- La directora de Minas dice que las detenciones de la UDEF son una 'perturbación grave'
- El secretario general de Industria, Vicente Fernández, y la directora general de Minas.
La investigación que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía
Nacional sobre el concurso de la mina
de Aznalcóllar y, muy especialmente, la detención de trece
funcionarios y cargos públicos en el último mes ha colmado el vaso de la paciencia de la
Junta de Andalucía, que ha pasado de la
defensa al ataque, cuestionando incluso la legalidad de la actuación
policial.
CASO AZNALCÓLLAR. La Junta acusa a la
Policía de 'coaccionar' a sus funcionarios
La directora de Minas dice que las detenciones
de la UDEF son una 'perturbación grave'
- El secretario general de Industria, Vicente Fernández, y la directora general de Minas,
La investigación que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía
Nacional sobre el concurso de la mina
de Aznalcóllar y, muy especialmente, la detención de trece
funcionarios y cargos públicos en el último mes ha colmado el vaso de la paciencia de la
Junta de Andalucía, que ha pasado de la
defensa al ataque, cuestionando incluso la legalidad de la actuación
policial.
La directora general de
Industria, Energía y Minas, María José Asensio, acusa -sin paños calientes- a la Policía Nacional de «coaccionar» a los funcionarios que
formaron parte de la comisión técnica y la mesa del concurso, el 'jurado' que decidió que la
mejor oferta era la de Minorbis, la filial del grupo Magtel, en un
procedimiento que, según la UDEF y la juez del caso, careció «del más absoluto
rigor».
En un informe remitido este martes al Juzgado de Instrucción
3 de Sevilla, la máxima responsable del concurso minero
-también ella detenida y acusada por la Policía de
prevaricación y fraude- carga con extrema dureza contra los investigadores
precisamente por los arrestos efectuados entre los meses de mayo y junio.
En el documento, al
que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, Asensio sostiene que las
detenciones son, en realidad, una «coacción objetiva» a
los funcionarios por parte de la
Policía. Que, añade la directora general de Minas, aún así están declarando «voluntariamente».
Recuerda asimismo a la juez Patricia Fernández que los
funcionarios públicos, por el hecho de serlo, «tienen el deber» de pronunciarse ante los requerimientos y
solicitudes de colaboración de la autoridad judicial. Es
decir, que no es necesario que se les detenga.
Una «perturbación»
La detención de los miembros del 'jurado' del concurso de
Aznalcóllar -entre los que hay varios jefes de servicio, jefes de
departamento, un interventor y una letrada, además de la misma directora
general- son, añade Asensio en su informe,
«contrarios a sus derechos como ciudadanos» y, más aún, una «perturbación grave
en el ejercicio de sus funciones públicas», lo que, apunta además, menoscaba
«la protección y promoción de los intereses generales». Motivos por lo que la directora general termina su escrito
«rogando» a la magistrada que las peticiones de información a los empleados
públicos «no se produzcan mediante una detención policial».
Pero la UDEF no es el único blanco de las críticas. María José Asensio carga también contra la
cobertura que los medios de comunicación están haciendo del escándalo de
Aznalcóllar y llega a afirmar que tanto ella como el resto de implicados están
siendo víctimas de la «coacción mediática», que atribuyen a la denunciante del
caso, la empresa Emerita Resources, la finalista del concurso que, de acuerdo
con las tesis de la Policía Nacional, hubiese sido la adjudicataria si no se
hubiesen manipulado las valoraciones en su perjuicio y en beneficio de la
filial del grupo Magtel, al que además se investiga por tráfico de influencias
con el gobierno andaluz.
Las acusaciones a la actuación
de la Policía Nacional, a los medios y a la denunciante no son, sin embargo,
más que una pequeña parte del contenido del informe, que la Junta envía al juzgado en respuesta a sus
requerimientos de aclaraciones sobre diversos aspectos del concurso.
En este sentido, la Administración andaluza vuelve a
defender la legalidad de todo el procedimiento administrativo iniciado en 2014 y que derivó en la resolución del 25 de
febrero pasado por la que se adjudicaban los derechos mineros de Aznalcóllar a
Minorbis, la filial de Magtel.
La directora de Minas defiende que los técnicos que
participaron actuaron correctamente al elegir a Minorbis y no a Emerita Resources
y alude a la «discrecionalidad técnica» que se les concede en estos casos. A ello suma que, en
contra de lo que mantiene la Policía -que es más
una «libre designación» que un concurso- los
criterios del concurso estaban «claramente definidos, conocidos previamente por
ambos licitadores y ampliamente pormenorizados».
«La valoración
realizada por técnicos cualificados se ha de presumir correcta porque es
efectuada por empleados públicos», reitera el informe de la Junta.
En definitiva, sostiene que el concurso estuvo presidido por
la «transparencia» y que las conclusiones de la UDEF «no se ajustan a la
realidad».
Al contrario de lo que tanto la juez como la Policía
Nacional creen, Asensio dice que se han cumplido «todas las obligaciones y se
han adoptado todas las medidas necesarias para la selección y adecuada
valoración de las ofertas».
También en lo referente a la adjudicación final del
yacimiento a una empresa que no participó en el concurso, Minera Los Frailes
S.L., dice que todo se hizo correctamente y bajo el amparo de la legalidad
vigente.
Sobre este punto -uno de los que más dudas habían suscitado
a la juez Fernández y sobre el que había pedido expresamente una aclaración- la
Administración andaluza mantiene que la única licitadora y adjudicataria es
Minorbis -la filial del grupo Magtel- pero que ello no supone que sea irregular
que la aceptación de los derechos la haya llevado a cabo Minera los Frailes.
Sino todo lo contrario.
'No hay manera de darle apariencia de
legalidad'
Podemos Andalucía afirmó ayer que a la adjudicación de la
mina de Aznalcóllar, en Sevilla, «no hay manera de darle apariencia de validez
y legalidad», al tiempo que criticó que la Junta «despacha posibles responsabilidades hacia los
profesionales y funcionarios». En rueda
de prensa en el Parlamento andaluz, el parlamentario de Podemos y
vicesecretario tercero de la Mesa, Juan Ignacio Moreno Yagüe, advirtió que
la Junta «actúa desde el punto de vista político
despachando posibles responsabilidades hacia los profesionales y los
funcionarios». «Si por el Gobierno andaluz fuera, la responsabilidad de cada asunto de
corrupción política habría sido de los bedeles y no de los responsables
políticos», aseveró
el diputado. A su juicio, es «gravísimo no solo que se manche el nombre de
personas que parecen a todas luces inocentes», sino que ésta «sea la
política de la Junta cada vez que hay un caso de corrupción». De esta manera, para Podemos a la adjudicación de la mina «no
hay manera de darle apariencia de validez y legalidad». El grupo parlamentario de la formación morada ha pedido la
comparecencia en el Pleno del Parlamento del consejero Sánchez Maldonado, así
como que se les entregue el expediente completo del caso para comprobar «si la Junta dice la verdad o probablemente miente y descarga
su responsabilidad de una manera muy reprobable por el daño que le hace a la
propia administración».
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