- El Tribunal Supremo asume la tesis de la juez de que la cúpula de la Junta creó un sistema ilegal de reparto del dinero, pero rebaja la malversación de caudales
- La tesis de Alaya triunfa. Al imputar a Chaves, Griñán y Zarrías, el Supremo avala la conspiración política en el 'caso ERE'
¿El sin
sentido?
El relevo de Alaya en
el juzgado deja abiertos muchos interrogantes, todos inquietantes. Díaz llamó por teléfono al presidente del
Poder Judicial, Carlos Lesmes, para interesarse por la decisión que iba a tomar
en torno a la continuidad o no de la magistrada. Entre tanto, María Núñez Bolaños,
casada con el médico forense Julio Guija, amigo del consejero de Justicia,
Emilio de Llera, recala en el juzgado de los ERE por su antigüedad como jueza
de familia tras llegar a la pugna apurando el plazo.
Canalsu, Andalucía imparable.
Caso ERE, calderilla.
El Supremo tampoco se ha tragado el cuento.
Al parecer, ya conocía la obra y lo que se antojaba como un privilegio más de
quienes han gobernado desde la soberbia confundiendo Andalucía con su partido
va camino de convertirse en una procesión. Al final no ha servido ni elegir a
los mejores para gobernar desde la responsabiliad.
Llamaría la atención la dureza con que
Susana Díaz se ha referido a su protector (Viera) por negarse a entregar el
acta de diputado (ese señor…) si no la conociéramos.
Un triunfo con
matices de Alaya
- El Tribunal Supremo asume la tesis de la juez de que la cúpula de la Junta creó un sistema ilegal de reparto del dinero, pero rebaja la malversación de caudales
Mercedes Alaya no se equivocó.
Este pasado jueves se cayó con todo el equipo la teoría exculpatoria de los
«tres o cuatro golfos» en una causa con 272 imputados que ya ha dejado pequeña
la macrocausa del caso Malaya. También se tambaleó la
tesis oficial de la Junta de Andalucía de que la partida 31L era un fondo legal
porque figuraba en los anexos de las Leyes de Presupuestos que aprobaba el
Parlamento andaluz año tras año.
No cuela tampoco el intento de endosar
todas las culpas a Francisco Javier Guerrero, el exdirector de Trabajo (1999/2008) que
daba las ayudas sin tener competencias y al interventor de la Junta que
denunció que el procedimiento violentaba las leyes administrativas más elementales. En ellos puso el listón de responsabilidades el dictamen
que salió de la comisión de investigación de los ERE que no se aprobó
finalmente por irrisorio.
La teoría de la juez es desde este pasado jueves, en parte,
la teoría del Tribunal Supremo. Con una salvedad importante:
el instructor Alberto Jorge Barreiro cree que
José Antonio
Griñán, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías prevaricaron al crear un procedimiento
ilegal, pero no avala la supuesta malversación de fondos públicos, salvo en el
caso del exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Si son enjuiciados y condenados
por prevaricación, los tres primeros no irían a la cárcel. Sólo serían
inhabilitados para ejercer cargo público.
Alaya acusó al gobierno autonómico de confabularse para
crear un sistema ilegal con el exclusivo propósito de repartir dinero público a
cambio de votos burlando los controles de la Intervención. Todos los pasos que ha ido dando en este
laberinto judicial que inició en febrero de 2011 han estado encaminados a
confirmar lo que consideraba evidente: que la
antigua cúpula de la Junta creó, mantuvo y «cebó» con fondos públicos una red
de clientelismo político que ha facilitado al socialismo andaluz más de tres
décadas de hegemonía sin sobresaltos. Tras conseguir una plaza en la Sección Séptima de
la Audiencia de Sevilla (la misma que
tiene que decidir sobre el despiece del caso ERE), Alaya aspira a concluir la instrucción mediante una
comisión de servicios.
Todo comenzó con la famosa grabación de dos directivos de Mercasevilla
que exigían comisiones
ilegales a dos empresarios a cambio de una subvención autonómica para montar
cursos de formación. Días
después de que ABC desvelara su existencia, José Luis Rodríguez Zapatero forzó
la dimisión de Manuel Chaves.
El caso Mercasevilla condujo,
casi por casualidad, a la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6
de Sevilla -y desde el
pasado miércoles magistrada de la Audiencia de Sevilla- a los primeros intrusos
empotrados en un ERE de la lonja hispalense financiado por la Administración regional
y al conseguidor de las ayudas por antonomasia, Juan Lanzas. Tirando de este cabo, desmontó una trama que ha puesto contra
las cuerdas de la Justicia al viejo régimen andaluz.
Una carrera de obstáculos
Cinco años tardó en
escudriñar la alquimia de la corrupción que ha puesto en la antesala del
banquillo al mayor monopolio de poder autonómico de España. La Junta de Andalucía nunca se lo puso
fácil. No ha cejado de ponerle zancadillas para intentar apartarla de la
instrucción. En los orígenes del caso
Mercasevilla, el PSOE instó a la juez a inhibirse alegando que su marido auditó
a la empresa municipal durante siete años. La recusación no prosperó. Alaya
siguió en solitario con su hoja de ruta consciente de que sus autos podían
hacer temblar los escalones más poderosos del Ejecutivo.
Los ataques se recrudecieron a
partir de 2011, cuando halló un «fondo
de reptiles» dotado con 855 millones de euros que sirvió durante diez años para
pagar prejubilaciones a personas que jamás habían pisado la empresa y comisiones
muy por encima de los márgenes del mercado a sindicatos, conseguidores y
bufetes de abogados. El culmen de esta guerra sucia llegó cuando Alfonso Guerra dejó caer que había una «relación fuerte
personal» entre Alaya y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, juez en
excedencia.
La Junta aireó las flaquezas de
la juez, que también las
tiene, empezando por la lentitud de la instrucción. El PSOE y las defensas se
encargaron de amplificar las demoras injustificadas de declaraciones, los
interrogatorios «inquisitoriales», la imputación selectiva de políticos
dependiendo de si estaban o no aforados. Griñán insinuó que redactaba sus autos
al dictado del PP. Todas estas acusaciones planeaban cada mañana sobre Alaya
cuando entraba en los juzgados arrastrando su inseparable «trolley».
De las palabras luego pasaron a
los hechos. El Gobierno
andaluz, más preocupado en trazar un cortafuegos institucional para limitar los
daños, planteó un conflicto de jurisdicción ante el Supremo (que
perdió)
para no entregarle las 480 actas de los Consejos de
Gobierno. La Guardia Civil también denunció que «se sacó documentación
comprometida» para la investigación.
Seísmo en el «nuevo tiempo»
En agosto de 2013,
catorce meses después de revalidar el mando gracias a un pacto con IU, José
Antonio Griñán cambia el sillón presidencial por un escaño en el Senado que le
garantiza su aforamiento. Se libra de la primera imputación de un presidente
en activo y del ingrato paseíllo judicial ante Alaya. Por los pelos.
Justo cuando los consejeros de Susana Díaz
prometían sus cargos en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, Alaya
abrió un procedimiento contra los expresidentes y cinco exconsejeros, diputados
nacionales y autonómicos con protección parlamentaria. Díaz creó un cordón
sanitario para frenar la propagación del incendio durante la campaña de las
elecciones autonómicas. En el último Pleno de la legislatura, blindó a los exconsejeros Carmen
Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Ávila (Manuel Recio ya estaba) en la
Diputación Permanente del Parlamento.
El relevo de Alaya en
el juzgado deja abiertos muchos interrogantes, todos inquietantes. Díaz llamó por teléfono al presidente del
Poder Judicial, Carlos Lesmes, para interesarse por la decisión que iba a tomar
en torno a la continuidad o no de la magistrada. Entre tanto, María Núñez Bolaños,
casada con el médico forense Julio Guija, amigo del consejero de Justicia,
Emilio de Llera, recala en el juzgado de los ERE por su antigüedad como jueza
de familia tras llegar a la pugna apurando el plazo.
Como si un círculo perfecto se
cerrara, la imputación definitiva de los antiguos responsables de la Junta
coincide con la despedida de la juez como titular del juzgado. A falta de medallas, le queda esa
satisfacción personal: Alaya no se equivocó. Ni la pirámide corrupta era una
fabulación suya. Lo ha dicho alto y claro el Supremo
La tesis de Alaya
triunfa
Al imputar a Chaves, Griñán y Zarrías, el Supremo avala la
conspiración política en el 'caso ERE'
Gaspar Zarrías,
José Antonio Griñán, Manuel Chaves, en una imagen de archivo. :: efe
La repercusión de la exposición razonada del juez instructor
del 'caso ERE' en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, imputando
de prevaricación administrativa a la cúpula de los socialistas andaluces
durante dos décadas aún tardará en ser digerida por este partido, pese a que ya tuviera el
cuerpo hecho a ello. Ahora se cumple dos años del auto en el que la jueza Mercedes Alaya
daba el paso decisivo en esta dirección al imputar a una veintena de cargos
públicos de las áreas de Hacienda, Empleo e Innovación, entre ellos Magdalena
Álvarez, antecesora de Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda.
AYUDA Y FRAUDE
854,8 millones de euros fueron concedidos de forma
ilegal por la Junta de Andalucía desde 2000 a 2012, aunque el juez del Supremo advierte de que no puede
considerarse todo este dinero un fraude. El magistrado incluso admite que el
fraude es difícil de calcular por ahora, aunque sí señala donde está: intrusos,
ayudas falsas y sobrecomisiones.
Aquel auto de finales
de junio de 2013 tuvo repercusiones políticas ya conocidas: José Antonio Griñán, a quien la jueza Alaya ya había señalado en
otros autos anteriores sin mencionar su nombre, comprendió que la
magistrada iba a por él y organizó su dimisión como presidente de la Junta de
Andalucía en 'petit comite' con Susana Díaz, su consejera de Presidencia y
señalada desde un año antes como sucesora.
Alaya tardó poco en darle la razón y el 10 de septiembre lanzó la bomba
con un polémico auto de imputación (no puede investigar a los aforados) contra
Manuel Chaves, Griñán y varios exconsejeros de ambos, todos entonces diputados.
Les hizo partícipes de la decisión, diseño y puesta
en marcha del sistema para la concesión de subvenciones sociolaborales y a
empresas, que el juez Barreiro tacha como ella de «ilegal y arbitrario» y por
el que culpa a los expresidentes de cometer «auténticas ilegalidades».
Con ello el Tribunal Supremo suscribe la tesis mantenida por
Alaya desde el comienzo de la instrucción en 2011. Porque al margen de los 'intrusos' que dieron pie al caso
(fue la aparición de dos prejubilados con dinero de la Junta ajenos al mercado
mayorista Mercasevilla en uno de sus dos expedientes de regulación de empleo lo
que hizo a Alaya tirar del hilo), de las empresas que recibieron subvenciones
con expedientes de apenas dos renglones y de los mediadores o conseguidores
(Lanzas) que trincaron pingües beneficios, Alaya tuvo claro desde
el principio del sumario, desde el auto de marzo de 2011 reclamando todas las
actas de los consejos de gobierno de la Junta de una década, que la pista del
fraude del dinero no era la única que iba a seguir.
Su disciplinado olfato de jueza
instructora se quedó desde el primer minuto con la respuesta que Javier
Guerrero, el director
general de Trabajo responsable de la concesión de las ayudas hasta 2009, dio a
la Policía a finales de 2010 cuando describió la
partida de los ERE como «fondo de reptiles», aunque luego se desdijo.
La batalla de las actas entre Junta y jueza, que dirimió el Supremo a
favor de esta, marca el punto de inflexión de una teoría que ahora el
instructor del alto tribunal corrobora: la de que una trama
política propició un sistema de ayudas sin control con fines electorales.
Ni siquiera Barreiro entra en el
debate técnico jurídico de las transferencias de financiación, el procedimiento
administrativo utilizado para pagar las subvenciones a través del IFA-IDEA sin
fiscalización previa, como
han pretendido las defensas de Griñán y Chaves. Simplemente considera que su utilización presupuestaria en
este asunto es «claramente ilegal» y que el Parlamento, que debatió y aprobó el sistema
dentro de las leyes de presupuestos, fue engañado porque estos fueron
falseados. Una teoría sostenida por
Alaya numerosas veces en sus escritos contra el medio centenar de políticos y
funcionarios imputados.
Clientelismo
electoral
Como apuntan los periodistas Antonio Salvador y Sebastián
Torres de 'El Mundo', quienes destaparon este asunto cuando estaba en fase
policial en diciembre de 2010, a partir de Alaya y el 'caso ERE' la corrupción
política cobra otra dimensión. Ya no solo es
enriquecimiento ilícito, del que el juez Barreiro exculpa a los expresidentes y
resto de aforados, sino también gestión política para afianzar el clientelismo
electoral, para conservar el poder. El «doble negocio» del que habla Alaya bajo el pretexto
de la «paz social». Toda gestión política
busca el voto, pero lo que Alaya quiere demostrar es la impunidad de los
gobiernos socialistas de la Junta al hacerlo sin respetar las leyes establecidas.
Barreiro no entra en
estos matices como tampoco, como sí hace Alaya en sus exposiciones, en que el sistema
ilegal fue «ideado» bajo una «directriz política» para beneficiar a personas
afines al PSOE y al entorno de la Junta. Pero
al negar cualquier credibilidad a las declaraciones de los expresidentes y
Zarrías de que ninguno supo nunca que se estuviera haciendo uso de un
procedimiento ilegal que se saltara los controles, en cierto modo avala la
tesis de la magistrada sevillana.
Incluso ironiza al rebatir las declaraciones de Griñán con
que resulta increíble que hubiera un «complot» o «pacto de
silencio» de los segundos niveles para que la «cúpula» piramidal de la
administración no se enterara de las irregularidades. Una ironía que responde a la frase de Griñán tras declarar
ante el magistrado: «No
hubo una gran conspiración, pero sí un gran fraude».
«Es imposible», afirma
la jueza, que no conocieran las advertencias hasta «el hartazgo» del
interventor Manuel Gómez. Tuvieron una «conducta activa patente» a «sabiendas»
del procedimiento ilícito, dice Barreiro, quien incluso excusa que el
exinterventor no hiciera un informe de actuación o alerta de menoscabo de
fondos públicos porque cómo iba a hacerlo si su puesto dependía de a quienes
iba a cuestionar.
Aquellas actas de los consejos de gobierno
han servido ahora, al cabo de los años, de pruebas para el juez Barreiro contra
Chaves y Griñán. Esgrime las 22 modificaciones presupuestarias aprobadas en los
consejos de gobierno para «engordar sin descanso la partida de los ERE» como
indicio de que sí sabían del sistema.
La tesis de Alaya de la
conspiración política triunfa con la exposición de Barreiro, aunque este no aluda a ello en sus 130
páginas. Por ahora... Las palabras del juez instructor no son definitivas ni
siquiera para ir a juicio. El 'caso de los ERE' en el Supremo no ha acabado por
ahora. Chaves y Zarrías van a intentar que la sala segunda del alto tribunal se
pronuncie sobre ello, convencidos de que los indicios que apunta Barreiro son imposibles de
demostrar en un juicio. Y aunque dimitan
como presiona el PSOE esta próxima semana, la permanencia de José Antonio Viera
en el escaño obligará al alto tribunal a tomar partido sobre la exposición
razonada. Pero quizás le quede poco tiempo para hacerlo si Mariano Rajoy
convoca las elecciones en septiembre, ya que el Congreso quedaría disuelto en
julio.
El caso no termina
Tarde o temprano parece
inevitable que el sumario de los aforados pasará al juzgado 6 de Sevilla y será
la Audiencia Provincial la que enjuicie a todos los políticos del 'caso ERE' en
primera instancia. Es curioso el lamento que hace Barreiro en el auto que
niega a Griñán su marcha a la jurisdicción de Sevilla tras dejar de ser aforado: «En el caso de que decidieran renunciar al escaño todos los
imputados, este instructor habría estado investigando durante seis meses para
la Audiencia de Sevilla, cuyo tribunal podría perfectamente dejar sin efecto
las resoluciones procesales que ha dictado el instructor».
También ha sido
inevitable que este escándalo, el primero de tales dimensiones que afecta a la
Junta de Andalucía y al PSOE andaluz, haya interferido en la política de esta
comunidad, la de más paro de España, aunque de forma paradójica. El PSOE perdió su hegemonía durante tres
años, pero no el poder en la Junta de Andalucía. La irrupción de Susana Díaz,
un perfil joven y de gran vigor político en tiempos inestables, frenó la
vaticinada caída del PSOE. Ganó las elecciones andaluzas el pasado marzo a
mucha distancia del PP, aunque sin mayoría absoluta.
El PP, que tomó parte activa en
el 'caso de los ERE' desde el principio, no ha rentabilizado el declive del
PSOE. Si bien ganó en 2012
las elecciones, en las del pasado marzo tuvo uno de sus peores resultados. Fue
Juan Ignacio Zoido, que acaba de perder la Alcaldía de Sevilla, quien propició
que Alaya llevara el asunto al denunciar en su juzgado el soborno de directivos
de Mercasevilla a hosteleros de la capital. El PP es acusación particular y sus abogados han
sido clave en el curso de las investigaciones de Alaya, muchas de ellas
realizadas a instancias de parte. Antonio Sanz, hoy delegado del Gobierno,
firmó la mayoría de ellas.
Paradojas
Dos partidos
emergentes, Podemos y Ciudadanos, de apenas un año de vida política, han sacado
más partido al mayor caso de corrupción en Andalucía en su historia. Los dos coincidieron en exigir la cabeza
de Chaves y Griñán, que el PP pidió durante tantos plenos del Parlamento, para
dejar gobernar a Susana Díaz, algo que ha propiciado C's.
La última paradoja la entraña la propia Alaya: Lo será si
en el reparto del caso ERE que haga la ahora titular del número 6, María Núñez
Bolaños, no le toca la trama política. Siempre trabajó pensando que al
señalar a Chaves y Griñán, su famoso caso acabaría en el Tribunal Supremo.
Siempre ha peleado para que no se divida el sumario.
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