Manuel Chaves y Gaspar Zarrías posponen su renuncia al acta
- En el PSOE confía en que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero andaluz de la Presidencia Gaspar Zarrías , entregarán sus actas
La situación judicial: Viera amarra la causa
al Supremo
- El ex consejero podría prolongar hasta octubre su situación de aforado
- Su aforamiento permitiría a Chaves, Griñán y Zarrías seguir eludiendo a la juez Alaya
El juego de los
aforados
El juego de los
aforados con sus actas para poder elegir el tribunal que les investiga ha sido
criticado en ocasiones por el Supremo. El propio juez
del caso de los ERE lamentaba el jueves las
consecuencias perniciosas para la investigación del sistema de aforamientos. Para empezar, decía
Alberto Jorge, le había tocado ponerse a investigar un caso que llevaba ya cuatro
años de instrucción en Sevilla. Es decir, cuando «la investigación procesal ya está consolidada y las
posibles vías o fuentes de averiguación directas contra los aforados se
muestran ya más bien marchitas e inaccesibles para reiniciar una instrucción
[que] ya habría perdido gran parte de su eficacia procesal».
El juez se planteaba otra objeción para el caso de que todos
los implicados perdieran el aforamiento: «Es más, en el caso de
que decidieran renunciar al escaño todos los imputados, este instructor habría
estado investigando durante seis meses para la Audiencia de Sevilla, cuyo
tribunal podría perfectamente dejar sin efecto las resoluciones procesales que
ha dictado el instructor y también la Sala de apelación del Tribunal Supremo.
[...] Las
disfunciones y las incoherencias resultan, pues, evidentes».
Otra decisión procesal con posibles consecuencias sobre el
caso la adoptó ayer Zarrías. La defensa del ex consejero de
Presidencia ha pedido al Supremo que no tramite todavía la petición del
suplicatorio al Congreso porque su intención es recurrir la resolución del
instructor. La exposición razonada dictada por Alberto Jorge no es, en principio,
recurrible, pero el abogado Gonzalo, defensa
del consejero, alega
que su contenido material sí abre la vía a pedir a la Sala de recursos que deje
sin efecto la petición de suplicatorio por falta de indicios de delito.
Manuel Chaves y Gaspar Zarrías posponen su
renuncia al acta
- En el PSOE confía en que el expresidente y el exconsejero entregarán sus actas
En el PSOE “no hay ninguna duda” de que el expresidente de
la Junta Manuel Chaves y el exconsejero andaluz de la Presidencia Gaspar
Zarrías, ambos inculpados
por prevaricación administrativa por el Supremo en el caso de los ERE, entregarán sus actas “en los próximos
días”. Lo asume
porque comprende que necesitan algunos días para reordenar su defensa jurídica.
No es ese el caso del exconsejero de Empleo
José Antonio Viera,
quien este viernes se ha dado de baja del PSOE para aferrarse a su
escaño de diputado y seguir aforado desde el grupo mixto.
Más información
El Supremo cree que Chaves y Griñán prevaricaron en el ‘caso
de los ERE’.Los parlamentarios inculpados dejan su escaño y su caso vuelve a
Sevilla. Mar Moreno: “El Supremo me ha
devuelto la paz arrebatada. ”En un primer momento la dirección socialista
consideró que los imputados entregarían su acta de inmediato. Ahora comprende
que puedan tardar unos días. Y lo asumen. Tanto Manuel Chaves, como Gaspar Zarrías y José Antonio Viera comunicaron
el jueves al secretario de Organización, César Luena, que ponían sus actas de
diputados a disposición del partido tras conocer la contundente resolución del
juez instructor Alberto Jorge Barreiro. Luena aceptó “de inmediato” las
renuncias, toda vez que en el PSOE estaba claro desde hace muchos meses el
camino a seguir por el partido, en el caso de que imputasen de un delito a los
ex altos cargos de la Junta de Andalucía, como así ha ocurrido.
Pero desde poco antes de las tres de la tarde del jueves,
cuando Chaves y Zarrías hablaron con el número dos del PSOE, hasta la mañana de
este viernes, la situación cambió. Lo que iba a ser inmediato no lo será, en el caso de Chaves y
Zarrías, mientras
que Viera, rompió con el partido, se dio de baja y comunicó a su entorno que
iba a quedarse como diputado del Grupo Mixto. Esta acción viene motivada por su decisión de permanecer
como parlamentario nacional, y, por tanto, la decisión obedece a su deseo de
que su caso se mantenga en el Tribunal
Supremo. “Creo que tengo que defender
mis intereses personales y al mismo tiempo quitarle presión al partido”, señaló
a EL PAÍS.
No lo esperaban en el PSOE pese a que desde hace meses en su
entorno se exponía el rechazo frontal de este imputado a dejar de ser aforado y
pasar a depender del tribunal de Sevilla. Una vez conocido el auto, la
realidad muestra situaciones procesales diferentes: la de Viera es distinta a la Chaves, Zarrías y la del
también expresidente andaluz José Antonio Griñán. Todos ellos han sido imputados por un delito de prevaricación
administrativa que puede conllevar una pena de hasta 20 años de inhabilitación
para ocupar cargo público. Por su parte, Griñán renunció hace dos semanas a su acta
de senador por la comunidad autónoma de Andalucía.
Quien carga con mayor peso procesal es Viera. Este,
además de estar imputado por prevaricación administrativa, está acusado de
malversación de fondos públicos, que sí lleva conlleva penas de prisión.
Su temor, además, es que si el caso de los ERE
vuelve a manos de la juez Mercedes Alaya pueda acabar en prisión en el supuesto
de lo que llame a declarar. Eso es lo que le ocurrió a su exviceconsejero y luego sustituto Antonio
Fernández, quien pasó cuatro meses en la cárcel tras declarar durante cuatro
días ante la magistrada sevillana.
“Profundo orgullo”
Manuel Chaves y Gaspar
Zarrías difundieron, a través del PSOE, un comunicado en el que “respetan” la
decisión del Tribunal Supremo pero señalan su “total discrepancia” con ella e insisten en su
inocencia. Ambos se ratifican en que “nunca firmaron o autorizaron ninguna
resolución ilegal” y “jamás conocieron ninguna actuación que supusiera
menoscabo de fondos públicos”. Además,
afirman su “profundo sentimiento de orgullo” por la política de “apoyo a
empresas y a trabajadores” [los fondos de ayuda a los ERE] que, en su opinión,
“permitieron que en los tiempos más duros de la crisis más de 6.000
trabajadores y sus familias hayan podido sobrevivir”.
En la dirección
federal se reafirman en todos los términos que empleó el jueves el secretario
de Organización del PSOE, César Luena. “Los tres comunicaron a la dirección federal, a
iniciativa propia, que ponían sus escaños a disposición del partido, y, la
dirección las aceptó”. No es
“relevante”, según las fuentes socialistas consultadas que puedan tardar 48 o
72 horas en hacerlo. “Han dicho que dejan el acta y por supuesto que creemos a
Chaves y a Zarrías”, señalan en la dirección socialista.
Otro asunto es lo que ha ocurrido con Viera, “que también
comunicó a la dirección que ponía su acta a disposición” de la misma, según
precisar a qué miembro de la dirección se lo comunicó.
“Es evidente que
pasadas unas horas ha cambiado de opinión”, recalcan.
En ningún momento Viera comunicó el jueves que iba a
quedarse con el escaño. El secretario de Organización del PSOE, César Luena, le
ha expulsado este viernes del partido y del grupo parlamentario socialista.
Viera acudió sobre las diez y media de la mañana a la sede provincial del PSOE
de Sevilla para presentar su baja del partido, después de comunicárselo al
secretario provincial de Organización, José Muñoz. Ponía así fin a 35 años
de militancia socialista. Fue secretario
general de está agrupación desde 2004 hasta 2012 y la hora presidenta de la
Junta, Susana Díaz, fue su secretaria de Organización. Díaz ha elogiado al expresidente Chaves por anunciar la
renuncia a su escaño, mientras que reclamó a Viera su acta: “Este señor iba en
las listas del partido socialista y por higiene democrática debería entregar su
acta al PSOE, que así se lo ha pedido. El PSOE ha puesto su listón en la
imputación con delito. Es evidente que no va a haber imputados en el grupo
socialista”.
El disgusto de Susana Díaz fue
también el del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El día anterior, este estuvo en Bruselas y
pensó que todo seguía su curso normal aunque ha reconocido que había sido “un día muy duro”, al tener
que tomar una decisión que afecta a Zarrías, pero, sobre todo a Chaves.
El abogado de
Zarrías ya ha cursado un escrito al Supremo anunciando la inminente
presentación de un recurso y pidiendo que se suspenda la tramitación del
suplicatorio al Congreso. Chaves aún no ha anunciado acciones judiciales.
La situación judicial
Viera amarra la causa al Supremo
- El ex consejero podría prolongar hasta octubre su situación
de aforado
- Su aforamiento permitiría a
Chaves, Griñán y Zarrías seguir eludiendo a la juez Alaya
El ex consejero de Empleo José Antonio
Viera ha considerado que es mejor seguir sometido al magistrado Alberto Jorge
que pasar a manos de la juez Mercedes Alaya. Más aún cuando llegaría a Sevilla con un escrito bajo el
brazo que le atribuye malversación, un delito que podría dar pie a su prisión
provisional.
La decisión de mantener el acta de diputado -acta que según
doctrina del Constitucional nadie le puede arrebatar- supone que Viera continúa aforado ante el Supremo, único
tribunal que puede actuar contra él.
La decisión también puede tener
consecuencias para el resto de investigados por el Alto Tribunal. Con Viera no hay
opciones, pero con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías el instructor del Supremo tiene
dos posibilidades: enviarlos a Sevilla o
sostener que es imprescindible su enjuiciamiento junto a Viera y mantener a los
cuatro en la misma causa.
Las resoluciones previas del
instructor apuntan a esta segunda opción, la de que de Viera arrastre consigo a
los demás. Jorge ya optó por esa
vía en el auto que dictó el jueves sobre Griñán, en el que explicó que seguiría
investigando al ex presidente andaluz pese a que ya no estaba aforado.
El instructor se quedará todo en el Supremo
si considera que «los hechos tienen tal grado
de inescindibilidad que el enjuiciamiento separado del
aforado y el no aforado dificulte de forma sustancial el conocimiento de los
hechos y la resolución del proceso».
A favor de mantener en bloque a
los cuatro en el Supremo pesa este razonamiento incluido en el auto de Griñán: que los
cuatro deberían seguir en la misma causa porque las decisiones presuntamente
prevaricadoras se tomaron «en gran parte como integrantes de un Consejo de
Gobierno». Se
trataría pues de «una posible coautoría» del delito continuado de prevaricación
administrativa.
La maniobra de Viera es de gran
trascendencia procesal, pero de escaso recorrido temporal. Sólo supone, en realidad, aplazar tres
meses la cita con Alaya. En octubre la
disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones generales implicará
que Viera dejará de ser diputado y volverá a ser carne de un juzgado ordinario.
Sólo su inverosímil inclusión en la Comisión Permanente prolongaría algo su
aforamiento.
El juego de los
aforados
El juego de los
aforados con sus actas para poder elegir el tribunal que les investiga ha sido
criticado en ocasiones por el Supremo. El propio juez
del caso de los ERE lamentaba el jueves las
consecuencias perniciosas para la investigación del sistema de aforamientos. Para empezar, decía
Alberto Jorge, le había tocado ponerse a investigar un caso que llevaba ya cuatro
años de instrucción en Sevilla. Es decir, cuando «la investigación procesal ya está consolidada y las
posibles vías o fuentes de averiguación directas contra los aforados se
muestran ya más bien marchitas e inaccesibles para reiniciar una instrucción
[que] ya habría perdido gran parte de su eficacia procesal».
El juez se planteaba otra objeción para el caso de que todos
los implicados perdieran el aforamiento: «Es más, en el caso de
que decidieran renunciar al escaño todos los imputados, este instructor habría
estado investigando durante seis meses para la Audiencia de Sevilla, cuyo
tribunal podría perfectamente dejar sin efecto las resoluciones procesales que
ha dictado el instructor y también la Sala de apelación del Tribunal Supremo.
[...] Las
disfunciones y las incoherencias resultan, pues, evidentes».
Otra decisión procesal con posibles consecuencias sobre el
caso la adoptó ayer Zarrías. La defensa del ex consejero de
Presidencia ha pedido al Supremo que no tramite todavía la petición del suplicatorio al
Congreso porque su intención es recurrir la resolución del instructor.
La exposición razonada dictada por Alberto Jorge no
es, en principio, recurrible, pero el abogado Gonzalo, defensa del consejero,
alega que su contenido material sí abre la vía a pedir a la Sala de recursos
que deje sin efecto la petición de suplicatorio por falta de indicios de
delito.
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