Fraude de los cursos de formación
- Las pesquisas de la UCO y la UDEF confluyen en la presunta utilización de los fondos para la formación para favorecer los intereses políticos del PSOE
- Mientras algunos tratan de ver «incompatibilidades
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Los agentes encargados de esta investigación también sostienen en varios informes que las partidas se concedían por «clientelismo político» y «proximidad ideológica», todo ello favorecido por «la falta de control» de la Junta.
«No es más que un modo de obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población andaluza», destacan los investigadores de la UDEF, que recuerdan que este objetivo se logra con «un coste reducido», ya que «el 80 por ciento del dinero lo aporta la Unión Europea».
Fraude de los cursos de formación
Dos investigaciones, una misma conclusión:
Se tejió una «red clientelar política»
- Las pesquisas de la UCO y la UDEF confluyen en la presunta utilización de los fondos para la formación para favorecer los intereses políticos del PSOE
- Mientras algunos tratan de ver «incompatibilidades
Mientras algunos tratan de ver «incompatibilidades» que
desmonten las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía
Nacional,
lo cierto es que las investigaciones de ambos cuerpo en torno al presunto
fraude de los cursos de formación en Andalucía desembocan en una misma
conclusión: estos fondos destinados a la reinserción laboral de los
desempleados se usaron para tejer una «red clientelar política» que favoreciera
al PSOE.
El pasado 25 de marzo, tras desarrollarse la «operación
Barrado», en la que fueron detenidos siete exdelegados de Empleo y otros cargos
intermedios, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla emitía
un auto en el que afirmaba que desde la Consejería de Empleo de la Junta
se impartían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales «para que no
se controlara el dinero» destinado a la formación y «creando de esta forma una
red de clientelismo político».
La magistrada, que ha detectado «varias bolsas de fraude»,
trabaja en este caso con la UCO, a quien también encargó la investigación de
los ERE presuntamente feraudulentos.
La UDEF, por su parte, hace lo propio en los distintos
juzgados de la región que tienen abiertas causas por hechos similares, como el
juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, por ejemplo, en el que por ahora se analizan
dos resoluciones de Empleo en las que se concedieron millonarias ayudas y que
han dado lugar a la «operación Edu».
Los agentes encargados de esta investigación también
sostienen en varios informes que las
partidas se concedían por «clientelismo político» y «proximidad ideológica», todo ello favorecido por «la falta de control» de la
Junta.
«No es más que un modo
de obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población
andaluza», destacan los investigadores
de la UDEF, que recuerdan que este
objetivo se logra con «un coste reducido», ya que «el 80 por
ciento del dinero lo aporta la Unión Europea».
El análisis en profundidad de varias empresas receptoras de
las subvenciones, así como de los directivos de estas, reveló supuestas relaciones con «partidos políticos y
sindicatos», para precisar que
«entendemos que es esta condición la que les ha facilitado el acceso a este
tipo de subvenciones que de otro modo no
hubiesen adquirido al no cumplir los requisitos legales exigidos»
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