- El socialista Manuel Gracia seguirá cobrando 5.500 euros al mes hasta abril
- El ex consejero Ávila atrasa su vuelta a la Universidad y también pide indemnización
GASTO
PÚBLICO. Los sueldos de los políticos
Jubilación de oro
para el ex presidente del Parlamento
- El socialista Manuel Gracia seguirá cobrando 5.500 euros al mes hasta abril
- El ex consejero Ávila atrasa su vuelta a la Universidad y también pide indemnización
A sus 69 años Manuel Gracia, el ex
presidente socialista del Parlamento andaluz, va a poder disfrutar de una
jubilación de oro gracias a las cesantías, las polémicas
indemnizaciones de las que disfrutan desde 2005 los diputados y altos cargos
autonómicos. El
antecesor de Juan Pablo Durán en la Cámara autonómica tiene reconocido desde el
mes pasado el derecho a seguir ingresando 5.585,16 euros hasta abril del año que
viene, cuando alcanzará una cifra total de 67.021,92 euros.
Así se
recoge en el cuadro de las asignaciones económicas temporales a favor de
parlamentarios por extinción del mandato, actualizado en la página web del Parlamento tras un acuerdo de la Mesa
de la Cánara adoptado durante la campaña electoral de las municipales,
concretamente el pasado 14 de mayo. Siete ex
diputados autonómicos más han reclamado cesantías, siendo Gracia el más
beneficiado económicamente por su derecho a seguir cobrando sueldo presidencial
durante todo un año.
El siguiente que más dinero va a
ingresar es el ex parlamentario de IU por Cádiz Ignacio García.
Vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento durante la IX Legislatura
merced al pacto bipartito suscrito con el PSOE,
García tiene derecho a seguir cobrando de la Cámara autonómica 4.845,81 euros
al mes hasta febrero de 2016. En total, la prejubilación política del ex diputado
gaditano supondrá un coste a las arcas autonómicas de 47.165,88 euros.
En tercer lugar figura Ana María Corredera, la
ex portavoz parlamentaria de Salud del PP andaluz. Tras más de dos décadas
ocupando un escaño en el antiguo hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, a la
política antequerana le corresponden casi 11 pagas. Hasta marzo del año que
viene ingresará al mes 3.511,37 euros al mes, sumando al final 37.688,70 euros.
El ex consejero Ávila
Con todo, el nombre más destacado
entre los últimos parlamentarios que se han apuntado para percibir cesantías
quizá sea el del ex consejero socialista de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, Antonio Ávila, que ha reclamado
seguir cobrando hasta el próximo mes de julio una indemnización mensual de
3.852,57 euros en su calidad de ex presidente de la comisión parlamentaria de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Imputado en el caso ERE por el TSJA e
investigado también por la juez instructora Mercedes Alaya por su actuación
ante el presunto fraude masivo en las ayudas de la formación de la Junta, Ávila fue incorporado in extremis a la
Diputación Permanente del Parlamento en el último pleno de la legislatura, una
maniobra del PSOE para garantizarse una campaña electoral de las andaluzas sin
más citaciones judiciales para antiguos miembros del Consejo de Gobierno
andaluz. Por
eso ha sido uno de los últimos en abandonar su escaño y pedir cesantías. Si
hubiera formado parte de la primera tacada de ex diputados, este mes de mayo
habría agotado su prestación, que asciende en total a 11.557,71 euros.
No figuran
otros ex consejeros en la lista actualizada de diputados que han reclamado
cesantías al finalizar la legislatura, de lo que se deduce que ni Manuel Recio -antiguo responsable de Empleo- ni Carmen Martínez Aguayo -Hacienda y Administración Pública- las van a reclamar tras
reincorporarse a sus respectivos trabajos y al ser incompatible la
indemnización con cualquier otra remuneración.
Tampoco
aparece Francisco Vallejo, otro de los ex consejeros incorporados por el
PSOE a última hora a la Diputación Permanente para evitar que quedara a merced
de la juez Mercedes Alaya -la intructora del caso ERE- en plena campaña
electoral. No obstante, hay que recordar que Vallejo era uno de los pocos
parlamentarios de la pasada legislatura que no cobraba su sueldo de la Cámara,
ya que sus ingresos provienen de su empresa de asesoramiento: la sociedad
limitada 246Innova24H.
Como
informó EL MUNDO de Andalucía, el ex consejero Antonio Ávila ha pedido ya
formalmente su reincorporación como profesor a la Universidad de Málaga (UMA).
Es más: desde la UMA se llegó a asegurar el pasado 24 de abril que «está
incorporado desde el momento que deja de ser diputado». No obstante, fuentes
universitarias precisan que su vuelta a las aulas no se producirá hasta el mes
de octubre, cuando se reanude el próximo curso académica, por lo que el ex
parlamentario por Jaén no estaría incurriendo en incompatibilidad al no recibir
más ingresos que los de su indemnización parlamentaria.
El resto
de nuevos perceptores de cesantías son las ex parlamentarias del PSOE Raquel
Arenal y Remedios Martel y el ex diputado del PP Miguel Contreras. En total, 63
de las 109 señorías han pedido este año indemnización.
Hasta 26 parlamentarios han agotado ya la pagas de gracia,
aunque hay otros 21 que han renunciado antes de recibir íntegra la cuantía a la
que tenían derecho: en su mayoría, diputados que las cobraron durante la
campaña electoral antes de volver a sus escaños. Dos ex parlamentarios del PSOE
de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Juana Amalia Rodríguez Hernández
-mujer del consejero en funciones de Justicia, Emilio de Llera-, cobraron menos
de dos semanas de cesantías: el tiempo que tardó la Junta en nombrarlos altos
cargos.
Indemnizaciones a
prueba de crisis
•Primera década. Las cesantías, tanto para los parlamentarios
como para los altos cargos de la Junta, se aprobaron en 2005 dentro del paquete
legislativo de 'impulso democrático' impulsado por el ex presidente Manuel
Chaves y respaldado por PSOE, IU y PA. Aunque el PP fue crítico al principio,
ningún partido ha pedido su supresión ni en los peores momentos de la crisis.
•Mínimo y máximo. Al abandonar el escaño o el despacho oficial,
los ex diputados y ex altos cargos andaluces tienen derecho a un mes de su
salario por cada año que hayan desempeñado el cargo, con un mínimo de tres
mensualidades y un máximo de 12 incompatibles con cualquier otro ingreso.
•Defensa a ultranza. El Gobierno
andaluz en funciones sostiene que la existencia de las cesantías está «más que
justificada» en estos momentos porque, además de que no tienen derecho a
percibir la prestación por desempleo, los políticos andaluces «están sujetos al
régimen de incompatibilidades más severos de España».
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