Empleados públicos para que los gobiernos funcionen = Politizar la Administración pública y quebrar el Estado Derecho, inadmisible. En Andalucía se ha sustituido la Aministración legítima y constitucional, basada en la igualdad, merito y capacidad, por la Aministración clientelar y paralela, instrumental y al Servicio del Régimen. ¿Que han hecho las instituciones y la oposición, para evitarlo......? Sin ciudadanos profesionales que defiendan el interés general de todos, la calidad de los gobiernos no existe: ejemplo practico, la Andalucía imposible.

Tribuna RAMÓN MARCOS ALLO 

Empleados públicos para que los gobiernos funcionen 

La solución de los problemas y la capacidad para responder a las expectativas y necesidades ciudadanas dependen en gran medida de la calidad de los gobiernos.

• Una parte del despilfarro tiene que ver con esta situación: el mal gobierno está directamente relacionado con la politización de la función pública 

• Hay que acabar también con el sistema de libres designaciones y mejorar el sistema de selección de los empleados, sobre todo en la Administración local.

En los últimos años se ha puesto en cuestión lo público y a los empleados públicos, e incluso ha habido quienes, desde el propio Gobierno, han tratado de demonizarlos y hacerlos responsables de la crisis. Y la realidad es que ha sido justo al revés. Gracias al esfuerzo de empleados públicos como profesores, personal sanitario y todos los demás que hacen que pueda funcionar el Estado, quienes han asumido una buena parte de los recortes del gasto público, ha sido posible mantener los servicios con un mínimo de calidad. 

 Durante estos años se les han recortado los salarios, se les ha quitado la paga extraordinaria y se les ha eliminado la protección en caso de enfermedad. Otros, con peor suerte aún, han sido despedidos de puestos en los que prestaban servicios esenciales.

 Mientras se tomaban todas estas medidas, los partidos que nos han gobernado han mantenido a sus enchufados en todas las Administraciones y no han recortado en toda la estructura superflua que no sólo nos cuesta millones de euros sino que, además, genera grandes ineficiencias. 

El problema en nuestra Administración no son sus funcionarios y empleados públicos, sino la falta de profesionalización de la Administración Pública, fundamentalmente de la autonómica y local, y la ausencia de elaboración de estrategias públicas que tengan como horizonte el medio y largo plazo. Una parte del despilfarro tiene que ver con esta situación: el mal gobierno está directamente relacionado con la politización de la función pública Necesitamos Administraciones en las que puedan trabajar las decenas de miles de personas bien preparadas que hay en España, que entrarían a hacerlo por su mérito y capacidad y no por tener contacto con los políticos.

Tener una Administración profesional conlleva acabar con el enchufismo en las diferentes Administraciones. Y con ello no nos referimos sólo a los múltiples cargos de confianza que se han ido generando en torno a los ministros, consejeros, alcaldes y concejales, sino también a los nombramientos de muchos de los altos cargos y de los que se han hecho en la llamada Administración paralela: organismos varios, sociedades y demás

ES simple y evidente;  pero....¿a los políticos no le interesa?

Una administración profesional es necesaria para lograr que la Administración pueda hacer lo que los ciudadanos hayan votado. Serviría para mejorar los servicios públicos y su eficiencia al tener al frente a gente preparada y no a gente colocada por los partidos políticos, que o bien no tienen suficiente capacidad o bien se deben antes al interés de su partido que al interés general.

Necesitamos Administraciones en las que puedan trabajar las decenas de miles de personas bien preparadas que hay en España, que entrarían a hacerlo por su mérito y capacidad y no por tener contacto con los políticos. 

Tener una Administración profesional conlleva acabar con el enchufismo en las diferentes Administraciones. Y con ello no nos referimos sólo a los múltiples cargos de confianza que se han ido generando en torno a los ministros, consejeros, alcaldes y concejales, sino también a los nombramientos de muchos de los altos cargos y de los que se han hecho en la llamada Administración paralela: organismos varios, sociedades y demás.

http://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2015-05-20/empleados-publicos-para-que-los-gobiernos-funcionen_851210/

Tribuna

RAMÓN MARCOS ALLO

Empleados públicos para que los gobiernos funcionen

La solución de los problemas y la capacidad para responder a las expectativas y necesidades ciudadanas dependen en gran medida de la calidad de los gobiernos

En los últimos años se ha puesto en cuestión lo público y a los empleados públicos, e incluso ha habido quienes, desde el propio Gobierno, han tratado de demonizarlos y hacerlos responsables de la crisis. Y la realidad es que ha sido justo al revés. Gracias al esfuerzo de empleados públicos como profesores, personal sanitario y todos los demás que hacen que pueda funcionar el Estado, quienes han asumido una buena parte de los recortes del gasto público, ha sido posible mantener los servicios con un mínimo de calidad.

Durante estos años se les han recortado los salarios, se les ha quitado la paga extraordinaria y se les ha eliminado la protección en caso de enfermedad. Otros, con peor suerte aún, han sido despedidos de puestos en los que prestaban servicios esenciales.

Mientras se tomaban todas estas medidas, los partidos que nos han gobernado han mantenido a sus enchufados en todas las Administraciones y no han recortado en toda la estructura superflua que no sólo nos cuesta millones de euros sino que, además, genera grandes ineficiencias.

El problema en nuestra Administración no son sus funcionarios y empleados públicos, sino la falta de profesionalización de la Administración Pública, fundamentalmente de la autonómica y local, y la ausencia de elaboración de estrategias públicas que tengan como horizonte el medio y largo plazo.

Una parte del despilfarro tiene que ver con esta situación: el mal gobierno está directamente relacionado con la politización de la función pública

Necesitamos Administraciones en las que puedan trabajar las decenas de miles de personas bien preparadas que hay en España, que entrarían a hacerlo por su mérito y capacidad y no por tener contacto con los políticos.

Tener una Administración profesional conlleva acabar con el enchufismo en las diferentes Administraciones. Y con ello no nos referimos sólo a los múltiples cargos de confianza que se han ido generando en torno a los ministros, consejeros, alcaldes y concejales, sino también a los nombramientos de muchos de los altos cargos y de los que se han hecho en la llamada Administración paralela: organismos varios, sociedades y demás.

Para acabar con ese enchufismo es necesario regular la figura del directivo público de modo que sea posible evitar que los nombramientos de altos cargos se hagan más por criterios de adscripción partidista que por criterios objetivos. Para ello hay que aprender de lo que se hace en otros países europeos.

Hay que acabar también con el sistema de libres designaciones y mejorar el sistema de selección de los empleados públicos, sobre todo en la Administración local.

Una administración profesional es necesaria para lograr que la Administración pueda hacer lo que los ciudadanos hayan votado. Serviría para mejorar los servicios públicos y su eficiencia al tener al frente a gente preparada y no a gente colocada por los partidos políticos, que o bien no tienen suficiente capacidad o bien se deben antes al interés de su partido que al interés general.

Una buena parte del despilfarro y la corrupción tiene que ver con esta situación, porque el mal gobierno está directamente relacionado con la politización de la función pública.

Apostar por el buen gobierno implica que el directivo público sea seleccionado por estrictos criterios de mérito y capacidad, mediante una convocatoria pública. Su nombramiento debe ser objetivo y durar un periodo superior al ciclo político (cinco años, por ejemplo). Su cese debe estar condicionado exclusivamente al incumplimiento de objetivos y tras una evaluación independiente que deberá realizarse cada año. Deben también limitarse las libres designaciones, que en todo caso deben estar justificadas, tanto en los nombramientos como en los ceses. En cuanto al personal de confianza, debe reducirse drásticamente su número, por ejemplo el presidente del Gobierno debería tener un máximo de tres personas.

Por otra parte, la forma de selección del personal de las Administraciones requiere un replanteamiento serio. Debería crearse una nueva Agencia Estatal de Administración Pública (sustitutiva de la AEVAL y la Dirección General de Función Pública) que fuera responsable de los procesos selectivos de todo el personal de la Administración General del Estado, así como del personal de la Administración Local con habilitación nacional, interviniendo asimismo directamente en la selección del resto de personal de la administración local.

Además hay que eliminar la desigualdad en el tratamiento de los empleados públicos según el territorio y, a estos efectos, convendría crear un sector público «único», interconectado y en red, que favorezca la movilidad y el intercambio de experiencias. También deberán recuperarse los derechos perdidos y prestigiar la función pública.

Es imprescindible que los empleados públicos tengan carrera administrativa y que haya una evaluación de su desempeño, porque es la única forma de garantizar que se evalúa su trabajo y que esta evaluación sirve para ayudar a que cobren dignamente.

Finalmente, en relación a esta evaluación, debería establecerse un contrato de gestión (cada dos años) para los ministros, donde se establezcan los objetivos concretos por los que van a ser evaluados. Todas estas reformas en la gestión pública son imprescindibles y tienen que enmarcarse en las reformas de las administraciones públicas en España.

La solución de los problemas y la capacidad para responder a las expectativas y necesidades ciudadanas depende en gran medida de la calidad de los gobiernos. Y la profesionalización de la administración pública, como camino contrario a su politización y colonización por los partidos políticos, es una de las claves para que nuestros gobiernos no sólo sean más decentes, sino para que funcionen de verdad al servicio del interés general.

* Sobre estas cuestiones, UPyD acaba de publicar el libro titulado El coste del mal Gobierno: propuestas para una administración pública, innovadora y eficiente.  http://www.upyd.es/Ficheros/El-Coste-del-mal-gobierno

*Ramón Marcos Allo es candidato de UPyD a la presidencia de la Comunidad de Madrid y letrado de la Administración de la Seguridad Social.

*Luis de Velasco Rami es portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid y técnico comercial y economista del Estado.