viernes, 3 de julio de 2015

La Fiscalía investiga exámenes convocados ilegalmente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía = La ESPA depende del consejero de Justicia e Interior, el ex fiscal Emilio de Llera y es el órgano de la Consejería de Justicia e Interior encargado de la formación y perfeccionamiento de los miembros de seguridad pública de Andalucía, incluyendo las policías locales, bomberos y personal de los servicios relacionados con la protección civil ¿¿¿¿ Llera no actúa....?????

Antes de que el Fiscal Superior decretara la apertura de las diligencias de  investigación penal, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía y de la dirección general de Interior, Emergencias y Protección Civil - de la que depende orgánica y  funcionalmente la Escuela-, sin que ninguna de las dos instancias adoptara decisión alguna para restablecer la legalidad y pedir responsabilidades a sus autores.




¿Sr. Llera, usted  como jefe, seguro que no “sabe nada de nada” de este despropósito juntero....?



Como escribió el historiador Marc Bloch: Un jefe es responsable de cuanto se hace bajo sus órdenes. No importa que no haya tenido la iniciativa de todas y cada una de las decisiones adoptadas, que no haya estado al corriente de todas las operaciones porque es el jefe y ha aceptado serlo, le corresponde atribuirse, para bien y para mal, los resultados” (La extraña derrota, Crítica).


 
http://porandalucialibre.es/informativa/noticias-propias/informacion/item/6309-la-fiscalia-investiga-examenes-ilegalmente-convocados-en-la-escuela-de-seguridad-publica-de-andalucia



La Fiscalía investiga exámenes convocados ilegalmente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía

  • Ha abierto diligencias para investigar si los responsables han convocado un examen para aprobar a alumnos suspendidos en pruebas oficiales.


La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), que depende del consejero de Justicia e Interior, el ex fiscal  Emilio de Llera, es el órgano de la Consejería de Justicia e Interior encargado de la formación y perfeccionamiento de los miembros de seguridad pública de Andalucía, incluyendo  las policías locales, bomberos y personal de los servicios relacionados con la protección civil. Es precisamente el Fiscal General de Andalucía el que ha  abierto diligencias para comprobar si los responsables de esta Escuela, decisiva  en el control de la policía municipal en Andalucía, han cometido un delito de  prevaricación por haber convocado un examen, sin tener en cuenta la legalidad,  con la finalidad de aprobar a alumnos suspendidos en las pruebas oficiales

El examen ilegal fue realizado el 8 de enero de 2015, en un momento en que el coordinador del profesorado estaba de vacaciones y al margen de su criterio. Libertad Digital ya denunció también el extraño  caso de dos exámenes, en el mismo curso al que nos referimos, en el que  el 98 por ciento de los alumnos obtuvieron la calificación de sobresaliente o matrícula de honor, después de que el profesorado fuese obligado a facilitar las preguntas que iban a formularse en  dichas pruebas al jefe del Servicio de Formación, Ignacio Gallego Cubiles

Ahora, el Fiscal General de Andalucía ha abierto diligencias de investigación  penal para averiguar si el director de la Escuela de Seguridad Pública Isidoro Beneroso Álvarez y el mencionado jefe del Servicio de Formación incurrieron en un delito de prevaricación en la irregular organización y realización del examen de Derecho en el curso de ingreso a los cuerpos de la  Policía Local

Antes de que el Fiscal Superior decretara la apertura de las diligencias de  investigación penal, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía y de la dirección general de Interior, Emergencias y Protección Civil - de la que depende orgánica y  funcionalmente la Escuela-, sin que ninguna de las dos instancias adoptara decisión alguna para restablecer la legalidad y pedir responsabilidades a sus autores.

Estas prácticas irregulares han coincidido con la puesta en marcha de la Ley de "transparencia" y siembra nuevas dudas sobre la actuación de la Junta en un sector sensible como es el control de la Policía Local y demás organismos de
seguridad pública, muy presentes en los 770 municipios andaluces.

En el caso que investiga ahora la Fiscalía, la mitad del alumnado, que suspendió el examen de Derecho Administrativo, consideró que los criterios de evaluación aplicados (se exigía un 65% de respuestas correctas para aprobar y, además, las respuestas erróneas puntuaban negativamente) eran incorrectos. Pero resulta que dicho sistema de examen es el que la propia Junta de Andalucía  aplica en las oposiciones para ingreso en todos los cuerpos de la Administración  General y para las diversas categorías estatutarias del Servicio Andaluz de Salud. También es el sistema de evaluación que el Estado utilizará en las oposiciones para el ingreso en la categoría de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, recientemente convocadas

Ante la protesta de los alumnos, los directivos de la Escuela, en lugar de dar a la reclamación de los alumnos el tratamiento previsto en las disposiciones vigentes (que contemplan la posibilidad de recurrir en dos instancias: primero, ante la comisión de revisión de calificaciones y, en última instancia, a la Dirección General; e, incluso, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa) y, también, sin ni siquiera molestarse en contestar por escrito la reclamación del alumnado, decidió organizar y llevar a cabo un nuevo examen a espaldas del jurista titular del Departamento que estaba de vacaciones y ocultándole su realización. Por si fuera poco, la mitad de las preguntas de dicho examen (que habían sido confeccionadas por los profesores de la asignatura)  fueron "tuneadas"
por el jefe del Servicio de Formación, que carece de competencia jurídica, pues no es licenciado en Derecho. Más aún: en la realización del examen no estuvieron presentes ni los profesores, ni el jefe del Departamento (al que se le había ocultado la realización del examen), ni los directivos de la Escuela, ni ningún otro funcionario público que pudiese dar fe y garantizar la rectitud, integridad y corrección de la realización de la prueba. El resultado del extraño e ilegal examen -al que permitieron presentarse, más curiosamente aún, tanto a los suspensos como a los aprobados- fue el aprobado general de todos con magníficas notas. En el colmo de la irregularidad, Ignacio Gallego Cubiles, se negó a entregar dichos exámenes a quien la ley asigna su custodia, que es el jefe del Departamento jurídico

FRAUDE EN LA FORMACIÓN. Atestado policial.
29 empresas investigadas y 53 imputados en la rama sevillana del fraude de los cursos de formación
El juzgado traslada a la Fiscalía un atestado policial sobre las subvenciones fraudulentas




FRAUDE EN LA FORMACIÓN. Atestado policial
29 empresas investigadas y 53 imputados en la rama sevillana del fraude de los cursos de formación
El juzgado traslada a la Fiscalía un atestado policial sobre las subvenciones fraudulentas

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha remitido este jueves a la Fiscalía el atestado elaborado por la Policía sobre la presunta trama en los cursos de formación para parados con fondos de la Junta, dentro de la denominada operación Edu, en la que se investiga a 29 empresas y 53 imputados.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en esta causa se investigan cursos convocados con fondos de la Junta de Andalucía desde la Delegación provincial de Empleo, Empresa y Comercio de Sevilla, y en la que se habría producido un presunto fraude de las subvenciones.

Se trata de la última fase de la operación Edu, en la que fueron detenidas 46 personas en Sevilla, a las que se suman otras siete que habían sido imputadas anteriormente por hechos similares.

Tras iniciarse hace un año esta causa, el juez solicitó a la Policía una ampliación del atestado para aportar un número mayor de pruebas y declaraciones acerca de los hechos denunciados.

Ahora, según el material recién recibido en el Juzgado, son 29 las empresas sevillanas que están siendo investigadas, de muy variados sectores y dimensiones, y 53 los imputados en este proceso por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos específicos dentro del presunto fraude de subvenciones.

El atestado ampliado consta de 51 tomos con cerca de 13.000 folios, a los que se han adjuntado en su envío a la Fiscalía otra documentación con un volumen aproximado de 150 tomos (parte de ella en soportes informáticos).

En esta causa, en la que por el momento sólo esta personada la Junta de Andalucía como acusación, se va a tratar de depurar si existe responsabilidad penal (o bien administrativa o fiscal) y los presuntos responsables de estos delitos.

Las irregularidades descritas indican múltiples y diversos usos fraudulentos de fondos de la Junta, cuyo destino era la formación y la consecución de empleo de trabajadores en paro.

Otras juzgados de Andalucía tienen también abiertas causas por un supuesto fraude en los fondos para los cursos de formación.

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