Sin desperdicio. .Aznalcóllar: las galerías de la Junta; una adjudicación bajo sospecha. =.....y como en Mercasevilla y tirando del hilo ¿se abre una rama del caso exclusivamente por tráfico de influencias entre el conglomerado empresarial de los hermanos López Magdaleno y los sucesivos gobiernos socialistas en la Junta?.

Relaciones privilegiadas con el poder. Cuarenta millones de razones que han visto tanto la UDEF como la juez Fernández para investigar las relaciones aparentemente privilegiadas entre los gobiernos andaluces y Magtel. Entre esos millones hay, ojo, incluso subvenciones para cursos de formación como los que investiga el Juzgado de Instrucción 6, ahora bajo la dirección de María Ángeles Núñez

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/29/559115d6ca4741d0708b457d.html

Analisis. Una adjudicación bajo sospecha.

Aznalcóllar: las galerías de la Junta

Parecía una simple 'pelea' entre empresas, el producto del mal perder de una compañía a la que habían arrebatado un buen negocio. Pero en el subsuelo de Aznalcóllar resultó que había algo que más que minerales.

Pocos apostaban por que tuviese mucho recorrido la denuncia que Emerita Resources -filial de la multinacional canadiense Forbes & Manhattan- presentó en los juzgados de Sevilla un día después de que la Junta de Andalucía adjudicase por 30 años los derechos de explotación de Aznalcóllar a Minorbis (lo que es lo mismo que decir Magtel). En ella, los perdedores del concurso enumeraban un rosario de delitos. Desde prevaricación a falsedad documental, pasando por otros que aparentemente no encajaban en lo que, en un principio, era 'sólo' un amaño.

Como si fuese una de esas matriuskas rusas -las muñecas que esconden dentro muchas más-, el presunto amaño en el concurso de Aznalcóllar escondía un sinfín de (presuntas) irregularidades y corruptelas que van desde el tráfico de influencias -viejo conocido de los gobiernos del PSOE en Andalucía- al fraude en subvenciones, éste más reciente y muy de actualidad. No en vano es el gran protagonista de uno de los macro escándalos de corrupción que salpican a la Junta, el de los cursos de formación.

Con inusual celeridad, la juez Patricia Fernández -de la que quienes la conocen destacan su seriedad y profesionalidad- ha abierto una línea de investigación tras otra hasta convertir el procedimiento inicial en el embrión de lo que podría convertirse en una de esas macrocausas que han dado relumbrón a la juez Mercedes Alaya y han llegado a tumbar a los dos últimos presidentes socialistas,Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Un 'caramelo' para el sector minero

¿Qué se investiga ahora mismo? La madre de todas las investigaciones sigue siendo el concurso convocado en 2014 por la Consejería de Economía para adjudicar los derechos de explotación de las reservas mineras de Aznalcóllar.

Con 950 hectáreas de superficie, el yacimiento cuenta con unas reservas constatadas y recursos probables de alrededor de 80 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata). Un caramelo para cualquier empresa del sector que ha terminado por amargársele al grupo cordobés Magtel, el adjudicatario oficial según la resolución de la Junta, a través de su filial Minorbis.

Las sospechas de que pudo amañarse el procedimiento administrativo se basan, sobre todo, en las notables diferencias en las ofertas de las aspirantes y en el supuesto incumplimiento por parte de la adjudicataria de algunos de los requisitos exigidos. Tan evidentes son unas y otros que la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla vio, nada más empezar a indagar, una «absoluta falta de rigor» de la Administraciones andaluza en la tramitación del concurso.

A eso hay que unir las sombras de algún 'conseguidor' al que los denunciantes pusieron nombre y apellidos. Los de Andrés Luque, ex alto cargo de la Junta al que Magtel fichó como asesor externo por una cantidad nada desdeñable.

De ese hiló empezó a tirar la juez Fernández, con la inestimable ayuda de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, hasta abrir una rama del caso exclusivamente por tráfico de influencias entre el conglomerado empresarial de los hermanos López Magdaleno y los sucesivos gobiernos socialistasen la Junta.

Gobiernos que -ítem más en la lista de sospechas- regaron durante años a las empresas del grupo Magtel con subvenciones millonarias por todos los conceptos. Sólo desde 2009, el grupo cordobés recibió una lluvia de más de 25 millones de euros en ayudas públicas procedentes de distintas consejerías andaluzas. Y a eso hay que sumar los créditos, de lo que resulta una apabullante cifra de alrededor de 40 millones de euros de fondos públicos que han ido a parar a las arcas de Magtel.

Relaciones privilegiadas con el poder

Cuarenta millones de razones que han visto tanto la UDEF como la juez Fernández para investigar las relaciones aparentemente privilegiadas entre los gobiernos andaluces y Magtel.

Entre esos millones hay, ojo, incluso subvenciones para cursos de formación como los que investiga el Juzgado de Instrucción 6, ahora bajo la dirección de María Ángeles Núñez.

Si a alguien le parecía poco, a todo lo anterior hay que sumar las dudas que, cuanto menos, genera la manera en la que se ha terminado adjudicando el yacimiento minero. Las formas y la adjudicataria final, que no es estrictamente la misma que la que participó en el concurso.

Porque Minorbis, la ganadora oficial, no es la adjudicataria final. Lo es una sociedad que ha surgido de la nada, Minera Los Frailes S.L., constituida expresamente para hacerse con los derechos de la mina y detrás de cuya extraña aparición estaría Grupo México, la misma multinacional cuyo nombre usó Magtel a base de pantallazos de su web para suplir su indisimulable falta de experiencia y solvencia técnica en actividades extractivas.

Ateniéndonos a los documentos oficiales que, hasta ahora, han salido a la luz pública -la mayoría en las páginas de este periódico- la ganadora del concurso no tiene ni el 3% de la sociedad que se ha quedado la mina, cuyas acciones son propiedad mayoritariamente de AMCMining Iberia, otra empresa aparecida por sorpresa y usada por Grupo México para sus intereses españoles y que habría pagado un millón a Magtel por sus «servicios».

Entretanto, la Junta trata de mantener el imposible equilibrio entre la defensa de la legalidad de todo el procedimiento y una supuesta transparencia y colaboración con la Justicia que es tan aparente como la paralización que anunció la presidenta, Susana Díaz. La reapertura de Aznalcóllar fue su gran apuesta personal y electoral, un filón que ha puesto al descubierto las galerías más oscuras de su gobierno.