CASO AZNALCÓLLAR
- Magtel logró 2,5 millones de la Junta los años que tuvo a sueldo a un ex alto cargo
- La juez ordena a la UDEF que investigue al ex director general Andrés Luque
Francisco Conejo habría construido sin licencia
- El número tres de Susana Díaz, imputado por una piscina "ilegal".....El número tres de Susana Díaz, Francisco Conejo, secretario de Política Institucional en el PSOE andaluz tendrá que declarar como imputado en un caso de posible prevaricación por una piscina construida de manera ilegal en su domicilio del municipio de Rincón de la Victoria en Málaga.
El PP recurre ante el
Constitucional la "tropelía" de
arrebatarle un puesto en la Mesa del Parlamento andaluz
CASO
AZNALCÓLLAR
Magtel
logró 2,5 millones de la Junta los años que tuvo a sueldo a un ex alto cargo
- La juez ordena a la UDEF que investigue al ex director general Andrés Luque
De los más de 25
millones de euros que en los últimos años ha recibido el grupo Magtel en
subvenciones públicas de la Junta de Andalucía, el 10%, unos 2,5 millones, los recibió en poco más de dos
años, entre
finales de 2011 y 2013, coincidiendo con el tiempo en el que el conglomerado
empresarial de los hermanos López Magdaleno recibía el «asesoramiento» del ex
alto cargo Andrés Luque, al que fichó en noviembre de 2011 después de que ocupase distintos cargos en la
Administración autonómica: primero delegado
provincial de la Consejería de Empleo y luego de la Consejería de Innovación en
Córdoba para ascender a continuación a director general de la Consejería de Cultura.
En ese tiempo, y de
acuerdo con los datos recabados por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla -encargado de la investigación
también del presunto amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar-, Magtel, a través de su
matriz, Inversión y Gestión Corporativa (IGC) pagó a Luque en torno a 420.000
euros. No lo hizo directamente ni en concepto de
nómina, sino merced a un contrato suscrito con
la sociedad Fisur S.L. -de la que Luque era cabeza visible- y por sus
«servicios de asesoramiento en materia de expansión
internacional y planes estratégicos».
La coincidencia entre las subvenciones recibidas por
Magtel y el 'fichaje' de Luque como asesor del grupo cordobés lo pone de
manifiesto la juez Patricia Fernández en un auto en el que pone en cuestión
incluso que llegase a realizar algún trabajo real para el grupo cordobés, salpicado de lleno por el escándalo de Aznalcóllar,
adjudicación que habría logrado, según los denunciantes del caso, por sus
contactos privilegiados con la Junta y la mediación de ex altos cargos entre
los que se incluye, precisamente, a Andrés Luque.
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Reproducción del contrato
firmado en 2011 entre IGC, la matriz de Magtel, y la empresa de Luque.
En ese auto, fechado el pasado 23 de junio y al que ha
tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, la juez Fernández ordena a la
Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de
Policía que averigüe qué trabajos realizó la empresa de Luque, Fisur, para el
grupo Magtel y si se ajustaron a lo pactado en el concreto que ambas partes
suscribieron en noviembre de 2011. La
magistrada pide además a la Policía que le
informe de si la actividades desarrollada justifica unos honorarios como los
estipulados en el contrato.
En concreto, Magtel se comprometía a
pagar durante cinco años una cantidad de 10.000 euros al mes más IVA, pactando
además un anticipo de 120.000 euros que Luque cobró casi de inmediato.
La magistrada solicita expresamente a la
UDEF que investigue si Fisur S.L. dispone de los medios personales y materiales
«precisos» para desarrollar unas tareas como las comprometidas en el contrato
con Magtel.
Y pone de relieve un dato llamativo: que entre los años 2011 y
2013 y según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la empresa de
Andrés Luque no tuvo más ingresos que los honorarios que recibía de Magtel. El primer año, de acuerdo
con los datos recopilados por el juzgado, Fisur S.L. ingresó 20.000 euros, que
se dispararon a 270.000 euros en 2012 y que en 2013 se redujeron a 'sólo'
130.000 euros.
Según los denunciantes, los representantes de la empresa Emerita
Resources, Luque
no prestó en realidad ningún tipo de servicio profesional a la empresa de los
López Magdaleno, aunque el propio ex alto cargo acudía cada mes a las oficinas
de Magtel para recoger el cheque con sus honorarios.
Durante los años en que
duró la 'relación laboral' entre Magtel y Luque, el grupo cordobés recibió tres
subvenciones de distinta cuantía por parte de la Junta de Andalucía y a través
de distintas filiales. Así,
Magtel Redes de Telecomunicaciones logró dos subvenciones autonómicas por un importe de
379.980 euros y dos millones de euros,
respectivamente, a las que habría que añadir una tercera ayuda otorgada a
Magtel Energías Renovables por 92.085 euros.
El juzgado no ha encontrado ni
otros ingresos ni otra actividad de la empresa Fisur S.L. más que la
proporcionada por Magtel en virtud del contrato de servicios suscrito a finales
de 2011, apenas unos meses
después de que Luque dejase sus responsabilidades públicas en la Junta de Andalucía.
'Una pieza separada'
La investigación por el
presunto tráfico de influencias de Magtel con la Junta es una ramificaciones de
la causa que se sigue en
este mismo juzgado por las presuntas irregularidades en el procedimiento de
adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar.
De hecho, la empresa
Emerita Resources, la finalista del concurso y denunciante del caso, fue la que
asimismo llevó a los tribunales el presunto trato de favor de los gobiernos del
PSOE en la Junta hacia Magtel a través de la concesión de subvenciones y
créditos millonarios durante años.
Emerita denunció la
relación entre Magtel y Andrés Luque, pero además en sus ampliaciones de
denuncia hizo alusión a otros supuestos episodios irregulares, como el que hace
referencia a un crédito en el que habría mediado el ex responsable de la
Agencia Idea Jacinto Cañete. Pero la juez Fernández, siguiendo las tesis de la Fiscalía,
no ve elementos suficientes como para ordenar una investigación más que de
Fisur S.L. y sus «servicios de asesoramiento» al grupo cordobés.
En el auto conocido ayer, la magistrada de Instrucción 3
acuerda ceñir esta rama del caso Aznalcóllar a las relaciones entre IGC y Fisur
mientras acuerda el sobreseimiento provisional del resto de los hechos puestos
de manifiesto por los denunciantes.
Precisamente, en lo que respecta a la causa principal, la
del concurso minero, la magistrada considera insuficientes las explicaciones
dadas por la Consejería de Economía, a la que ha pedido explicaciones además
por la adjudicación final a una 'extraña'.
Francisco
Conejo habría construido sin licencia
El número tres de
Susana Díaz, imputado por una piscina "ilegal"
El número tres de
Susana Díaz, Francisco Conejo, secretario de Política Institucional en el PSOE
andaluz tendrá que declarar como imputado en un caso de posible prevaricación por una piscina construida de manera
ilegal en su domicilio del municipio de Rincón de la Victoria en Málaga.
Paco Conejo
El auto emite la
llamada a declaración del socialista para el próximo 10 de septiembre a las
9.45 horas. El anuncio de esta obligación se le trasladó el pasado 24 de junio
por parte del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga en el que se le
acusa de "una posible infracción penal".
El dirigente
socialista adquirió una vivienda unifamiliar de tres plantas en el citado
municipio, y según los denunciantes, ejecutó posteriormente obras para reformar
el jardín y ubicar en él una piscina, colindante al campo de golf de Añoreta.
Dichas obras no constarían en el proyecto técnico, ni en los documentos de la
operación de compraventa de la vivienda, por lo que "podrían haberse
realizado sin licencia", como ya
publicó este periódico el pasado 10 de febrero.
La piscina se
encontraría "prácticamente pegada al campo de golf", lo que lleva a
los denunciantes a deducir que no se ha respetado la separación del lindero
público anejo. La denuncia también argumenta que no pasó por la obligación
legal de un proyecto técnico, certificado de instalaciones y final de obra a su
debido tiempo.
El propio Conejo explicó en su momento a
este periódico que solicitó la licencia para ejecutar las obras en septiembre
de 2008, pero que no se le concedió hasta septiembre de 2009, cuando en el
municipio había vuelto a gobernar su partido tras la salida de Carloni (PSIRV)
de la Alcaldía.
Al parecer, y según fuentes municipales, Conejo pidió ya licencia
en el año 2007, cuando el alcalde de Rincón de la Victoria era José Domínguez
Palma (PSOE). En aquel entonces se le pidió un
proyecto visado por un técnico. Se desconoce qué sucedió con aquella petición. El caso es que en 2009, cuando
la alcaldesa del municipio era Encarnación Anaya (PSOE), Conejo obtuvo la
licencia definitiva y según afirma, ejecutó las obras, pese a que una ortofoto
aérea, de las que obran en poder de Urbanismo, ha evidenciado que ya estaban
realizadas. Y es aquí donde estaría el posible
delito de prevaricación.
Pese a ello, el dirigente
socialista abonó la tasa por actuaciones urbanísticas (225 euros) y el impuesto
de construcciones e instalaciones (378,8 euros). Según dijo, no había tenido hasta ahora queja alguna de sus
vecinos.
El PP recurre ante
el Constitucional la "tropelía" de arrebatarle un puesto en la Mesa
del Parlamento andaluz
Viernes, 26 Junio 2015 11:03
El PP andaluz presentó ayer por
la mañana en el Tribunal Constitucional
(TC) un recurso contra el reparto de la Mesa del Parlamento de Andalucía para esta décima legislatura después de
«tropelía» que considera que cometió el PSOE al «fabricar una mayoría ficticia
que no le dieron los andaluces». Eso sí, ha esperado a que terminara el proceso
de investidura y se agotara su capacidad de negociación con Susana Díaz y el
PSOE andaluz.
Carlos Rojas, portavoz parlamentario, reprochó a los socialistas que se hubieran
«saltado» el Reglamento de la Cámara, una acción que justifica la intervención
del Alto Tribunal por el «atropello» que supuso «violentar» el resultado de las
elecciones. Pero de hecho fueron todos los grupos, Ciudadanos, Podemos e IU (la
beneficiaria de la tropelía) los que se sumaron a la "tropelía" del
PSOE.
Recuérdese que el
PSOE decidiera dejar fuera a un miembro del PP elegido por votación para ceder ese puesto a otro
partido con representación parlamentaria. La "tropelía" fue perpetrada por el presidente
de edad de la Cámara en su sesión constitutiva, Luis Pizarro, lugarteniente de
Manuel Chaves en el PSOE y ex consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, originando una bronca de consideración por su
arbitrariedad.
Rojas acusó al PSOE de “distorsionar” la
voluntad de las urnas para “hacerlo todo a su medida”, lo que, a juicio del
PP, supone una “vulneración de derechos constitucionales y fundamentales” y
una “ruptura de las reglas de juego que nos da la Constitución, el Reglamento y
las leyes”.
Añadió que con este recurso el PP no sólo defiende su derecho a una
representación proporcional, sino “el interés general de todos los andaluces que expresaron
su voluntad en las urnas”. “No se puede consentir
que el PSOE haga y deshaga independientemente de lo que expresan los ciudadanos
en las urnas haciendo partidismo político”, dijo el portavoz popular, quien
calificó de “tropelía” y “atropello” lo ocurrido en el Parlamento andaluz.
Carlos Rojas advirtió al PSOE de que el “rumbo” que ha
tomado nada más constituirse el Parlamento “no es el rumbo adecuado”, al tiempo
que argumentó que con este recurso el PP “defiende las reglas del juego, que no se
vulneren los derechos fundamentales, que se respete el derecho a una
representación política que ha sido elegida en unas elecciones, y que se
respeten los principios de proporcionalidad; que son tan importantes para llegar a acuerdos y articular
consensos en el Parlamento”.
Además, alertó de que lo que pretende el PSOE
al “asegurarse una mayoría ficticia con estas maniobras” es “articular
impedimentos” para “paralizar, cuando le venga en gana, iniciativas políticas
de control al gobierno y de fiscalización” cuya “puerta de entrada” para
ser admitidas a trámite es la Mesa de la Cámara.
“Se trata de un hecho
gravísimo en la forma y en el fondo”, espetó.
Lamentó que el partido de la presidenta de
la Junta pretenda convertir al Parlamento en una “extensión del gobierno”, lo
que consideró una “auténtica barbaridad” y una “falta de respeto a la
separación de poderes y a la Constitución”.
Por último, explicó que las soluciones para que todos
los partidos tenga representación en la Mesa pueden articularse posteriormente
a la votación para la constitución de la misma, pero “en ningún caso pasando
por encima” de
la representación que tienen los 33 diputados del PP, “que tienen el mismo
número de miembros en la Mesa que otra formación con cinco diputados”. “La solución reglamentaria
a la representación de todos los grupos en la Mesa se puede articular en una
sesión posterior, pero no se puede hurtar la
voluntad de las urnas”, concluyó.
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