- Granaforma y Sicma, investigadas en la 'operación Edu', se embolsaron ayudas de la Junta.
- La central se valió de la Faffe en las acciones formativas
La presunta malversación se extiende a todos los eslabones de la cadena de la formación, subvencionada por la Junta de Andalucía con 2.456 millones de euros sólo entre los años 2007 y 2013.
Sorprendentemente, UGT también recurrió a la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía para que impartiera sus cursos, según detalla la memoria de evaluación del Plan Intersectorial del año 2008 a la que tuvo acceso este diario.
La Faffe se extinguió en el año 2011, dejando un agujero de 48,8 millones de euros en subvenciones de la Junta sin justificar que estaba investigando la juez Mercedes Alaya, un sumario que ahora debe retomar su sustituta, la magistrada María Ángeles Núñez Bolaños, por el ascenso de Alaya a la Audiencia de Sevilla.
Esta fundación de la Junta también se ha caracterizado por actuar casi como una agencia de colocación para ex dirigentes del PSOE, sus allegados y familiares.
LAS CIFRAS
- 2.456.000.000 € Ésta es la suma que la Junta de Andalucía repartió en subvenciones para los cursos de formación entre los años 2007 y 2013.
- 48.800.000 € . Es el agujero que dejó la Faffe, que también dio cursos de UGT, en ayudas sin justificar.
- 7.900.000 €. Importe facturado por la empresa pantalla de Juan Lanzas PCD a UGT por los cursos.
¿Y El Régimen continua?
SINDICATOS
UGT-A usó
'cazasubvenciones' para que impartieran sus cursos
- Granaforma y Sicma, investigadas en la 'operación Edu', se embolsaron ayudas de la Junta
- La central se valió de la Faffe en las acciones formativas
La federación
andaluza de UGT se valió de media docena de empresas y fundaciones públicas,
que están siendo investigadas en varios juzgados de Andalucía por el presunto
fraude de la formación, para que impartieran los cursos subvencionados por la
Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo adjudicados al sindicato.
En vez de organizar
los cursos, UGT los encargaba a estas empresas, que a su vez solían
subcontratar las aulas y los profesores e inflaban su coste hasta cuatro veces.
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EL MUNDO pudo
constatar que entre esta media docena de empresas bajo sospecha hay dos cazasubvenciones
-Granaforma y Sicma-, investigadas por la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la operación
Edu. Ambas cayeron el pasado mes de febrero en las redadas desarolladas en las
provincias de Granada y Almería.
La Fiscalía de
Málaga se ha referido a las sociedades implicadas en la operación Edu como
cazasubvenciones, especializadas en solicitar ayudas a la Junta y en
desaparecer al poco tiempo. De hecho, Granaforma está ahora en liquidación,
tras ser declarada en concurso de acreedores.
Además de impartir
los cursos, Sicma se prestó, presuntamente, a falsear facturas al dictado del
sindicato, como informó este diario.
UGT-A pidió a Sicma
que modificara la factura del «diseño y rotulación del autobús de la huelga»
general de 2010 para poder cargarla a un curso de monitores ambientales. La
empresa, sin embargo, se equivocó y, al cambiar el concepto del servicio
prestado, dejó la referencia al «bus de la huelga», evidenciando así que UGT pedía
a sus proveedores que manipularan las facturas.
El presunto fraude
de la formación no sólo se centra en UGT y su ente instrumental encargado de
los cursos, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes), cuya sede en
Madrid y la regional de Sevilla fueron registradas el pasado jueves por orden
del titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez,
que instruye el caso de las facturas falsas.
La presunta
malversación se extiende a todos los eslabones de la cadena de la formación,
subvencionada por la Junta de Andalucía con 2.456 millones de euros sólo entre
los años 2007 y 2013.
Sorprendentemente,
UGT también recurrió a la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y
Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía para que impartiera sus cursos, según
detalla la memoria de evaluación del Plan Intersectorial del año 2008 a la que
tuvo acceso este diario.
La Faffe se
extinguió en el año 2011, dejando un agujero de 48,8 millones de euros en
subvenciones de la Junta sin justificar que estaba investigando la juez
Mercedes Alaya, un sumario que ahora debe retomar su sustituta, la magistrada
María Ángeles Núñez Bolaños, por el ascenso de Alaya a la Audiencia de Sevilla.
Esta fundación de
la Junta también se ha caracterizado por actuar casi como una agencia de
colocación para ex dirigentes del PSOE, sus allegados y familiares.
El listado de
empresas bajo sospecha que se repartieron el botín millonario de la formación
que la Junta le adjudicó a UGT se completa con dos fundadas por ex dirigentes
del sindicato: Karonte Nuevos Desarrollos (KND) de Jaén y Planificación,
Cooperación y Desarrollo (PCD) de Sevilla.
Miguel Ángel
González Guzmán, administrador y socio de la KND, formó parte de la comisión
ejecutiva de UGT Jaén surgida del congreso celebrado en 1990, cuando fue
nombrado secretario de Acción Institucional.
Además, fue miembro
del patronato fundacional durante 23 años de la Fundación Esculapio, creada por
UGT-A en 1987, en la etapa de Cándido Méndez como líder en Andalucía.
Este socio de KND
está imputado en la trama de las facturas falsas, tras ser detenido en junio de
2014, junto a otras 15 personas, entre las que estaba el ex tesorero de UGT-A
Federico Fresneda y varios empresarios que se prestaron, supuestamente, a
falsear facturas por encargo del sindicato.
PCD fue fundada,
entre otros, por José Lorenzo Morilla, dirigente de la federación andaluza de
autónomos de UGT. Esta empresa está considerada por la Guardia Civil como
tapadera del conseguidor de los ERE Juan Lanzas y aparece en los sumarios del
caso ERE y del fraude de la formación que se tramita en el Juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla, antes bajo la dirección de Alaya y ahora con Núñez
Bolaños.
PCD se embolsaba
comisiones de hasta el 300%. Cuando la empresa facturaba sus servicios a UGT,
el coste de las actividades docentes se inflaba entre un 200 y un 300% sobre el
importe original, según la documentación reunida por este diario sobre cuatro
cursos celebrados en el municipio cordobés de Lucena.
Esta sociedad
recibió de la Junta más de 1,5 millones de euros en subvenciones y facturó al
sindicato UGT-A 7,9 millones de euros por cursos de formación.
A pesar de las
sospechas de fraude, cuando UGT valoró los cursos impartidos por esta media
docena de empresas los puntuó con una nota excelente cercana al sobresaliente.
«En definitiva, los
cursos de la presente programación se han desarrollado con éxito. Los
trabajadores y trabajadoras han aprovechado los cursos y éstos han transcurrido
si problemas, por lo que se deben seguir manteniendo todos los criterios, todo
ello para alcanzar un nivel óptimo de calidad en la formación», recoge como
conclusión la memoria de evaluación sobre el Plan Intersectorial de UGT del año
2008.
LAS CIFRAS
- 2.456.000.000 € Ésta es la suma que la Junta de Andalucía repartió en subvenciones para los cursos de formación entre los años 2007 y 2013.
- 48.800.000 € . Es el agujero que dejó la Faffe, que también dio cursos de UGT, en ayudas sin justificar.
- 7.900.000 €. Importe facturado por la empresa pantalla de Juan Lanzas PCD a UGT por los cursos.
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