El mayor peligro para
la democracia es la conducta de los políticos electos convencidos de que las
urnas legitiman sus actos, sean estos los que sean. Es lo que trasciende de actitudes como la de la activista y
hoy alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando asevera que aplicará solo las
leyes que ella considere justas. Es lo que está viviendo el pueblo griego con unos
gobernantes que se resisten a cumplir las normas del club al que pertenecen
pero al que presionan para una ayuda económica que deben soportar, según ellos,
los demás socios del club. Y es lo vivido en esta autonomía
andaluza, donde sus gobernantes se han conducido de forma ilícita y arbitraria
para montar una red clientelar que le asegure la permanencia en el poder.
Cuando en el año 2007 asistimos al
enjuiciamiento del director de El Mundo de Andalucía, Paco Rosell, y del
redactor jefe Javier Caraballo, por una querella interpuesta contra ellos por
el entonces presidente andaluz Manuel Chaves, un
puñado de demócratas defendimos públicamente a quienes, desde la mejor ética
periodística, alzaban la voz contra los desafueros de los que, sin pudor,
gobernaban esta tierra como su propio cortijo. La querella pretendía dar un escarmiento al periódico
tesonero en la defensa de las libertades democráticas, para imponerle el
silencio del que tan plácida, y espléndidamente compensado, disfrutaban la
mayor parte de sus colegas. El ataque que con la querella se producía a principios
básicos de la democracia era tan patente que el
Comité Mundial de Libertad de Prensa recriminó su presentación, advirtiendo su
presidente Markham Bench que Manuel Chaves "debía cuidarse del uso del poder para silenciar las
críticas" a él dirigidas. Conviene
recordar, para entender la arrogancia conque se conducían nuestros gobernantes,
que las
fianzas impuestas por ofensas al honor
de Chaves se cifraron en un total de 840.000 euros, lo que constrastaba
con los 3.000 euros que por aquellos días se impusieron al periódico El Jueves
por una ofensa al honor de la Casa Real. Para satisfacción de todos los
demócratas, Paco Rosell, Caraballo y el
diario El Mundo quedaron limpios y absueltos del delito que se les imputaba.
En contra de quienes se escandalizan con el goteo continuo
de políticos imputados, soy de los que piensan que, por fin, se están
limpiando las cloacas de la actividad política. Porque lo
importante no es que se sepa o se sospeche de
conductas inmorales; lo importante es que se persigan, como ahora está ocurriendo, cualquiera que sea el afectado. Por ello, para cualquier sensibilidad democrática,
resulta alentador un
auto tan demoledor como el dictado por el juez del Tribunal Supremo, Alberto
Jorge Barreiro, que atribuye a los
encausados Chaves, Griñán, Zarrias y Viera, una
"actuación arbitraria con objetivos que tenían un fin claramente
ilícito". Ello nos reconcilia con
quienes pensamos que debe sancionarse la falta de respeto a la legalidad, más
aún cuando ha sido orquestada por los máximos dirigentes de la autonomía
andaluza, que además han presidido a nivel estatal, durante catorce años, al
partido socialista. Se dibuja así un
escenario de inmoralidad difícilmente aceptable, máxime cuando, sin pudor ni decoro, los dos principales encartados
emiten un comunicado expresando "su profundo sentimiento de orgullo"
porque, gracias al sistema irregular que pusieron en marcha, "más de seis
mil trabajadores y sus familias hayan podido sobrevivir". ¿Y quiénes fueron y por qué los seis mil afortunados?¿Qué
criterios objetivos se siguieron para su selección?¿Y cuantos más se hubieran
beneficiado con las comisiones repartidas?¿Y con los fondos de la cocaína o los
destinados a asar una vaca? Solo desde el sentimiento de impunidad conque se han
conducido puede tenerse la desvergüenza de sacar pecho en esta tesitura.
Ni quienes ganan unas
elecciones están legitimados para actuar ilimitadamente sin respetar el principio de
legalidad, ni la sociedad debe
permanecer inerte ante los desafueros de quienes no respetan las reglas del
juego, que
son la base de la democracia. Y tomen nota los viejos y los nuevos adanes de la política,
los que piensan que todo el respeto a la democracia empezó con ellos, y son
ellos los auténticos intérpretes del sistema, olvidando que nadie tiene
absolutamente razón y que las urnas no
son ningún medicamento que, por sí mismo, borre la trayectoria de cada cual y
le catapulte al uso arbitrario del Derecho. Cuando se actúa sin
respeto a la legalidad vigente es bueno recordar lo que el citado Markham Bench dijo a Chaves respecto
a la denuncia contra Rosell: "desista de la
querella y de así una lección de sensatez y espíritu democrático, no solo en Andalucía, sino
en toda España".
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