lunes, 22 de junio de 2015

Primera condena del TSJA a la Junta por el pufo de los consorcios; Los jueces aprecian fraude de ley y declaran nulos los despidos = Los resultados de su nefasta gestión ¿lo pagamos con dinero publico de todos?; y aquí no ha pasado nada de nada ¿¿???

  •  Educación debe readmitir ahora a 17 empleados de Formades
  •  La juez Mercedes Alaya investiga la red pública de 14 escuelas

 El consejero de Empleo, Empresa y Fomento, José Sánchez Maldonado.



Primera condena del TSJA a la Junta por el pufo de los consorcios

 Los jueces aprecian fraude de ley y declaran nulos los despidos 
  •  Educación debe readmitir ahora a 17 empleados de Formades
  •  La juez Mercedes Alaya investiga la red pública de 14 escuelas

 El consejero de Empleo, Empresa y Fomento, José Sánchez Maldonado.

Primera condena del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, por el pufo de los consorcios escuela que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, en el marco de las pesquisas sobre el presunto fraude de la formación. Tal y como alertaron los técnicos de la Junta de Andalucía en un informe interno publicado por EL MUNDO el pasado noviembre, la Junta finalmente ha resultado condenada por las irregularidades en los consorcios escuela públicos.

Una sentencia de la Sala de lo Social del TSJA, con sede en Sevilla, aprecia fraude de ley y declara nulos los despidos de varios trabajadores del Consorcio Andaluz de Formación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) y condena solidariamente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y al propio Consorcio a la «inmediata readmisión de los empleados». Hay 17 empleados afectados, según las fuentes consultadas por este diario.

Esta condena del TSJA, que seguro da más de un quebradero de cabeza al Gobierno presidido por la socialista Susana Díaz, forma parte de la herencia envenenada que recibe el nuevo consejero de Empleo, Empresa y Fomento, José Sánchez Maldonado. Empleo asume las competencias en formación, que antes estaban en la Consejería de Educación, con el ex consejero Luciano Alonso al frente. El Consorcio de Almonte está integrado en la red de 14 escuelas taller en las que la Junta tiene una participación mayoritaria, que ahora está investigando Alaya por presunto el fraude de la formación.

Esta escuela es la que desvió dinero que estaba destinado a los cursos a la cabalgata de los Reyes Magos de Almonte del año 2009 en la que salió como reina Melchor la gerente de Formades Ana María Orihuela, ahora imputada en el caso que indaga Alaya. Tan clamorosas eran las irregularidades en este consorcio que la Junta las llevó a la Fiscalía de Huelva. Pese a la denuncia, la Administración andaluza siguió inyectando subvenciones. La sentencia del TSJA, que ha sido recurrida por la Junta ante el Tribunal Supremo, subraya la «gravedad» de los despidos de estos trabajadores del Consorcio de Almonte, «dada la existencia de suficientes datos objetivos para llegar a la convicción de fraude de ley», recoge el fallo.

Con estos despidos, la Junta «ha pretendido eludir que el personal de la plantilla del Consorcio pasase a prestar sus servicios, sin solución de continuidad, al órgano administrativo que asumiese las competencias y la actividad que venía llevando a cabo el mismo, la Consejería de Educación, cuando se decide asumir las competencias» de Formades, avisa el fallo.

Además del fraude de ley apreciado por el TSJA, la sentencia abunda en el «incumplimiento palmario de los requisitos legales y procedimentales» en los que incurrió el Consorcio de la Junta para despedir a sus empleados. «Si bien la Administración pública tiene la facultad de iniciar un expediente de despido colectivo y de tomar la decisión que proceda con respecto a sus trabajadores, ello no le exime de cumplir con los requisitos legales sustantivos y procesales que le exige, también a la Administración pública, la normativa», remarca el fallo fechado el 16 de octubre de 2014.

Los magistrados detectan carencias en la memoria explicativa, que «no es suficiente ni le exime de indicar y justificar la causa objetiva para el despido colectivo».

Formades está disuelto desde el 28 de enero de 2014, cuando el Consejo de Gobierno presidido por Díaz instó la disolución de tres consorcios. Aunque públicamente se esgrimieron otras razones, la Junta los disolvió por las sospechas de fraude.


Los otros consorcios disueltos son el Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información (Forman), de Málaga; y el Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI), en San Fernando (Cádiz).

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