- Díaz burló en el acuerdo con C's la obligación de auditar los últimos gobiernos de la Junta
- En Andalucía los partidos sólo son responsables de la corrupción si se financiaron con ella
- Si se aplicara la limitación de mandatos de Madrid, ésta sería la última legislatura de Díaz
Ciudadanos
aprieta al PP en Madrid más que al PSOE en Andalucía
El acuerdo en Madrid es un listado de
compromisos; en Andalucía, sólo son vaguedades
- Díaz burló en el acuerdo con C's la obligación de auditar los últimos gobiernos de la Junta
- En Andalucía los partidos sólo son responsables de la corrupción si se financiaron con ella
- Si se aplicara la limitación de mandatos de Madrid, ésta sería la última legislatura de Díaz
Si Ciudadanos hubiera apretado
en Andalucía lo mismo que en Madrid, ésta sería necesariamente la última
legislatura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. El
partido de Albert Rivera se ha mostrado mucho más exigente con el PP para
facilitar la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad
que con el PSOE para hacer lo propio con Susana Díaz en Andalucía. El pacto firmado
este viernes en la capital de España entre el PP y C's contiene diferencias
sustanciales con el que hace justo diez días rubricaron C's y el PSOE en
Sevilla.
Para empezar, la propia Cifuentes, como futura presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido la
que ha
estampado su rúbrica junto a la del líder de C's, Ignacio Aguado, en el documento de 76 puntos que le permitirá ser
presidenta. En cambio, Susana Díaz y Juan Marín, en Andalucía, decidieron que
fueran sus segundos espadas los que firmaran el pacto: Juan Cornejo, como
secretario de organización del PSOE, y Manuel Buzón, como coordinador
territorial de C's.
Pero no es en las formas sino en el contenido donde se
encuentran las grandes diferencias entre ambos acuerdos: el de Madrid, un listado de compromisos;
el de Andalucía, un compendio de vaguedades.
Para empezar, C's obliga a Cristina Cifuentes
a realizar «una auditoría económica externa de los últimos ocho años de Gobierno
de la Comunidad de Madrid», en las etapas
de Esperanza Aguirre e Ignacio González, ambos del PP.
Nada de eso asoma en
los pactos entre C's y el PSOE en la Junta de Andalucía, cuya gestión, desde la
tramitación de las subvenciones para cursos de formación a los avales para
empresas en crisis pasando por el fondo de reptiles de los ERE, está siendo
investigada por varios jueces.
Dos legislaturas
En la primera página del acuerdo de la Comunidad de Madrid
se encuentran diferencias de fondo. La limitación de los mandatos a
«dos legislaturas» no sólo alcanza a la presidenta de la comunidad sino también
a los consejeros.
En Andalucía, C's y el
PSOE han pactado «limitación de mandatos de presidentes de las comunidades
autónomas», sin especificar la duración y
dejando en el aire la concreción de la medida con el
plural extensivo a todas las comunidades.
El pacto de Madrid es mucho más
conciso y concreto que el alcanzado en Andalucía, más difuso y que por momentos
se asemeja más a una declaración de intenciones que a un verdadero compromiso. De hecho, hay puntos en los que es difícil
determinar quién obliga a quién.
En Madrid se acuerda eliminar el
Consejo Consultivo y despolitizar la Cámara de Cuentas. En Andalucía, del Consultivo no se decía nada y en cuanto a
la Cámara de Cuentas sólo se acordaba reformar la ley para poder sancionar a
los organismos que no colaboren con su labor fiscalizadora.
Sobre corrupción, el partido de Albert Rivera y el de
Mariano Rajoy han acordado en Madrid exigir
a los partidos políticos «responsabilidad patrimonial subsidiaria en casos de
corrupción de sus cargos públicos». De nuevo, en Andalucía el punto es más difuso y
ambiguo, amén de menos ambicioso: los partidos sólo son responsables si se
demuestra que la corrupción los ha financiado ilegalmente; si no es así, los que responden patrimonialmente no son las
fuerzas políticas sino los cargos públicos que sean condenados por corrupción.
En Andalucía rige desde este año, en que el
Tribunal Constitucional avaló la ley, la incompatibilidad del cargo de alcalde
y el diputado autonómico; en Madrid, C's y el PP han pactado hacerlo extensivo
a los concejales.
Televisión pública
Cifuentes se ha comprometido con su firma ante Aguado a la
«despolitización, profesionalización y elección del consejo y director general
[de Telemadrid] por mayorías cualificadas», creando una «carta básica, a semejanza del modelo de
gobernanza de la BBC». La RTVA y Canal Sur ni siquiera se mencionan en el acuerdo
andaluz.
La vaguedad del punto 22 del
acuerdo andaluz juega de nuevo a favor de Susana Díaz:
«Reducción
al mínimo del número de entes públicos y números de cargos directivos de las
mismas [sic]». Qué se entiende por
«al mínimo» no queda aclarado en ningún momento. Frente a ello, el compromiso en
Madrid es «la reducción de la estructura administrativa y eliminación de al
menos el 25% de los organismos públicos».
Hay puntos coincidentes en ambos acuerdos, como la transparencia y publicidad a los contratos
y adjudicaciones de la administración o la creación de un portal de
transparencia, que en Andalucía debe estar operativo el 30 de junio. De todos modos, la ley
estatal de transparencia obliga a las comunidades autónomas a implantarlo antes
de diciembre de este año.
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