CASO AZNALCÓLLAR
Una técnico de la Junta desmonta la versión oficial sobre el concurso de la mina de Aznalcóllar
- Pilar Trujillano sostiene que nadie verificó la solvencia económica de la adjudicataria
- La juez la ha citado esta semana para esclarecer estas contradicciones
El 'copia y pega' de
Magtel en la oferta por la mina que dio por buena la Junta
- La adjudicataria incluyó cinco 'pantallazos' de una web para acreditar su solvencia
- Ni una sola mención a las cuentas de Minorbis, la 'dueña' oficial del yacimiento
Cuadro de cifras del Grupo México 'copiado' de su página web y aportado en la oferta. EL MUNDO
Una técnico de la Junta desmonta la versión oficial sobre el concurso de la mina de Aznalcóllar
- Pilar Trujillano sostiene que nadie verificó la solvencia económica de la adjudicataria
- La juez la ha citado esta semana para esclarecer estas contradicciones
La comisión
técnica, primero, y la mesa del concurso, después, consideraron que la
adjudicataria de la mina de Aznalcóllar, Minorbis, cumplía todos los requisitos
exigidos incluida la solvencia económica del proyecto. Pero nadie había
revisado las cuentas de la empresa.
La técnico que,
según la Junta de Andalucía, se encargó de analizar el estado financiero de la
nueva 'dueña' del yacimiento -una de las exigencias clave del procedimiento
administrativo- mantiene que ella no vio ni una sola cifra sobre Minorbis o
Grupo México, el 'socio' que en teoría aportaba tanto la solvencia técnica como
la económica a la oferta por la que se decantó la Dirección General de
Industria, Energía y Minas.
Pilar Trujillano,
técnico analista de la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria, contó
a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF)
que ella no participó en ninguna evaluación de la oferta económica de Minorbis
ni, por extensión, de Grupo México.
Trujillano, en su
declaración ante la Policía Nacional el pasado 23 de junio, contó que ella sólo
acudió a una reunión de la comisión técnica en sustitución de un compañero, que
no podía asistir «por motivos familiares». Recibió instrucciones del consejero
delegado de Invercaria, Francisco Álvaro, para que participase en una reunión
en la sede de la entonces Consejería de Economía, Ciencia y Empresa. Pero hasta
entonces ni siquiera sabía la materia objeto de concurso ni en qué fase estaba
el procedimiento.
Aunque la Junta
viene manteniendo que fue ella la que validó la solvencia financiera de la
propuesta de Minorbis -la última vez en el informe que este martes envió la
directora general de Minas a la juez de Instrucción 3-, Trujillano negó
rotundamente ante la UDEF que revisase un solo papel. De hecho, señaló que
apenas recuerda qué pasó en aquella reunión.
De lo poco que se
acuerda es que, junto a otras personas cuyo nombre ha olvidado, hojearon la
documentación que contenían los sobres de las ofertas, pero que este análisis
fue «muy somero, sin ningún tipo de lectura en profundidad». Lo que sí
comentaron, acto seguido, fueron aspectos de organización del trabajo: si había
que escanear la documentación, cómo se iba a custodiar, la periodicidad de los
futuros encuentros de la comisión... Tras dos horas, añadió, la reunión
finalizó y ella se puso en contacto con el compañero al que había sustituido,
Juan José García -detenido y acusado por la Policía de prevaricación-, para
indicarle que se tenía que poner en contacto con Pilar Orche.
A preguntas de los
investigadores, Trujillano negó no sólo que examinase documentación alguna,
sino incluso que conociese los requisitos de las bases del concurso de la mina.
Más aún, desmintió
con contundencia que hubiese comunicado a la mesa de contratación que
Minorbis-Grupo México cumplía las exigencias económicas del procedimiento y
mucho menos que hubiese contrastado en internet, en la página web de Grupo
México, las cuentas de esta compañía, a la que finalmente el gobierno andaluz
dio la adjudicación del yacimiento de Aznalcóllar.
Trujillano desmonta
en esta declaración, que forma parte del último atestado remitido por la UDEF a
la juez Patricia Fernández, la versión de la Junta para justificar la
adjudicación a Minorbis.
En este documento,
adelantado por este periódico, se hace alusión al informe de los servicios
jurídicos sobre la concesión, que atribuyen a la técnico de Invercaria la
confirmación de la solvencia de Grupo México.
Aunque no sólo
desmiente Trujillano con su declaración los informes oficiales de la Junta.
También cuestiona los testimonios de algunos de los técnicos que formaron parte
de la mesa del concurso y que fueron detenidos por su participación en el
concurso minero.
En concreto, del
jefe del Servicio de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, Iván Maldonado; del secretario general de Medio Ambiente de la
Delegación de Sevilla, José Salvador Camacho; del jefe del Servicio de
Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio, Julio Ramo,
y del interventor delegado de la Consejería de Economía, José Marcos Acosta.
Es por este cúmulo
de contradicciones por lo que la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de
Sevilla ha llamado a declarar el próximo día 14 a Pilar Trujillano.
Su citación está
incluida en el auto que dictó la magistrada Patricia Fernández el pasado día 7,
en el que recoge el desmentido de la técnico de Invercaria a las afirmaciones
de la Junta y de los miembros de la mesa del concurso.
Magtel, condenada a
pagar casi 700.000 euros
Al grupo Magtel,
adjudicatario a través de su filial Minorbis de los derechos mineros de
Aznalcóllar, se le acumulan los problemas. A la investigación judicial por el
presunto apaño del concurso convocado por la Junta de Andalucía se suma ahora
la condena por parte del Tribunal Supremo por incumplir un contrato de compra
venta de una mini central hidroeléctrica que pretendía poner en marcha en Baeza
(Jaén) y que no llegó a funcionar. Precisamente, el Alto Tribunal falla en
contra de Magtel -en concreto de su filial Magtel Energías Renovables- porque
no cumplió su parte del contrato para poner en marcha la central o, dicho de
otra forma, porque suya es la responsabilidad de que el proyecto no saliese
adelante y no de los vendedores de los terrenos y de los derechos
hidroeléctricos, a los que Magtel acusaba y a los que llevó a los tribunales
para exigirles la devolución de la señal que habían recibido, unos 232.000
euros. Considera el Supremo que fue la «pasividad» de Magtel la que impidió que
el proyecto para abrir esta mini central eléctrica se pusiese en marcha.
Empezó, dice la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, haciendo
los trámites, pero no continuó. Esa inoperancia es la que, en realidad, supone
una vulneración del contrato firmado con los vendedores. Por ello, los
magistrados, confirmando una sentencia anterior de 2013 de la Audiencia
Provincial de Córdoba, imponen a Magtel la obligación de abonar en su totalidad
el precio pactado en el contrato, 696.000 euros, una cantidad a la que hay que
sumar las costas, que le impone también. El contrato fue firmado en marzo de
2008 y Magtel pretendía que se declarase resuelto y recuperar lo que había
entregado responsabilizando a los vendedores.
CASO AZNALCÓLLAR
El 'copia y pega' de
Magtel en la oferta por la mina que dio por buena la Junta
- La adjudicataria incluyó cinco 'pantallazos' de una web para acreditar su solvencia
- Ni una sola mención a las cuentas de Minorbis, la 'dueña' oficial del yacimiento
Cuadro de cifras del Grupo México 'copiado' de su página web y aportado en la oferta. EL MUNDO
El proyecto que
presentó el grupo Magtel -a través su filial Minorbis- en el concurso de
adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar no tenía ni una sola
mención a la situación financiera de la empresa. Para acreditar la solvencia
económica del proyecto, los beneficiarios del presunto amaño que investiga el
Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla usaron única y exclusivamente cifras del
Grupo México, que, como ha admitido la propia Junta de Andalucía, no se
presentaba al concurso, aunque -ésta es la justificación oficial- prestaba su
solvencia técnica y financiera a su 'socio' andaluz.
EL MUNDO de
Andalucía ha tenido acceso al expediente y ha podido comprobar que en el
proyecto que la Dirección General de Industria, Energía y Minas dio por bueno
-y, más aún, dio por ganador- no se refleja el estado de cuentas de Minorbis,
una sociedad constituida poco antes con un capital social de sólo 3.000 euros.
Por toda
documentación financiera, Minorbis adjuntó en su oferta cinco tablas con
balances, resultados, ventas o volumen de negocio del Grupo México incluidos a
modo capturas de una página web, los famosos «pantallazos» a los que aludía la
Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en el primer atestado
dando cuenta de sus pesquisas sobre el concurso.
Los autores del
documento no esconden en ningún momento la procedencia y, de hecho, debajo de
cada uno de los 'pantallazos' incluyen la dirección de la página web de la que
ha sido extraído en un 'copia y pega' en toda regla.
No obstante, el
gobierno de Susana Díaz no puso ninguna objeción. Según la versión oficial, una
técnica de la empresa pública de capital riesgo Invercaria fue la que se
encargó de verificar los datos y certificó que todo estaba correcto.
Sin embargo, tal y
como publicó este lunes este periódico, esta técnico, en su declaración ante
los investigadores de la UDEF desmontó la versión oficial de la Junta. No sólo
negó que la documentación financiera de Magtel cumpliese, a su juicio, los
requisitos exigidos en las bases del concurso, sino que, además, desmintió
incluso que hubiese revisado las cifras, tal y como sostiene la Dirección
General de Minas.
Esta técnica, Pilar
Trujillano, contó a la Policía Nacional que ella sólo había asistido a una
reunión para valorar las ofertas que aspiraban a la concesión de la mina de
Aznalcóllar en sustitución de un compañero suyo que, éste sí, formaba parte del
'jurado' del procedimiento.
Pero en aquel
encuentro ni ella ni ninguno de sus compañeros revisó ningún documento
financiero. Simplemente, se abrieron los sobres y se habló de cómo organizarse
el trabajo.
Este testimonio
contradice el prestado por varios de los miembros de ese 'jurado', funcionarios
todos de la Junta de Andalucía. Y, precisamente por eso, la magistrada,
Patricia Fernández, ha citado hoy mismo a Trujillano, una testigo que se antoja
clave para aclarar hasta qué punto llegaron las irregularidades.
De acuerdo con la
UDEF, Minorbis no debía haber pasado siquiera la primera fase del concurso. No
tenía ni el capital necesario ni el objeto social adecuado para ello y así lo
manifestaron los investigadores en el atestado remitido a finales de abril a la
juez Fernández.
En el objeto social
de las empresas aspirantes el concurso minero debía figurar, señala el informe,
las actividades mineras. Además, debían presentar las escrituras de
constitución y los estatutos.
La adjudicataria sí
presentó las escrituras de Minorbis, pero no las de Grupo México, ante lo cual
los investigadores vuelven a resaltar que en el momento de presentar la oferta
no habían constituido ningún consorcio y sólo existía un «memorándum de
entendimiento» que, en palabras de la juez Patricia Fernández, no era más que
«una declaración de intenciones».
Reclamaba asimismo
la Junta que se acreditase disponer de un capital social suscrito y
«desembolsado» de importe igual o superior al 30% de la inversión prevista,
aunque Minorbis, en aquel momento, figuraba en el Registro Mercantil con un
capital de tres mil euros.
'Errores de bulto'
El proyecto con el
que Minorbis ganó el concurso para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar no
sólo suscita dudas en lo que respecta a la acreditación de la solvencia económica.
También en la parte técnica ha sido cuestionado, al contener «errores de
bulto», en palabras de un investigador del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) autor de un informe remitido hace sólo unos días al Juzgado
de Instrucción 3 de Sevilla.
Juan José Negro,
adscrito a la Estación Biológica de Doñana, pone en cuestión la valoración que
los técnicos de la Junta de Andalucía hicieron de la propuesta presentadas por
Minorbis, la filial de Magtel que resultó adjudicataria de los derechos mineros
por un plazo de 30 años. Si primero fueron la propia UDEF y la juez Patricia
Fernández las que pusieron en entredicho la imparcialidad del jurado del
concurso minero, sus conclusiones se ven ahora avaladas por este experto del
CSIC. En su informe, adelantado por EL MUNDO de Andalucía, Negro analiza el
proyecto de explotación de Minorbis, elaborado por la consultora de ingeniería
Ayesa, bajo sospecha por cierto por haber espiado a la otra aspirante a la
mina, Emerita Resources.
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