El MUNDO.
- La adjudicación de la mina bajo sospecha.Trece cargos y funcionarios de la Junta detenidos por el escándalo de la mina de Aznalcóllar
- La UDEF los acusa de delitos de prevaricación y exacciones en el concurso
- Cree que el procedimiento se amañó para beneficiar al grupo Magtel
- Los dueños de Magtel también fueron arrestados por tráfico de influencias
- El concurso parece más 'una libre designación', sentencia la UDEF
¿El político y los
colaboradores necesarios ”designados para vulnerar el procedimiento que fija la
ley y darle apariencia de
legalidad.......?
Entre los señalados está, además de la directora general de
Industria, Energía y Minas, María José Asensio, el interventor delegado en la Consejería de Economía -hoy
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio-, José Marcos; el jefe de Área de Minas de esta consejería, Alberto Fernández;
el jefe de servicio de Minas, Iván Maldonado; el jefe del departamento de Ordenación Minera, Juan Manuel
Revilla; el jefe de servicio de Contratación
Administrativa de la Consejería de Hacienda,
Julio Ramos; dos jefes de servicios de la Delegación Territorial de
Agricultura en Sevilla, Luis Cordero y Manuel Gil; la letrada de la Junta Pastora Sánchez de la Cuesta; dos asesoras, Aurora Gomera y
Pilar Orche, y el gerente de Inversiones en
Málaga de la empresa pública Invercaria, Juan José García.
EL PAIS.
- La policía culpa a la Junta andaluza del amaño en Aznalcóllar: La policía acusa a la Junta de Andalucía de amañar el concurso para conceder la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y vulnerar el procedimiento que fija la ley..... La policía considera que en el concurso para la mina de Aznalcóllar la Junta andaluza alteró los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y así poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado.
- Los agentes censuran que los técnicos de la convocatoria minera perjudicaron a una firma
- La Unesco pide garantías antes de abrir la mina
El MUNDO:
FRAUDE EN LA FORMACIÓN. Atestado policial.
- 29 empresas investigadas y 53 imputados en la rama sevillana del fraude de los cursos de formación
- El juzgado traslada a la Fiscalía un atestado policial sobre las subvenciones fraudulentas
Caso ERE, calderilla.
El paro ha bajado en 2015 un 2,08% en la comunidad.Andalucía, la
comunidad con la menor bajada del paro en junio
- Andalucía no consigue bajar del millón de parados y sitúa la cifra en 1.001.744
- El desempleo descendió en todas la provincias salvo en Huelva, Almería y Sevilla
- Sevilla es la provincia con mayor número de parados, 240.819
ABC. ¿ las cosas del líder de Ciudadanos en
Andalucía, el Sr. Juan Marín: todo sigue
el curso previsto.....?
- PSOE y Ciudadanos evaluarán su acuerdo en la Junta cada dos meses.
- Ambas partes consideran que se está cumpliendo el acuerdo en la primera reunión de la comisión de seguimiento
¿Y El Régimen continua?
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La
adjudicación de la mina bajo sospecha
Trece cargos y
funcionarios de la Junta detenidos por el escándalo de la mina de Aznalcóllar
- La UDEF los acusa de delitos de prevaricación y exacciones en el concurso
- Cree que el procedimiento se amañó para beneficiar al grupo Magtel
- Los dueños de Magtel también fueron arrestados por tráfico de influencias
- El concurso parece más 'una libre designación', sentencia la UDEF
Trece funcionarios y cargos de la Junta de Andalucía han
sido detenidos en el último mes y medio por la Unidad contra la Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por su implicación en el
presunto amaño del concurso de adjudicación de los derechos mineros de
Aznalcóllar. Entre ellos, la directora general de Industria,
Energía y Minas, María José Asensio, además de los dueños de la empresa Magtel, a la que el
gobierno de Susana Díaz adjudicó la mina en febrero pasado pese a que su
legalidad estaba ya en entredicho.
Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, las
detenciones de los implicados en el escándalo dieron comienzo el pasado 12 de
mayo y finalizaron hace apenas unos días, el pasado 29 de junio. Todos, salvo los propietarios del grupo Magtel,
los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, formaron parte o de la comisión
técnica que valoró las ofertas o de la mesa de contratación que adjudicó los
derechos mineros.
Entre los señalados está, además de Asensio, el
interventor delegado en la Consejería de Economía -hoy Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio-, José Marcos; el jefe de Área de Minas de esta consejería,
Alberto Fernández; el jefe de servicio de Minas, Iván Maldonado; el jefe del
departamento de Ordenación Minera, Juan Manuel Revilla; el jefe de servicio de
Contratación Administrativa de la Consejería de Hacienda, Julio Ramos; dos
jefes de servicios de la Delegación Territorial de Agricultura en Sevilla, Luis
Cordero y Manuel Gil; la letrada de la Junta Pastora Sánchez de la Cuesta; dos
asesoras, Aurora Gomera y Pilar Orche, y el gerente de Inversiones en Málaga de
la empresa pública Invercaria, Juan José García.
Detenidos en
comisaría
La Policía, en todos los casos,
les citó en la comisaría y una vez allí les detuvo, les leyó sus derechos y les
tomó las huellas dactilares antes de interrogarles, acusados
de prevaricación administrativa y exacciones.
A los
hermanos López Magdaleno, se les acusa de tráfico de influencias. Luego, fueron puestos en libertad con cargos.
A todos ellos, la UDEF les hace
responsables de las irregularidades detectadas en el procedimiento de
adjudicación de Aznalcóllar, que las últimas investigaciones no han hecho sino
confirmar. Así lo refleja
el último informe remitido al Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla por los
investigadores de la Brigada de Policía Judicial, en el que no dejan lugar a
demasiadas dudas y señalan taxativamente que se manipuló el concurso para
beneficiar al grupo Magtel y perjudicar a la otra aspirante, Emerita Resources.
Las irregularidades no sólo se dieron en la decisión final de la
adjudicación, dice la UDEF, sino que comenzaron al mismo tiempo que se ponía
en marcha el procedimiento administrativo. En concreto, en la misma redacción de los criterios que debían regir el concurso, tan ambiguos, apunta la
Policía, que permitieron ir definiéndolos a conveniencia.
Hasta el punto, señalan los investigadores en el informe, que «efectuando
un símil con los métodos de designación de funcionarios, el supuesto concurso
más parece una libre designación».
Valoración sesgada
Sobre los técnicos detenidos,
asegura la UDEFque hicieron una valoración «totalmente sesgada» en beneficio
siempre del grupo Magtel -investigado
en una pieza separada por sus relaciones de privilegio con la Junta- y «en
detrimento» de Emerita Resources, que fue la que destapó con su denuncia el
caso.
¿Cómo lo hicieron? Pues, explica el atestado policial, «sisando puntos» a
la empresa 'perdedora' todos los apartados «que eran susceptibles de la más
mínima interpretación. Según el criterio
de la UDEF, si se
hubiesen aplicado objetivamente los criterios de valoración a las ofertas
presentadas, el resultado hubiese sido muy diferente, ya que Emerita habría obtenido seis puntos y medio más, una
«amplia diferencia» con Magtel que le habría valido la adjudicación de la mina.
La manipulación de
los técnicos a la hora de evaluar las propuestas es especialmente descarado, manifiesta la Policía Nacional, en el caso de la ingeniera de Minas Pilar Orche, asesora
técnica de Ordenación Minera.
En su informe de
valoración, esta asesora,
destinada en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla), afirma literalmente que Emerita «se equivoca» a la
hora de hacer los cálculos sobre las cuadrículas mineras sobre las que se va a
investigar. Sólo en este apartado, la UDEF estima que la empresa denunciante
perdió entre un punto y medio y dos puntos.
Pero la actuación de
Orche no se limitó a un solo apartado. «Todos los cálculos realizados por esta
ingeniera se escoran considerablemente en la misma dirección», sentencia la
Policía.
Igualmente, en lo que respecta a la gestión de aguas, la
propuesta de Minorbis adolece, en opinión de los investigadores, de anomalías e incumplimientos claros de los requisitos, hasta el punto de
plantear una balsa de residuos prohibida.
Ayesa 'espió' para Magtel
No se quedan las irregularidades en el seno de la comisión
técnica y de la mesa de contratación. Las pesquisas llevadas a cabo por la UDEF han
revelado que, además, Magtel habría espiado a Emerita Resources a través de una
empresa de ingeniería, Ayesa, que
en un principio colaboró con Emerita Resources y que acabó trabajando para
Minorbis, la filial de Magtel que se presentó y ganó el concurso.
Según el informe policial, Emerita negoció
con Minorbis durante un tiempo la posibilidad de asociarse, y en ese periodo
contactó con Ayesa y le facilitó su proyecto para el tratamiento del ciclo del
agua en la mina, así como la forma de acceso subterráneo a la explotación.
Cuando se rompió el diálogo entre Emerita y
Minorbis, Ayesa rompió con esta última y «fusila» partes importantes del
proyecto de la primera en el proyecto que presenta la segunda.
La
policía culpa a la Junta andaluza del amaño en Aznalcóllar
Los agentes
censuran que los técnicos de la convocatoria minera perjudicaron a una firma
- La Unesco pide garantías antes de abrir la mina
La policía acusa a
la Junta de Andalucía de amañar el concurso para conceder la mina de
Aznalcóllar (Sevilla) y vulnerar el procedimiento que fija la ley. Tras un mes de pesquisas, la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha finalizado su investigación por
fraude y prevaricación con 15 detenidos entre altos cargos del Ejecutivo,
técnicos y los dos empresarios ganadores de la convocatoria. La juez Patricia
Fernández, tras censurar que el concurso careció del “más mínimo rigor”,
debe ahora mover ficha.
La policía considera que en el
concurso para la mina de Aznalcóllar la Junta andaluza alteró los criterios
establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y así poder
aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado. Las empresas
Minorbis-Grupo México se alzaron con el concurso el pasado febrero y a
continuación la firma perdedora Emerita denunció en los juzgados el supuesto
amaño de la convocatoria pública, lo que desembocó en la investigación policial
que acaba de concluir. Durante las pesquisas, ha prestado declaración la
directora general de Minas, María José Asensio, además de los técnicos que
intervinieron en el concurso y los dos empresarios ganadores de Minorbis.
El estallido de este caso coincidió con las
negociaciones para la investidura de la presidenta Susana Díaz, ya de por sí
alambicadas. Ante las sospechas y para asegurar la transparencia, Díaz
suspendió la adjudicación hasta que la instrucción ofrezca resultados.
Ahora los investigadores estiman en su informe que los técnicos
del concurso emitieron valoraciones sesgadas para perjudicar a Emerita.
Especialmente en los apartados económico y del
presupuesto de investigación por cuadrícula minera. El proyecto de Emerita
ofrecía una inversión de 641 millones frente a los 304 millones de la alianza
Minorbis-Grupo México, pese a lo cual la segunda ganó el concurso con 75,9
puntos sobre 73,6 de la oferta perdedora. La policía sostiene que a Emerita le fueron sustraídos al menos 6,5 puntos
de manera indebida.
El informe policial relata una inicial
negociación entre ambas empresas que fracasó pronto. Tras la ruptura, la
consultora Ayesa protagonizó supuestamente una maniobra de espionaje industrial
al facilitar el proyecto de Emerita a su competidor Minorbis, que presentó ante
la Junta una propuesta muy similar a la de Emerita. El abogado de Emerita
denunció ante la juez cómo hace un año el responsable del grupo ganador, Mario
López, les ofreció "refundir ambos proyectos", tras advertirles que
"tenía la llave del concurso".
La policía subraya asimismo las
carencias del proyecto ganador de Minorbis respecto a que utiliza datos y
volúmenes de agua ficticios. Además, los agentes critican la propuesta de
Minorbis para construir balsas de residuos tóxicos, prohibidas en el propio
pliego tras el desastre ecológico del vertido en 1998, y considera suficiente
una depuradora físico química cuando es necesaria una de ósmosis inversa. Por
último, el informe censura la propuesta para el acceso subterráneo al talud sur
sin tener en cuenta su inestabilidad y su alto riesgo de desprendimiento.
La tesis policial denuncia que el Gobierno andaluz ignoró la
transparencia debida en el concurso, y que esa intención motivó
que el Consejo Consultivo no interviniera para vigilar el proceso, a pesar de
que por ley no está obligado a ello. La
UDEF considera que el Consultivo debía haber emitido un dictamen dado que el
proyecto supera los 300 millones. Al
Grupo México no le fue exigida la documentación requerida en las bases porque
este no fue licitador en el concurso, sino que solo prestó a Minorbis apoyo
económico, técnico y financiero, tal y como explicaron las personas acusadas
por la policía. Para rechazar los testimonios de los detenidos, la policía
incluye certificados, actas y resoluciones que indican lo contrario y rubrican
la participación de Grupo México como licitador en unión con Minorbis.
La Junta ha defendido
la legalidad del concurso, y tras un informe favorable de sus servicios
jurídicos, ahora el Ejecutivo ha cerrado la vía administrativa al rechazar el
recurso de alzada de Emerita, a la que acusa de basarse en “meros juicios de
valor”. “No se vulneró ningún derecho de
la compañía, ni se halló ilegalidad en la resolución del concurso”, concluye el
Gobierno.
Mientras, en las diligencias por tráfico de influencias
desgajadas de la investigación troncal, que investigan un supuesto trato de
favor desde la Junta hacia el grupo Magtel (propietario de Minorbis), la juez
ha archivado seis de los siete casos que se investigaban. Tras el
informe de la fiscal del caso, la juez ha ordenado investigar los trabajos de
asesoramiento del ex director general de Innovación de la Junta Andrés Luque
para Magtel por "servicios de asesoramiento", por los que recibió
430.000 euros.
FRAUDE EN LA FORMACIÓN.
Atestado policial
29 empresas investigadas y 53 imputados en
la rama sevillana del fraude de los cursos de formación
- El juzgado traslada a la Fiscalía un atestado policial sobre las subvenciones fraudulentas
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha remitido
este jueves a la Fiscalía el atestado elaborado por la Policía sobre la presunta
trama en los cursos de formación para parados con fondos de la Junta, dentro de
la denominada operación Edu, en la que se investiga a 29 empresas y 53
imputados.
Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en esta causa se investigan cursos convocados con fondos de la Junta
de Andalucía desde la Delegación provincial de Empleo, Empresa y Comercio de
Sevilla, y en la que se habría producido un presunto fraude de las
subvenciones.
Se trata de la última fase de la
operación Edu, en la que fueron detenidas 46 personas en Sevilla, a las que se
suman otras siete que habían sido imputadas anteriormente por hechos similares.
Tras iniciarse hace un año esta causa, el juez solicitó a la
Policía una ampliación del atestado para aportar un número mayor de pruebas y
declaraciones acerca de los hechos denunciados.
Ahora, según el material recién recibido en el Juzgado, son
29 las empresas sevillanas que están siendo investigadas, de muy variados
sectores y dimensiones, y 53 los imputados en este proceso por presuntos
delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos
específicos dentro del presunto fraude de subvenciones.
El atestado ampliado consta de 51 tomos con cerca de 13.000
folios, a los que se han adjuntado en su envío a la Fiscalía otra documentación
con un volumen aproximado de 150 tomos (parte de ella en soportes
informáticos).
En esta causa, en la
que por el momento sólo esta personada la Junta de Andalucía como acusación, se
va a tratar de depurar si existe responsabilidad penal (o bien administrativa o
fiscal) y los presuntos responsables de estos delitos.
Las irregularidades descritas indican múltiples y diversos
usos fraudulentos de fondos de la Junta, cuyo destino era la formación y la
consecución de empleo de trabajadores en paro.
Otras juzgados de Andalucía
tienen también abiertas causas por un supuesto fraude en los fondos para los
cursos de formación.
ECONOMÍA. El paro ha bajado en 2015 un
2,08% en la comunidad
Andalucía, la
comunidad con la menor bajada del paro en junio
- Andalucía no consigue bajar del millón de parados y sitúa la cifra en 1.001.744
- El desempleo descendió en todas la provincias salvo en Huelva, Almería y Sevilla
- Sevilla es la provincia con mayor número de parados, 240.819
El número de desempleados registrados en los servicios públicos
de empleo en Andalucía disminuyó en junio en 4.847 personas, hasta situarse en
1.001.744,
según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En lo que va de año, el
desempleo en Andalucía ha bajado en 21.242 personas, el 2,08 por ciento.
Por provincias, el paro bajó en
todas salvo Huelva, Almería y Sevilla.
El paró bajó sobre todo en Cádiz, con 3.947
desempleados menos, seguida de Málaga (3.835), Jaén (833), Granada (675), y Córdoba
(198), mientras que subió en Huelva, con 3.067 parados más, Almería (1.432) y
Sevilla (142).
Con estos datos de junio, Sevilla
es la provincia andaluza con más parados registrados, con 240.819,
seguida de Cádiz (181.595), Málaga (181.394), Granada (101.385), Córdoba
(91.395), Almería (79.288), Jaén (66.281) y Huelva (59.047).
Por sectores, el paro aumentó en la
Agricultura, con 7.118 desempleados más, y bajó en el resto, sobre todo en el
grupo de Sin empleo anterior (7.638), Industria (1.813), Servicios (1.399) y
Construcción (1.115).
En junio se firmaron en Andalucía 357.372
contratos, el 0,03 por ciento más, de los que 13.058 fueron indefinidos y el
resto temporales.
En el conjunto nacional, el paro
registrado descendió en junio en 94.727 personas, hasta situarse en 4.120.304,
según el Ministerio de Empleo.
Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 35.085 personas en junio respecto
al mes anterior, lo que supone un crecimiento del 0,20 % y sitúa el número
total de adscritos al sistema en 17.256.395 ocupados.
Por comunidades autónomas, el paro bajó en todas las regiones y lo hizo
especialmente en Baleares, con un descenso del 5,65 por ciento, y Castilla y
León, con el 4,10 por ciento.
PSOE y Ciudadanos
evaluarán su acuerdo en la Junta cada dos meses
Ambas partes consideran que se está
cumpliendo el acuerdo en la primera reunión de la comisión de seguimiento
Tres grupos de trabajo, uno por
cada una de las tres partes que tiene el acuerdo, van a vigilar que se están
cumpliendo los 73 puntos que PSOE y Ciudadanos firmaron el pasado 9 de junio
para investir como presidenta a Susana Díaz.
Así, habrá uno dedicado a la vigilancia de los puntos
relativos a regeneración democrática y transparencia, otro para
analizar las medidas de reactivación económica y un tercero para las de
bienestar social.
La primera reunión
entre ambas partes se saldó con buenas palabras tanto por parte del líder de
Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, como por el secretario de Organización del
PSOE andaluz, Juan Cornejo.
Juan Marín ha puesto en valor que algunos
de los 72 puntos firmado entre ambas partes «ya se han llevado a efecto», como,
ha señalado, las becas para el B1, el fraccionamiento de las matrículas de los
universitarios o que, tras su imputación, los expresidentes Manuel Chaves
y José Antonio Griñán y el exconsejero Gaspar Zarrías, hayan entregado sus
actas.
A juicio del líder andaluz de Ciudadanos, aunque la comisión
de seguimiento vuelva a reunirse para valorar el acuerdo en tres meses, «el
cumplimiento del acuerdo va a tener su reflejo en la ley de presupuesto de
2016» porque
ahí es donde realmente se va a ver reflejada la voluntad de cumplimiento del
PSOE.
Juan Marín ha explicado que no considera que el hecho de que la Junta no se haya
personado en el caso de los ERE en el Tribunal Supremo como un incumplimiento,
ya que se
trata de una medida que decidirá en su momento el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.
El presidente Ciudadanos ha ahondado en que, en líneas
generales, el acuerdo que se ha firmado se está cumpliendo, mientras entiende que en algunas cuestiones también hay que
tener un poco de paciencia porque hay asuntos que tienen su tiempo y «no
pretenden que el Parlamento se convierta en un juzgado».
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