La funcionaria Paloma Coiduras, jefa de departamento de la inspección pesquera de la Junta de Andalucía, denunció cómo se tramitaban las sanciones en este sector.
Y seguimos sumando...
“ME INTENTARON CALLAR
LA BOCA”, DENUNCIA.
El TSJA tumba el
expediente de la Junta contra la ‘funcionaria Quijote’ que denunció la
corrupción
La funcionaria Paloma Coiduras, jefa de departamento de la
inspección pesquera de la Junta de Andalucía, denunció cómo se tramitaban las
sanciones en este sector
Los funcionarios tendrán a
partir de ahora más respaldo judicial para denunciar las irregularidades que
vean en la administración. Una
sentencia del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) a la que ha
tenido acceso este diario tumba el expediente disciplinario de la Junta contra
Paloma Coiduras, una jefa de departamento de inspección pesquera de la Junta
que denunció cómo se tramitaban las sanciones en este sector.
Coiduras, que sufrió acoso laboral de sus jefes, señaló en
declaraciones a El Confidencial que el expediente que se le abrió fue “para callarle la boca”. “Ahora por
fin se demuestra que no cometí ninguna falta contra la administración y
corrobora que todo lo que denunciaba era cierto. No ha prescrito al
acoso continuado contra mí; han sido diez años de mi vida horribles”, relató.
La sentencia rechaza que sea el ámbito de un procedimiento
disciplinario “ni, tampoco, el de la jurisdicción contencioso-administrativa,
donde corresponde decidir sobre lo que constituyen conductas a enjuiciar en el
orden penal por presentar carácter de posible delito, siendo igualmente
impropio de esta vía y de la administrativa el examen y valoración de la prueba
que al efecto concurra”. Estos hechos, y otras ayudas ilegales al campo,
también lo está investigando la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude).
Isaías Pérez Saldaña, exconsejero de Pesca y Agricultura de
la Junta de Andalucía. (EFE)Subraya la funcionaria que lo que intentó la Junta
de Andalucía fue pararle los pies con el expediente disciplinario. “Abriéndome el expediente intentaban que no hablara y
denunciara lo que veía en la Junta, pero
ahora está claro que si una administración quiere ir contra un trabajador debe
hacerlo por la vía penal”, explicó. “A
mí se me ha enjuiciado mal desde el principio. Lo que yo había denunciado eran
posibles delitos penales”.
La funcionaria, de 61 años, empezó a denunciar en 2005 al
entonces consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, Isaías Pérez Saldaña,
las “irregularidades” que observaba en su trabajo contra la pesca de inmaduros
de pez espada con un tamaño inferior a los 120 centímetros y una talla mínima
para el atún de 6,7 kilos o 70 centímetros. Según su denuncia, el delegado de Agricultura en Almería
“conocía la vigencia” de la normativa sobre esta talla.
Cargos “interesados en tapar irregularidades”
“En la sentencia ha influido seguro el escrito que presenté
ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el
pasado 12 de marzo. Ahí comenté que la secretaria general de la delegación de
Agricultura participó de manera directa en las irregularidades colaborando con
el delegado de Almería en que no se iniciaran expedientes sancionadores a
ciertos pescadores mientras que a otros se les estaba sancionando; era una
persona directamente interesada en tapar las irregularidades que informé al
consejero”.
La funcionaria subraya que lo que intentó la Junta de
Andalucía fue pararle los pies con el expediente disciplinario
El TSJA también confirma que no existió un supuesto de
“atentado a la dignidad, grave o no” que reclamaba la Junta de Andalucía. “El atentado
a la dignidad tipificado en el orden administrativo queda configurado como
actuación autónoma dirigida intencionadamente al menoscabo de aquella, presupuestos
de autonomía y de esa específica intencionalidad que no se aprecian en el
presente supuesto”.
En el escrito de conclusiones presentado por Coiduras se
especifica que la funcionaria puso en conocimiento de las irregularidades
“en evitación de males mayores, y no incurrir en posibles responsabilidades
civiles o penales, por ser responsables de la buena gestión de los servicios a
su cargo”. Según fuentes jurídicas próximas al caso, la situación era
“tan grave” que la empleada pública de la Junta “no tuvo más
remedio que presentar una querella criminal ante los juzgados competentes de
Almería al no tomarse medida alguna por parte de sus superiores jerárquicos”.
La Junta de Andalucía no presentó
ninguna querella criminal a Coiduras por denuncia falsa. “A sensu contrario”, como indica el escrito de conclusiones,
ha
quedado demostrado que las irregularidades informadas al consejero son ciertas
y veraces, tal y como se ha acreditado con la amplia prueba documental”.
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