- El consejero firmó la sanción al grupo adjudicatario de Aznalcóllar sin ser competente
- La Justicia anuló la multa por error formal y la Junta devolvió el dinero
Los fondos públicos
Un error de la
Junta permitió a Magtel eludir tres millones de multa
- El consejero firmó la sanción al grupo adjudicatario de Aznalcóllar sin ser competente
- La Justicia anuló la multa por error formal y la Junta devolvió el dinero
Un error de la Junta de
Andalucía permitió a una empresa del grupo Magtel eludir una multa de tres
millones de euros por incumplir la Ley del Sector Eléctrico. El grupo
cordobés Magtel está detrás de Minorbis, el consorcio adjudicatario del
concurso de la mina de Aznalcóllar, y además está siendo investigado por
presunto tráfico de influencias en la concesión de «numerosas ayudas y
subvenciones» por parte de la Junta de Andalucía.
El 13 de junio de
2011, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la resolución del consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía imponiendo una multa de tres
millones de euros a La Castilleja Energía SL. La multa fue el colofón al
expediente sancionador 935 del año 2009 por una infracción de carácter grave.
En el año 2009, el socio único de La
Castilleja Energía SL, que también fue su fundador en septiembre de 2007, era
Magtel Energías Renovables SL y su consejo de administración estaba presidido
por Mario López Magdaleno, presidente de Magtel. La sociedad se creó para la
construcción de una planta fotovoltaica de 9,8 megavatios en el término
cordobés de La Carlota, al pie de la carretera A-4.
EL MUNDO solicitó la semana pasada a la Junta de Andalucía
los detalles de la sanción impuesta a La Castilleja Energía SL y del expediente y, pese a insistir, no ha recibido
respuesta. Por tanto, se desconoce el
nombre del consejero que firmó la sanción, ya que en 2009 el departamento de
Innovación, Ciencia y Empresa lo ocuparon Francisco Vallejo, hasta la salida de
Manuel Chaves, y Martín Soler, con la llegada a la Presidencia de José Antonio
Griñán en abril.
Defecto de forma
La Castilleja Energía
SL pudo eludir la multa millonaria porque la resolución incurría en un defecto
sorprendente: el consejero no era el competente para imponer una multa
de tal cuantía sino el Consejo de Gobierno de la Junta. Cuando se dictó sentencia, la sociedad había sido
transferida a una empresa madrileña -según las fuentes, un fondo de inversión- y los hermanos López Magdaleno habían desaparecido de
su consejo de administración.
La Junta de Andalucía
sancionó a la filial de Magtel por una infracción grave al vulnerar la Ley del
Sector Eléctrico. En concreto, por «la realización de actividades incluidas en
el ámbito de aplicación de la presente ley o la construcción, ampliación,
explotación, modificación, transmisión o cierre de instalaciones administrativa
o el incumplimiento de las prescripciones y condiciones de las mismas», pero
sin poner en riesgo la garantía del suministro eléctrico ni crear peligro o
daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
La ley permite
sancionar dichas infracciones con multas de 600.001 a seis millones de euros, imponiendo
tres millones a La Castilleja Energía. La normativa andaluza otorga al
consejero responsable de Industria -en este caso de Innovación, Ciencia y
Empresa- la facultad de imponer sanciones por infracciones graves en materia
energética, pero sólo hasta 601.012,10 euros. En los casos de
infracciones muy graves en materia energética o multas superiores a esa
cantidad y hasta 3.005.060,52 euros, la competencia es del Consejo de Gobierno.
Por ello, según el TSJA, «en el presente supuesto
observamos que el titular de la Consejería competente (...) ha superado el
límite competencial anterior de manera notoria» acordado por lo tanto la anulación de la sanción
impuesta.
«En tiempo récord»
La Junta de Andalucía devolvió el dinero al fondo de inversión propietario de La Castilleja Energía y éste, a
su vez, transfirió el dinero a un juzgado de Madrid donde la sociedad Renovalia
había demandado a Magtel reclamándole dos millones de euros. La empresa Emerita
Resources, aspirante en el concurso de la mina de Aznalcóllar, amplió su
denuncia al entender que la Junta devolvió el dinero «en un tiempo récord» en contra, aseguraba, de lo habitual.
El grupo Magtel es uno
de los componentes del consorcio Minorbis, que ha logrado la adjudicación de la
mina de Aznalcóllar, uno de los mayores concursos de la Junta de Andalucía, que
está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla. Su titular, Patricia Fernández, ha abierto
también diligencias por presunto tráfico de influencias al disponer de «cierta
información que apunta a Magtel como beneficiaria de numerosas ayudas y
subvenciones concedidas mediando trato de favor por parte de la Junta».
Fuentes jurídicas consultadas
por este periódico han señalado que la sentencia del TSJA que anuló la sanción
no entró en el fondo de la cuestión, esto es, en determinar si, efectivamente, Magtel cometió la
infracción que le atribuía la Junta de Andalucía. Al existir un defecto de
forma tan evidente, como la firma de la multa por una persona que no era
competente para ello, no fue necesario estudiar lo otro para dejar la multa sin
efecto. Estas mismas fuentes han señalado que la estadística del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que hay
un elevado porcentaje de casos en los que las sanciones impuestas por la
Administración son posteriormente anuladas en la vía contenciosa.
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