- La querella considera "temerario" el contrato de concesión del servicio de audioguías
La investigación judicial
El fraude podría haber causado a la Alhambra un
perjuicio de 5,4 millones, según la Fiscalía
- La querella considera "temerario" el contrato de concesión del servicio de audioguías
La querella de la Fiscalía
Provincial de Granada considera "temeraria" la oferta presentada por
GTP, a la
que se adjudicó el servicio de audioguías del conjunto monumental, con unas
condiciones "que no se podían cumplir", motivo por el cual, a partir de 2011, cuando expiraba
el plazo de concesión, se maquinaron una serie de artificios para justificar la
prórroga, lo que habría propiciado un
perjuicio al Patronato de la Alhambra que el ministerio público cifra en 5,4
millones de euros.
En el caso están imputados la
directora del Patronato, Mar Villafranca, y otros tres directivos, la secretaria general, Victoria
Chamorro, el contable, José María Visedo, y el interventor, Miguel Gutiérrez Pedrosa, así como dos empresarios vinculados a la firma GTP,
Alejandro López Rodríguez y Luis Parra Puig, a quienes acusa de malversación de caudales públicos,
prevaricación continuada y blanqueo de capitales.
La denuncia ante la Agencia Tributaria que ha
dado lugar a la investigación fue interpuesta por un antiguo trabajador de GTP,
según se desprende de la querella del fiscal José María Suárez-Varela, que en
un escrito de 18 folios detalla pormenores de un caso que trascendió a la luz
pública en El Mundo el pasado mes de mayo.
Fruto de la investigación, la Fiscalía expone
las condiciones en que se acordó la adjudicación por cuatro años y las
cantidades fijas y variables establecidas, que se modificaron en el contrato,
un mes después de acordada la concesión, y fueron de nuevo actualizadas en
2010, a pocos meses del vencimiento sin que hasta aquellas fechas GTP hubiese
ingresado un solo euro, lo que haría, y en "dos mínimas cantidades",
con vistas a la renovación del servicio.
Para entonces ya se conocían las dificultades
de liquidez de GTP y sus incumplimientos contractuales en cuanto a detalle
diario de recaudación. Así, en 2012 se estableció un cláusula adicional que
modificaba el objeto del contrato e introducía condiciones ventajas técnicas y
económicas por un servicio que la empresa concesionaria ya estaba prestando de
forma gratuita. Además, gracias a un informe -septiembre de 2011-, se eximió el
canon variable y se fijó la obligatoriedad de las audioguías a grupos de seis personas
en adelante, "un aumento considerable de los ingresos del propio Patronato
y de la empresa concesionaria.
Un plan para aflorar el dinero
En cuanto a la deuda
acumulada entre 2007 y 2011 por GTP y ante la exigencia de rendición de cuentas
por parte del Patronato, la Fiscalía detalla que la difícil situación económica
y carencia de tesorería, los querellados
"urdieron un plan con la finalidad de aflorar el dinero opaco de la
empresa".
La querella, en este capítulo, hace un examen
pormenorizado de las cantidades, detecta -entre otros extremos y como ejemplo
de irregularidades- "la facturación
ficticia de 1.332 euros diarios en concepto de alquiler de audioguías a 111
grupos", una
cantidad "tan anormal que supone que si los grupos por normativa en la
Alhambra son de máximo 30 personas, supondría que habrían entrado en el recinto
del conjunto monumental entre 2.000 y 3.300 personas con los equipos de guiado
de Stendhal y ello hubiera sido la mitad del aforo del monumento, teniendo en
cuenta, además, que la empresa sólo contaba con unos 40 equipos de guiado y no
era posible servir 111".
El fiscal, por otra parte, considera que los
querellados "consintieron" que la
concesionaria liquidase "sobre la facturación neta, una vez deducido el
importe del IVA, lo que ocasionó una pérdida por minoración de los ingresos del
Patronato" y conociendo que el adjudicatario había
establecido unos precios de alquiler diferentes a los establecidos en el
contrato permitieron
que la liquidación "se efectuarse deduciendo el importe del IVA", con lo que ocasionaron a la Alhambra "una pérdida
por minoración de sus ingresos" que cifra en 2.200.136 euros.
Otras irregularidades detectadas por la
Fiscalía hacen referencia a una "gestión
fraudulenta", por cuanto
permitieron la declaración de cifras de alquileres inferiores a las reales, "generando una pérdida para los intereses de la Alhambra
que se cifra en 2.654.912,05 euros". Asimismo, acordaron, "beneficiando a la adjudicataria y en
perjuicio de los intereses del Patronato", una cláusula por la que GTP
podría minorar el importe del canon variable inicialmente ofrecido. Un
perjuicio cifrado en 200.739 euros.
Son las principales cantidades de un fraude que
detalla el escrito de la Fiscalía, para la que "ha quedado acreditado, de la documentación aportada y de las
declaraciones efectuadas por los funcionarios del Patronato, que la prórroga
del contrato fue acordada por los querellados, previas
reuniones concertadas con el adjudicatario para trazar un
plan que permitiera ofrecer una salida a la falta de pago de la deuda contraída
con la Alhambra".
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