- Hacienda culpa a la Junta de 'posibilitar' el fraude en formación. Dictó una norma que exime al beneficiario de las ayudas de presentar las facturas
Extracto de la Agencia Tributaria, en el que reprocha la actuación de la Junta.
- Alaya exige a Díaz la exoneración masiva que se ocultó durante un año y medio. La Juez da diez días para que le aporten los expedientes de reintegro abiertos a UGT, CCOO y la CEA.
Operación
Barrado
Hacienda culpa a la Junta de 'posibilitar'
el fraude en formación
- Dictó una norma que exime al beneficiario de las ayudas de presentar las facturas
La Agencia
Tributaria llega a la conclusión de que la Junta de Andalucía facilitó el
fraude de la formación al promulgar una norma en 2009 que eximía al beneficiario de
las ayudas de tener que aportar las facturas a la Administración a la hora de
justificar el gasto. La
medida hacía recaer la labor de auditoría de las ayudas en una empresa privada
pagada por el adjudicatario de los cursos y que en la práctica se limitaba a
realizar una mera revisión de los gastos que le presentaban.
Así lo expone la
unidad combinada de Vigilancia Aduanera de Huelva -dependiente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT)- en un informe enviado el pasado mes de febrero a un
juzgado de Sevilla. En él, se investiga al empresario de la formación
José Sivianes Sánchez por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Los funcionarios
sitúan el "origen" de los hechos investigados en la orden de 23 de
octubre de 2009.
En ella se desarrollaba el
decreto por el que se regulaba la ordenación de la Formación Profesional para
el Empleo en Andalucía y donde se establecían las bases reguladoras para la
concesión de ayudas.
En su artículo 102,
relativo a la justificación de las subvenciones, la norma fija que el beneficiario deberá presentar una
cuenta justificativa, con aportación de un
informe de auditor de cuentas, en la que éste compruebe la elegibilidad de los
gastos imputados a la ayuda y las obligaciones establecidas en la
correspondiente resolución de concesión.
Ese informe de auditor debe certificar que la beneficiaria
utiliza un sistema de contabilidad que permite la identificación de los gastos
realizados, que los imputados al proyecto subvencionado guardan una relación
directa con el mismo y que las facturas originales cuentan con los datos
requeridos por la legislación.
Los funcionarios
llaman la atención sobre el hecho de que, con esta orden, la Administración
autonómica "traslada la auditoría de subvenciones a una empresa" que, "en el mejor de los casos, se limita
a realizar una comprobación formal del dinero empleado, es decir, que las
facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos,
no entrando a valorar la realidad de las sociedades que están auditando".
La Agencia Tributaria recuerda que ese informe de auditoría externa
lo paga el beneficiario de la ayuda "con cargo a la subvención
concedida" y que éste no está obligado a entregar las facturas a la Junta
de Andalucía. Tan sólo ha de almacenarlas y
"tenerlas a disposición de la Junta de Andalucía".
Para remarcar su
conclusión sobre el caldo de cultivo para el fraude que habría supuesto la
entrada en vigor de la orden de 23 de octubre de 2009, Vigilancia Aduanera
detalla en su informe que, a
raíz de los casos abiertos en los juzgados de Sevilla en los últimos años,
técnicos de la
Administración autonómica han comenzado a
realizar «la auditoría real de las subvenciones».
La responsabilidad de los auditores
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
rechaza que se descargue la responsabilidad en los auditores por
irregularidades que se están investigando en juzgados andaluces en cursos de
formación financiados con dinero público.
"Está claro que se ha demostrado que el sistema no es
válido. Pero nosotros sólo tenemos un trozo del trabajo, que consiste en revisar
gastos. La función de control de la realización de la actividad
subvencionada no corresponde al auditor, sino a la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía", declara a este periódico
Eduardo Molina, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España en Andalucía Oriental.
Sea como fuere, los interventores de la Junta reprochan en
informes que constan en las actuaciones que instruye la juez Alaya que los auditores
privados no detectaran incidencias cuando revisaron los gastos imputados a las
subvenciones de formación profesional para el empleo, frente al sinfín de
irregularidades que ellos sí han puesto de manifiesto.
En los informes especiales
realizados por los ocho interventores provinciales sobre la justificación de
las ayudas concedidas por la Junta en materia de formación profesional para el
empleo entre 2009 y 2012 -gestionadas
en cada una de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE)- se dedica un
capítulo a analizar los informes de auditoría aportados por los beneficiarios
para justificar las subvenciones recibidas ante la Administración autonómica.
Los interventores son muy críticos con la labor realizada por
los auditores y cuestionan abiertamente la rigurosidad de sus trabajos, de los que llegan a decir que se limitan a ajustarse "a
los parámetros de la subvención para que el beneficiario cumpla con las normas
establecidas". En algún caso, se llega a plantear
incluso "la posibilidad de exigir responsabilidad profesional del auditor
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