Antes de que el Fiscal Superior
decretara la apertura de las diligencias de
investigación penal, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Inspección General de
Servicios de la Junta de Andalucía y de la dirección general de Interior, Emergencias
y Protección Civil - de la que depende
orgánica y funcionalmente la Escuela-, sin que ninguna de
las dos instancias adoptara decisión alguna para restablecer la legalidad y
pedir responsabilidades a sus autores.
¿Sr. Llera, usted como jefe, seguro que no “sabe nada de nada”
de este despropósito juntero....?
Como escribió el historiador Marc Bloch: “Un jefe es responsable de cuanto se hace bajo sus órdenes. No importa que no haya tenido la iniciativa de todas y cada una de las decisiones adoptadas, que no haya estado al corriente de todas las operaciones porque es el jefe y ha aceptado serlo, le corresponde atribuirse, para bien y para mal, los resultados” (La extraña derrota, Crítica).
La Fiscalía
investiga exámenes convocados ilegalmente en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía
- Ha abierto diligencias para investigar si los responsables han convocado un examen para aprobar a alumnos suspendidos en pruebas oficiales.
La Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía (ESPA), que depende del consejero de Justicia e Interior,
el ex fiscal Emilio de Llera, es
el órgano de la Consejería de Justicia e Interior encargado de la formación y
perfeccionamiento de los miembros de seguridad pública de Andalucía,
incluyendo las policías locales,
bomberos y personal de los servicios relacionados con la protección civil. Es precisamente el Fiscal General de Andalucía el
que ha abierto diligencias para
comprobar si los responsables de esta Escuela, decisiva en el control de la policía municipal en
Andalucía, han cometido un delito de
prevaricación por haber convocado un examen, sin tener en cuenta la
legalidad, con la finalidad de aprobar a
alumnos suspendidos en las pruebas oficiales
El examen ilegal fue realizado
el 8 de enero de 2015, en un momento en que el coordinador del profesorado estaba
de vacaciones y al margen de su criterio. Libertad Digital ya denunció también el extraño caso de dos
exámenes, en el mismo curso al que nos referimos, en el que el 98 por ciento de los alumnos obtuvieron la
calificación de sobresaliente o matrícula de honor, después de que el profesorado fuese obligado a facilitar
las preguntas que iban a formularse en
dichas pruebas al jefe del Servicio de Formación, Ignacio Gallego
Cubiles
Ahora, el Fiscal General de
Andalucía ha abierto diligencias de investigación penal para averiguar si el director de la Escuela de Seguridad
Pública Isidoro Beneroso Álvarez y el mencionado jefe del Servicio de Formación
incurrieron en un delito de prevaricación en la irregular organización y
realización del examen de Derecho en el curso de ingreso a los cuerpos de
la Policía Local
Antes de que el Fiscal Superior
decretara la apertura de las diligencias de
investigación penal, los hechos fueron puestos en
conocimiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía y
de la dirección general de Interior, Emergencias y Protección Civil -
de la que depende orgánica y funcionalmente la Escuela-, sin que ninguna de las dos instancias adoptara decisión alguna
para restablecer la legalidad y pedir responsabilidades a sus autores.
Estas
prácticas irregulares han coincidido con la puesta en marcha de la Ley de
"transparencia" y siembra nuevas dudas sobre la actuación de la Junta en un sector sensible como es
el control de la Policía Local y demás organismos de
seguridad pública, muy presentes en los 770 municipios
andaluces.
En el caso que investiga ahora la Fiscalía, la mitad del
alumnado, que suspendió el examen de Derecho Administrativo, consideró que los
criterios de evaluación aplicados (se exigía un 65% de respuestas correctas para aprobar y,
además, las respuestas erróneas puntuaban negativamente) eran incorrectos. Pero resulta que dicho sistema de examen
es el que la propia Junta de Andalucía
aplica en las oposiciones para ingreso en todos los cuerpos de la Administración General y para las diversas categorías
estatutarias del Servicio Andaluz de Salud. También es el sistema de evaluación
que el Estado utilizará en las oposiciones para el ingreso en la categoría de
Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, recientemente convocadas
Ante la protesta de los alumnos,
los directivos de la Escuela, en lugar de dar a la reclamación de los alumnos
el tratamiento previsto en las disposiciones vigentes (que contemplan la posibilidad de recurrir en dos
instancias: primero, ante la comisión de revisión de calificaciones y, en
última instancia, a la Dirección General; e, incluso, en su caso, ante la
jurisdicción contencioso-administrativa) y, también, sin ni siquiera molestarse
en contestar por escrito la reclamación del alumnado, decidió organizar y
llevar a cabo un nuevo examen a espaldas del jurista titular del Departamento
que estaba de vacaciones y ocultándole su realización. Por si fuera poco,
la mitad de las preguntas de dicho examen (que habían sido confeccionadas por los profesores de la
asignatura) fueron "tuneadas"
por el jefe del Servicio de Formación, que carece de competencia
jurídica, pues no es licenciado en Derecho. Más aún: en la realización del examen no
estuvieron presentes ni los profesores, ni el jefe del Departamento (al que se
le había ocultado la realización del examen), ni los directivos de la Escuela,
ni ningún otro funcionario público que pudiese dar fe y garantizar la rectitud,
integridad y corrección de la realización de la prueba. El resultado del extraño e ilegal examen -al que permitieron presentarse, más
curiosamente aún, tanto a los suspensos como a los aprobados- fue el aprobado general de todos
con magníficas notas. En el colmo de la
irregularidad, Ignacio Gallego Cubiles, se negó a entregar dichos exámenes a
quien la ley asigna su custodia, que es el jefe del Departamento jurídico
FRAUDE EN LA FORMACIÓN.
Atestado policial.
29 empresas investigadas y 53 imputados en la rama sevillana
del fraude de los cursos de formación
El juzgado traslada a
la Fiscalía un atestado policial sobre las subvenciones fraudulentas
FRAUDE EN LA FORMACIÓN.
Atestado policial
29 empresas investigadas y 53 imputados en
la rama sevillana del fraude de los cursos de formación
El juzgado traslada a la Fiscalía un atestado policial sobre
las subvenciones fraudulentas
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha remitido
este jueves a la Fiscalía el atestado elaborado por la Policía sobre la presunta
trama en los cursos de formación para parados con fondos de la Junta, dentro de
la denominada operación Edu, en la que se investiga a 29 empresas y 53
imputados.
Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en esta causa se investigan cursos convocados con fondos de la Junta
de Andalucía desde la Delegación provincial de Empleo, Empresa y Comercio de
Sevilla, y en la que se habría producido un presunto fraude de las
subvenciones.
Se trata de la última fase de la
operación Edu, en la que fueron detenidas 46 personas en Sevilla, a las que se
suman otras siete que habían sido imputadas anteriormente por hechos similares.
Tras iniciarse hace un año esta causa, el juez solicitó a la
Policía una ampliación del atestado para aportar un número mayor de pruebas y
declaraciones acerca de los hechos denunciados.
Ahora, según el material recién recibido en el Juzgado, son
29 las empresas sevillanas que están siendo investigadas, de muy variados
sectores y dimensiones, y 53 los imputados en este proceso por presuntos
delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos
específicos dentro del presunto fraude de subvenciones.
El atestado ampliado consta de 51 tomos con cerca de 13.000
folios, a los que se han adjuntado en su envío a la Fiscalía otra documentación
con un volumen aproximado de 150 tomos (parte de ella en soportes
informáticos).
En esta causa, en la
que por el momento sólo esta personada la Junta de Andalucía como acusación, se
va a tratar de depurar si existe responsabilidad penal (o bien administrativa o
fiscal) y los presuntos responsables de estos delitos.
Las irregularidades descritas indican múltiples y diversos
usos fraudulentos de fondos de la Junta, cuyo destino era la formación y la
consecución de empleo de trabajadores en paro.
Otras juzgados de Andalucía
tienen también abiertas causas por un supuesto fraude en los fondos para los
cursos de formación.
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