Caso Marismas: Un jefe de la Junta dice que se certificaban obras 'que daban pena' + Un ex alto cargo dice que la Junta fue 'benevolente' con la comunidad de regantes que recibió la ayuda = Los jefes de servicio, PLD "colaboradores del Régimen" que vayan tomando nota....

Caso Marismas. Un jefe de la Junta dice que se certificaban obras 'que daban pena'

• Julio Martín Jorreto declara como imputado ante el juez del caso Marismas
•  El juzgado 16 de Sevilla investiga el destino de una subvención de 40 millones

Un ex alto cargo dice que la Junta fue 'benevolente' con la comunidad de regantes que recibió la ayuda

•  El objetivo era que la obra de modernización de los regadíos cumpliera los plazos
•  La comunidad de regantes sabía que iba a recibir la ayuda antes de que se le concediera
•  La Junta y no el Ministerio emitió el certificado de clasificación de una de las empresas

  http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/15/557f2cc722601d1b518b45ad.html

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/15/557f2cc722601d1b518b45ad.html

Caso Marismas.

Un jefe de la Junta dice que se certificaban obras 'que daban pena'

• Julio Martín Jorreto declara como imputado ante el juez del caso Marismas
• El juzgado 16 de Sevilla investiga el destino de una subvención de 40 millones

Un jefe de servicio de Promoción Rural de la Consejería de Agricultura ha afirmado hoy que le extrañó el hecho de que se aprobara una certificación de 4,2 millones de euros para unas obras de riego en las marismas del Guadalquivir en Sevilla porque estaban en "un estado de deterioro que daba pena".

Julio Martín Jorreto, que fue jefe entre el 2003 y el 2010, ha declarado como imputado ante el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que ha imputado a 21 personas en la investigación sobre la subvención pública de 40 millones de euros concedida en el 2004 para modernizar riegos de las marismas.

Cuando visitó las obras, le comentó a la técnico que le acompañaba "cómo era posible que aquello pudiera haber sido certificado" porque "estaba en gran estado de deterioro por el paso del tiempo, con barro e inundaciones de agua, con tuberías saltadas por no estar conexas", según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe.

Al decir cómo era posible que se hubiese certificado el trabajo, ha dicho que quería aludir a que "no estaba bien hecho y el deterioro había conseguido romper cosas", y ha añadido que también pudo darse el deterioro porque en el momento de su paralización, la obra no estaba concluida.

La Fiscalía, por su parte, asegura que esa certificación de 4,2 millones de euros era "absolutamente inveraz", uno de los aspectos que se investiga en este caso junto a la irregular concesión de las obras.

Por su participación en esa certificación, la Fiscalía acusa a cuatro personas, entre ellas al expresidente de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir entre el 2000 y el 2009, Diego García Santos, que hoy ha declarado como imputado.

En su declaración, ha dicho que el encargado de todas las cuestiones técnicas, de las subvenciones y del funcionamiento de la comunidad correspondía al gerente, que ya ha fallecido.

El expresidente de los regantes ha indicado que el gerente le comunicó que, según la Junta de Andalucía, había que hacer una primera certificación por lo que se hubiese realizado, y el resto en acopio, porque en caso contrario el dinero se devolvía y faltaría para culminar el proyecto.

Ha apuntado que vio "miles de metro de tuberías" en la zona y que si hubiera sospechado que esa certificación no era real, no la hubiera firmado.

Tras asegurar que no ha tenido un lucro ilícito, ha señalado que los técnicos le dijeron que las obras estaban ejecutadas en un 80 % y que deben estar en mal estado "por el tiempo de abandono que lleva".

Ante el juez ya han declarado tres ex altos cargos de la Junta, uno de los cuales dijo que hubo "benevolencias" por parte de la Junta para que esa obra cumpliera los plazos y requisitos formales, mientras que otros dos coincidieron en afirmar que su consejero pidió actuar ante las irregularidades detectadas en la adjudicación de las obras de riego.

Un ex alto cargo dice que la Junta fue 'benevolente' con la comunidad de regantes que recibió la ayuda

• El objetivo era que la obra de modernización de los regadíos cumpliera los plazos
• La comunidad de regantes sabía que iba a recibir la ayuda antes de que se le concediera
• La Junta y no el Ministerio emitió el certificado de clasificación de una de las empresas

Un ex alto cargo de la Consejería de Agricultura de Andalucía ha asegurado este viernes que, como encargado del expediente para la subvención pública de 40 millones de euros para modernizar el riego en Sevilla, hubo "benevolencias" de la Junta para que esa obra cumpliera los plazos y requisitos formales.

Así lo ha afirmado el jefe de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales entre 2000 y 2009, Manuel Antonio Cruz-Guzmán, ante el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga la subvención, concedida en 2004.

Los receptores de la ayuda, la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, sabían que les iban a conceder la subvención antes de presentarse a la licitación gracias a la dirección del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y a la viceconsejería, según recoge el acta de la declaración del imputado, a la que ha tenido acceso Efe.

"Esto no era muy corriente. Lo normal era esperar a que formalmente la subvención sea concedida y luego iniciar el procedimiento de licitación", ha declarado el ex alto cargo, acusado por la Fiscalía de participar en una certificación "absolutamente inveraz" de 4,2 millones de euros.

Ante el juez, ha apuntado que los regantes se introdujeron en el periodo de licitación para adjudicar obras porque sabían que en 2014 le concederían una ayuda para modernizar riegos respecto a una superficie similar a la del área metropolitana de Sevilla.

Cuando se hizo la primera adjudicación de la obra, ha matizado el ex alto cargo, comprobó que a los miembros de la mesa "les entraron dudas" sobre la validez de un certificado de clasificación de una de las empresas ganadoras, motivo por el que se habían excluido a otras compañías, ya que se trataba de un documento de la Junta y no del Ministerio.

Por ello, elevaron una consulta urgente a los servicios jurídicos de los regantes, que les dieron una respuesta positiva, por lo que adjudicaron la obra a la UTE formada por Teconsa, Elecnor, Tegner y Meci, que era la que carecía de clasificación, según el imputado, que nunca había visto algo similar en este tipo de adjudicación.

La obra se dio a esa UTE "apartándose de la valoración que había efectuado el comité de evaluación", ha señalado el ex alto cargo antes de negar que haya tenido beneficio o rendimiento ilícito en este proceso y que ha justificado la certificación que aprobó porque se fiaba del director de obras, Manuel Vázquez, también imputado.

El juez, que ha imputado en este caso a cinco ex altos cargos de la Junta, a ocho miembros de la mesa de contratación de la Comunidad de Regantes y a siete representantes de las empresas que intervinieron en el concurso de la obra, seguirá tomando declaraciones hasta final de junio.

Los dos ex altos cargos de la Consejería de Agricultura que declararon el jueves coincidieron en afirmar que su consejero pidió actuar ante las irregularidades detectadas en la adjudicación de las obras de riego.

En su acusación, la Fiscalía asegura que, para poder recibir la subvención, los regantes certificaron "falazmente" que habían celebrado una asamblea general y que disponían de los medios financieros para ello, lo que también hicieron "faltando a la verdad".

Luego convocaron un concurso de licitación abierta, pero el comité de evaluación faltó "absolutamente" a las reglas de la resolución, después revocaron la decisión, por lo que las empresas ganadoras pagaron 285.480 euros sin justificar, y después las volvieron a adjudicar a otra unión de empresas pese a saber que su oferta no era la mejor, concluye la Fiscalía