- Archivada la querella del sindicato contra un trabajador al que acusaba de borrar archivos
El caso UGT: sigue recibiendo dinero de la Junta mientras la UCO encuentra más indicios de delito.
17 pagos ha hecho la Junta a UGT entre los meses de diciembre de 2012 y abril de 2014, ya con Susana Díaz de presidenta, por un importe de 14 millones de euros en concepto de subvenciones de formación profesional para el empleo a pesar de que la Ley de Subvenciones establece que deben dejar de darse a las entidades que no hayan justificado las anteriores. UGT tampoco ha justificado éstas. Mientras tanto, la UCO encuentra más indicios de delito porque se autoarrendó sedes donde impartía los cursos para poder justificar así ante la Junta de Andalucía parte de las subvenciones que recibía en materia de formación. Sólo entre 2009 y 2013, los gastos de alquiler superan los 4,11 millones de euros.
http://porandalucialibre.es/informativa/noticias-propias/informacion/item/6382-ugt
Revés judicial a la 'caza de brujas' en UGT
por las facturas falsas
- Archivada la querella del sindicato contra un trabajador al que acusaba de borrar archivos
En este sentido, las mismas fuentes indicaron que el Juzgado
de Instrucción 11 de Sevilla, tras un año y medio de pesquisas, ha dictado un
auto en el que archiva la causa contra el que fuera secretario general de la
sección sindical de UGT-Sevilla Laureano Conde García.
Las fuentes dijeron que el juzgado ha incoado auto de
procedimiento abreviado contra una segunda persona denunciada por el sindicato,
pero no contra Laureano Conde, tras lo que las actuaciones han sido remitidas a
la Fiscalía de Sevilla a fin de que califique los hechos.
De manera paralela, cabe recordar que el Juzgado de lo
Social 10 de Sevilla ha fijado el juicio por el despido de Laureano Conde
García para el día 26 de enero de 2016.
Fue en enero de 2014 cuando el trabajador despedido presentó
una demanda por la vía de lo Social donde pedía la nulidad de dicho despido,
todo ello después de que, en el acto de conciliación en el Centro de Mediación,
Arbitraje y Conciliación (Cmac) previo a la presentación de la demanda, no
hubiera acuerdo entre las partes y «se reafirmaran las desavenencias entre
ambas».
Así, Laureano Conde pide la
nulidad del despido y subsidiariamente la improcedencia, lo que significaría,
en el caso de que se declarase la nulidad del despido, la «reincorporación
inmediata en las mismas condiciones de trabajo». Asimismo, Conde demanda una
indemnización complementaria «por daños y perjuicios», cuya cuantía deberá
evaluarse cuando llegue la sentencia.
Las fuentes indicaron que piden la nulidad del despido porque
consideran que «hay una vulneración de derechos fundamentales» y porque, a su
juicio, el despido «responde a una actitud represora por parte de la empresa
ante las reclamaciones que Conde, en su condición de delegado sindical, había
formulado».
Recordaron que Conde era
secretario de la sección sindical del sindicato en Sevilla, donde «había sido
una voz crítica dentro de la organización tras el ERE y el ERTE en UGT y tras
los despidos».
«El despido no tiene causa porque los argumentos que alude
en la carta de despido son inexistentes; por lo que creemos que el despido responde a una represalia empresarial
derivado del hecho de que Laureano Conde ha impugnado el ERTE como trabajador y
como representante sindical de los trabajadores ha formulado reclamaciones ante
la empresa», han agregado las fuentes.
A Conde, ex secretario general de la sección sindical de
UGT-Sevilla, el sindicato le imputó el borrado de 1.756 ficheros con el
programa C-Cleaner, un argumento que Conde calificó en su momento de
«imposible» porque «los ficheros supuestamente eliminados no pueden ser
borrados».
El caso UGT: sigue
recibiendo dinero de la Junta mientras la UCO encuentra más indicios de delito
17 pagos ha hecho la
Junta a UGT entre los meses de diciembre
de 2012 y abril de 2014, ya con Susana Díaz de presidenta, por un importe de 14
millones de euros en concepto de subvenciones de formación profesional para el
empleo a pesar de que la
Ley de Subvenciones establece que deben dejar de darse a las entidades que no
hayan justificado las anteriores. UGT tampoco ha justificado éstas. Mientras tanto, la UCO encuentra más indicios de delito
porque se autoarrendó
sedes donde impartía los cursos para poder justificar así ante la Junta de
Andalucía parte de las subvenciones que recibía en materia de formación.
Sólo entre 2009 y 2013, los gastos de alquiler
superan los 4,11 millones de euros.
Hace dos años, fue denunciada la
misma situación por el protavoz parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas, que dijo que había "hay una connivencia clarísima de la
Junta de Andalucía con el sindicato UGT" para "darle ayudas sin
control" y ampliarle los plazos para presentar las preceptivas facturas
justificativas de los gastos. Tal
aseveración se basaba en el muestreo de expedientes relativos a ayudas que
había consultado el Grupo Popular. "En todos los casos la Junta dice que
no importa que no haya justificado una subvención para darle otra de carácter
excepcional y para ello se salta a la torera la Ley de Hacienda Pública"
alegando el interés social del proyecto.
Ahora la UCO se refiere
a nuevas subvenciones a UGT pero, en un reciente informe con fecha 6 de julio
remitido al juzgado que investiga sus cuentas sobre subvenciones dadas por el gobierno
de Susana Díaz vía Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se centra, y así lo cuentan ABC y El Mundo, en el alquiler de aulas para la impartir
cursos por el sindicato, una pieza fundamental de la investigación de un
presunto delito contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.
La conclusión de la Guardia Civil es que UGT Andalucía
«en connivencia» con la mercantil Soralpe y la Fundación Instituto de Formación
y Estudios Sociales (IFES) del propio sindicato «crearon un artificio que les
ha permitido justificar gastos, realmente inexistentes, en concepto de
alquiler, de manera que dichos gastos
fueron subvencionables con cargo a las ayudas públicas otorgadas por la Junta
de Andalucía a favor de la entidad sindical».
La cifra que se aporta del
importe de facturas falsificadas para justificar los gastos de alquiler supera
los cuatro millones de euros. En concreto, entre 2009 y 2013, las facturas emitidas en
concepto de gastos de alquiler y utilizadas para acreditar el gasto ante la
Administración autonómica suponen un montante de 4.117.759,45 euros. De esa
cantidad, 1,71 millones están vinculados a la realización de acciones
formativas en inmuebles cedidos temporalmente en usufructo por UGT a Soralpe.
El procedimiento no
sólo afectó a las subvenciones de la
Junta sino también a las subvenciones de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo o el Instituto Nacional de la Administración Pública. Entre las anécdotas se encuentra una factura para justificar
un curso que habría durado más de 21 horas al día con un descanso de sólo 3
horas para los docentes. Otra anécdota picaresca es que algunas veces la propia
Soralpe facturaba a Ifes por el alquiler de un local que era a su vez sede de
Ifes y, en consecuencia, de UGT.
Según la UCO, los responsables de estos presuntos fraudes y
falsificación de documentos son Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla,
ex secretarios generales de UGT-A ya imputados en el caso;
Federico Fresneda, ex secretario de Administración
de UGT y ex presidente de Soralpe; Enrique Goicoechea, consejero delegado de
Soralpe; Teresa Muñoz y Antonio Retaminos, presidenta y secretario del
patronato de Ifes, así como a la patrona de esta fundación, Josefa Castillejo.
Fue para comprobar
mejor los datos por lo que la UCO solicitó autorización al juzgado sevillano
que investiga el caso a fin de registrar las dependencias de Ifes en Madrid y
Sevilla, registros que tuvieron lugar hace una semana..
Manuel Pastrana, que aún no ha acudido a declarar en calidad
de imputado porque alegó que la enfermedad que padece se lo impedía, será
examinado por un forense en su domicilio
el 22 de julio a fin de determinar si puede acudir al juzgado.
Los despedidos en la caza de brujas de UGT
no se resignan
El ex secretario sindical de UGT en Sevilla, Laureano Conde,
que fue despedido por el sindicato en diciembre de 2013 sin derecho a
indemnización acusado de borrar desde su ordenador ficheros referidos a la
investigación sobre desvío de subvenciones del sindicato, convoca para mañana
una rueda de prensa para informar del auto con el que finaliza la causa
judicial que le abrió UGT así como de las medidas que tomará para exigir
responsabilidades a los representantes anteriores y actuales del sindicato tras
un año y medio de procedimiento de lo que denominó una «caza de brujas».
Conde acusa a la comisión
ejecutiva del sindicato de haberle hecho una acusación falsa con la que UGT
quiso eludir sus responsabilidades en la investigación del fraude. Recuérdese que Conde fue acusado de borrar
desde su ordenador 1.756 ficheros, entre el 24 de abril y el 27 de junio,
utilizando un programa denominado CCleaner que impide seguir el rastro de la
documentación. Con ello, el sindicato alegó que el supuesto sabotaje
informático dificultaba aclarar los gastos.
La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, pidió ayer
que se aclare «cuanto antes» la causa judicial abierta hace «cerca de dos años»
por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla por supuestas irregularidades
en los cursos de formación, pues supone «un desgaste a las siglas» y también
para los afiliados de base, «que están soportando día sí y día no agravios por
este tipo de cosas» pero no quiso
valorar el reciente registro de las sedes del IFES.
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