¿Hasta donde llegan los
tentáculos del Régimen? ¿Justicia politizada?¿Ocurrirá lo mismo en el
CGPJ? =
¿La Justicia, los jueces y el poder judicial quedarán sin credibilidad
ciudadana....?
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Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) de ratificarse en su reparto del trabajo del juzgado de
instrucción número 6 de Sevilla, el responsable de las
macrocausas de los ERE, de la formación, de los avales de la Agencia Idea y
Mercasvilla, será el Consejo General del Poder Judicial quien decida si quita o no a
la juez Alaya la instrucción de los casos del fraude de la formación y el de
los avales de la Junta. El TSJA se ratificó
ayer en que la juez Alaya instruya sólo el
caso de los ERE, o parte del mismo porque puede ser troceado si la Audiencia de
Sevilla da la razón a la Fiscalía, y lo que queda del caso Mercasevilla. Es lo
que no quería la juez Alaya.
Contra Alaya....para frenar el escándalo global del PSOE de Andalucía...
El CGPJ decidirá
si quita o no a la juez Alaya la instrucción de sus macrocausas
Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) de ratificarse en su reparto del trabajo del juzgado de
instrucción número 6 de Sevilla, el responsable de las macrocausas de los
ERE, de la formación, de los avales de la Agencia Idea y Mercasvilla, será el
Consejo General del Poder Judicial quien decida si quita o no a la juez
Alaya la instrucción de los casos del fraude de la formación y el de los avales
de la Junta. El TSJA se ratificó ayer en que la juez Alaya instruya sólo el caso de
los ERE, o parte del mismo porque puede
ser troceado si la Audiencia de Sevilla da la razón a la Fiscalía, y lo que
queda del caso Mercasevilla. Es lo que no quería la juez Alaya.
Es más, cabe la posibilidad de que la nueva juez Núñez
Bolaños decida trocear el caso ERE, algo a lo que se opuso siempre Mercedes
Alaya. La Fiscalía Anticorrupción es partidaria
del despiece, algo que haría perder la visión de conjunto y que podría afectar
incluso a muchos imputados y los atenuantes derivados de la trama política en
que se enmarcaron los hechos. De hecho, la
nueva juez pidió alegaciones a las partes la semana pasada y podría, una vez
consumados los plazos, decidir ella misma aceptar la propuesta de la Fiscalía
sin esperar a que la juez Alaya retome la instrucción del caso.
En estas nuevas
circunstancias, si se diera, podría ocurrir que
la juez Alaya fuese apartada de las partes "mollares" del caso.
Ayer mismo por la
tarde, la sala de gobierno del Alto Tribunal acordó por unanimidad mantener el
plan de distribución de trabajo aprobado el 23 de junio pasado que no satisfizo
ni a la juez Alaya ni a su sustituta, María Núñez Bolaños. Esta, sin experiencia penal
alguna desde hace muchos años, quería hacerse con el control de todas las causas y, recuérdese, anuló el pasado 16 de junio un auto de su
antecesora sobre el caso de formación, una causa clave sobre la que
se fragua una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. la causa que más inquieta al Gobierno de
Susana Díaz. Alaya acusó a la Junta de
Andalucía de crear «una red de clientelismo político» a través de las
actividades de formación que subvencionó con fondos públicos.
La lucha por el control de las causas, que
ya se verá si sólo tiene un carácter judicial en razón de la titularidad del
juzgado, hizo que el Consejo General del Poder Judicial aplazara
su decisión final hasta ver que decisión tomaba el TSJA. Como este no ha tomado ninguna nueva decisión, ahora será el CGPJ el que decida
si cambia o no el
criterio del alto tribunal andaluz devolviendo a la juez
Alaya, en comisión de servicio, el
control de las causas que instruía hasta su paso a la Audiencia Provincial de
Sevilla.
Mientras tanto, la sustituta es quien toma las decisiones. Otra de ellas, tomada el pasado el día 2 de julio, ha supuesto el archivo
de la causa contra una imputada, Rosadario González Agulló, empleada de
Vitalia, por la juez Alaya, decisión
aceptada por la Fiscalía. Sorprendió
mucho nuevamente su decisión de centrar parte de la investigación
de los ERE de la cuenca minera onubense en el gobierno central a pesar de que los
informes policiales destacaban que el comportamiento del gobierno del PP en
2002 fue intachable y que fue en Andalucía donde se estructuraron las irregularidades.
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