CASO ERE. Indaga en el expediente de la minería de Huelva
- Pide los expedientes de la minería de Huelva, en los que se hallaron 334 intrusos
- Las irregularidades se detectaron en la posterior gestión de la Junta
¿ Alguien entiende “el
sin sentido” de esta Sra. Jueza y sus cosas...?
'No cabe reproche alguno'
En un atestado elaborado por el equipo
de Delitos Económicos y Tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial
de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y entregado al juzgado del caso
ERE el pasado 19 de marzo, los
investigadores policiales concluyen que contra dicho acuerdo marco «no cabe
reproche alguno desde un punto de vista legal y penal» y que las
irregularidades detectadas vienen motivadas por «el posterior desarrollo que
realiza la Administración autonómica».
Mientras que la Guardia Civil
considera que el Gobierno central cumplió «escrupulosamente» los acuerdos
firmados, la Junta creó «un atajo» que le permitió conceder ayudas a colectivos
«sin que todos sus integrantes cumplieran las condiciones para recibir las
mismas». Ello les permitió comprar el «favor popular» para asegurarse
la «paz social», destacan los investigadores.
En el informe, los agentes constatan la existencia de
«innumerables irregularidades» y llegan a la conclusión de que casi un tercio
de los prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva -334 concretamente, como
informó EL MUNDO de Andalucía el pasado 19 de abril- no debió beneficiarse de
esas ayudas. La Guardia Civil utiliza el término intruso para referirse a todos
esos beneficiarios en situación irregular, a los que ha citado én las últimas
semanas a declarar como imputados.
Más de un centenar
serían intrusos -según la Guardia Civil- por tener menos de 55 años bonificada
a 31 de diciembre de 2003. Ése era el umbral que fijó el Ministerio de Trabajo,
pero la Junta estableció su propio criterio y rebajó a 50 años la edad para
acogerse a las medidas sociales.
¿La Policia Judicial por un lado y la nueva jueza, sustituta de Alaya, por otro...?
La sustituta de Alaya se estrena imputando con faltas de ortografía.
.....tres primeras imputaciónes....ha llamado la atención una clamorosa abundancia de faltas de ortografía......Lo haya redactado personalmente o no, lleva su firma. En circunstancias normales tal cúmulo de faltas de ortografía implicarían el suspenso automático en cualquier examen, incluso en Derecho.
CASO ERE. Indaga en el expediente de la minería de
Huelva
La sustituta de Alaya
investiga la actuación del Gobierno en un ERE
- Pide los expedientes de la minería de Huelva, en los que se hallaron 334 intrusos
- La investigación policial dictaminó que la actuación del Gobierno había sido correcta
- Las irregularidades se detectaron en la posterior gestión de la Junta
La sucesora de Alaya al frente del Juzgado de Instrucción 6
de Sevilla ha abierto un frente en la investigación del caso ERE para
analizar el papel del Gobierno central en la crisis de la minería metálica de
Huelva, resuelta con la formalización de
pólizas de las que se beneficiaron 1.169 trabajadores y para las que la Junta
se comprometió a pagar más de 138,23 millones de euros.
A la espera de que se determine
quién asume finalmente la instrucción de la causa de los ERE fraudulentos, la
juez María Ángeles Núñez Bolaños adopta una nueva decisión sobre el
procedimiento iniciado por Alaya en enero de 2011. En concreto, accede a la petición del
ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Roberto
Carmona, imputado en la causa.
En una providencia fechada el 30 de junio,
Núñez Bolaños reclama una copia completa de todos los expedientes que obren en
poder de la Delegación del Gobierno en Andalucía o en la Subdelegación del
Gobierno en Huelva en relación a la crisis de la Faja Pirítica de Huelva, uno
de los macroprocesos de prejubilaciones más costosos para la Junta.
La magistrada pide también la relación de afectados, las
modificaciones que se produjeron en los listados, las certificaciones para las
edades químicas de los trabajadores, así como las actas del Foro de la Minería
y de las comisiones de empleo y seguimiento.
El requerimiento se
extiende también a la Dirección de Régimen Jurídico del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, a la que pide copia completa de todos los expedientes
incoados a la totalidad de los trabajadores de la Faja Pirítica para la
determinación de los coeficientes reductores y un informe sobre los requisitos
que se exigieron para establecer dichos coeficientes.
El cese de explotaciones y la difícil situación que
atravesaba el sector de la minería metálica en la Faja Pirítica de Huelva llevó a
Gobierno y Junta a firmar un acuerdo marco en 2002 por el que ambas
administraciones se comprometían a apoyar a los afectados -básicamente mediante
el pago de prejubilaciones y con recolocaciones- para paliar esa situación. El documento fue firmado el 11 de
septiembre por el subdelegado del Gobierno en huelva, el delegado de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva y representantes de los
sindicatos.
'No cabe reproche alguno'
En un atestado elaborado por el
equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la unidad orgánica de Policía
Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y entregado al juzgado
del caso ERE el pasado 19 de marzo, los investigadores policiales concluyen que contra dicho
acuerdo marco «no cabe reproche alguno desde un punto de vista legal y penal» y
que las irregularidades detectadas vienen motivadas por «el posterior
desarrollo que realiza la Administración autonómica».
Mientras que la Guardia Civil
considera que el Gobierno central cumplió «escrupulosamente» los acuerdos
firmados, la Junta creó «un atajo» que le permitió conceder ayudas a colectivos
«sin que todos sus integrantes cumplieran las condiciones para recibir las
mismas». Ello les permitió comprar el «favor popular» para asegurarse
la «paz social», destacan los investigadores.
En el informe, los agentes constatan la existencia de
«innumerables irregularidades» y llegan a la conclusión de que casi un tercio
de los prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva -334 concretamente, como
informó EL MUNDO de Andalucía el pasado 19 de abril- no debió beneficiarse de
esas ayudas. La Guardia Civil utiliza el término intruso para referirse a todos
esos beneficiarios en situación irregular, a los que ha citado én las últimas
semanas a declarar como imputados.
Más de un centenar
serían intrusos -según la Guardia Civil- por tener menos de 55 años bonificada
a 31 de diciembre de 2003. Ése era el umbral que fijó el Ministerio de Trabajo,
pero la Junta estableció su propio criterio y rebajó a 50 años la edad para
acogerse a las medidas sociales.
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