Sólo hace cinco días que Juan Marín expresó con claridad que apoyaría comisiones de investigación sobre el fraude en los cursos de formación para parados y sobre la mina de Aznalcóllar. Pero ahora Ciudadanos en Andalucía, la formación que él dirige, titubea ante la petición de su constitución en el Parlamento andaluz que ha presentado el PP y que ya han apoyado Podemos e IU con matices.
C´s titubea ante una comisión de
investigación sobre el fraude en la formación que dijo aceptaría
Sólo hace cinco
días que Juan Marín expresó con claridad que apoyaría comisiones de investigación
sobre el fraude en los cursos de formación para parados y sobre la mina de
Aznalcóllar. Pero ahora Ciudadanos en Andalucía, la formación que él dirige, titubea ante
la petición de su constitución en el Parlamento andaluz que ha presentado el PP
y que ya han apoyado Podemos e IU con matices.
Europa Press recogió su apoyo
incuestionable a ambas comisiones de este modo: "C's apoyará la creación
de comisiones de investigación sobre formación y Aznalcóllar". Y añadió: "El presidente del grupo parlamentario
de Ciudadanos (C's), Juan Marín, ha asegurado que, aunque no esté recogido en
el pacto programático firmado con el PSOE-A, su formación apoyará la creación
de comisiones de investigación en el Parlamento que consideren
"necesarias", entre ellas las relativas al fraude de los cursos de
formación y la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Así se ha pronunciado, a preguntas de los
periodistas, a su salida de la sesión de
investidura ..."
Es más llegó a decir que hoy que no Ciudadanos no se iban "a oponer a ninguna comisión de
investigación" en la Cámara andaluza y que, después de apoyar la
investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta, ejercerán una oposición
"firme y responsable".
Pero recoge ABC que
algo ha cambiado tras su pacto con Susana Díaz. Ahora, la formación naranja se ha mostrado más tibia a la hora de la verdad y ahora está estudiando su postura
al respecto. De hecho, guarda silencio y nadie
de la formación ha explicado cuál es su posición.
Recuérdese que el PSOE obstruyó numerosas comisiones de
investigación, más de 130, desde 1982
hasta ahora y que, desde 1996, casi veinte años, la primera y única que tuvo
lugar fue la de los ERE, que resultó un fiasco.
Por su parte, el PP ha
registrado oficialmente una petición para la creación de una comisión de
investigación sobre «las graves irregularidades» en la concesión, gestión y
justificación de las subvenciones concedidas por la Junta en materia de
formación profesional para el empleo desde 2002 a 2014, con el objetivo de que ésta se celebre
durante el próximo mes de julio.
Los portavoces de IU y de Podemos, Antonio Maíllo y Teresa
Rodríguez, han pedido que esta comisión cuente con el «máximo apoyo» de todos
los grupos y no se convierta en un «circo», una alusión clara relativa,
quizás, a la de los ERE fraudulentos creada en el año 2012 en la que quien
presidió el "circo" resulta que fue izquierda Unida.. Teresa Rodríguez se ha manifestado favorable cuando reciba
la documentación adecuiada pero ha exigido explicaciones a Susana Díaz, se
supone que en la forma de una comparecencia.
Susana Díaz y C´s, ¿por el camino de Chaves?
Manuel Chaves presidió la Junta de
Andalucía con mayorías absolutas y coaliciones con el PA desde 1990 a 2009. En estos casi
20 años, sólo consintió forzado por la alianza PP-IU cuatro comisiones de
investigación (tres impulsadas por el PP y una por IU) que abortó nada más
obtener la mayoría absoluta en 1996. Fueron
estas: Sobre la empresa pública Inturjoven; sobre el proceso de fusión de las
cajas de ahorro de Jerez y de San Fernando de Sevilla, con especial atención a
las presuntas condonaciones de préstamos personales a dirigentes socialistas;
sobre la empresa pública Getisa y otros contratos adjudicados a empresas para
trabajos de lucha contra incendios y sobre los fondos de la comunidad
invertidos en la Expo 92. Aquella fue la última, en setiembre del 95. Desde entonces
ni una investigación más hasta 2012.
De hecho, logró que el Parlamento andaluz no pudiera
investigar sobre lo siguiente:
a) El caso de su préstamo impagado, préstamo que pidió
Manuel Chaves y 32 dirigentes más del PSOE de Cádiz, muchos de ellos del clan
de Alcalá. Este préstamo no sólo no fue pagado jamás sino que fue hecho
desaparecer del circuito informático de la entonces Caja de Ahorros de Jerez.
La Comisión de Investigación que se constituyó gracias a la suma de los votos
de PP e IU fue abortada por la convocatoria anticipada de las elecciones por
Manuel Chaves. Tras su victoria, jamás de constituyó de nuevo tal Comisión.
b) El misterio de cómo los intereses de una cuenta de la
Empresa Pública del Suelo de la Junta de Andalucía iban a parar a una cuenta
del PSOE.
c) El caso de los hermanos de Manuel Chaves, Leonardo y
Antonio y la empresa Climo Cubiertas SA. Leonardo era quien debía aprobar
contrataciones como director general y Antonio quien las solicitaba a través de
dicha empresa
d) El caso del pequeño pueblo de Huelva con menos de un
centenar de habitantes que obtenía un gimnasio no pedido por su alcalde, entre
otra ayudas, según confesión propia. En ese pueblo, Cumbres Mayores, Antonio
Chaves tenía un negocio de casas rurales y era el lugar de procedencia
histórico de la familia Chaves.
e) Tampoco el que la Junta de Andalucía pagó un sobreprecio
hasta cuatro veces el precio del mercado -, a la empresa de un condenado por
haber pagado a un funcionario 50 millones de las antiguas pesetas. El condenado
fue indultado, miren por donde, por el ex ministro Bermejo.
f) Ni el caso del alcalde de Baena, y senador socialista que
se negó a investigar una trama de corrupción que afectaba a su equipo de
gobierno y a él mismo, según los informes policiales, con facturas falsas y
falsedad de documentos públicos.
g) El caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de
Sevilla, visto finalmente en un juzgado
y por los tribunales con condena firma para los socialistas implicados.
h) La ayuda concedida a la empresa MATSA donde su hija era
apoderada, nada.
Chaves y las comisiones de investigación en el Parlamento
andaluz
En 33 años de autonomía los grupos parlamentarios, casi
siempre de la oposición, han llegado a solicitar alrededor de 130 peticiones
para constituir comisiones de
investigación, de las que tan sólo ocho (un 6 por ciento de las reclamadas) se
llegaron a constituir, y algunas ni siquiera se cerraron con un dictamen sobre
los quiénes, los cuántos o los porqués.
Las ocho comisiones de investigación permitidas por el PSOE o
impuestas al PSOE por la oposición fueron las siguientes
1.-En la primera legislatura (1982-1986), a instancias del
Ejecutivo andaluz —presidido entonces por Rafael Escuredo— el Parlamento
investigó las presuntas irregularidades detectadas en la Caja Rural de Jaén,
caja controlada y fundada por el PSOE desde su dominio en la Diputación de Jaén
desde 1979.
2.-En marzo del 87, se investigó acerca de la adquisición
por parte de la Junta de Andalucía (entonces presidida por José Rodríguez de la
Borbolla) del Edificio Presidente en Sevilla, donde se pretendió ubicar buena
parte de las consejerías, entonces establecidas en onerosas oficinas de
alquiler. Sólo por la estructura, la Junta pagó alrededor de 2.000 millones de
pesetas, la oposición demostró que la edificación estaba tasada en 1.200
millones. Hubo sospechas de comisiones ilegales para el PSOE, se desvelaron
irregularidades técnicas y fue el principio del fin de la era de Rodríguez de
la Borbolla.
3.-En la tercera legislatura (1990-1994), la primera de
Manuel Chaves como presidente del Ejecutivo andaluz, se constituyeron dos
comisiones de investigación en el Parlamento, ambas solicitadas por el PSOE,
entonces con mayoría absoluta. Aunque cada una investigaría un asunto, ambas
estaban ligadas por el escándalo del denominado «caso Ollero», en el que se
investigaban judicialmente las comisiones que pagaron empresarios de la
construcción a altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a la Consejería
de Obras Públicas durante la construcción de la Autovía del 92.
4.-En la cuarta legislatura (1994-1996) el PP solicitó tres
e IU, una pero todas fueron abortadas al adelantar Chaves las elecciones
andaluzas.
Griñán siguió el camino
de Chaves, pero no pudo impedir la comisión sobre los ERE
Desde 2008 hasta las elecciones
de 2012, ya con José Antonio Griñán
como presidente de la Junta desde 2009, el Parlamento andaluz había rechazado, merced a
la mayoría absoluta del PSOE-A en la Cámara
las 24 solicitudes de creación de comisiones de investigación planteadas
por los grupos de la oposición, PP-A e IULV-CA, de las cuales, siete
ni siquiera llegaron a ser previamente debatidas en pleno.
El caso de las irregularidades detectadas en los expedientes
de regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Junta a raíz de la
investigación sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de la
sociedad municipal Mercasevilla ha sido el principal objeto de las comisiones
de investigación solicitadas sin éxito por la oposición, hasta en una decena de
ocasiones, nueve por parte del PP-A y una por el grupo de IULV-CA. Finalmente
se constituyó las el gobierno de coalición PSOE-IU en 2012.
Además del caso de los ERE, los populares en sus comisiones
de investigación propusieron la gestión
de la Consejería de Salud y las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas en
los hospitales públicos; la gestión de la por entonces Consejería de Economía y
Hacienda sobre los remanentes de tesorería y excedentes de liquidez del
Presupuesto de la Comunidad en los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008; la
vinculación y relación contractual del imputado exalcalde socialista de Ohanes
con la Junta; o la concesión de incentivos a la Empresa Minas Aguas Teñidas
(Matsa), en la que trabajó la hija del expresidente Manuel Chaves, para el
proyecto de planta de tratamiento de mineral en la localidad de Almonaster La
Real (Huelva).
El PP-A también registró solicitudes de comisiones de
investigación sobre la concesión de
subvenciones autonómicas a la ONG Liga Malagueña; sobre las responsabilidades
políticas que pudieran derivarse de las implicaciones de miembros de la
administración autonómica en la denominada 'Operación Poniente' en el
Ayuntamiento de El Ejido (Almería), y sobre el proceso de liquidación de la
denominada 'deuda histórica' recogida en la Disposición Adicional Segunda del
Estatuto.
Por su parte, las cinco comisiones de investigación
planteadas por IULV-CA tenían como objetivo "la posible financiación
ilegal del PSOE en relación con los
hechos de corrupción urbanística destapados en Estepona (Málaga)"; el
presunto cobro de comisiones por directivos de Mercasevilla y su posible vinculación
con la Delegación de la Consejería de Empleo en Sevilla; las
"responsabilidades políticas" del expresidente Chaves en la
aprobación de una subvención a la empresa Matsa; las "posibles
implicaciones de miembros de la Junta en la presunta corrupción en el
Ayuntamiento de El Ejido", y las "responsabilidades políticas ante la
presunta existencia de un sistema de ayudas públicas a empresas en crisis,
gestionado al margen de lo dispuesto en la Ley General de la Hacienda
Pública".
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