Recomendado.
El pasado 28 de abril, el ex-interventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, prestó declaración ante el Tribunal Supremo en el marco del caso ERE, reafirmando ante el Juez Barreiroque la Intervención de la Junta alertó en el año 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones de euros", sin que el Gobierno andaluz actuara para solucionar ese gasto no previsto en los Presupuestos.
Asimismo, para demostrar que el Gobierno andaluz sí actuó cuando la
Intervención de la Junta informó de otros agujeros presupuestarios, puso de
ejemplo el desfase de 43 millones de euros que se produjo con las ayudas a las
familias andaluzas para la adquisición de equipos informáticos y conexión a
Internet, que al igual que
los ERE, fueron gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA), antes llamada IFA. Para colmo, en el caso de los ordenadores, el
IFA usó a otra empresa instrumental suya, llamada FAGIA. Imagínense los gastos
de tanta intermediación sin necesidad alguna.
Por otro lado, la Juez Alaya ha imputado a más cargos
públicos de la Junta de Andalucía porque la Agencia IDEA concedió avales o
créditos en el año 2009 por 71,2 millones, cuando el límite establecido en la
Ley de Presupuesto era de 18 millones.
Las declaraciones del Interventor y la actuación de la Juez Alaya me son
útiles para alertar del peligro que entraña que la concesión de subvenciones y
otras ayudas económicas, como avales y préstamos, no esté en manos de la
Administración General, es decir, de las Consejerías.
El funcionamiento de la Administración General está regido por el Derecho
público, y por ello, su personal es funcionario sometido a todas las garantías
legales en defensa del interés general, todo lo contrario de lo que ocurre con
la llamada “administración paralela” de la Junta, que es disfrazada con un
traje de seda denominado “Administración institucional”, que se rige por el
Derecho privado(Civil, Mercantil y Laboral, entre otros).
¿Qué diferencia esencial hay entre el Derecho público y el Derecho privado?
En el primero, las normas están presididas por la consecución de algún interés
público, mientras que en el Derecho privado, las normas tienden a favorecer los
intereses particulares de las personas físicas y jurídicas.
Por ejemplo, en el caso de personas jurídicas como las agencias
empresariales o sociedades mercantiles de la “administración paralela”, al
igual que en las empresas privadas, priman sus intereses particulares, como
obtener beneficios, aunque sea a costa de perjudicar el interés general. Igual
ocurre con sus trabajadores, personas físicas, que al regirse por contratos
laborales, en caso de conflicto son defendidos por los Tribunales de lo Social
sin tener en cuenta el interés general, lo cual no ocurre con los conflictos
con funcionarios en los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, donde el
interés general prevalece sobre el particular del funcionario.
Por otro lado, al regirse por el Derecho privado las más de 200 agencias,
empresas, fundaciones y consorcios de la “administración paralela” de la Junta,
pueden gastar más de lo que presupuestan,y sin el control previo -fiscalización
o autorización- de funcionarios interventores. Esto es imposible en las
Consejerías de la Administración General.
¿Se imaginan ustedes que el Presidente o Administrador de una Comunidad de
vecinos, con su presupuesto aprobado en su Asamblea anual, gastara mucho más
que lo aprobado en ésta sin conocimiento de los vecinos? Pues algo similar es
lo que ha estado haciendo la Junta de Andalucía: sus entes de la administración
paralela han gastado y gastan sin someterse a los mismos preceptos legales que
las Consejerías, por encima de lo estimado en sus presupuestos, que no son
limitativos, sino estimados, como ocurre en todas las empresas privadas.
Además, es ilegal que un trabajador contratado laboralmente gestione
expedientes administrativos, como está ocurriendo en la “administración
paralela”.
Esta situación, amparada por el Gobierno andaluz, ha posibilitado los
numerosos casos de corrupción que conocemos: ERE, Invercaria, Formación para el
empleo, etc. Y los que podrán venir si no se corrige esta situación. ¿Saben
cuánto dinero se ha recuperado de los casos de corrupción conocidos hasta
ahora? Según el último informe de la Cámara de Cuentas, el 0,1 %.
A pesar de la corrupción, motivada por esta realidad amparada por el PSOE
andaluz durante años, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni IU, ni el PP, han impuesto
como condición para posibles pactos con el PSOE-A en la formación de un nuevo
Gobierno la devolución a las Consejerías de esa función primordial del gasto
público, como es la concesión de subvenciones y otras ayudas económicas. Así
nos va.
"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.
Hoy quiero hacer una corta reflexión; Como es sabido en estas últimas semanas el Tribunal Supremo y el Fiscal General están interrogando a numerosos políticos andaluces (incluidos dos ex presidentes, consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, interventores) sobre esa corrupción sistemática que vive en la Junta de Andalucía desde hace más de treinta años. Y me pregunta es la siguiente: ¿Porqué esta diligencia -bienvenida- a estas alturas? ¿por qué las ironías del fiscal hacia las respuestas de los imputados de que "¿cómo es que nadie se enteraba de nada en la Junta de Andalucía"? ... Y he aquí mi extrañeza: ¿Qué pasó con los cientos de artículos que aparecían (y siguen apareciendo) en los periódicos? ¿Qué pasó con los escritos que le remitimos tanto al propio Tribunal Supremo como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Parlamento, a los partidos políticos, desde nuestras " plataformas en defensa del derecho público" al igual que los escritos que presentaron personalmente Eduardo Maestre y Luis Escribano y algún que otro sindicato? ¿Què pasó con nuestras concurridas manifestaciones por todos los rincones de Andalucía? ¿Es que ustedes, señores del Tribunal Supremo "no se enteraban de nada"?
Si esos Tribunales, si esas Fiscalías, si esos interventores, si esa Intervención General, si esa Cámara de Cuentas, si ese Defensor del Pueblo Andaluz (el actual y los anteriores) y si ese Defensor del Pueblo Nacional (la actual y los anteriores) nos hubieran hecho caso no estaríamos como estamos. ¿Culpables? Cada uno tiene su parte.
http://www.eldemocrataliberal.com/2015/05/sin-limite.html
Andalucía como siempre; y nosotros sigamos trabajando y construyendo.......
Recuerda, en Junio con la extra, abriremos nueva recaudación, ver mas enlace. Gracias.
Máxima difusión, en prensa. 2 ª vía judicial contra la Reordenación del Sector Público = recursos IDEA +AAE+ AACID. En junio realizaremos otra colecta para completar el presupuesto de los recursos judiciales en marcha.
Y Comentario de un compañero para todos, gracias; el nuestro, la perseverancia es importante; es hora de que empiecen a a despertar....
Si esos Tribunales, si esas Fiscalías, si esos interventores, si esa Intervención General, si esa Cámara de Cuentas, si ese Defensor del Pueblo Andaluz (el actual y los anteriores) y si ese Defensor del Pueblo Nacional (la actual y los anteriores) nos hubieran hecho caso no estaríamos como estamos. ¿Culpables? Cada uno tiene su parte.
http://www.eldemocrataliberal.com/2015/05/sin-limite.html
1. Segunda via judicial contra la Reordenación del Sector Público de Andalucía = se desmantela la Administración constitucional de la JA. Ver mas doc. complementario numero 2, de 29-1-2015. + Doc. recaudación núm 3.
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