- López Magdaleno 'no tenía ni idea de minería, sólo quería dinero', dice la perjudicada
- Los denunciantes insisten ante la juez en que la adjudicación a Magtel estuvo amañada
Prisas y negocio
J. CARO ROMERO
Ya habíamos alertado aquí mismo
hace un año y tres meses de la gravedad de las palabras de la presidenta de la
Junta sobre la reapertura de la mina de Aznalcóllar. «Una salida inmediata
al mercado laboral no puede verse interrumpida por un problema de formalismos», proclamaba Susana Díaz allá
por el mes de marzo de 2014. El proyecto
minero se reducía entonces a un conflicto político al haber decretado la Junta por su cuenta y
riesgo la reapertura de la explotación de Aznalcóllar sin atenerse a las
competencias que en esta materia ostenta el Gobierno de la Nación. Aquello provocó un recurso ante el Tribunal Constitucional
por parte del Ejecutivo de Rajoy y Susana Díaz se quejaba de que el reinicio de
la actividad minera pudiese quedar bloqueado por una cuestión de «formalismos». Al final, el conflicto político se solventó a partir de un acuerdo entre las dos administraciones que
derivó en la retirada del recurso interpuesto por el Gobierno ante el
Constitucional.
Pero aquel aviso no fue suficiente para que la Junta tomara
conciencia de que la precipitación y las prisas por abanderar y rentabilizar políticamente
el proyecto no podían ser buenas consejeras, por mucho empleo que pudiese haber
en juego. Al contrario, el primer resbalón corregido a partir de la intervención del Gobierno dio paso a otra carrera,
al parecer -a tenor de lo que ahora se va conociendo-
más desenfrenada e interesada todavía: la de la adjudicación de la empresa que
debía explotar el yacimiento de Aznalcóllar. Menos de un año después, en febrero del presente
2015, ya estaba entregada la mina a Magtel, un grupo empresarial que, según se ha denunciado ahora en los juzgados, llegaba a presumir de sus contactos en la Junta. Precisamente, la juez que instruye esas denuncias ya ha
apuntado que la adjudicación pudo haberse llevado a cabo «sin el más mínimo
rigor». Finales de febrero, a tiempo para rentabilizar el anuncio de reapertura del
yacimiento en la campaña electoral de las autonómicas que tendrían lugar justo
un mes después. Un
empresario cercano y el momento político más oportuno y rentable. La ecuación perfecta que bien podría resumir toda una estrategia de
adjudicaciones públicas de la Junta de Andalucía durante los últimos treinta
años.
Relanzar la minería es
un objetivo como lo fueron las ayudas al empleo o la formación
En Aznalcóllar estábamos y
seguimos 'entretenidos' cuando la Justicia acaba de sentenciar que el Gobierno
andaluz también incumplió las normas vigentes cuando decretó en 2009 la
reapertura de otra mina, la de Cobre las Cruces. No hay que hilar mucho para llegar a la
conclusión de que toda la política de minas de la Junta de los últimos años
queda seriamente tocada y en entredicho con estos dos fiascos mayúsculos.
Tras el último Consejo de Gobierno, al titular de Empleo,
Sánchez Maldonado, le preguntaron
precisamente si consideraba que con el último revés judicial quedaba en
evidencia una chapuza en materia minera. «Eso tendría que preguntárselo a
quienes estaban antes y tomaron aquella decisión», vino a decir, como si acabase de llegar de otra galaxia.
Y tal vez ahí esté la clave. El
relanzamiento de la industria minera es supuestamente un objetivo estratégico
del nuevo Gobierno andaluz. Tanto como lo fueron antaño las
ayudas al empleo, la promoción de empresas emergentes o las políticas de
formación. Y ahí
están los ERE, Invercaria y los avales de IDEA o el fraude de los cursos.
Prisas, amiguetes y
negocio político. La
autonomía andaluza no ha tenido nunca un gran proyecto colectivo que trascienda
del inmediato interés electoralista y del provecho clientelar. Todo han sido prisas y, por el
camino, mucha mano peluda. Por eso
luego, cuando se le piden cuentas al responsable de turno, siempre sale alguien
con eso de 'pregúntele al que estaba antes'. Como si no lo conociera de toda la
vida.
Declaraciones
como testigo en el juzgado
Emerita acusa a la
adjudicataria de 'chantajearla' en el concurso minero
- López Magdaleno 'no tenía ni idea de minería, sólo quería dinero', dice la perjudicada
- Los denunciantes insisten ante la juez en que la adjudicación a Magtel estuvo amañada
El concurso convocado
por la Junta de Andalucía para la adjudicación de los derechos mineros de
Aznalcóllar fue amañado. Así de
contundentes se han mostrado este miércoles el presidente y un técnico de
Emerita Resources, Joaquín Merino e Ismael Rodríguez, en sus declaraciones ante
la juez que investiga las irregularidades en el procedimiento, a la que han explicado que Magtel -la empresa adjudicataria a través
de su filial, Minorbis- trató de hacerles "chantaje" valiéndose de
sus relaciones privilegiadas con altos cargos de la Administración andaluza.
A lo largo de las más de dos horas en las que estos dos
testigos han prestado testimonio en el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, han
coincidido en que el
proyecto ganador, el de Magtel, no sólo era peor que el suyo, sino además, y
esto es lo más grave, "inviable". Y ello a pesar de que, como han reiterado ante la magistrada
Patricia Fernández, la propuesta de Minorbis contenía extractos literalmente
plagiados de la de Emerita, algo que ya detectó la Unidad contra la
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en su último
atestado, en el que señaló como responsable del plagio a la consultora Ayesa,
que trabajó para los dos partes hasta que rompió con Emerita.
El presidente de Emerita ha destacado, a preguntas de la
fiscal, que los técnicos de la Junta que evaluaron los proyectos
no sólo carecían de la formación y los conocimientos necesarios, sino que
actuaron con "mala intención" y con el único objetivo de perjudicar a
su empresa y favorecer a la que finalmente resultó adjudicataria, el grupo Magtel, vinculado a ex altos
cargos del gobierno andaluz e investigada, por ello, por tráfico de
influencias.
Merino ha contado cómo en una reunión
con el presidente de
Minorbis, Mario López Magdaleno, éste se jactó de sus vínculos con la Junta y le ofreció participar
juntos en el concurso a cambio de "un porcentaje" y sólo por usar sus
contactos. Ante su negativa, añadió el responsable de Emerita, López Magdaleno
anunció que alguien de la Junta llamaría al marcharse y así sucedió. Cinco minutos después de
abandonar la sede de Emerita, en la Plaza Nueva, se recibió la llamada del
secretario general de Industria, Vicente Fernández, para interesarse por el
proyecto.
En aquella reunión
estaba también el técnico de Emerita Ismael Rodríguez, que ha ratificado punto
por punto lo relatado por Merino y ha añadido que la advertencia del dueño de Magtel fue un
"chantaje" en toda regla.
Asimismo, ha puesto de manifiesto que López Magdaleno "no tenía ni idea de
minería" y que "sólo tenía interés por el dinero".
@Chemarrodriguez
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