos menciona también, como argumento para la supresión del TC, los conflictos que han surgido a menudo entre éste y el Supremo. No tengo espacio para argumentar cuál es mi opinión: en esos conflictos siempre ha llevado la razón el TC frente a la frecuente arrogante actitud del Supremo.

Con pocas palabras y resumiendo: la propuesta de Ciudadanos de que debe suprimirse el TC es sólo una ocurrencia más a las que nos tienen acostumbrados los partidos políticos.

Enrique Gimbernat es catedrático emérito de Derecho Penal en la Universidad Complutense y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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