domingo, 7 de junio de 2015

Investigan a la adjudicataria de Aznalcóllar por tráfico de influencias con la Junta + IDEA, en el centro de la trama del presunto trato de favor a Magtel.

La Andalucía del Régimen.


  • Investigan a la adjudicataria de Aznalcóllar por tráfico de influencias con la Junta.La juez del caso Aznalcóllar ordena abrir una causa separada contra la adjudicataria
  • IDEA, en el centro de la trama del presunto trato de favor a MagtelLa UDEF cree que Cañete, ex director de la Agencia, acordó un "plan" con la adjudicataria de Aznalcóllar para beneficio mutuo. El grupo habría recibido un préstamo sin cumplir los requisitos.


 IDEA, en el centro de la trama del presunto trato de favor a Magtel

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/05/55715d4946163fa43f8b456d.html

Investigan a la adjudicataria de Aznalcóllar por tráfico de influencias con la Junta
  •  La juez del caso Aznalcóllar ordena abrir una causa separada contra la adjudicataria

El grupo Magtel, el que fuera adjudicatario a través de su filial Minorbis de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, podría haberse beneficiado durante años de sus relaciones con los sucesivos gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía para obtener millonarias subvenciones y préstamos.

Eso es lo que sospecha la juez que investiga desde febrero las supuestas irregularidades en el concurso minero. que ha encontrado indicios de que el posible amaño que denunció Emérita Resources en esta adjudicación podría ser sólo la punta del iceberg de una trama mucho mayor. Por eso, la magistrada Patricia Fernández ha ordenado la apertura de un procedimiento separado al objeto de investigar, en su conjunto, las relaciones entre el grupo Magtel y la Junta de Andalucía, al menos desde el año 2009.

Lo ha hecho en una providencia fechada el pasado 27 de mayo, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, en la que apunta ya a la posible comisión de un delito de tráfico de influencias, entre otros, tras acordar que se deduzca testimonio de las actuaciones llevadas a cabo en relación a la adjudicación del yacimiento de Aznalcóllar que han desvelado esta supuesta red de favores entre altos cargos socialistas y el grupo empresarial con sede en Córdoba.

La providencia de la juez Fernández es la respuesta a un informe preliminar elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional en el que los investigadores ponen negro sobre blanco sus sospechas acerca del presunto trato de favor que durante años habría obtenido Magtel de los últimos gobiernos de la Junta, todos del PSOE e incluido el que encabeza la actual presidenta en funciones, Susana Díaz.

En dicho informe, la Policía esboza las líneas de la nueva investigación y llama especialmente la atención acerca de cómo lo que empezó siendo una pequeña compañía subcontrata de Telefónica y Abengoa principalmente ha devenido en un conglomerado con intereses muy diversificados y una facturación millonaria.

Los investigadores destacan que este entramado empresarial, en poder de los seis hermanos López Magdaleno, es «de tal magnitud» que su modelo de negocio sólo se explica por estar basado en licitaciones públicas. De hecho, añade el informe aludiendo a la denuncia de Emérita Resources, solamente entre los años 2009 y 2011 las empresas del grupo Magtel recibieron de la Administración autonómica 23,6 millones en subvenciones públicas a los que hay que añadir 28,3 millones en préstamos con condiciones ventajosas.

Señala la UDEF que buena parte de este dinero podría haberlo recibido Magtel gracias a un presunto trato de favor que tendría su origen en las «relaciones particulares» de sus responsables, fundamentalmente los hermanos López Magdaleno, «con cargos de la administración pública».

Los investigadores ponen el foco en cinco proyectos empresariales desarrollados por el grupo Magtel en los últimos años, siempre con la ayuda, bien mediante subvenciones bien mediante préstamos públicos, de la Junta de Andalucía. La mayor parte de ellos están relacionados con las energías renovables, con plantas solares puestas en marcha por el grupo cordobés, pero también se incluyen subvenciones otorgadas por el gobierno andaluz para impartir cursos de formación, una actividad relativamente nueva y ajena a la tradicional del grupo.

Pero además de los proyectos empresariales financiados por la Junta, los investigadores de la UDEF apuntan a que en todos ellos pudo jugar un papel determinante un ex alto cargo de la Administración andaluza, en el que centran buena parte de sus pesquisas. Se trata de Andrés Luque, que fue, como detalla el informe policial, delegado provincial en Córdoba primero de la Consejería de Empleo y luego de la de a Economía, Innovación y Ciencia, precisamente la que ahora está bajo sospecha por la adjudicación de Aznalcóllar.

Pero, además, Luque ha sido director general de la Consejería de Cultura y, como resalta la Policía, ocupaba dicho cargo cuando Magtel recibió de la Junta 2,5 millones de euros para subvencionar cursos de formación. Los investigadores sospechan que Luque pudo mediar, dados los contactos que tenía con los departamentos que otorgaban las ayudas.

Como supuesta contrapartida, apunta el informe, Magtel fichó a una empresa de Luque, Fisur, para labores de asesoramiento, con una remuneración de 10.000 euros al mes y un anticipo a los tres meses de la firma del contrato de 120.000 euros.

Precisamente, la denunciante del caso Aznalcóllar apuntó ya a Luque como uno de los supuestos conseguidores usados por Magtel. El mismo al que la UDEF llama «el mediador».

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