- Están acusados de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos
- La magistrada los ha citado a declarar la próxima semana, entre el 9 y el 12 de junio
En un auto, la juez
imputa a diez jefes de servicio de Formación, dos de ellos de Granada, dos de Sevilla, y uno de Córdoba,
Jaén, Almería, Málaga, Huelva y Cádiz, así como a una jefa de servicio de la
Dirección General de Formación, María Carril.
Los altos funcionarios
imputados están acusados de los delitos de prevaricación y de malversación de
caudales públicos "por las graves
deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las
subvenciones", según Alaya, que
los cita a declarar entre el 9 y el 12 de junio.
Todos ellos "omitieron iniciar y continuar los
correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales
públicos comprometidos y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las
que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de
subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones pendientes de
justificar", subraya la juez.
.... permitieron que se "confeccionaran los certificados
por lo que se acreditaba ante la Intervención que las subvenciones habían sido
aplicadas a la finalidad para las que se concedieron".
También permitían, según la juez, que constara el
"cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad
subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada
subvención".
......Los nuevos imputados son
los jefes de servicio Magín Bolívar y María Noelia García Lucena, de Granada;
Manuel Gavilán, de Córdoba; Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito, de Sevilla;
José Luis Valentín, de Jaén; Blas Mendez Capel, de Almería; María Isabel
Almendros, de Málaga; Juan Vidal Agarrado, de Cádiz; y José Ángel Gil Flores,
de Huelva.
La investigación judicial
La juez Alaya imputa a once jefes de
servicio de Formación de la Junta
- Están acusados de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos
- La magistrada los ha citado a declarar la próxima semana, entre el 9 y el 12 de junio
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado a
once jefes de servicio de Formación de las delegaciones provinciales de la
Junta de Andalucía por su relación con el presunto fraude en los cursos de
formación para el empleo.
En un auto, la juez
imputa a diez jefes de servicio de Formación, dos de ellos de Granada, dos de Sevilla, y uno de Córdoba,
Jaén, Almería, Málaga, Huelva y Cádiz, así como a una jefa de servicio de la
Dirección General de Formación, María Carril.
Los altos funcionarios
imputados están acusados de los delitos de prevaricación y de malversación de
caudales públicos "por las graves
deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las
subvenciones", según Alaya, que
los cita a declarar entre el 9 y el 12 de junio.
Todos ellos "omitieron iniciar y continuar los
correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales
públicos comprometidos y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las
que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de
subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones pendientes de
justificar", subraya la juez.
La juez los cita a declarar, excepto a Carril, entre el 9 y
el 12 de junio, fechas en las que es posible que haya tomado posesión de su
plaza la nueva titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez
Bolaños.
Alaya señala que los acusados tenían bajo "su
competencia tanto el departamento de planificación como el de seguimiento y el
de gestión económica", desde el que permitieron que se
"confeccionaran los certificados por lo que se acreditaba ante la
Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para las
que se concedieron".
También permitían, según la juez, que constara el "cumplimiento
y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que
liberaba el resto del importe de cada subvención".
Los nuevos imputados
Los nuevos imputados son los
jefes de servicio Magín Bolívar y María Noelia García Lucena, de Granada;
Manuel Gavilán, de Córdoba; Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito, de Sevilla;
José Luis Valentín, de Jaén; Blas Mendez Capel, de Almería; María Isabel
Almendros, de Málaga; Juan Vidal Agarrado, de Cádiz; y José Ángel Gil Flores,
de Huelva.
Las nuevas imputaciones en este caso de los cursos de
formación se producen después de que en marzo pasado la juez dirigiera una
operación en la que detuvo, y luego dejó en libertad con cargos, a 16 políticos.
De ellos, nueve eran ex
delegados provinciales de Empleo de las distintas provincias andaluzas, cuatro
ex directores generales y tres responsables de dos centros formativos públicos,
uno de Mijas (Málaga) y otro de Almonte (Huelva).
En el mismo auto de las nuevas imputaciones, la juez pide
que la Guardia Civil informe de las fechas de los expedientes de reintegro de
subvenciones por acciones formativas emitidos por la Intervención y que se
precise si alguno ha caducado porque no se reclamó el dinero así como a las
personas a las que se dirigían las comunicaciones.
Además, la juez reclama que se complete el estudio de
exoneraciones con la información que aporte la Junta, que en abril pasado dijo
que había 733,7 millones de euros pendientes de justificar en cursos de
formación para el empleo en el periodo 2007-2015.
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