viernes, 26 de junio de 2015

El PSOE debe expulsar a Chaves para que su regeneración sea creíble = lo que todos sabemos ¿corrupción institucional y juntera....?

La Andalucía imposible.


Las resoluciones del Tribunal Supremo que ponen camino del banquillo a toda la cúpula política que ostentó el poder en Andalucía durante dos décadas, con los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza, nos sitúan ante uno de los grandes escándalos de la democracia. Cuantitativamente está a años luz de casos como Filesa o Gürtel, porque en ninguno de ellos las cifras se acercan a los 141 millones en los que por ahora se calcula la malversación de los falsos ERE. Y, cualitativamente, parecen muy difíciles de superar la altura de los imputados y la insólita gravedad de su modus operandi. Como ha venido denunciando este diario durante un lustro de exclusivas, todos los escalones de la administración andaluza se pusieron al servicio de una trama corrupta que se dedicó durante 11 años a extraer una cantidad ingente de recursos públicos con los que comprar adhesiones políticas para el PSOE a través de ayudas irregulares. 




 La exposición razonada con la que el juez Alberto Jorge Barreiro pedía el suplicatorio al Congreso para actuar contra Chaves y sus ex consejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera es de tal dureza en sus términos que casi permite anticipar la apertura de juicio oral. Parecida conclusión puede extraerse del auto en el que se mantiene la imputación de Griñán. Los ex presidentes, según el instructor, ejercieron su poder de forma «arbitraria» para desviarlo «hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito», y con ese fin «cebaron sin descanso la partida de los ERE». El magistrado entiende que ambos mintieron cuando declararon que desconocían las irregularidades, porque eso implicaría la existencia de una «conspiración de silencio» en la Junta para que los altos funcionarios ocultasen a los cargos políticos los informes que alertaban de «auténticas ilegalidades». Por puro sentido común, esa alegada ignorancia «aboca a una situación que linda con lo absurdo y lo inexplicable». 

 El PSOE de Pedro Sánchez y Susana Díaz tendrá que cargar para siempre con el baldón de haber evitado romper para siempre y por propia iniciativa con ese pasado. Chaves, Zarrías y Viera renunciaron ayer sin que nadie se lo pidiese a sus respectivas actas y con ellas al aforamiento, de la misma forma que Griñán lo había hecho hace varias semanas. El caso tendrá que regresar pues a Sevilla, a manos de la juez Mercedes Alaya, y será enjuiciado ahora por la Audiencia Provincial tras un viaje de ida y vuelta que es revelador de los peores males de ese privilegio del poder político. El partido perdió una nueva oportunidad de situar el listón de su exigencia ética al nivel que le reclaman los españoles, al renunciar expresamente a suspender de militancia a los imputados, al contrario de lo que hizo, ante hechos mucho menos graves, con los usuarios de las tarjetas black. El secretario de Organización, César Luena, dijo seguir confiando en que Chaves y Griñán «probarán su inocencia». Lamentable.

 Mal camino lleva el PSOE si insiste en confundir a los ciudadanos con ese argumento, tan similar al que emplea el PP cuando los implicados son los suyos. Sean o no declarados finalmente culpables, ya es ineludible que Chaves y Griñán fueron los responsables políticos de un intolerable sistema de saqueo de las arcas públicas que alimentó una gigantesca red clientelar en la comunidad que bate récords de paro y fracaso escolar. El «cambio seguro» que el PSOE dice representar sólo tendrá credibilidad si emite una declaración en la que asuma esa responsabilidad como propia, pida disculpas y expulse a los ex presidentes. Quien tome esa iniciativa tiene que ser la ayer silente Susana Díaz. Primero, porque ella es hija política de ese antiguo régimen; después, porque su propio Gobierno está bajo sospecha de prácticas similares tras la adjudicación de Aznalcóllar. Ciudadanos, que la invistió presidenta, está tardando en someterla a esa exigencia. No basta para la regeneración democrática, como pretendió ayer Albert Rivera, con que renuncien a sus actas. El PSOE debe pedir perdón.


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