.....las
ayudas se concedieron sin someterse a concurrencia pública, es decir, que se
otorgaron “a dedo”, prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido
...todas las ayudas
sociolaborales concedidas a las empresas por la Junta de Andalucía con una
regulación autonómica son ilegales. Esto no significa que los trabajadores que se
acogieron a una “prejubilación” de la empresa y que cumplieran los requisitos
legales aplicables en la normativa estatal no tengan derecho a recibir los
importes acordados, sino que la mayor parte de su coste debe ser abonado por la
empresa, no por la Junta de Andalucía. Es obvio
que de la ilegalidad cometida se deriva el menoscabo de fondos públicos.
........... la regulación de esas ayudas es
una competencia exclusiva del Estado, y la Junta de Andalucía debía, en todo
caso, aplicar la normativa estatal, estándole prohibido por la Constitución española el
poder regular los requisitos de las ayudas sociolaborales. Es decir, las empresas
beneficiarias debían cumplir los requisitos establecidos en la normativa del
Estado, y los trabajadores que se iban acoger a la “prejubilación” también, así
como seguir el procedimiento establecido en dichas normas. Lejos de eso, la Junta de Andalucía
hizo lo que caprichosa y arbitrariamente decidió sin cumplir la normativa del
Estado.
Por ello, la Administración
estatal debió de recurrir la concesión por la Junta de dichas ayudas en cuanto
tuvo conocimiento de ellas, mediante el control de legalidad de los
actos de otras Administraciones que afectan a normas estatales. Pero no lo hizo nunca.....
Lo silenciado en
el caso ERE
- ¿Posible responsabilidad de Susana Díaz en el caso ERE durante su etapa como Consejera de Presidencia?
- A pesar de la gravedad de lo revelado en dos artículos anteriores de Luis Escribano sobre el caso ERE en El Demócrata Liberal nadie ha presentado una denuncia por su posible falsedad.
Silencio sepulcral…. Ni una sola declaración en contra, ni
una sola actuación, a pesar de todo lo denunciado y demostrado en mis dos
artículos sobre el caso ERE publicados en este diario (La Tuerca 1; La Tuerca
2). Sólo se ha obtenido la callada por respuesta, un silencio cómplice.
Quizá hayan seguido el irónico y sabio consejo de
Abraham Lincoln: “más
vale permanecer callado y que sospechen tu necedad, que hablar y quitarles toda
duda de ello”.
¿Demasiadas
instituciones públicas involucradas, muchos cargos públicos responsables,
criterios partidistas ajenos al interés general aconsejan silencio y no actuar
como se debiera?
A pesar de haber demostrado la
ilegalidad de las ayudas sociolaborales investigadas en el caso ERE, por prescindir
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, así como la
inconstitucionalidad de las mismas; a pesar de haber apuntado la posible
responsabilidad por omisión de Susana Díaz, la actual Presidenta de
la Junta de Andalucía; a pesar de dejar claro que se está ocultando a la Comisión
Europea las posibles “ayudas de Estado” a multitud de empresas; a pesar de denunciar la complicidad de las empresas
beneficiarias de las ayudas, y a pesar de
evidenciar la omisión del Gobierno de la nación, que ha estado en manos del PP y PSOE, en su función de control de legalidad
de los actos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de las ayudas
sociolaborales,
El Demócrata Liberal sólo ha obtenido el silencio sobrenatural
de las instituciones públicas y los políticos.
Como viene siendo habitual, en el Parlamento de Andalucía
ningún grupo parlamentario ha planteado iniciativa alguna relativa a los puntos
denunciados. Están mudos. Ni siquiera los medios de comunicación se han hecho
eco de este asunto, salvo alguna excepción.
¿No les extraña a ustedes que ante la posible falsedad de
los temas tan graves que he apuntado en mis anteriores artículos, incluida la
posible responsabilidad de la actual Presidenta de la Junta de Andalucía en su
etapa de Consejera de Presidencia, nadie me haya denunciado en los Tribunales?
Lo señalo porque es muy significativo. Seguramente la prudencia aconseja silencio y
quietud a los implicados, pero también conlleva el reconocimiento tácito de lo
publicado en este diario digital.
Tanto Manuel Chaves como Gaspar Zarrías, tras conocer la exposición del magistrado instructor del
Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, han reiterado la semana pasada su
inocencia, y han asegurado que están "profundamente orgullosos" porque sus
medidas socio-laborales "de apoyo a empresas y a trabajadores"
permitieron a más de 6.000 familias sobrevivir "en los tiempos más duros
de la crisis".
Con esta abominable declaración, es evidente que ambos
imputados pretenden manipular sentimentalmente a los ciudadanos para desenfocar
el caso en la ilegalidad del procedimiento. Hay que aclarar dos extremos:
uno, las ayudas
que se concedieron ilegalmente tenían como beneficiarias a las empresas,
no a los trabajadores ni sus familias; y dos, ¿por qué había
que ayudar concretamente a esas empresas y no a otras muchas que se encontraban
en las mismas circunstancias? Hubo muchas empresas que no tuvieron acceso a esas ayudas, dado que no
se convocaron públicamente.
De la investigación de los ERE se deduce como un hecho
incuestionable (corroborado por la Cámara de Cuentas, UCO de la Guardia Civil,
Intervención General de la Junta de Andalucía, Intervención General de la
Administración del Estado, Fiscalía, Juez Alaya, Juez Barreiro), que las ayudas se
concedieron sin someterse a concurrencia pública, es decir, que se otorgaron “a
dedo”, prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
Chaves, Griñán y el resto de imputados por el Supremo y
algunos por la Juez Alaya siguen poniendo el foco en que todo lo que hicieron
era para ayudar a esas “pobres familias”. ¿Y para eso hay que saltarse la LEY? Esto es lo que evidencian con sus declaraciones. El Estado de
Derecho, el imperio de la Ley, es despreciado por estos “políticos”. Si para conseguir lo que ellos llaman “paz social”
deben saltarse la Ley y la Constitución, hágase. Y cuando hablan de “paz social” debe traducirse al román paladino, es
decir, “hacer
negocios con el dinero público para beneficio de los de siempre, y evitar
manifestaciones de trabajadores que puedan poner en riesgo mantenerse en el
poder”. Y lo venden de esa forma tan miserable
que caracteriza al PSOE-A, tocando las fibras sensibles de los ciudadanos,
usando los dramas
sociales para provecho propio y particular del partido. Es execrable y depravado el uso torticero que hacen de los
efectos de la crisis económica, en parte engendrada por ellos mismos.
Como he reiterado y demostrado en mis dos artículos
referidos, eran ayudas directas a las empresas que pretendían pagar
“prejubilaciones” a sus trabajadores, aunque
beneficiaran indirectamente a estos. Debo
insistir en este tema porque es la clave para entender las actuaciones de los
políticos implicados.
Aunque soy consciente de que resulta muy incómodo y
políticamente incorrecto lo que voy a decir, por los efectos que conlleva, es
necesario repetirlo hasta la saciedad: todas las ayudas
sociolaborales concedidas a las empresas por la Junta de Andalucía con una
regulación autonómica son ilegales. Esto no significa que los trabajadores que se acogieron a
una “prejubilación” de la empresa y que cumplieran los requisitos legales
aplicables en la normativa estatal no tengan derecho a recibir los importes
acordados, sino que la mayor parte de su coste debe ser abonado por la empresa, no por la
Junta de Andalucía. Es obvio que de la
ilegalidad cometida se deriva el menoscabo de fondos públicos.
Como fundamenté
en mis citados artículos, la
regulación de esas ayudas es una competencia exclusiva del Estado, y la Junta
de Andalucía debía, en todo caso, aplicar la normativa estatal, estándole prohibido
por la Constitución española el poder regular los requisitos de las ayudas
sociolaborales. Es decir, las empresas beneficiarias debían cumplir los requisitos
establecidos en la normativa del Estado, y los trabajadores que se iban acoger
a la “prejubilación” también, así como seguir el procedimiento establecido en
dichas normas. Lejos
de eso, la Junta de Andalucía hizo lo que caprichosa y arbitrariamente decidió
sin cumplir la normativa del Estado.
Por ello, la Administración
estatal debió de recurrir la concesión por la Junta de dichas ayudas en cuanto
tuvo conocimiento de ellas, mediante el control de legalidad de los
actos de otras Administraciones que afectan a normas estatales. Pero no lo hizo nunca, ni con Gobiernos del PSOE (Zapatero)
ni del PP (Aznar y Rajoy).
Ahora nadie quiere ponerle el collar al perro: si las
ayudas son nulas de pleno derecho, y lo son –declarado
por la Juez Alaya-, corresponde a la Consejería que concedió las ayudas tramitar su
anulación y solicitar la devolución de las ayudas a las empresas beneficiadas
ilegalmente. Téngase
en cuenta que según la normativa del Estado, tal como demostré en mis artículos
anteriores, las
empresas debían aportar como mínimo en las llamadas “prejubilaciones” de sus
trabajadores un 55 o 60 % de las cuantías de los ERE. En Andalucía no
aportaban nada, al contrario que en el resto de España. Les recuerdo que la
“prejubilación” nada tiene que ver con la jubilación anticipada, dado que esta última tiene su regulación en la normativa del
Sistema de la Seguridad Social, y aquella es una
medida acordada de forma privada entre empresa y trabajadores, y no tiene
regulación expresa en la normativa laboral y de Seguridad Social.
Y llegados a este punto, no queda más que plantear las
siguientes cuestiones:
1) Si estas ayudas eran “ayudas de Estado” en muchos casos,
y necesitaban la autorización de la Comisión Europea, como demostré en mis artículos anteriores, ¿alguna institución pública lo
ha puesto en conocimiento de la UE? Esta
competencia de comunicación a la UE la tenía la Consejería de Presidencia, de la que
Susana Díaz fue titular con Griñán de Presidente. Quizá por este motivo ha defendido siempre la "honestidad
e integridad" de Chaves y Griñán en este caso. ¿Se ha investigado si hubo o no omisión en sus funciones de
control como Consejera de Presidencia? En los Consejos de Gobierno en los que participó como
Consejera se debatieron estas ayudas a empresas, y ella debía de haber
intervenido para aclarar la competencia de su Consejería… ¿o no lo hizo y miró para otro lado? ¿Qué piensan la
Fiscalía, las acusaciones particulares y los instructores de los Tribunales al
respecto?
2) Si hubo empresas que obtuvieron ayudas por importes que
sufragaban el 100% del coste de las “prejubilaciones”, sabiendo que en el resto
del Estado no era así (las empresas debían
poner el 55 o 60% como mínimo), ¿por qué no
están imputados también todos los empresarios que, sabiendo que lo que hacía
Andalucía era ilegal, se acogieron a las ayudas? ¿Sus asesores jurídicos lo desconocían? Muchas empresas han
sido condenadas penalmente en casos de contrataciones administrativas por el
hecho de haber
entrado en el juego ilegal de las Administraciones, y de nada les sirvió alegar que desconocían la legislación
de contratos. Habría que investigar si algunas empresas, a sabiendas, pudieron
aprovecharse de las actuaciones ilegales de la Junta de Andalucía para su
beneficio particular, mientras que a los ciudadanos andaluces nos recortaban
servicios públicos y sueldos. Como ven ustedes, la corrupción no es sólo privativo de la
Administración, sino también de las empresas que se presten al indecente juego.
3) ¿Alguien ha investigado si las empresas beneficiarias,
aprovechándose de que en Andalucía no aportaban nada de lo que exigía la
normativa estatal, destinaron trabajadores de posibles sedes ubicadas fuera de
Andalucía para “prejubilarlos” en esta Comunidad sin coste para la empresa?
La Justicia y la UCO deberían investigarlo, por si
acaso. La desconfianza debe ser la máxima en el caso de los ERE y en cualquier
otro donde participe el PSOE-A. No debería descartarse, en ningún caso.
4) ¿Por qué la Junta de Andalucía subvencionó a
empresas que no necesitaban las ayudas, dado que obtenían beneficios
económicos, pagando la totalidad de las “prejubilaciones” en sus ERE,
incumpliendo la normativa estatal y en detrimento de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma? Yo expuse un claro ejemplo
en uno de mis artículos citados, pero hay muchos más.
5) ¿Por qué nadie explica públicamente que esas ayudas
otorgadas ilegalmente tienen que devolverse por las empresas que han sido
beneficiarias? ¿Por qué la Junta de Andalucía ha
tenido que subirnos el IRPF a los andaluces muy por encima de lo previsto en
otras Comunidades y no le pide a las empresas que devuelvan lo que no les
corresponde?
6) Hasta ahora, sólo la Juez Alaya ha manifestado que
las ayudas eran ilegales, y así lo ha expresado varias veces en sus resoluciones.
Por ello les “imputó” el delito de malversación, delito que el Supremo ahora
dice que no reconoce a tres de sus cuatro imputados porque estima que las
ayudas igualmente les hubiera correspondido a los trabajadores (¿??), lo cual no es del todo cierto,
porque muchos de esos trabajadores no cumplían los requisitos que la norma
estatal establecía. A mi juicio, tengo la sensación que el
Instructor del Tribunal Supremo no ha querido enfrentarse con el marrón de
reconocer la ilegalidad de las ayudas otorgadas a las empresas, porque obligaría a la Junta de Andalucía a solicitar la
devolución de las mismas, no sólo la de los ERE con intrusos, sino todas.
Por tanto, disiento de la resolución del Magistrado Barreiro, que debía haber llegado mucho más lejos,
tal como tiene planteado la Juez Alaya. Claro, que eso hubiera significado penas de cárcel para dos
expresidentes de la Junta de Andalucía, además de tener que investigar a la
actual Presidenta de la Junta de Andalucía por el tema de las “ayudas de Estado”
y el incumplimiento de su Consejería cuando ella fue su titular con Griñán de
Presidente.
A la vista de lo que está pasando con este caso de
corrupción que afecta de lleno de lleno a varios gobiernos socialistas en
Andalucía, o con los demás que están siendo investigados (Formación, Astapa,
Marismas, Invercaria, Agencias y transferencias de financiación, Consorcios
escuelas, etc.), no espero grandes cambios en la sociedad andaluza a corto plazo, pero menos aún de las instituciones públicas y de
quienes las ocupan.
Para terminar, y a modo de reflexión sobre todo lo dicho, les dejo con esta
frase de Martín Luther King, que comparto plenamente: “no me preocupa el grito de los violentos, de los
corruptos, de los deshonestos, de los sin ética; lo que más me preocupa es el
silencio de los buenos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...