- Firma un acuerdo con los sindicatos para devolver derechos laborales y sociales perdidos
- La consejera aclara que esto se producirá 'en función de la disponibilidad presupuestaria'
Prioridades, por J. Caro Romero, recomendado.
La Renta Básica y los funcionarios tendrán que esperar a 2016; los ex altos cargos, no
El 2016 debe de ser para la Junta algo así como el año del cometa. Porque a los funcionarios la presidenta les ha prometido que en 2016 les compensará todos los sablazos que les ha propinado. Así que tanto los potenciales destinatarios de la renta básica como los funcionarios tendrán que esperar a ese año cumbre.
Quienes no esperarán a 2016 son los altos cargos que han tenido la 'desgracia' de dejar de serlo tras las elecciones. Más de medio millón de euros está pagando ya la Junta en cesantías para todos ellos. Algunos cobrarán un pensionazo de 100.000 euros a razón de más de 4.000 al mes durante dos años. Eso sí que es una 'renta básica'. De las que para la Junta no admiten espera. Cuestión de prioridades, desde luego.
Díaz restituirá
desde 2016 el recorte a los funcionarios... si hay dinero
- Firma un acuerdo con los sindicatos para devolver derechos laborales y sociales perdidos
- La consejera aclara que esto se producirá 'en función de la disponibilidad presupuestaria'
La Junta de Andalucía devolverá en febrero del 2016 a
aproximadamente 270.000 funcionarios y empleados públicos el 25 % de la paga
extraordinaria suprimida en el 2012, y restituirá el 10 % de la jornada y las
retribuciones hasta recuperar el 100 % el
personal interino y temporal en enero próximo.
Estos compromisos se incluyen en el acuerdo firmado ayer por
la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con los sindicatos
representados en la mesa general de la función pública -UGT, CCOO y CSIF-, que celebraron el
compromiso de la recuperación progresiva de los derechos laborales y sociales
perdidos durante la crisis.
No obstante, tras la firma, la consejera de Hacienda y Administración
Pública, María Jesús Montero, precisó que la recuperación de todos estos
derechos a lo largo de la legislatura estará en función de la disponibilidad
presupuestaria.
Cifró en unos 200 millones la
dotación para 2016, que supondrá devolver el 25 % de la paga extraordinaria de
Navidad -el Gobierno ya la abonado al
personal dependiente de la administración estatal y de sus empresas públicas-, y del 100% de la
jornada y salarios para el personal interino y personal.
Unos 44.000
trabajadores que forman parte del personal funcionario interino y temporal (estatuarios, laborales e indefinidos no
fijos) habían tenido una reducción del 10 por ciento de la jornada y el salario
durante la crisis y a partir de enero del 2016 volverán al 100% .
También se ha comprometido la Junta con los sindicatos a no hacer más
contrataciones al 75% de jornada y sueldo en el Servicio Andaluz de Salud
(SAS). El personal
eventual estructural del SAS irá recuperando el 100% de la jornada y el salario
a lo largo de este año, según el compromiso hecho hace varios meses por la
presidenta de la Junta.
Los representantes
sindicales de CCOO, UGT y CSIF celebraron el acuerdo por la recuperación del diálogo y sobre todo por el
compromiso para restituir los derechos laborales y sociales que se suprimieron
durante la crisis, si bien anunciaron que estarán vigilantes para que se cumpla
lo firmado.
En discordancia con
este pacto se expresó el Sindicato de Enfermería Satse, que
consideró un «nuevo atentado contra los empleados públicos» la decisión de
abonar en febrero de 2016 la parte proporcional de la extra de 2012, ya que
es la única región que «aún no ha abonado» esta
deuda «cuando ha tenido tiempo de hacerlo»
Satse denunció que, con esta medida, lo único que pretende
la Junta es «retrasar aún más la recuperación de los derechos de los
profesionales y continuar con la política de recortes».
TESTIGO DE CARGO
Prioridades
J. CARO ROMERO
El martes 20 de febrero de 2007, dos días después del referéndum de
ratificación de la reforma del Estatuto andaluz, Manuel Chaves, entonces
presidente de la Junta, compareció con gesto serio tras la reunión de su
Consejo de Gobierno. Le costaba poner buena cara al resultado de aquella
consulta. Porque pese a la rotundidad del sí al nuevo Estatuto, la realidad era
que apenas un 36 por ciento de andaluces había acudido a refrendarlo.
La reforma no había sido más que una excusa para darle cobertura a la
deriva en la que el PSC se había embarcado en Cataluña a cuenta del Estatut.
«Lo que es bueno para Cataluña es bueno para Andalucía», ¿recuerdan?
Pero había que seguir justificando aquello, de manera que Chaves se propuso
demostrar que el nuevo Estatuto andaluz en cuya elaboración había consumido
toda una legislatura era útil para los ciudadanos, había merecido la pena. Así
que el presidente anunció la puesta en marcha «con carácter inmediato» de las
medidas más sociales con que contaba aquel Estatuto recién reformado. La
primera de ellas, la renta básica, una ayuda social entendida como derecho
subjetivo y que garantizase «unas condiciones de vida digna en caso de
necesidad», como recogía el texto.
Corría el año 2007, pero la Junta ya llevaba fintando con promesas en torno
a la renta básica desde hacía por lo menos siete años, cuando Antonio Romero,
entonces portavoz de IU, la reivindicó en la investidura de Chaves tras las elecciones
de 2000. Como tantas otras banderas que acaban reducidas a señuelos, el PSOE
intentó hacer suya aquella idea en la que nunca creyó y terminó incorporada al
Estatuto.
Hasta hoy. O mejor dicho, hasta el año que viene. Al menos eso es lo que ha
anunciado ahora el nuevo Gobierno andaluz. Dos presidentes han sucedido ya al
Chaves que prometió hace ocho años la puesta en marcha «inmediata» de la renta
básica. Y la cosa va ya por una promesa para 2016.
O sea, que una de las medidas que más podría identificarse como respuesta
inmediata de la Administración para atender a los más afectados por la crisis
empezó a prometerse en Andalucía antes incluso del estallido de la crisis y
seguirá sin estar aprobada cuando posiblemente se dé por superada la crisis, al
menos en términos macroeconómicos.
El pasado año hubo un intento de acometer definitivamente la promesa, pero
lo más que se hizo fue crear un grupo de trabajo en el Parlamento, la técnica
habitual cuando no se quiere realmente aprobar algo. Ahora, un par de
iniciativas ciudadanas pedía la tramitación inmediata de una ley de renta
básica. Pero Susana Díaz ha dicho que nones, con la promesa de que la ley la
aprobará ella en 2016.
El 2016 debe de ser para la Junta algo así como el año del cometa. Porque a
los funcionarios la presidenta les ha prometido que en 2016 les compensará
todos los sablazos que les ha propinado. Así que tanto los potenciales
destinatarios de la renta básica como los funcionarios tendrán que esperar a
ese año cumbre.
Quienes no esperarán a 2016 son los altos cargos que han tenido la
'desgracia' de dejar de serlo tras las elecciones. Más de medio millón de euros
está pagando ya la Junta en cesantías para todos ellos. Algunos cobrarán un
pensionazo de 100.000 euros a razón de más de 4.000 al mes durante dos años.
Eso sí que es una 'renta básica'. De las que para la Junta no admiten espera. Cuestión
de prioridades, desde luego.
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